STC13216-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13216-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2021-00179-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la convocante frente al fallo proferido el veintisiete (27) de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Yuly Margoth Bitar Arrieta contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y la C\u00e1mara de Comercio, ambos de la citada ciudad; tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba y las partes e intervinientes del asunto en que se origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas supralegales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abtutela jurisdiccional efectiva\u00bb e igualdad, presuntamente conculcadas por los accionados. <\/p>\n
Suplic\u00f3, en s\u00edntesis, \u00ab(\u2026) SE ADOPTEN TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS, no solamente para que se amparen los derechos fundamentales antes citados, sino tambi\u00e9n, para que se adopten todos los correctivos y medidas para que no se produzcan estas mismas situaciones en el desarrollo del proceso judicial [bajo estudio]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del problema, los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. Relat\u00f3 la gestora que, instaur\u00f3 juicio declarativo de simulaci\u00f3n contra Francisco de Jes\u00fas Garc\u00eda Pineda, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de ese asunto al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda. <\/p>\n
2.2. Asever\u00f3 que ese despacho judicial mediante auto de 28 de enero de 2021 admiti\u00f3 el libelo introductor, decretando \u00abla inscripci\u00f3n de la demanda en el registro mercantil de los establecimientos de comercio: HIELO FRICO y FRESH VITAL AGUA PURA\u00bb. <\/p>\n
2.3. Manifest\u00f3 haber requerido al convocado, en varias oportunidades, la materializaci\u00f3n de la referida cautela; empero, ese estrado \u00absolamente\u00bb remiti\u00f3 a la C\u00e1mara de Comercio de la mencionada ciudad, la solicitud de registro de dicha medida \u00absin advertencia de sanci\u00f3n\u00bb alguna. <\/p>\n
2.4. Expres\u00f3 que solicit\u00f3 vigilancia especial del proceso, ante el Consejo Seccional tutelado; sin embargo, esa corporaci\u00f3n \u00abni siquiera hizo acuse de recibo de la comunicaci\u00f3n enviada\u00bb. <\/p>\n
2.5. Afirm\u00f3, entonces, que \u00ab(\u2026) es notoria la vulneraci\u00f3n de [sus] derechos, no solamente por parte de quien tiene a su cargo la alta responsabilidad de hacer respetar sus decisiones, como lo es un juez de la Rep\u00fablica, sino tambi\u00e9n de la C\u00e1mara de Comercio. Y de igual manera, el \u00f3rgano que se supone debe velar por que se respete el derecho de la ciudadan\u00eda al acceso a la administraci\u00f3n de justicia: EL Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda pidi\u00f3 la denegaci\u00f3n del amparo, pues no ha vulnerado ninguna garant\u00eda fundamental de la promotora. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba manifest\u00f3 que la \u00abvigilancia judicial administrativa\u00bb requerida por la actora fue resuelta mediante Resoluci\u00f3n No. CSJCOR21-437 de 29 de julio de 2021, mediante la cual se acept\u00f3 \u00abla medida correctiva implementada\u00bb por el despacho cuestionado, \u00abdentro del tr\u00e1mite del proceso verbal de simulaci\u00f3n\u00bb bajo estudio, ordenando el archivo de la petici\u00f3n de la convocante. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La C\u00e1mara de Comercio tutelada guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda deneg\u00f3 la salvaguarda, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no se advierte vulneraci\u00f3n alguna a los derechos constitucionales fundamentales invocados por la actora, ello porque de una parte, se advierte que el juzgado accionado dentro del devenir procesal del proceso de simulaci\u00f3n realiz\u00f3 el procedimiento estipulado en la ley, esto es, decretada la medida cautelar por conducto de la secretar\u00eda del juzgado se procedi\u00f3 a librar los oficios pertinentes, tendientes a comunicar a la entidad encargada de registrar la medida, C\u00e1mara de Comercio de Monter\u00eda, lo decidido u ordenado por el juez. Y de otra, la C\u00e1mara de Comercio de Monter\u00eda mediante oficio No. 0156 de fecha 8 de febrero de 2021 comunic\u00f3 al juzgado de origen la raz\u00f3n por la cual no se pod\u00eda registrar la medida\u201d. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por la interesada insistiendo en la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En este orden de ideas, analizada la demanda constitucional, se concluye que lo perseguido por el accionante es que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda implemente las medidas necesarias para materializar la inscripci\u00f3n de la demanda decretada dentro del litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n
2.1. Bajo esa \u00f3ptica, considera la Corte que la salvaguarda fundamental, deviene improcedente por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, en tanto, al momento de impulsarse el presente auxilio, esto es el 12 de agosto de 2021, se encontraba en tr\u00e1mite lo resuelto por el despacho cuestionado con relaci\u00f3n al cumplimiento de la mencionada cautela. <\/p>\n
En efecto, revisadas las pruebas aportadas al ruego, se observa que la tutelante reclam\u00f3 ante la sede judicial accionada el acatamiento de la comentada medida cautelar, solicitud que se encuentra pendiente de resoluci\u00f3n, en espera de que la C\u00e1mara de Comercio de Monter\u00eda de respuesta al requerimiento realizado con auto de 21 de julio pasado, mediante el cual se le exigi\u00f3 que \u00abmaterialice la medida cautelar ordenada en prove\u00eddo adiado 28 de Enero de 2021 y comunicada mediante oficio 0156 del 08 de Febrero [anterior]\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, bajo ese escenario, se concluye que el resguardo resulta prematuro, al estar en curso la actuaci\u00f3n tendiente a dar cumplimiento a la inscripci\u00f3n de la demanda decretada en el caso bajo estudio. <\/p>\n
Lo anterior traduce que, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u201d (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
2.2. Ahora, si la censura de la tutelante va dirigida contra la Resoluci\u00f3n CSJCOR21-437 de 29 de julio pasado, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba, mediante la cual esa corporaci\u00f3n archiv\u00f3 su solicitud de \u00abvigilancia judicial administrativa\u00bb respecto del litigio bajo estudio, la salvaguarda tampoco es procedente, por cuanto la interesada puede acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y hacer uso de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el canon 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, claro est\u00e1, de haber agotado los recursos de ley ante la v\u00eda gubernativa, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de similares contornos a los ac\u00e1 expuesto, esta Corporaci\u00f3n adujo: <\/p>\n
\u201c1. La queja se dirige frente a las resoluciones de 21 de octubre de 2016 y 17 de enero de 2017, mediante las cuales, en la primera, el Consejo Seccional de la Judicatura de esta capital dispuso \u201c(\u2026) abstenerse de iniciar vigilancia judicial administrativa al Juzgado… en el proceso verbal (\u2026) interpuesto por… S\u00c1NCHEZ contra… SAMUDIO (\u2026)\u201d y, en la segunda, se confirm\u00f3 dicho pronunciamiento en sede de reposici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201c2. As\u00ed las cosas, resulta improcedente esta s\u00faplica por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues para controvertir la legalidad de las determinaciones rese\u00f1adas, el quejoso puede acudir al medio de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011 -C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u201d. <\/p>\n
\u201cEse es el escenario propicio para debatir, por ejemplo, la pertinencia de continuar con la actuaci\u00f3n administrativa iniciada por el reclamante ante los supuestos desafueros del juez denunciado\u201d. <\/p>\n
\u201cPor tanto, la discusi\u00f3n planteada es ajena a esta especial jurisdicci\u00f3n, pues este mecanismo es de car\u00e1cter residual\u201d. <\/p>\n
\u201cEn torno a ello, esta Corte, en casos an\u00e1logos, ha precisado:\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) Es evidente el fracaso de la acci\u00f3n, habida cuenta que las controversias en torno a las manifestaciones de voluntad de la administraci\u00f3n deben ventilarse ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa, a trav\u00e9s de los instrumentos id\u00f3neos para proteger las prerrogativas esenciales de los supuestos afectados, sin que le est\u00e9 permitido al fallador constitucional inmiscuirse en tal esfera, pues, su funci\u00f3n es subsidiaria y residual (\u2026)1. <\/p>\n
\u201cEl amparo tambi\u00e9n resulta improcedente como mecanismo transitorio, porque en el procedimiento arriba referido el querellante puede exigir las medidas pertinentes \u201c(\u2026) para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso (\u2026)\u201d, previstas en el art\u00edculo 229 y siguientes de la citada Ley 1437 de 2011, cautelas id\u00f3neas y eficaces para conjurar la posible configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable\u201d (CSJ STC4916-2017, 6 abr., rad. 2017-00213-01). <\/p>\n
3. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 28 feb. 2014, rad. 2014-00015-01. <\/p>\n
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