STC13215-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13215-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000-2021-00095-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada en el marco de los procesos referidos. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Martha In\u00e9s Cubillos Malaver, a trav\u00e9s de apoderado, en representaci\u00f3n de su hija In\u00e9s Pamela Torres Cubillos- menor de edad en el a\u00f1o 2000-, promovi\u00f3 demanda de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos2 contra Jos\u00e9 Tirso Torres Caicedo. El asunto fue admitido por el juzgado accionado, en providencia del 31 de mayo del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.2. En audiencia del 31 de agosto del 2000, las partes llegaron a un acuerdo, en el cual, el padre de la aqu\u00ed accionante, se comprometi\u00f3 a pagar como cuota de alimentos, la suma de \u00ab130.000 mensuales a partir de septiembre y hasta diciembre del a\u00f1o 2.000 y 160.000 desde enero de 2001 a diciembre del mismo a\u00f1o, la que ser\u00e1 reajustada en un 20% a partir de enero del 2.002 y as\u00ed sucesivamente cada a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2.3. Ante el incumplimiento en la cancelaci\u00f3n de la cuota de acordada, In\u00e9s Pamela Torres, present\u00f3 proceso ejecutivo de alimentos contra el aqu\u00ed gestor. Por lo anterior, el 27 de noviembre de 2002, el Juzgado censurado, libr\u00f3 mandamiento de pago. Sin embargo, el gestor no ejerci\u00f3 derecho de defensa, por lo que se orden\u00f3 el 2 de febrero de 2003, seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Seguidamente, el 29 de junio de 2004, la demandante acept\u00f3 como parte de pago los bienes muebles que fueron embargados y avaluados en el proceso. Para el efecto, suscribieron un documento de transacci\u00f3n, el cual fue aprobado en prove\u00eddo del 30 de junio de la misma anualidad. <\/p>\n
2.5. Por otro lado, la apoderada de la demandante revivi\u00f3 el proceso mediante memorial del 9 de agosto de 2018, solicitando el embargo de los derechos herenciales que le pudieran corresponder al ejecutado, a ra\u00edz del fallecimiento de su padre -ocurrido el 11 de noviembre de 2016-, proceso de sucesi\u00f3n No. 20170062500, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al mismo Juzgado. <\/p>\n
2.6. Dicha petici\u00f3n fue atendida por el Juzgado encarado, quien, en providencia del 20 de noviembre de 2018, decret\u00f3 el embargo solicitado y procedi\u00f3 a aprobar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por la suma de $332.729.555 hasta abril de 2019, previa solicitud de la parte demandante. <\/p>\n
2.7. El promotor, narr\u00f3 que a trav\u00e9s de abogado solicit\u00f3 el control de legalidad de todo lo actuado a partir de la providencia del 20 de noviembre de 2018. Y, que despu\u00e9s de dos a\u00f1os, la autoridad encarada declar\u00f3 sin efecto alguno la liquidaci\u00f3n antes realizada para fijar una nueva que dio como resultado un menor valor. <\/p>\n
Adem\u00e1s, manifest\u00f3 su inconformidad por el embargo realizado a sus derechos herenciales, ya que los requiere por ser mayor de 60 a\u00f1os y que su hija, In\u00e9s Pamela Torres Cubillos, naci\u00f3 el 11 de octubre de 1983, lo que significa que, para el 20 de noviembre de 2018, ten\u00eda 35 a\u00f1os de edad. Luego, cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad el 11 de octubre de 2001 y los 25 a\u00f1os el 11 de octubre de 2008. Tambi\u00e9n, indic\u00f3 que a la fecha de la presentaci\u00f3n de la tutela, el accionado a pesar de las m\u00faltiples solicitudes que se le han presentado, se ha negado a devolverle los bienes que le fueron adjudicados en la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
3. De conformidad con lo expuesto, solicit\u00f3 que se amparen los derechos fundamentales invocados. Y, se ordene a la autoridad accionada dictar sentencia en derecho que \u00abcontenga la garant\u00eda que le asiste para acceder a sus derechos econ\u00f3micos adjudicados en el juicio de sucesi\u00f3n de su se\u00f1or padre\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero de Familia de Tunja, luego de memorar sus actuaciones, se\u00f1al\u00f3 que de los bienes que le correspondieron al libelista dentro de la sucesi\u00f3n, \u00abel \u00fanico bien que se encuentra a disposici\u00f3n del juzgado es: $ 12.681.000 por concepto de la partida s\u00e9ptima \u201cc\u00e1nones de arrendamiento del Kiosco II; valor este, muy inferior a la deuda que el accionante tiene para con su hija, por concepto de alimentos. Dicho dinero, se encuentra a disposici\u00f3n de la demandante dentro del proceso ejecutivo de alimentos y pendiente para que sea cobrado por Esta, en el Banco Agrario de Colombia\u00bb. Quedando todav\u00eda una deuda sin actualizar por un valor de $18.760.223 a favor de la demandante. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que su despacho \u00abdesconoce en manos de quien se encuentran actualmente las hijuelas asignadas al se\u00f1or, aprobadas por los interesados y sus apoderados, tanto en audiencia de inventarios y aval\u00faos, como en el trabajo de partici\u00f3n; sin que a la fecha el accionante haya informado en cabeza de quien est\u00e1n, tampoco ha solicitado su entrega ni ha efectuado solicitud de parte al respecto. Por lo tanto, sostuvo que los hechos en que se fundamenta la acci\u00f3n de tutela carecen de veracidad. Raz\u00f3n por la cual solicita que se niegue el amparo. <\/p>\n
2. Elizabeth Bol\u00edvar Cely, apoderada de la demandante en el proceso ejecutivo No. 2000-00150, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones procesales e inform\u00f3 que mediante providencia del 8 de abril de 2021, el juzgado accionado dispuso dejar sin valor y efecto \u00abel auto que hab\u00eda dado por terminado el proceso ejecutivo y levant\u00f3 medidas cautelares, teniendo en cuenta que el juzgado incurri\u00f3 en un error, al dar por culminado un proceso, cuando a la demandante no ha recibido el pago de la deuda que persigue, y solo hasta cuando se verifique el pago efectivo de la obligaci\u00f3n a favor de mi poderdante, se dar\u00e1 por terminado el proceso y en caso de existir remanente ser\u00e1 entregado al ejecutado.\u00bb <\/p>\n
Agreg\u00f3 que su poderdante no ha podido ver satisfecho su derecho ni parcial ni totalmente, \u00abporque al parecer no existe el dinero proveniente de un CDT que se hizo efectivo a favor de varios herederos y la cuota o porcentaje del se\u00f1or Torres Caicedo se haya dispuesto a \u00f3rdenes del Juzgado y para el proceso de alimentos\u00bb. <\/p>\n
3. Mar\u00eda In\u00e9s Torres Caicedo -parte en el proceso de sucesi\u00f3n 2017-00625-, indic\u00f3 que en este ya se realiz\u00f3 la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bienes. En consecuencia, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente resguardo, pues no tiene conocimiento del proceso ejecutivo cuestionado. <\/p>\n
4. Adriana, Alejandro, Manuel Jos\u00e9 y Camilo Torres Caicedo y Mariana Caicedo de Torres -vinculados-, pidieron su desvinculaci\u00f3n de la presente solicitud de amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional, despu\u00e9s de realizar un an\u00e1lisis de los derechos fundamentales invocados y de las actuaciones procesales surtidas, neg\u00f3 la solicitud de amparo ante el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
Para el efecto, consider\u00f3 que \u00abLa acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 dada para resolver asuntos de car\u00e1cter litigioso y de contenido econ\u00f3mico, respecto de los cuales, no se dio una conducta de diligencia, atenci\u00f3n y cuidado. Lo anterior, por cuanto el abandono del proceso del hoy actor en tutela, en v\u00eda ordinaria, su incumplimiento en el pago de alimentos a su hija, para cuando esta los requer\u00eda para poder subsistir, contar con los recursos necesarios para atender sus necesidades alimentarias en general, poder construir un proyecto estructurado de vida; no le relevan del deber de atender la acreencia que se fue incrementando mes a mes, por la no cancelaci\u00f3n de la cuota alimentaria, que es la fuente de la obligaci\u00f3n por la que ahora le persiguen ejecutivamente sus bienes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, sin sustentar los motivos de inconformidad. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a esta Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante, con ocasi\u00f3n del embargo sobre los derechos herenciales que le correspondieron en el proceso de sucesi\u00f3n de radicado 2017-0625, los cuales fueron puestos a disposici\u00f3n del proceso ejecutivo de alimentos 2000-150 promovido por su hija. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
3. Pues bien, del an\u00e1lisis probatorio obrante en el plenario, se observa que In\u00e9s Pamela Torres Cubillos, promovi\u00f3 proceso ejecutivo de alimentos contra el quejoso por el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria que se fij\u00f3 en el acuerdo conciliatorio celebrado entre sus progenitores, en audiencia llevada a cabo el 31 de agosto de 2001, en el proceso 2001-150 de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Tunja, libr\u00f3 mandamiento de pago el 27 de noviembre de 2002. Sin embargo, el tutelante guard\u00f3 silencio. En consecuencia, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en providencia del 2 de febrero de 2003. En el curso del proceso y, a ra\u00edz del fallecimiento del padre del ejecutado, la apoderada de la demandante solicit\u00f3 el embargo de los bienes que le llegaran a adjudicar en el proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 Tirsio Torres Caballero, de conocimiento del mismo Juzgado. Tal pedimento fue atendido por auto del 20 de noviembre de 2018. <\/p>\n
El accionante, se lamenta de que su hija teniendo ya 35 a\u00f1os de edad, es decir, 17 a\u00f1os despu\u00e9s de haber alcanzado la mayor\u00eda de edad y 14 a\u00f1os de la \u00faltima actuaci\u00f3n, la demandante solicite el embargo de sus derechos herenciales, despu\u00e9s de que le hab\u00eda prometido que no insistir\u00eda en el proceso y pedir\u00eda el archivo del mismo, sin embargo, no obra actuaci\u00f3n judicial del a\u00f1o 2006, en la que se haya terminado el proceso. <\/p>\n
Asimismo, se evidencia que en virtud del auto del 25 de febrero de 2021, se dio por terminado el proceso ejecutivo de alimentos por pago de la obligaci\u00f3n. no obstante, dicha determinaci\u00f3n qued\u00f3 sin valor y efecto mediante prove\u00eddo del 8 de abril de 2021, \u00abhasta que se verifique el pago efectivo de la obligaci\u00f3n alimentaria que existe en favor de la se\u00f1ora IN\u00c9S PAMELA TORRES CUBILLOS, de conformidad con lo se\u00f1alado en esta providencia.\u00bb3 <\/p>\n
Por otro lado, vale la pena resaltar que seg\u00fan el prove\u00eddo del 17 de septiembre de 2020, por solicitud del libelista, se actualiz\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito de alimentos hasta octubre de 2018, teniendo en cuenta la fecha en la que la demandante cumpli\u00f3 los 25 a\u00f1os de edad y, en consecuencia ces\u00f3 la obligaci\u00f3n de alimentos. <\/p>\n
4. De lo narrado esta Sala concluye la improcedencia del amparo, pues el querellante cont\u00f3 con la oportunidad de exponer a la autoridad recriminada las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus intereses y no lo hizo. <\/p>\n
En efecto, es ineludible que desperdici\u00f3 los medios de impugnaci\u00f3n que tuvo a su alcance, concretamente, la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago de conformidad con los art\u00edculos 318 del C.G.P., la formulaci\u00f3n de excepciones -seg\u00fan el art\u00edculo 442 ib\u00eddem- y la solicitud de perenci\u00f3n del proceso prevista en el canon 23 de la ley 1285 de 2009, mecanismos viables para la defensa de sus derechos. <\/p>\n
Por supuesto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. Ciertamente, ha de tenerse en cuenta que el gestor cont\u00f3 con la posibilidad de exponerle a la autoridad acusada las razones de su inconformidad. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer la oportunidad para contradecir lo que ahora pretende por esta v\u00eda. <\/p>\n
Por tanto, no tiene prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una oportunidad para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
5. De acuerdo a lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-12. Anexo Solicitud de tutela rad. 2021-00020 pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folios 5-14. Anexo2000-00150 alimentos.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-2-.Anexo 18.1 33-AUTO-Ordena Oficiar.pdf. <\/p>\n
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