STC13211-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13211-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03406-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Miryam Mancera Rivera contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abrevo[car] la providencia proferida el nueve (9) de agosto de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil \u2013 Familia de Ibagu\u00e9\u00bb y, en consecuencia, ordenar \u00abproferir una nueva sentencia concediendo la reivindicaci\u00f3n ya que se encuentran acreditados todos y cada uno de los elementos axiol\u00f3gicos\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luis Alberto Romero Guti\u00e9rrez promovi\u00f3 demanda de pertenencia en contra de Miryam Mancera Guti\u00e9rrez, para que le reconociera que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio el predio ubicado en la casa 17 de la manzana A de la Urbanizaci\u00f3n Villa Leidy, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 350-77696; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
2.2. En el tr\u00e1mite, la parte convocada formul\u00f3 demanda de reivindicatoria en reconvenci\u00f3n; con auto de 21 de marzo de 2014 se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito respecto de la demanda inicial, siguiendo el tr\u00e1mite \u00fanicamente respecto de la reconvenci\u00f3n propuesta. Luego, ante el fallecimiento de Romero Guti\u00e9rrez, la demanda reivindicatoria fue reformada, para dirigirla contra los herederos determinados e indeterminados de aqu\u00e9l. <\/p>\n
2.3. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 14 de abril de 2021 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 las pretensiones, al considerar que la promotora no prob\u00f3 la titularidad del predio; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 9 de agosto siguiente, pero al observar que la posesi\u00f3n en cabeza del demandado no se demostr\u00f3. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele la promotora, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues el Tribunal \u00abentra a cuestionar el elemento axiol\u00f3gico (ii) posesi\u00f3n en el demandado. El cual no fue objeto de apelaci\u00f3n, pero se manifiesta al respecto, cambiando el sentido del fallo en primera instancia aduciendo una cadena de negociaciones donde concluye que no hay posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. Destac\u00f3 que lo relativo a la posesi\u00f3n del demandado qued\u00f3 zanjado con el pronunciamiento del Juzgado, por lo que el ad quem no pod\u00eda pronunciarse sobre dicho elemento, m\u00e1xime cuando no fue apelado, raz\u00f3n por la que, en su sentir, \u00abse encontrar\u00eda violando el principio constitucional de non reformatio in pejus\u00bb. <\/p>\n
2.6. Indic\u00f3 que tal como lo afirm\u00f3 el fallador de primera instancia \u00abel demandante en pertenencia\u2026 Luis Alberto Romero Guti\u00e9rrez, en su condici\u00f3n inicial de mero tenedor, trasmuta esta calidad en posesi\u00f3n a partir del 16 de mayo de 2012, d\u00eda en que se entabla la demanda en pertenencia, desde este momento empieza para si la posesi\u00f3n exclusiva y excluyente donde se infiere que sin duda el demandante en pertenencia se revel\u00f3 frente al titular de derecho\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, habida cuenta de que con la presentaci\u00f3n de la demanda inicial de pertenencia, deb\u00eda tenerse como \u00abuna confesi\u00f3n\u00bb de la posesi\u00f3n all\u00ed reclamada. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que se atiene a lo consignado en el expediente contentivo del tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el estrado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto, para desechar la acci\u00f3n reivindicatoria, tuvo por no demostrada la posesi\u00f3n en cabeza del demandado (demandante inicial en pertenencia), espec\u00edficamente, concluy\u00f3 que, tras una cadena de traspasos, Luis Alberto Romero Guti\u00e9rrez (q.e.p.d.), solo contaba con la tenencia del bien. <\/p>\n
En efecto, sobre el particular, expres\u00f3 el Tribunal enjuiciado que: <\/p>\n
6. Los hechos de la demanda de reconvenci\u00f3n dejan ver como es claro para la reivindicante y as\u00ed lo muestran los documentos que allega con anexos de la misma y acabados de referir, que Luis Alberto Romero Guti\u00e9rrez ingres\u00f3 al bien seguido de una serie de convenios, sucesivos todos, en los que participaron quienes para cada \u00e9poca han estado frente al mismo y que tuvieron hontanar en la entrega que hiciera la demandante a Luis Fernando Mu\u00f1oz Sierra por virtud del contrato de promesa de compraventa celebrado el 5 de marzo de 1998. <\/p>\n
7. Es criterio decantado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que la entrega que haga de una cosa con ocasi\u00f3n de una promesa de compraventa no otorga a quien recibe m\u00e1s que una mera tenencia, a menos que las partes, en ejercicio de su autonom\u00eda negocial, estipulen expresamente en el contrato preparatorio que el promitente comprador es dejado en posesi\u00f3n de la misma. As\u00ed lo explic\u00f3 en sentencia de 30 de julio de 2010\u2026 <\/p>\n
7.1. Bajo esta tesitura y tras revisar el contenido del contrato de 5 de marzo de 1998, encuentra la Sala que en ninguno de sus apartes se aquilat\u00f3 algo de tal talante, de donde no se es dable pensar que con la entrega que se hizo al promitente comprador Luis Fernando Mu\u00f1oz Sierra se hubiera engendrado a su favor una posesi\u00f3n inmediata, as\u00ed como tampoco puede sostenerse que ello se haya dado de forma sobrevenida, en la medida en que el despliegue probatorio no ofrece certeza respecto a que su t\u00edtulo precario haya mudado en una relaci\u00f3n posesoria, o que lo hubiere hecho alguno de los adquirentes posteriores (Octiquio Mora Ria\u00f1os, Fernando Guillen Morales o Luis Alberto Romero Guti\u00e9rrez). V\u00e9ase, que distinto a la prueba documental aqu\u00ed referida, solo se logr\u00f3 el recaudo del testimonio de Ligia Galvis S\u00e1nchez, declaraci\u00f3n que nada ilustr\u00f3 respecto de Mu\u00f1oz Sierra ni de los dos promitentes compradores que le sucedieron, sino solo del \u00faltimo, Luis Alberto Romero Guti\u00e9rrez, realizando manifestaciones gen\u00e9ricas que no son \u00fatiles para el preciso estudio de una interversi\u00f3n del t\u00edtulo, si ello fuese procedente, atendiendo lo que exige la jurisprudencia para tener por configurada esa instituci\u00f3n, pues como se permiti\u00f3 recordarlo recientemente la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 18 de diciembre de 2020, la nueva situaci\u00f3n debe ser \u00abp\u00fablica, con verdaderos actos posesorios a nombre propio, con absoluto rechazo del titular, y acreditarse plenamente por quien se dice \u201cposeedor\u201d, tanto en lo relativo al momento en que oper\u00f3 la transformaci\u00f3n, como en los actos categ\u00f3ricos e inequ\u00edvocos que contradigan el derecho del propietario\u00bb. <\/p>\n
7.2. Si lo anterior es as\u00ed, las distintas cesiones de derechos, hasta la realizada a Luis Alberto Romero Guti\u00e9rrez (q.e.p.d.), no pudieron implicar m\u00e1s que el traspaso de una tenencia. <\/p>\n
8. Con todo, lo referente a si hubo o no posesi\u00f3n de Luis Alberto Romero Guti\u00e9rrez (q.e.p.d.), quien estimaba que s\u00ed y por ello promovi\u00f3 la acci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva que finaliz\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito, lo cierto es que su detenci\u00f3n f\u00edsica tuvo hontanar en esa cadena de negociaciones que principiaron con la promesa de compraventa de 1998, celebrada por la demandante Miryam Mancera Rivera, raz\u00f3n por la que la discusi\u00f3n y el correspondiente debate, por el origen evidente contractual, debe darse en otro escenario distinto al de la reivindicaci\u00f3n, insistiendo en que, el contrato de promesa de venta del predio en discusi\u00f3n no entreg\u00f3 posesi\u00f3n a su promitente comprador inicial. Recordando ac\u00e1, cuando de modos de adquirir derivativos se trata, que, nadie puede transferir o transmitir m\u00e1s derechos de los que tiene; decaimiento de este presupuesto que conduce a la negativa de las aspiraciones demandadas, quedando relevado este Tribunal de abordar los dem\u00e1s requisitos sustanciales. <\/p>\n
Ahora, examinados los elementos de juicio en los que dijo el estrado accionado soportar su decisi\u00f3n, esto es, las negociaciones de compraventa de 1998, encuentra la Corte que, al margen de que exista o no un debate contractual, lo cierto es que Luis Alberto Romero Guti\u00e9rrez (q.e.p.d.), quien fue el demandante inicial en prescripci\u00f3n, all\u00ed puso en conocimiento su posesi\u00f3n sobre el predio objeto de litis, de ah\u00ed que, tal situaci\u00f3n deb\u00eda tenerse como confesi\u00f3n para acreditar tal presupuesto para la acci\u00f3n reivindicatoria demandada en reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala al despachar asuntos de similar situaci\u00f3n f\u00e1ctica, de vieja data, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
Los requisitos relativos a la posesi\u00f3n material del inmueble y a su identidad, no admiten discusi\u00f3n, porque alegando el demandante inicial, como presupuesto de la pretensi\u00f3n de pertenencia, posesi\u00f3n material, esta confesi\u00f3n no s\u00f3lo releva al demandante en reconvenci\u00f3n de toda otra prueba tendiente a demostrar esos extremos de la acci\u00f3n, sino que exonera al juzgador de analizar otros medios con ese mismo prop\u00f3sito, porque la posesi\u00f3n material es un elemento com\u00fan en los casos en que rec\u00edprocamente se demanda la declaraci\u00f3n de pertenencia y la reivindicaci\u00f3n, mucho m\u00e1s cuando, fuera de aceptar el demandado en la contestaci\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n que \u201csi es poseedor\u201d, la oposici\u00f3n se fundament\u00f3 en que el reconveniente no era propietario y esto qued\u00f3 desvirtuado. <\/p>\n
Cuando el demandado en la acci\u00f3n de dominio, dice la Corte, \u201cconfiesa ser poseedor del inmueble en litigio, esa confesi\u00f3n tiene virtualidad suficiente para demostrar a la vez la posesi\u00f3n del demandado y la identidad del inmueble que es materia del pleito\u201d, salvo claro est\u00e1, siempre y cuando no se introduzca discusi\u00f3n alguna sobre el elemento de la identidad, o el juzgador motu proprio halle elementos de convicci\u00f3n que lo lleven a cuestionar dicho presupuesto. Conclusi\u00f3n que igualmente se predica en el caso de que el demandante afirme \u201ctener a su favor la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, alegada\u2026como acci\u00f3n en una demanda de pertenencia y reiterada como excepci\u00f3n en la contestaci\u00f3n a la contrademanda de reivindicaci\u00f3n, que en el mismo proceso se formule\u201d, porque esto \u201cconstituye una doble manifestaci\u00f3n que implica confesi\u00f3n judicial del hecho de la posesi\u00f3n\u201d (sentencia de 22 de julio de 1993, CCXXV-176). <\/p>\n
El mismo resultado probatorio ocurre en el caso de la \u201calegaci\u00f3n por el demandado de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, porque siendo la posesi\u00f3n un elemento com\u00fan pera \u00e9sta y la reivindicaci\u00f3n, la proposici\u00f3n de aqu\u00e9lla implica necesariamente la confesi\u00f3n del hecho posesorio, y por contera, la demostraci\u00f3n de la identidad del bien\u201d (sentencia de 14 de marzo de 1997, CCXLVI, 246). (CSJ, SC, 12 dic. 2001; rad. 5328) (subrayas y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al existir la demanda inicial de pertenencia, el requisito relativo a la posesi\u00f3n material del inmueble, no admit\u00eda discusi\u00f3n en la acci\u00f3n reivindicatoria formulada en reconvenci\u00f3n, pues tal confesi\u00f3n era suficiente para tener acreditado dicho presupuesto; por lo que, para el caso concreto, el Tribunal estaba relevado de indagar con cualquier otro medio suasorio de dicha posesi\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
Es preciso en este punto memorar que seg\u00fan el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 176 del C\u00f3digo General del Proceso] \u201c[l]as pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. (\u2026) El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u201d. Precepto que armoniza con el art\u00edculo 304 del citado estatuto [hoy 280 del C\u00f3digo General del Proceso] que contempla que la motivaci\u00f3n de la sentencia \u201cdeber\u00e1 limitarse al examen cr\u00edtico de las pruebas\u201d, disposiciones que no fueron debidamente observadas por el funcionario de segundo grado al preterir, se insiste, el examen de los instrumentos de convicci\u00f3n referidos en el p\u00e1rrafo precedente, configurando as\u00ed una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Sobre el punto, ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
4. Lo considerado impone conceder el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que tras dejar sin efecto la determinaci\u00f3n censurada, proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n que atienda las consideraciones precedentes. <\/p>\n
Finalmente, se precisa que como el amparo concedido conlleva la invalidaci\u00f3n de la referida providencia de 9 de agosto pasado, la Corte se abstendr\u00e1, por sustracci\u00f3n de materia, de definir las dem\u00e1s censuras de la accionante, pues ser\u00e1 necesario que el estrado querellado se pronuncie de nuevo sobre tales aspectos, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Miryam Mancera Rivera. En consecuencia, DISPONE: <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente objeto de la queja constitucional a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anteriores. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13211-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13211-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03406-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Miryam Mancera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58289","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58289"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58289\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}