STC13208-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13208-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-000-2021-00204-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (06) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n, interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 23 de agosto de 2021, con la cual se neg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Lilibeth Manosalva Rodr\u00edguez contra Juzgado Tercero Civil Municipal y el Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad y la compa\u00f1\u00eda BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales \u00abAL DEBIDO PROCESO, A LA VIDA DIGNA, DERECHO A LA IGUALDAD, LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, AL MINIMO VITAL, DIGNIDAD HUMANA, INTEGRIDAD FISICA Y MORAL, A LA SALUD, A LA VIDA, DERECHO A LA PROTECCION Y ASISTENCIA POR SER CABEZA DE HOGAR, SEGURIDAD SOCIAL, SUBSISTENCIA EN CONDICIONES DIGNAS por mi condici\u00f3n de debilidad manifiesta y de protecci\u00f3n constitucional, en conexidad a la SALUD, BUEN NOMBRE, HABEAS DATA E INTIMIDAD\u00bb, presuntamente vulnerados por las entidades cuestionadas. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Lilibeth Manosalva Rodr\u00edguez fungi\u00f3 por m\u00e1s de 20 a\u00f1os como docente de aula. En efecto, por tener esa calidad y capacidad de pag\u00f3, solicit\u00f3 un cr\u00e9dito por valor de setenta y cinco millones quinientos mil pesos ($75.500.000), el cual, fue aprobado por el banco BBVA COLOMBIA S.A. identificado con el n\u00famero 9607343098. Dicho cr\u00e9dito se ampar\u00f3 bajo la p\u00f3liza de seguro de Vida Grupo Deudores N\u00b0 0110043, con las coberturas de \u00abvida Muerte por cualquier causa) e Incapacidad total y permanente (desmembraci\u00f3n \u2013 inutilizaci\u00f3n)\u00bb. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, la actora fue calificada el 4 de abril de 2018, con p\u00e9rdida de capacidad laboral y determinaci\u00f3n de invalidez del ochenta y cinto por cinto (85%) \u00abNo SOV 042018002 expedido por la UT ORIENTE REGION 5\u00bb. <\/p>\n
2.3. Sostuvo que al haber ocurrido el siniestro por \u00abINCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE\u00bb, present\u00f3 reclamaci\u00f3n formal a la compa\u00f1\u00eda de Seguros para hacer efectiva la p\u00f3liza contratada. <\/p>\n
2.4. Sin embargo, la Compa\u00f1\u00eda de Seguros, objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n en escrito de 7 de mayo de 2018, con fundamento en que la accionada fue reticente al momento de tomar el seguro, por no haber declarado la informaci\u00f3n contenida en su historial cl\u00ednico y los registros utilizados para la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral, evidenci\u00e1ndose que la tomadora \u00abpresenta hace 4 a\u00f1os episodios de disforia y cambios de las cualidades de la voz\u00bb. <\/p>\n
2.5. Inconforme con esa decisi\u00f3n, interpuso demanda de responsabilidad civil contractual en agosto de 2018, correspondi\u00e9ndole por reparto al Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, el cual, mediante sentencia del 26 de junio de 20192, resolvi\u00f3 declarar probada la excepci\u00f3n de nulidad relativa del contrato de seguro. En desacuerdo, la gestora apel\u00f3, no obstante, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar la confirm\u00f3 el 11 de diciembre de 20193. <\/p>\n
2.6. Por lo anterior, manifest\u00f3 que antes de presentar el amparo constitucional, solicit\u00f3 en varias ocasiones a las autoridades judiciales enjuiciadas le suministraran copia de las providencias, sin obtener una respuesta positiva, por lo que se vio obligada a iniciar la acci\u00f3n de tutela, se\u00f1alando que por \u00abel tiempo transcurrido entre la sentencia de segunda instancia, el virus COVID 19 y los juzgados HERMETICAMENTE cerrados me est\u00e1n perjudicando enormemente\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, pues es madre cabeza de hogar, tiene tres hijos, dos de ellas menores de edad que se encuentran estudiando en instituci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 se ordene a los Juzgados accionados, que en un t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguiente a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, procedan a fijar fecha y hora para emitir una nueva decisi\u00f3n en derecho y de acuerdo a las pruebas recaudadas, teniendo en cuenta los par\u00e1metros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional sobre la aplicaci\u00f3n de la figura la reticencia. En consecuencia, se ordene a BBVA SEGUROS DE VIDA, proceda a reconocer y hacer efectiva la p\u00f3liza contratada. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, despu\u00e9s de narrar las actuaciones realizadas, consider\u00f3 que no encontr\u00f3 cual es el perjuicio causado a la actora por una presunta demora, en tanto que el Despacho actu\u00f3 dentro de los t\u00e9rminos legales autorizados. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que la acci\u00f3n presentada no cumple con los requisitos de procedibilidad contra sentencia judicial. Y, que es evidente su pretensi\u00f3n de utilizar esta v\u00eda como una tercera instancia. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional, despu\u00e9s de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite debatido, declar\u00f3 improcedente el amparo4, por considerar que no cumple con el requisito de inmediatez. Esto, en raz\u00f3n a que entre la fecha que se profiri\u00f3 la sentencia de primera instancia y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela transcurri\u00f3 aproximadamente \u00ab2 a\u00f1os, 1 mes y 28 d\u00edas\u00bb. Asimismo, indic\u00f3 que no se observ\u00f3 un motivo real que justificara la demora de la promotora para presentar la acci\u00f3n, lo que torna improcedente el estudio y an\u00e1lisis del fondo del asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, refiri\u00e9ndose a que encuentra cuestionable los argumentos del Tribunal a quo referente a que no encontr\u00f3 un motivo real que justificara su tardanza para presentar la acci\u00f3n de tutela, siendo que es una persona en estado de debilidad manifiesta, pues esta \u00abenferma, con p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 85%, con m\u00faltiples patolog\u00edas y que a su vez son enfermedades costosas y ruinosas que requieren toda mi atenci\u00f3n para evitar as\u00ed desmejorar mi calidad de vida\u00bb. Agreg\u00f3, que demostr\u00f3 su calidad de madre cabeza de familia de tres hijos, dos de ellas menores de edad que dependen econ\u00f3micamente de ella y sus ingresos actuales por pensi\u00f3n de invalidez no son suficientes para sufragar todos los gastos de sus enfermedades y del manejo de su hogar. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso bajo estudio, la gestora pretende se deje sin efectos la sentencia proferida por el despacho accionado el 11 de diciembre de 2019, con la cual se confirm\u00f3 la providencia del 26 de junio de ese a\u00f1o, que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de nulidad relativa del contrato de seguro. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte que la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, de las probanzas obrantes en el expediente, la Corte concluye la improcedencia del ruego invocado, por cuanto no se atiende al requisito de inmediatez, definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. Esto es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n recriminadas -11 de diciembre 2019- y, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela -6 de agosto de 2021-5. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n rebatida. <\/p>\n
2.1. Lo dicho resulta relevante, porque pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad de la actora para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales de la peticionaria. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010, en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u2026\u00bb <\/p>\n
2.3. Sumado a ello, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de lo constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, el fallo impugnado se deber\u00e1 ratificar. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-125 01Tutela.pdf del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-2 PRUEBA_6_8_2021, 11_32_41 a. m..pdf expediente digital <\/p>\n
4\u0002 Folios del 1 al 8. 06Sentencia.pdf Expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folio 1 02ActadeRe\u00e1rto.pdf Expediente digital <\/p>\n
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