STC13206-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13206-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 63001-22-14-000-2021-00076-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de agosto de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Eliana Mar\u00eda Arag\u00f3n Crespo contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes en el proceso verbal de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado con radicado 63001310300320180021600. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial cuestionada, en el proceso verbal de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado referido. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. Eliana Mar\u00eda Arag\u00f3n Crespo promovi\u00f3 demanda de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado contra su hermano Carlos Hernando Arag\u00f3n Crespo (arrendatario), respecto del lote n\u00ba 1 Hacienda Potos\u00ed, por la causal de incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado accionado. <\/p>\n
2.2. El 14 de agosto de 20201, el Juzgado accionado decret\u00f3 de oficio una prueba grafol\u00f3gica sobre el contrato de arrendamiento del bien a restituir, esto es, lote 1 de la Hacienda Potos\u00ed. Adicionalmente, decret\u00f3 esa misma prueba frente a los contratos de arrendamiento suscritos entre los mismos contratantes sobre los bienes Brujas II y III, La Isla y Hacienda Arag\u00f3n, con el fin de determinar si las firmas que all\u00ed aparec\u00edan eran de las partes y si en alguno de los contratos hab\u00eda firmas sobrepuestas. <\/p>\n
2.3. En el desarrollo del proceso, la autoridad judicial censurada, mediante prove\u00eddo del 19 de noviembre de 20202, resolvi\u00f3 desistir de la prueba grafol\u00f3gica decretada oficiosamente, dada la imposibilidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses3 de efectuar un an\u00e1lisis t\u00e9cnico sobre las firmas plasmadas en el contrato de arrendamiento del lote 1 de la Hacienda Potos\u00ed, por haberse allegado en fotocopia y porque consider\u00f3 que con las pruebas que reposaban en el expediente y con las que estaban por recaudarse pod\u00eda adoptar una decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
2.4. Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n4, insistiendo en la necesidad de la prueba, dado que \u00abel Despacho (\u2026) est\u00e1 tomando una decisi\u00f3n equivocada (\u2026) ya que esta no solo se decret\u00f3 practicar al contrato original de arrendamiento del inmueble LOTE Nro.1 HACIENDA POTOS\u00cd, sino adem\u00e1s a los contratos de arrendamiento de los inmuebles BRUJAS II, BRUJAS III, LA ISLA y HACIENDA ARAG\u00d3N; documentos respecto los cuales se cuenta en el proceso, y por parte de EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DIRECCI\u00d3N REGIONAL OCCIDENTE LABORATORIO DE DOCUMENTOLOG\u00cdA Y GRAFOLOG\u00cdA FORENSE, con todos los elementos necesarios para realizar la pericia\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 4 de febrero de 2021, la autoridad judicial accionada profiri\u00f3 sentencia6, mediante la cual resolvi\u00f3 negar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.6. En relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite anterior, la promotora censur\u00f3 el auto de 2 de febrero de 2021, por no haber ordenado la pr\u00e1ctica de la prueba grafol\u00f3gica, seg\u00fan los argumentos antes expuestos, as\u00ed como la sentencia del 4 del mismo mes y a\u00f1o, pues \u00abel Juzgado, contrario a Derecho, crea una obligaci\u00f3n a cargo de Eliana Mar\u00eda Arag\u00f3n Crespo, de entregar el cincuenta el cincuenta por ciento (50%) de los c\u00e1nones de arrendamiento que le debe cancelar a ella como Arrendatario, Carlos Hernando Arag\u00f3n Crespo, incluido el del Lote Nro.1 Hacienda Potos\u00ed, a favor de su madre Carmen Nelly Arag\u00f3n Crespo, declarando y perpetuando una obligaci\u00f3n a cargo de la Demandante, sin fuente normativa ni convencional\u00bb. <\/p>\n
Adujo que el Despacho incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, pues convalid\u00f3 un peritaje aportado por la parte accionada, sin considerar que fue elaborado \u00abconforme las indicaciones del Demandado\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, sostuvo que, el juez convocado \u00abasumi\u00f3 un criterio novel para aplicar el enfoque con perspectiva de g\u00e9nero en proceso judiciales, pues, de forma equivocada considera en la Sentencia que, a quien se debe aplicar enfoque con perspectiva de g\u00e9nero es a la madre de la Demandante, Carmen Nelly Crespo de Arag\u00f3n, una tercera para los efectos del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, solicit\u00f3: i) \u00abDejar sin efecto el Auto de del 2 de febrero de 2021 [y] ordenar a Juzgado que requiera a las partes para que alleguen los documentos necesarios que tengan a su disposici\u00f3n para la efectiva pr\u00e1ctica de la prueba grafol\u00f3gica conforme se orden\u00f3 en Auto del 14 de Agosto de 2020\u00bb; ii) \u00abOrdenar al Juzgado Tercero Civil Del Circuito De Armenia profiera una nueva Sentencia en el proceso (\u2026) teniendo en cuenta los resultados que arroje la prueba de grafolog\u00eda que realice el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses [y] la Prueba Documental Carta 24 de mayo 2016, en la cual la se\u00f1ora Eliana Mar\u00eda Arag\u00f3n Crespo en ejercicio de su autonom\u00eda privada y en su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, indic\u00f3 a su arrendatario Carlos Hernando Arag\u00f3n Crespo que le sean consignados el cien por ciento (100%) de los c\u00e1nones de arrendamiento de todos los inmuebles arrendados entre las partes en lo sucesivo\u00bb; iii) \u00abOrdenar al Juzgado Tercero Civil Del Circuito De Armenia que no tenga en cuenta el Dictamen Pericial ni la ratificaci\u00f3n del mismo rendido (\u2026) por la Perito Marisol \u00c1ngel Cubillos, presentado el 22 de noviembre de 2016, en raz\u00f3n al Defecto Sustantivo en la elaboraci\u00f3n de este medio de prueba\u00bb; y iv) proferir sentencia en la que \u00abse aplique un Enfoque y Perspectiva de G\u00e9nero y se implemente las facilidades probatorias, para la defensa a los intereses de la parte Demandante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El apoderado judicial de Carlos Hernando Arag\u00f3n Crespo, demandado en el proceso objeto de debate, manifest\u00f3 que la prueba grafol\u00f3gica que no fue practicada era la de los contratos de arrendamiento de los inmuebles Brujas II y III, La Isla y Hacienda Arag\u00f3n, pero que el proceso de restituci\u00f3n se basaba en el lote 1 de la Hacienda Potos\u00ed, por lo que no eran conducentes ni pertinentes. En cuanto a la sentencia afirm\u00f3 que se valoraron razonadamente las probanzas allegadas, de manera que no se vulner\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. La autoridad judicial cuestionada consider\u00f3 que \u00abel amparo solicitado a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n se debe declarar improcedente en tanto este Juzgado no ha quebrantado el debido ritual procesal que desconozca o pongan en peligro los derechos invocados por la accionante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, por considerar que las decisiones cuestionadas conten\u00edan una \u00abinterpretaci\u00f3n admisible y razonable de las preceptivas jur\u00eddicas regentes de la tem\u00e1tica de la prueba de oficio\u00bb y de \u00ablas premisas jur\u00eddicas rectoras del tema de la alianza jur\u00eddico del arrendamiento\u00bb, de manera que \u00abla promotora de la salvaguarda tiene una disparidad de posici\u00f3n en lo relativo con lo decidido\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, frente al desconocimiento de la perspectiva de g\u00e9nero, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben el asunto en examen en modo alguno se estructur\u00f3 tal evento\u00bb, pues dicho enfoque se tuvo en cuenta sobre la se\u00f1ora Carmen Nelly Crespo de Arag\u00f3n, madre de la tutelante, por ser una mujer de avanzada edad, que depend\u00eda econ\u00f3micamente de su esposo y quien decidi\u00f3 trasladar su patrimonio a nombre de sus hijos, por lo que era administrado por ellos para beneficiar a su progenitora, hermen\u00e9utica plausible frente al caso objeto de debate. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado judicial de la gestora, insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inaugural. A su vez, manifest\u00f3 que en las decisiones censuradas se incurri\u00f3 en los defectos f\u00e1ctico, procedimental y sustantivo, as\u00ed como en desacatamiento del precedente constitucional y violaci\u00f3n directa de la ley. <\/p>\n
Adicionalmente, solicit\u00f3 requerir al vinculado para que informe qu\u00e9 consignaciones ha realizado en favor de la accionante, durante el a\u00f1o en curso, por concepto de pago de c\u00e1nones de arrendamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, la accionante censura las providencias de 2 y 4 de febrero de 2021, proferidas por el Juzgado convocado, aduciendo una serie de defectos, indebida valoraci\u00f3n probatoria y error en la aplicaci\u00f3n del enfoque de g\u00e9nero. <\/p>\n
3. Pues bien, de conformidad con las probanzas obrantes en el expediente, se observa que, en el transcurso del proceso verbal de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, el Juzgado cuestionado, por prove\u00eddo del 2 de febrero de 2021, resolvi\u00f3 \u00abNO REPONER el auto del 19 de noviembre de 2020, mediante el cual se desisti\u00f3 de la pr\u00e1ctica de prueba de oficio\u00bb, con fundamento en que: <\/p>\n
\u00abla prueba de la cual el juzgado desisti\u00f3 de su pr\u00e1ctica naci\u00f3 por iniciativa del juez al considerarla necesaria de acuerdo con las condiciones del proceso y que mostraba su necesidad para esclarecer el objeto del litigio, raz\u00f3n por la cual se decret\u00f3 en su momento; sin embargo, para su pr\u00e1ctica se requer\u00eda de documentos originales para desarrollar el dictamen por medicina legal y ciencias forenses, documentos que la parte interesada deb\u00eda acercar tal como fue pedida por el perito, que finalmente con los documentos aportados no se logr\u00f3 obtener ning\u00fan resultado positivo de su pr\u00e1ctica (concepto t\u00e9cnico de autenticidad) que se requer\u00eda sobre el contrato objeto de litigio a la Hacienda Potos\u00ed del 3 de septiembre de 2012. Entonces, bajo la discrecionalidad del juez, as\u00ed como fue decretada, tambi\u00e9n puede simplemente abstenerse de practicarla, pues nace de la iniciativa del juez respaldado en la ley, ya que s\u00f3lo al Juez le compete hacer dicho an\u00e1lisis y adoptar la decisi\u00f3n que estime pertinente de decretarla o no y as\u00ed fue sustentada en la providencia que se ataca en la cual se prescind\u00eda de la misma al tener entonces el acervo probatorio necesario en el expediente para la decisi\u00f3n de fondo que se pueda adoptar dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en la sentencia dictada el 4 de febrero de 2021, el Juzgado neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, realizando un an\u00e1lisis plausible de las pruebas allegadas y la normativa aplicable. <\/p>\n
En primer lugar, frente al contrato de arrendamiento adujo que se prob\u00f3 su existencia y celebraci\u00f3n i) con la confesi\u00f3n de los abogados de las partes, de conformidad con los art\u00edculos 193 y 197 del CGP, en la redacci\u00f3n del hecho 1 de la demanda y de los hechos 1, 2, 3 y 4 de la contestaci\u00f3n de la misma; ii) la copia del contrato adosada con la demanda, con lo cual la demandante lo reconoci\u00f3 como aut\u00e9ntico, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 244 inciso 5 CGP; y iii) por la no tacha de falsedad del mismo por parte del demandado, como lo disponen los art\u00edculos 246 y 269 ibidem. <\/p>\n
Frente al no pago del canon de arrendamiento, como causal de terminaci\u00f3n del contrato, se\u00f1al\u00f3 que no la encontr\u00f3 probada y que, por el contrario, obraba en el plenario prueba de que las sumas reclamadas fueron canceladas por el demandado, seg\u00fan lo allegado por \u00e9l y recopilado en el proceso, as\u00ed: i) con consignaciones bancarias en las cuentas de la demandante, imputadas al contrato de arrendamiento del lote 1 de la Hacienda Potos\u00ed, ii) los pagos que con autorizaci\u00f3n de la arrendadora se hicieron a terceros, lo que fue aceptado por ella y declarado por la se\u00f1ora Francy Ruiz Carvajal; y iii) con la entrega de una parte del canon mensual a la se\u00f1ora Carmen Nelly Crespo, madre de ambos contratantes, en virtud del acuerdo familiar celebrado en el a\u00f1o 2007, en el que se dispuso la entrega de la mitad de los arriendos percibidos por los hermanos Arag\u00f3n Crespo a su progenitora para su manutenci\u00f3n; convenio que fue ratificado por la madre y las hermanas de los contratantes al rendir las declaraciones correspondientes. <\/p>\n
El juez accionado afirm\u00f3 que los documentos aportados daban certeza al despacho de que los pagos por concepto de c\u00e1nones originados en el contrato de arrendamiento suscrito por la se\u00f1ora Eliana Mar\u00eda Arag\u00f3n Crespo como arrendadora y su hermano Carlos Hernando Arag\u00f3n Crespo como arrendatario, sobre el lote 1 de la Hacienda Potos\u00ed, \u00abs\u00ed fueron realizados\u00bb. <\/p>\n
Ahora, sobre el desconocimiento del convenio familiar expresado por la demandante, manifest\u00f3 el Juzgado convocado que si aquella no estaba de acuerdo deb\u00eda demandarlo judicialmente o solicitarle a su se\u00f1ora madre su finalizaci\u00f3n y que, en todo caso, dicho desconocimiento unilateral no obligaba al demandado a incumplir su compromiso con las partes de dicho acuerdo. Destac\u00f3 que el pacto familiar fue valorado y tenido en cuenta en virtud de que las declaraciones rendidas por la madre y hermanas de los contratantes fueron coherentes, claras y concisas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la prueba pericial presentada por la parte demandada, en la que la perito Marisol \u00c1ngel Cubillos hizo un estudio de \u00ablas consignaciones y las relaciones que se le presentaron\u00bb, el juez consider\u00f3 que \u00abaqu\u00ed no se ha demostrado respecto al actuar de la se\u00f1ora Marisol que ella ha incumplido\u00bb con los deberes para el peritaje y que, por el contrario, en el otro dictamen allegado no estaban suficientemente explicadas las irregularidades u omisiones en las que habr\u00eda incurrido el arrendatario frente a los pagos respectivos. <\/p>\n
De otro lado, desestim\u00f3 algunos de los testimonios aducidos por las partes en contienda frente a las consignaciones y pagos a terceros, por considerarlos, en su gran mayor\u00eda, de o\u00eddas, salvo los referentes \u00abal convenio que se realiz\u00f3 en el a\u00f1o 2007 para proteger a la se\u00f1ora madre de la familia Arag\u00f3n Crespo en la parte de un 50% de todos los rendimientos que diera la propiedad\u00bb. <\/p>\n
Teniendo por acreditado dicho acuerdo, indic\u00f3 que \u00aben cuanto a la se\u00f1ora Carmen Nelly, ella es una persona de edad, es una mujer en donde los negocios los manejaba su se\u00f1or esposo, quien decidi\u00f3 colocar a nombre de sus hijos todas las propiedades, que, al haber sido conseguidas dentro de la sociedad conyugal, pues era el 50% de ella; por ello sus hijos, frente a la relaci\u00f3n de hermandad que aqu\u00ed ha sido demostrada y por eso los negocios fueron manejados de la manera en que han sido manejados, podemos decir que es m\u00e1s el enfoque de g\u00e9nero se debe hacer frente a la se\u00f1ora Carmen Nelly, madre de los Arag\u00f3n Crespo y, como dijimos, si la parte demandante considera que no quiere seguir unida a dicho convenio, deber\u00e1 buscar los medios judiciales o de conciliaci\u00f3n para que ello no suceda (\u2026)7\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 que, \u00abal no demostrarse la ocurrencia de la causal de terminaci\u00f3n referida al no pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, desde el mismo inicio del contrato, se despachar\u00e1n desfavorablemente las pretensiones de la parte actora, sin necesidad de estudiar las excepciones propuestas\u00bb. <\/p>\n
4. De lo expuesto se sigue que las determinaciones cuestionadas no resultan arbitrarias o manifiestamente alejadas del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior, am\u00e9n que aquellas fueron proferidas con fundamento en una valoraci\u00f3n razonable de las probanzas allegadas al plenario y de la normatividad que gobierna el asunto, hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4.1. Para la Sala, el Juzgado de conocimiento motiv\u00f3 de manera clara el auto por medio del cual desisti\u00f3 de practicar la prueba que decret\u00f3 de oficio, teniendo en cuenta que su finalidad era obtener un concepto t\u00e9cnico de autenticidad sobre el contrato objeto del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, el que no pudo obtenerse por haber sido allegado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en fotocopia. <\/p>\n
En ese sentido, ante la imposibilidad de establecer si las firmas insertas en el convenio allegado al proceso eran aut\u00e9nticas o no, el Juzgado determin\u00f3 que nada justificaba mantener el decreto de la prueba grafol\u00f3gica, m\u00e1xime cuando, como lo expres\u00f3 el juez convocado, se hab\u00eda decretado material probatorio suficiente para adoptar una decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el juez, como director del proceso, es el llamado a establecer la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas, as\u00ed como la \u00abplausibilidad de su decreto o no, teniendo en cuenta la enunciaci\u00f3n concreta de los hechos objeto de prueba y dem\u00e1s circunstancias jur\u00eddicas\u00bb 8 . Sobre la facultad del juez para decretar y practicar pruebas de oficio, ha de tenerse en cuenta que la Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab\u2026el hecho de que aqu\u00e9l se abstenga de disponer su pr\u00e1ctica, no conlleva, sin m\u00e1s, a que se consideren conculcadas las garant\u00edas fundamentales de las partes. En ese sentido se ha indicado que: <\/p>\n
4.2. De otro lado, respecto a la afirmaci\u00f3n de que la sentencia cre\u00f3 a cargo de la accionante la \u00abobligaci\u00f3n (\u2026) de entregar el cincuenta el cincuenta por ciento (50%) de los c\u00e1nones de arrendamiento que le debe cancelar a ella como Arrendatario, Carlos Hernando Arag\u00f3n Crespo, incluido el del Lote Nro.1 Hacienda Potos\u00ed, a favor de su madre Carmen Nelly Arag\u00f3n Crespo, declarando y perpetuando una obligaci\u00f3n a cargo de la Demandante, sin fuente normativa ni convencional\u00bb, se observa que el juzgador encontr\u00f3 acreditado, con las probanzas valoradas, el acuerdo familiar por medio del cual los hermanos Arag\u00f3n Crespo se comprometieron a aportar el 50% de los arrendamientos que diera el inmueble objeto de litigio para la manutenci\u00f3n de su se\u00f1ora madre, por tanto, los pagos a ella realizados se imputaban a las obligaciones del demandado. <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa que existe una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta, de mejor forma, a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Adicionalmente, ha de resaltarse que esta Sala ha establecido que la tutela no es un medio para realizar una nueva valoraci\u00f3n probatoria, pues \u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb (CSJ STC1148-2020). <\/p>\n
En ese orden, no puede el juez constitucional ordenar al juzgador que decrete determinadas pruebas o valore en cierto sentido las allegadas ni es procedente, a trav\u00e9s de esta sede excepcional, reabrir el debate probatorio, m\u00e1xime cuando, como se indic\u00f3, la decisi\u00f3n se sustent\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Respecto a la falta de aplicaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, en favor de la demandante y la aplicaci\u00f3n indebida respecto de su se\u00f1ora madre, pues era un tercero ajeno al proceso, observa la Sala que este fue un aspecto analizado y sustentado en la instancia correspondiente; frente a esta \u00faltima, en raz\u00f3n a su edad, pero, adem\u00e1s, por haberse encontrado soportado el acuerdo para suministrar a aquella el 50% del valor de los c\u00e1nones de arrendamiento, advirtiendo, en todo caso, que \u00absi la parte demandante considera que no quiere seguir unida a dicho convenio deber\u00e1 buscar los medios judiciales o en conciliaci\u00f3n para que ello no suceda\u00bb, por tanto, las diferencias de criterio que, en torno al tema, pueda tener la tutelante, no son un asunto que deba ser resuelto por el juez constitucional, pues, seg\u00fan ha resaltado, la decisi\u00f3n adoptada no se vislumbra caprichosa o arbitraria, ni es esta una instancia adicional para revaluar, sin m\u00e1s, la interpretaci\u00f3n dada por el juzgador al caso particular y concreto. <\/p>\n
6. Finalmente, sobre la prueba solicitada por la accionante en el escrito de impugnaci\u00f3n, reiterada el 29 de septiembre anterior, a fin de que se requiera al se\u00f1or Carlos Hernando Arag\u00f3n Crespo para que informe qu\u00e9 consignaciones ha realizado este a\u00f1o a la tutelante por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento de los inmuebles Brujas II y III, Hacienda Arag\u00f3n, La Isla y el lote 1 de la Hacienda Potos\u00ed, vale la pena se\u00f1alar, de un lado, que la misma fue negada por el a quo constitucional por prove\u00eddo del 6 de agosto del presente a\u00f1o y, de otro, que la tutela no es un mecanismo concebido para reclamar pruebas a las partes de los procesos debatidos, cuesti\u00f3n que, si es de inter\u00e9s de la accionante, debe solicitar directamente al se\u00f1or Arag\u00f3n Crespo. <\/p>\n
7. Por lo anteriormente expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991 y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 16Proceso Restituci\u00f3n Inmueble Arrendado>33 Audio video audiencias 12-13-14-08-2020>AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL 63001310300320180021600 (8) tiempo: 1:15:57 <\/p>\n
2\u0002 60 Auto Desiste. Proceso Restituci\u00f3n Inmueble Arrendado <\/p>\n
3\u0002 16Proceso Restituci\u00f3n Inmueble Arrendado>57 documentos medicina legal>grafolog\u00eda pereira>OFICIO No. 202066001001035 <\/p>\n
4\u0002 61 INTERPONE RECURSO. Proceso Restituci\u00f3n Inmueble Arrendado <\/p>\n
5\u0002 66 Auto no repone auto. Ib\u00eddem <\/p>\n
6\u000216Proceso Restituci\u00f3n Inmueble Arrendado>33 Audio video audiencias 12-13-14-08-2020>AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL 63001310300320180021600 (1) tiempo: 0:43.12 <\/p>\n
7\u0002 16Proceso Restituci\u00f3n Inmueble Arrendado>33 Audio video audiencias 12-13-14-08-2020>AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL 63001310300320180021600 (1) tiempo: 0:58:03. <\/p>\n
8\u0002 STC8733-2021. <\/p>\n
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STC13206-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13206-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 63001-22-14-000-2021-00076-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de octubre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58285","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58285","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58285"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58285\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58285"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58285"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58285"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}