STC13204-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13204-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02447-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rub\u00e9n P\u00e9rez contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la Colegiatura accionada al confirmar el prove\u00eddo mediante el cual, en el juicio de sucesi\u00f3n recriminado, el a-quo resolvi\u00f3 cancelar las cautelas dispuestas sobre algunos predios que se adujo pose\u00eddos por el causante. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, i) invalidar la decisi\u00f3n referida a espacio; ii) ordenar a la sede judicial acusada dictar otra \u00aben la cual resuelva nuevamente el recurso [d]e apelaci\u00f3n\u00bb, sin ocuparse de aspectos no propuestos en \u00e9l, \u00abbajo un criterio verdaderamente objetivo, porque las disposiciones legales en las cuales se refiere a la necesidad de que se excluyan bienes de los inventarios y aval\u00faos solo puede hacerse seg\u00fan lo que dispone el art\u00edculo 505 C\u00f3digo General del Proceso (sic)\u00bb; y iii) \u00abcompulsar copias de esta tutela, del tr\u00e1mite que se d\u00e9, y de las decisiones que se adopten[,] con destino a la Procuradur\u00eda\u2026, a la Fiscal\u00eda\u2026 y a la Comisi\u00f3n Nacional Disciplinaria que adelantan investigaciones contra los funcionarios de la justicia para que inicien las acciones a que hayan lugar por [su] presunta conducta inmoral\u2026 y se les aplique las sanciones de Ley\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para la definici\u00f3n del presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio de sucesi\u00f3n del causante Efra\u00edn Camacho Rojas, de quien el gestor se\u00f1ala ser hijo natural reconocido, previa acci\u00f3n de tutela en la cual se orden\u00f3 al Tribunal convocado volver a resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto frente al prove\u00eddo mediante el cual el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga dispuso cancelar \u00ablas cautelas practicadas sobre las heredades reputadas como \u201cpose\u00eddas\u201d por el de cujus\u00bb (CSJ STC16079-2019, 28 nov., rad. 2019-03727-00), el 18 de diciembre de 2019 aquella autoridad confirm\u00f3 tal decisi\u00f3n del a-quo. <\/p>\n
2.2. Ante esa situaci\u00f3n se formul\u00f3 otra demanda de amparo a la que no accedi\u00f3 esta Sala al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, al advertir que a los interesados les correspond\u00eda agotar el respectivo incidente de desacato respecto a la orden constitucional anterior, planteando all\u00ed sus alegaciones en torno a su supuesta desatenci\u00f3n (STC514-2020, 29 en. 2020, rad. 2020-00079-00), mismo que, propuesto, desestim\u00f3 esta Corte el 5 de marzo de 2020, al encontrar acatada su determinaci\u00f3n (ATC269-2020, rad. 2019-03727-03). <\/p>\n
2.3. En esta nueva oportunidad el aqu\u00ed accionante critic\u00f3 que la Colegiatura convocada incurri\u00f3 en una nueva v\u00eda de hecho al adoptar su \u00faltima decisi\u00f3n, porque efectu\u00f3 una deficiente valoraci\u00f3n de los testimonios recaudados y se ocup\u00f3 de aspectos ajenos a los motivos de apelaci\u00f3n, los que s\u00f3lo se contra\u00edan a definir si el a-quo err\u00f3 \u00abal exigir el agotamiento previo de un proceso declarativo\u00bb para la viabilidad de las medidas respecto de los predios sobre los que el causante manten\u00eda ejercicio posesorio. <\/p>\n
Destac\u00f3 que est\u00e1 satisfecho el presupuesto de la inmediatez porque otra tutela que formularon \u00abantes de ahora y desde m\u00e1s de hace 8 meses (sic), ni siquiera ha sido decidida en sentencia en firme\u00bb; y que, en su caso, \u00abel actuar de la justicia ha sido incorrecto\u00bb, por lo cual sus funcionarios deben ser investigados. <\/p>\n
3. Tras encontrar infundadas las manifestaciones de impedimento efectuadas por los Magistrados integrantes de la Sala, al considerarse que esta queja constitucional recae, exclusivamente, sobre el prove\u00eddo dictado por el Tribunal acusado el 18 de diciembre de 2019 (CSJ ATC4164-2021, 24 sep.), la Corte admiti\u00f3 el ruego tutelar, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes contemplados en el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Omar P\u00e9rez, hermano del accionante y tambi\u00e9n interviniente en el juicio sucesoral, insisti\u00f3 y ahond\u00f3 en los planteamientos del accionante, resaltando que era evidente que el fallo de tutela de esta Corte no fue debidamente acatado y que en la nueva decisi\u00f3n del Tribunal existi\u00f3 una evidente v\u00eda de hecho. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, por su proceder \u00abcontrari[o] a derecho\u00bb, denunciaron a la Juez Quinta de Familia de Bucaramanga, quien ya fue vinculada a la investigaci\u00f3n penal por parte de la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en este asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. La demanda de amparo se dirigi\u00f3 contra la decisi\u00f3n adoptada el 18 de diciembre de 2019 por el Tribunal enjuiciado, por medio de la cual se confirm\u00f3 aquella en la cual el a-quo dispuso cancelar las medidas dispuestas sobre los predios reputados como pose\u00eddos por el causante en el juicio de sucesi\u00f3n reprochado. <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, anticipa la Sala el fracaso del resguardo impetrado, por carecer de actualidad, comoquiera que entre la emisi\u00f3n de esa providencia y la interposici\u00f3n del presente ruego tutelar -el 19 de julio de 2021-, transcurrieron m\u00e1s de dieciocho (18) meses, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso semestral que ha fijado la jurisprudencia de la Sala como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de situaci\u00f3n alguna que justifique tal tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto, insistentemente ha sostenido esta Corte que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido…, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
N\u00f3tese, incluso, que dicho presupuesto tampoco est\u00e1 satisfecho desde el 5 de marzo de 2020, data en que esta Corporaci\u00f3n encontr\u00f3 infundado el incidente de desacato propuesto por el supuesto incumplimiento al fallo de tutela en el que orden\u00f3 resolver nuevamente la apelaci\u00f3n de la que conoci\u00f3 la Colegiatura acusada, sin que, por dem\u00e1s, resulte de recibo la manifestaci\u00f3n respecto a que aquel lapso se vio suspendido por la interposici\u00f3n de otras acciones tutelares paralelas, pues no existe ninguna disposici\u00f3n legal que as\u00ed lo contemple. <\/p>\n
4. Finalmente, si el inconforme considera que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido las autoridades judiciales o los distintos intervinientes en este tr\u00e1mite, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda, que mutatis mutandis resulta aplicable al de ahora, dej\u00f3 dicho esta Colegiatura que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
5. Lo sucintamente consignado basta para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el resguardo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, en caso de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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