STC13219-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13219-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 50001-22-14-000-2021-00197-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de agosto de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosalba Sanabria Moreno contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Aldemar Rey Ni\u00f1o, Carlos Eduardo Trujillo Monta\u00f1a y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, mediante apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se disponga \u00abdecretar la nulidad de lo actuado dentro del proceso\u2026 desde el auto que inadmiti\u00f3 la demanda\u00bb y \u00aben su lugar se ordene al Juzgado\u2026 que proceda a resolver sobre la admisi\u00f3n de la \u201cdemanda de existencia, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d, tal cual fue propuesta desde su presentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Rosalba Sanabria Moreno promovi\u00f3 proceso declarativo contra Aldemar Rey Ni\u00f1o con miras a que se decretara la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho que se declar\u00f3 en acta de conciliaci\u00f3n de 17 de junio de 2020, se decretara \u00abla disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb, as\u00ed como la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que fue declarada en la aludida conciliaci\u00f3n. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio. <\/p>\n
2.2. En auto de 3 de mayo de 2021 se admiti\u00f3 la demanda de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, pues la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad se encontraban declaradas por conciliaci\u00f3n desde el 17 de junio de 2020 y disuelta la sociedad el 28 de mayo anterior, decisi\u00f3n que fue recurrida por el demandado en reposici\u00f3n, pues no se hab\u00eda declarado la existencia de la sociedad patrimonial sino de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
2.3. Con prove\u00eddo de 2 de junio de 2021 se revoc\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n y se inadmiti\u00f3 la demanda para que se aportara prueba de la declaraci\u00f3n de existencia de sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes. Posteriormente, en auto de 6 de julio de 2021 se rechaz\u00f3 la demanda. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que en el auto admisorio se cambi\u00f3 el petitum de la demanda, pues pretend\u00eda se declarara la existencia de la sociedad patrimonial; que no se tuvo en cuenta el sustento de su libelo; y que su apoderado se encontraba hospitalizado por covid-19 desde el 31 de mayo de 2021, lo que le impidi\u00f3 interponer recurso frente al rechazo de la demanda. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que se incurri\u00f3 en los defectos f\u00e1ctico y procedimental, en tanto que no se le pod\u00eda exigir prueba de la sociedad entre compa\u00f1eros permanentes; y que se le generaba una carga desproporcionada, pues ya no pod\u00eda solicitar la declaratoria de la sociedad patrimonial por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio indic\u00f3 que no se incurri\u00f3 en yerro sustancial alguno ni en vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales de la accionante; que la demanda fue radicada como proceso liquidatorio; que en las pretensiones se aspiraba se declarara la uni\u00f3n marital de hecho y la disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial; que no se alleg\u00f3 prueba de la existencia de esta \u00faltima, por lo que se rechaz\u00f3 el libelo al no poder liquidar algo inexistente; y que el tr\u00e1mite estuvo dentro de los lineamientos procesales y legales. <\/p>\n
2. Aldemar Rey Ni\u00f1o refiri\u00f3 que no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues la gestora no agot\u00f3 los medios de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance en tanto que no recurri\u00f3 el auto admisorio que encamin\u00f3 el procedimiento al liquidatorio, ni tampoco el rechazo de la demanda; que no era v\u00e1lida la excusa de que su apoderado no pod\u00eda litigar entre el 8 y 22 de junio, pues se encontraba aislado y pod\u00eda conectarse virtualmente o advertir al estrado acusado que no se encontraba en condiciones para representar a la ahora accionante; que el referido auto que rechazo el libelo fue emitido el 6 de julio de los corrientes, sin que tuviera o informara sobre incapacidad o impedimento para controvertirlo; que no se solicit\u00f3 la interrupci\u00f3n del proceso; que nunca se pidi\u00f3 la declaraci\u00f3n de existencia de la sociedad patrimonial; y que la tutela no era una tercera instancia ni un mecanismo adicional de defensa. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 24 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de Villavicencio se\u00f1al\u00f3 que se deb\u00eda analizar el asunto, pues para la fecha en que corr\u00edan los t\u00e9rminos para subsanar la demanda el abogado de la promotora se encontraba incapacitado. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n Regional del Meta \u2013 Centro Zonal Villavicencio sostuvo que la peticionaria no cumpli\u00f3 con el requisito de la subsidiariedad, pues no formul\u00f3 los recursos que proced\u00edan frente al rechazo de la demanda; que si bien el apoderado de la gestora estaba incapacitado en el momento de subsanar la demanda, no lo estaba cuando se rechaz\u00f3 la misma, ni inform\u00f3 que no pudo actuar por fuerza mayor; que conforme a la declaratoria de la emergencia social y econ\u00f3mica, as\u00ed como la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, la petente ten\u00eda algunos d\u00edas para acceder a la justicia; y que no se configur\u00f3 un defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues la accionante no formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el rechazo de la demanda; que tampoco puso en conocimiento la situaci\u00f3n de su abogado con la finalidad de lograr la interrupci\u00f3n del proceso ni invoc\u00f3 la nulidad que ahora depreca, sino que acudi\u00f3 directamente a esta sede constitucional; y que no se pod\u00edan desconocer las atribuciones propias de cada fallador ni invadir su competencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que se deb\u00eda verificar si se flexibilizaba la subsidiariedad; que la inadmisi\u00f3n de la demanda solo se abr\u00eda paso en los eventos contemplados en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso; y que no desconoc\u00eda la libertad que gozaban los falladores, empero, cuando la decisi\u00f3n era ostensiblemente contradictoria resultaba viable acudir al resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que la accionante hubiese agotado los mecanismos con los que contaba. <\/p>\n
En efecto, la gestora guard\u00f3 silencio frente al auto que rechaz\u00f3 la demanda y no puso en conocimiento la situaci\u00f3n por la que atravesaba su abogado ante el fallador criticado, por lo que desperdici\u00f3 el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos, lo cual torna inviable la protecci\u00f3n solicitada, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario, sin que sean de recibo los argumentos planteados para superar dicho presupuesto, pues precisamente los mecanismos de defensa fueron previstos por el legislador como instrumentos de salvaguarda de las garant\u00edas que le asisten a los interesados. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ag. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC12335-2017, 16 ag. 2017, rad. 2017-00338-01). <\/p>\n
Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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