STC13220-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13220-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03457-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Diego Fernando Caicedo Trujillo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, que se \u00abdeje sin efecto la sentencia de \u00fanica instancia proferida el 23 de octubre de 2020 en contra del Accionante, por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali y reconstruida en Audiencia del 30 de noviembre de 2020\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Diego Fernando Caicedo Trujillo promovi\u00f3 acci\u00f3n de revisi\u00f3n contra la sentencia de 23 de octubre de 2020 dictada por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, en donde fue condenado al pago de unos derechos de autor, dentro del proceso que adelant\u00f3 en su contra Organizaci\u00f3n Sayco -Acinpro. <\/p>\n
2.2. Mediante providencia de 9 de junio de 2021 la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali rechaz\u00f3 la demanda de revisi\u00f3n, por lo que el actor formul\u00f3 s\u00faplica, pero se mantuvo dicha determinaci\u00f3n en auto de 14 de septiembre siguiente. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que present\u00f3 una tutela frente al mencionado fallo de 23 de octubre de 2020, la que le fue denegada por la Corte Suprema de Justicia porque deb\u00eda agotar el recurso de revisi\u00f3n, raz\u00f3n por la que acudi\u00f3 al mismo, siendo ahora el resguardo procedente. <\/p>\n
2.4. Adujo que la Corporaci\u00f3n acusada consider\u00f3 que no era obligatoria la interpretaci\u00f3n prejudicial por cuanto no hubo controversia de las normas comunitarias, empero, s\u00ed deb\u00eda aplicar una de ellas; y que tal obligaci\u00f3n se encontraba plasmada en el art\u00edculo 33 de la Ley 457 de 1998, en donde se consignaba el procedimiento cuando se trataba de asuntos de \u00fanica instancia. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que el proceso se deb\u00eda remitir a la normatividad andina por su prevalencia sobre la interna, \u00abmas all\u00e1 de si se controvert\u00eda dicha aplicaci\u00f3n por las partes\u00bb; y que dicha norma obligaba a suspender el proceso antes de emitir sentencia para solicitar la aludida interpretaci\u00f3n prejudicial, por lo que el no hacerlo generaba una nulidad insaneable conforme con el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 la s\u00faplica criticada indic\u00f3 que \u00e9l pudo emplear las acciones procesales para advertir su desacuerdo con la valoraci\u00f3n probatoria \u00absobre el documento hipot\u00e9ticamente espurio\u00bb, empero, eso no era cierto, en tanto que la prueba no fue decretada, no la pudo controvertir, se practic\u00f3 faltando una hora para iniciar la audiencia y se descubri\u00f3 en la sustentaci\u00f3n del fallo. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali remiti\u00f3 el link del proceso 2018-00282. <\/p>\n
2. Organizaci\u00f3n Sayco-Acinpro se pronunci\u00f3 frente a los hechos de la demanda inicial y se\u00f1al\u00f3 que el accionante no interpuso recurso frente a la sentencia emitida, por lo que no cumpl\u00eda con el requisito de procedibilidad; que no subsan\u00f3 la demanda de revisi\u00f3n, ni se estructuraron las causales de viabilidad de la misma; que el gestor no efectu\u00f3 ning\u00fan debate judicial al interior del proceso y ahora pretend\u00eda revivir los t\u00e9rminos; que en caso de que se hubiere configurado una nulidad, esta se sane\u00f3; que la solicitud de interpretaci\u00f3n prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no observaba el presupuesto de la inmediatez; y que no se transgredi\u00f3 ninguna prerrogativa esencial. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia de 14 de septiembre de los corrientes, con la que resolvi\u00f3 la s\u00faplica impetrada, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la H. Corte Suprema de Justicia ha decantado que, cuando prima facie se advierta que el instrumento de revisi\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, al no estar suficientemente fundamentadas las causales que iza, en especial, porque el sustrato f\u00e1ctico no atiende las exigencias t\u00e9cnicas de concreci\u00f3n, simetr\u00eda e idoneidad (Num. 4 del Art. 357 del C.G.P.), de modo que justifique el inicio de este tr\u00e1mite (encauzado a derruir la cosa juzgada y, a la saz\u00f3n, la seguridad jur\u00eddica), deviene inexorable su rechazo. Sobre este punto, dicha Corporaci\u00f3n patent\u00f3\u2026 <\/p>\n
As\u00ed pues, cuando la Corte admite a tr\u00e1mite una demanda de revisi\u00f3n, no puede emprender un camino incierto, de la mano de las simples conjeturas del recurrente, sino que ha de saber cu\u00e1les son los hechos que de acreditarse, dejar\u00edan sin efecto la sentencia y que, por supuesto, constituyen el tema del debate probatorio, circunstancia que justifica un an\u00e1lisis exhaustivo de la demanda en cuanto a su aptitud para hacer descaecer una providencia judicial ejecutoriada que, por haber agotado las instancias, ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada formal\u201d\u2026 <\/p>\n
2.3.- En el asunto sub lite, el Magistrado Sustanciador tras advertir que el escrito genitor adolec\u00eda de protuberantes defectos que conduc\u00edan a su inadmisi\u00f3n, entre varios, (i) no ser claros \u201clos hechos fraudulentos extr\u00ednsecos y novedosos al proceso [revisado] realizados por su contraparte\u201d, a tal punto que pudiera \u201cobtener sentencia favorable\u201d, y (ii) no avistarse di\u00e1fanamente \u201clos preceptos del ordenamiento jur\u00eddico de la Comunidad Andina que fueron aplicados o sobre los que existi\u00f3 controversia en la sentencia dictada por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, y que hac\u00edan obligatoria la activaci\u00f3n del mecanismo de interpretaci\u00f3n judicial\u201d, orden\u00f3 al recurrente que, en el plazo legal, solventara estas irregularidades de postulaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, pese al esfuerzo argumentativo desplegado por el interesado, el mismo Magistrado discurri\u00f3 que el relato expuesto \u201cno satisfac\u00eda\u201d los elementos de conformaci\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, por lo que dispuso su \u201crechazo\u201d, con base en los argumentos que se analizar\u00e1n a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3.1.- De forma liminar, impone relievarse que, en este grado jurisdiccional, solo ha de auscultarse lo que ha sido objeto de cr\u00edtica, quedando inc\u00f3lume lo que no se disputa, como as\u00ed emerge de la aplicaci\u00f3n del principio tantum devolutum quantum apelatum, seg\u00fan el cual, el juicio de apelaci\u00f3n (aqu\u00ed s\u00faplica) no debe conocer sino de aquello de lo cual se ha censurado. <\/p>\n
En ese orden de ideas, ning\u00fan reparo tuvo la motivaci\u00f3n que desde\u00f1\u00f3 la primera causa de la demanda, esto es, la que bland\u00eda la existencia de un supuesto documento que, por caso fortuito, dice haber encontrado el impugnante, a cuya concepci\u00f3n \u201c[incidir\u00eda] en la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 en la sentencia objeto del recurso\u201d, en tanto que le restar\u00eda \u201cvalor probatorio al documento\u201d que fue germen para adoptar la resoluci\u00f3n contraria a sus intereses; en tal virtud, se infiere que el destinatario asiente lo discernido por el funcionario y, por lo tanto, no habr\u00e1 disquisici\u00f3n alguna sobre ello. <\/p>\n
Respecto al segundo cargo, precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026que se funda en supuestas \u201cmaniobras fraudulentas\u201d de la parte demandante en el juicio motejado, porque hubo (i) \u201cfalsedad ideol\u00f3gica\u201d en el documento basilar que conllev\u00f3 a la sentencia criticada, as\u00ed como una (ii) indebida introducci\u00f3n de elementos probatorios, pues, a su juicio, cuando Organizaci\u00f3n Sayco Acinpro fue compelida a aportar ciertos documentos, como consecuencia de una prueba oficiosa, present\u00f3 otros similares y no requeridos \u201caprovechando su relaci\u00f3n tem\u00e1tica\u201d; tambi\u00e9n, de golpe, fue rechazado, con fundamento en que esos eventos no son \u201cextr\u00ednsecos ni novedosos\u201d y que, igualmente, pudieron superarse al interior del enjuiciamiento. <\/p>\n
En otras palabras, en este tipo de causales donde se pone en tela de juicio la verdad procesal, solo es plausible alegar situaciones que no pudieron debatirse en el decurso por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, que no por descuido, omisi\u00f3n o negligencia del interesado, de ser as\u00ed, la revisi\u00f3n solicitada estar\u00eda condenada a su fracaso. <\/p>\n
Precisamente, concernida a esta causal, nuestro ordenamiento reprocha toda maniobra fraudulenta, entendida como \u201caquella actuaci\u00f3n enga\u00f1osa o falaz representativa de una mentira disfrazada con artificio, la cual en el proceso podr\u00eda provenir de una parte en perjuicio de la otra\u201d, induciendo, desde luego, a una resoluci\u00f3n contraria a derecho; empero, no puede soslayarse que, seg\u00fan la jurisprudencia, uno de los tres factores para que se estructure la mentada causal es \u201cc) que tales circunstancias no hayan podido alegarse en el proceso\u201d. <\/p>\n
Ha sido recabado ampliamente por nuestro m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria que la situaci\u00f3n calificada como obra fraudulenta, debe resultar, como antesala, de \u201cde hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de \u00e9l, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas all\u00ed, o que pudieron serlo, la revisi\u00f3n no es procedente por la sencilla raz\u00f3n de que aceptar lo contrario ser\u00eda tanto como permitir que al juez de revisi\u00f3n se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio\u201d. <\/p>\n
2.3.2.2.- Descendiendo al caso en concreto, debe decirse que, de plano, la alegaci\u00f3n confinada a que la aportaci\u00f3n de documentos que no fueron exigidos en una prueba oficiosa, y que comporta, en sentir del expositor, un acto desleal y, de paso, un fraude, no tiene m\u00e9rito para ser ventilada por la senda de la revisi\u00f3n, ya que, prima facie, sucedi\u00f3 al interior del devenir procesal, incluso, el actor en su introductorio afirma que \u201cesta irregularidad fue advertida en recurso de reposici\u00f3n contra del (sic) auto que puso en conocimiento de las partes dicha prueba oficiosa (resuelto desfavorablemente el 17 de julio de 2020)\u201d, por tanto, como se dej\u00f3 en claro, este posible defecto no es fortuito o s\u00fabito, por el contrario, ya fue controvertido y para volver a controvertirlo no est\u00e1 destinada esta v\u00eda especial. <\/p>\n
2.3.2.3.- Por otro lado, la misma suerte adversa corre la supuesta falsedad habida en la planilla de visita o autodeclaraci\u00f3n No. 570783, referente a que se dej\u00f3 consignado que el se\u00f1or Carlos Andr\u00e9s D\u00edaz Mar\u00edn, miembro de la Polic\u00eda Nacional de Colombia, era testigo de la diligencia que adelant\u00f3 el se\u00f1or Jhon Javier Cort\u00e9s, en su condici\u00f3n de visitador adscrito a Organizaci\u00f3n Sayco Acinpro, cuando fue este \u00faltimo quien, en el documento, \u201ccoloc\u00f3\u201d furtivamente \u201cde testigo al polic\u00eda que [solo lo] acompa\u00f1aba en el operativo\u201d, atendiendo \u201clas instrucciones recibidas\u201d por su entidad empleadora, en ese entonces. <\/p>\n
Lo anterior, habida cuenta que, tal como lo se\u00f1ala el censor, esa pieza fue pilar fundamental para la decisi\u00f3n contraria a sus intereses, es m\u00e1s, antes de ello, afirma, fue objeto de discordia al poner en duda la existencia de dicho integrante de la fuerza p\u00fablica, lo que, impl\u00edcitamente, nos indica que, m\u00e1s all\u00e1 de todo, se est\u00e1 en desacuerdo con la asunci\u00f3n y valoraci\u00f3n probatoria que realiz\u00f3 el juzgador sobre el documento hipot\u00e9ticamente espurio, labor que, desde luego, se surti\u00f3 dentro del plenario y no se ajusta a la causal de revisi\u00f3n. <\/p>\n
2.3.2.3.- Para abundar en razones, el precursor advierte que no fue posible cuestionar si la comparecencia del agente policial fue en calidad de testigo, dado que, ab initio, la Polic\u00eda Nacional de Colombia certific\u00f3 que \u201cesa persona no era funcionario\u201d, as\u00ed que, estima, \u201cno hab\u00eda necesidad de cuestionar el supuesto testimonio\u201d. <\/p>\n
M\u00e1s tarde, el juez comprob\u00f3 que hab\u00eda un error, ya que \u201cel n\u00famero de la c\u00e9dula con que se hab\u00eda solicitado la certificaci\u00f3n a la MECAL, no era la que estaba en el prulicitado documento de visita realizada\u201d, dando lugar a requerir otro informe, pero, esta vez, la entidad p\u00fablica, con los datos de identificaci\u00f3n exactos, aclar\u00f3 que el se\u00f1or Carlos Andr\u00e9s D\u00edaz Mar\u00edn \u201cs\u00ed era agente de polic\u00eda o intendente\u201d, noticiamiento que lleg\u00f3 justo en el momento que se desarroll\u00f3 la audiencia de juzgamiento, sin que, previene, le fuese trasladado y, ahora s\u00ed, \u201cdiscutir la calidad de testigo\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, ese yerro, en su oportunidad debida, pudo ser advertido por el interesado y, as\u00ed, realizar las actuaciones encaminadas, no solo a establecer la existencia del se\u00f1or agente de la polic\u00eda, sino a cimentar la estrategia defensiva hoy presentada a destiempo, a partir de una amplia gama de medios probatorios que pudo emplear en la contienda procesal, verbi gratia, como bien se expuso en la providencia suplicada, la pr\u00e1ctica del testimonio del se\u00f1or Jhon Javier Cort\u00e9s. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que a ninguna persona le es dable hacer valer su propia incuria y descuido para beneficio propio, pretendiendo corregir su yerro mediante solicitudes desprovistas de soporte f\u00e1ctico y jur\u00eddico, pues, es principio general del derecho que nadie pueda sacar provecho de su propia culpa (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). <\/p>\n
Sobre la causal 8\u00aa del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso puntualiz\u00f3 que se fund\u00f3: <\/p>\n
\u2026en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n final, pese a que, depone, \u201cdeb\u00eda suspenderse el proceso para solicitar la interpretaci\u00f3n judicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, CAN\u201d, pues asevera que tal medida surg\u00eda \u201cobligatoria para procesos de \u00fanica instancia en materia de derechos de autor y conexos, como fue el ventilado\u201d. <\/p>\n
2.3.4.1.- No suscita discusi\u00f3n que, en principio, esta causal procede \u201ccuando se profiere en el \u00ednterin de la suspensi\u00f3n\u201d, entre varias alternativas de orden procesal; asimismo, se ha dicho que, conforme al art\u00edculo 33 de la Decisi\u00f3n 472 de 1999 y el art\u00edculo 123 de la Decisi\u00f3n 500 de 2001, habr\u00e1 de solicitarse al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretaci\u00f3n prejudicial en donde \u201cdeba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jur\u00eddico de la Comunidad Andina\u201d, m\u00e1xime si se trata de procesos cuya sentencia no fuese susceptible de recurso alguno, casos en los que se suspende el juicio que se sigue en el derecho interno, hasta tanto se surta la consulta o interpretaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, dicha suspensi\u00f3n no opera ipso iure porque en el instrumento de acci\u00f3n o, aun, en el de r\u00e9plica, haya una ligera referencia de las normas internacionales enantes descritas, pues, para que sea meritoria la interpretaci\u00f3n de marras y, a la postre, se detenga el decurso, es necesario que haya un precepto andino cuya intrincada aplicaci\u00f3n sea indispensable para la resoluci\u00f3n del conflicto o que se suscite una controversia en torno a la hermen\u00e9utica de aquella normativa. <\/p>\n
Frente a este t\u00f3pico, la H. Corte Constitucional sostuvo sin vacilaciones: \u201c[La] interpretaci\u00f3n prejudicial obligatoria es aquella que deben pedir los jueces y tribunales nacionales, en los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en el derecho interno. En estos casos, la solicitud puede realizarse en cualquier momento antes de proferir sentencia de fondo, de oficio o a petici\u00f3n de parte, teniendo la obligaci\u00f3n de suspender el proceso a nivel interno, y de mantenerlo en dicho estado, hasta tanto se reciba la interpretaci\u00f3n prejudicial solicitada. Una vez se haya obtenido el pronunciamiento del TJCA, como ya se dijo, el mismo resulta obligatorio. <\/p>\n
En t\u00e9rminos generales, son dos las condiciones que se deben verificar para determinar si es exigible la interpretaci\u00f3n prejudicial obligatoria. En primer lugar, es preciso examinar si caben o no recursos en el derecho interno, hip\u00f3tesis que se ha asimilado a los \u00abrecursos ordinarios\u00bb, esto es, a aquellos en los que puede discutirse la aplicaci\u00f3n correcta o incorrecta de la norma que hace parte del ordenamiento jur\u00eddico de la comunidad Andina. Por ello se ha se\u00f1alado que su viabilidad se concreta en los procesos de \u00fanica instancia o en las actuaciones en que los jueces o tribunales nacionales act\u00faan como \u00f3rgano de cierre de la controversia, por v\u00eda, generalmente, del recurso de apelaci\u00f3n. Y, en segundo lugar, como se deriva de la primera parte del citado art\u00edculo 33 de la Decisi\u00f3n 472 de 1999, la interpretaci\u00f3n prejudicial obligatoria solo es exigible, cuando en el proceso interno \u00abdeba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman\u00bb el derecho andino. <\/p>\n
Este \u00faltimo requisito supone que en la resoluci\u00f3n de la litis sea obligatorio aplicar la normatividad supranacional o que, en su lugar, se controvierta de alguna manera el alcance de las disposiciones que integran el ordenamiento jur\u00eddico de la Comunidad Andina. En consecuencia, no basta la sola menci\u00f3n o invocaci\u00f3n de una norma para que se active el mecanismo de la interpretaci\u00f3n prejudicial. As\u00ed como tampoco es suficiente su simple referencia en un tr\u00e1mite judicial para que pueda provocarse su pr\u00e1ctica. De incurrir en alguna de estas hip\u00f3tesis, se correr\u00eda el riesgo de dilatar los procesos judiciales, en contrav\u00eda de los principios de econom\u00eda y celeridad que integran el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
De esta manera, la aplicaci\u00f3n supone constatar que en el proceso interno es necesario recurrir a la normatividad andina para dar respuesta a las pretensiones o excepciones planteadas por las partes; mientras que la controversia se traduce en que existan discusiones u opiniones contrapuestas sobre la exigibilidad de tal ordenamiento en la definici\u00f3n del litigio. Precisamente, sobre esta \u00faltima exigencia, el TJCA ha se\u00f1alado que: \u00abLo esencial para que se requiera dicha interpretaci\u00f3n \u2013se reitera\u2013 es que las normas andinas, habiendo sido o no invocadas por las partes procesales, sean controvertidas en el caso concreto, entendi\u00e9ndose por ello que haya existido una discusi\u00f3n extensa y detenida con opiniones contrapuestas, sobre tales normas; o que el juez nacional deba necesariamente aplicar dichas normas comunitarias para resolver el caso\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en el caso en que resulte procedente la interpretaci\u00f3n prejudicial obligatoria, como ya se dijo, el juez nacional tiene la obligaci\u00f3n de suspender el proceso, y de mantenerlo en dicho estado, hasta tanto se produzca el fallo del TJCA\u201d. (Se destaca). <\/p>\n
Dentro del mismo prove\u00eddo, se hace referencia a ciertos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Colegiatura que llega a la misma conclusi\u00f3n al expresar que: \u201c[Es] obligaci\u00f3n del juez nacional constatar si dentro del proceso a su cargo resulta previsible que deban aplicarse normas comunes a fin de decidir el proceso, antes de proceder a solicitar su interpretaci\u00f3n prejudicial teniendo en cuenta que la causa, raz\u00f3n o circunstancia para la interpretaci\u00f3n se produce cuando, como hemos dicho, \u00abLos jueces nacionales … conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jur\u00eddico del Acuerdo de Cartagena…\u00bb. No basta por tanto que dentro del proceso se citen determinadas normas de la integraci\u00f3n, bien sea por las partes o por el agente del Ministerio P\u00fablico, para que el juez de la causa, autom\u00e1ticamente, decida formular la solicitud de interpretaci\u00f3n prejudicial al Tribunal, sin constatar previamente que dicho tr\u00e1mite se justifica. De procederse en esta forma se estar\u00eda utilizando el recurso prejudicial sin necesidad alguna, lo cual redundar\u00eda en la dilaci\u00f3n injustificada de los procesos, con evidente quebranto de los m\u00e1s elementales principios de econom\u00eda procesal que garantiza la celeridad de los procesos. <\/p>\n
Es evidente que el juez nacional es quien debe determinar si se requiere o no la interpretaci\u00f3n prejudicial, pero tal determinaci\u00f3n no es arbitraria y debe hacerse con pleno conocimiento de causa ya que, seg\u00fan se desprende del citado art\u00edculo 29 del Tratado del Tribunal, ser\u00eda improcedente la solicitud de interpretaci\u00f3n de normas comunitarias cuya aplicaci\u00f3n no resulte necesaria, seg\u00fan los t\u00e9rminos en los que se haya planteado la litis\u201d13. (Resalta esta Sala). <\/p>\n
Al resolver otra problem\u00e1tica de similares contornos, el mismo Tribunal supra nacional manifest\u00f3 que: \u201cPor tanto, se puede verificar que las normas andinas si bien fueron invocadas por una de las empresas intervinientes en el proceso nacional, no fueron controvertidas y menos aplicadas para la decisi\u00f3n final de la sentencia, por lo que, de conformidad con lo previsto en el Art\u00edculo 33 del Tratado de Creaci\u00f3n del Tribunal, para que proceda la interpretaci\u00f3n prejudicial de alguna disposici\u00f3n del ordenamiento comunitario andino, no es necesario que las partes invoquen la norma o soliciten su interpretaci\u00f3n, sino que el consultante detecte que se ha controvertido alguna norma andina y, sobre todo, que para resolver la causa se deba aplicar y aplique dicha norma. (\u2026) <\/p>\n
Concluyendo, que: <\/p>\n
\u2026si bien es cierto, la Organizaci\u00f3n Sayco Acinpro, cuando confeccion\u00f3 la demanda, emple\u00f3 la normativa del instrumento internacional en cuesti\u00f3n, no se puede pasar por alto que el planteamiento de contradicci\u00f3n que present\u00f3 su antagonista Diego Fernando Caicedo Trujillo, se cifr\u00f3 a: (i) la \u201cineptitud de la demanda por incumplimiento del requisito de procedibilidad de conciliaci\u00f3n previa extrajudicial\u201d, (ii) \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n\u201d, al no existir \u201ccontrato, concertaci\u00f3n u acta de conciliaci\u00f3n respecto del precio a pagar\u201d, (iii) \u201cfalta de legitimaci\u00f3n por activa\u201d, tras considerar que no tiene postulaci\u00f3n para representar a los \u201cverdaderos interesados\u201d, y (iv) \u201cobjeci\u00f3n al juramento estimatorio del demandante\u201d, luego, no hubo visos de que se estaba dejando de aplicar o que se estaba aplicando incorrectamente una norma de la comunidad andina. <\/p>\n
Como si fuera poco lo anterior, ni por asomo, el juez, mientras dictaba la sentencia oral del 23 de octubre de 2020, acudi\u00f3 a la preceptiva del \u00e1mbito internacional, por el contrario, lo que se observa es que su discurso se centr\u00f3 en otros aspectos que regulan nuestras normas nacionales, grosso modo, haciendo \u00e9nfasis en \u201cel contrato de mandato con representaci\u00f3n\u201d y en la \u201cvisita\u201d reprochada en los otros cargos. <\/p>\n
2.3.4.3.- Por manera que, en este escenario, no era imperioso que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretara una norma comunitaria desde el punto de vista jur\u00eddico, buscando precisar su alcance; en ese orden de ideas, surge notoriamente improcedente que se deba suspender el proceso, sacrificando caros principios de la administraci\u00f3n de justicia, y pedir una consulta, por dem\u00e1s, trivial y superflua, que en nada ayudar\u00eda a la efectiva soluci\u00f3n del cuestionamiento, por un simple capricho y apego desacertado e irrestricto a c\u00e1nones internacionales, tal como lo ensaya el promotor. <\/p>\n
3.- En suma, a juicio de esta Sala, se tiene que estuvo bien rechazado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por parte del Magistrado Sustanciador, al estimar que no hab\u00eda idoneidad en los hechos que fundamentan las causales de revisi\u00f3n para su buen desarrollo, y, en consecuencia, la s\u00faplica impetrada por el apoderado judicial de la parte demandante deviene frustr\u00e1nea\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia con la que se resolvi\u00f3 la s\u00faplica impetrada frente al rechazo de la demanda de revisi\u00f3n; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13220-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13220-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03457-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Diego Fernando […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58297","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58297","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58297"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58297\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58297"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58297"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58297"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}