STC13221-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13221-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 52001-22-13-000-2021-00078-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alicia Mar\u00eda Mu\u00f1oz de Cadena contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la citada ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3, mediante apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene al estrado acusado validar \u00abla notificaci\u00f3n personal que por v\u00eda de correo electr\u00f3nico se realiz\u00f3 a la se\u00f1ora Alba Marina L\u00f3pez Cabrera, y como contera deje sin efecto [el enteramiento] que por conducta concluyente se pregon\u00f3 en el proceso\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 la gestora que, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, inco\u00f3 juicio ejecutivo singular contra Alba Marina L\u00f3pez Cabrera, radicado bajo el n\u00famero \u00ab2019-170\u00bb, asunto en el cual se dispuso el emplazamiento de la prenombrada en auto de 25 de agosto de 2020. <\/p>\n
2.2. Relat\u00f3 que, luego de esa fecha, obtuvo el \u00abcorreo electr\u00f3nico\u00bb de la ejecutada por informaci\u00f3n suministrada por el hermano de aqu\u00e9lla, por tanto, procedi\u00f3 a remitir a ese medio la \u00abnotificaci\u00f3n personal junto con los anexos pertinentes\u00bb de la demanda. <\/p>\n
2.3. Manifest\u00f3 que el despacho criticado mediante providencia de 19 de febrero de 2021 resolvi\u00f3 \u00abdejar vigente el emplazamiento e ignorar la notificaci\u00f3n que por v\u00eda digital se hab\u00eda efectuado y comunicado\u00bb al extremo pasivo. <\/p>\n
2.4. Expres\u00f3 que la ejecutada present\u00f3 \u00abescrito de excepciones\u00bb, motivo por el cual el convocado en auto de 6 de mayo de 2021, la tuvo notificada por \u00abconducta concluyente\u00bb, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n; sin embargo, ese remedio fue desestimado el 21 de julio siguiente. <\/p>\n
2.5. Acot\u00f3 que la actuaci\u00f3n del tutelado se encuentra \u00aben contrav\u00eda de lo establecido en el art. 9\u00bb del Decreto 806 de 2020, pues, en dicha norma \u00abno se encuentra de manera literal y taxativa\u00bb que el juzgado debe conocer, previamente, \u00abla direcci\u00f3n electr\u00f3nica del demandado para que autorice el acto de notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Adujo que el ruego es improcedente, pues la interesada no agot\u00f3 los mecanismos ordinarios pertinentes para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad por cuanto, <\/p>\n
\u201cla actora, si alg\u00fan reparo ten\u00eda sobre la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado accionado mediante auto 19 de febrero de 2021 a trav\u00e9s del cual se neg\u00f3 la solicitud de dejar sin efectos el emplazamiento de la demandada y se le requiri\u00f3 para que ajustara la actuaci\u00f3n de notificaci\u00f3n personal; debi\u00f3 agotar el recurso de reposici\u00f3n como herramienta id\u00f3nea para cuestionar las medidas que reprocha irregulares. No obstante, de conformidad con la revisi\u00f3n de la copia del expediente que obra en el plenario, se advierte que aquella no acudi\u00f3 a tal mecanismo, dejando fenecer esa oportunidad, sin que se avizore justificaci\u00f3n alguna para su inactividad\u201d. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora impugn\u00f3 reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas ocurri\u00f3 con la providencia mediante la cual se declar\u00f3 la notificaci\u00f3n por conducta concluyente de la parte ejecutada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto la tutelante no hizo uso del medio de defensa que tuvo a su alcance, para exponer sus inconformidades ante el juez natural de la causa. <\/p>\n
2.1. En efecto, no interpuso el recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda conforme al art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso1, contra el prove\u00eddo de 19 de febrero de 2021, mediante el cual el juzgado convocado no tuvo en cuenta la notificaci\u00f3n personal realizada al correo electr\u00f3nico de la ejecutada, y dispuso continuar con el tr\u00e1mite del emplazamiento requerido dentro del caso bajo estudio, incurriendo en incuria, en cuanto dej\u00f3 de ejercer el instrumento jur\u00eddico de defensa id\u00f3neo para censurar aquella decisi\u00f3n, con lo que abandon\u00f3 la oportunidad que ten\u00eda para que el tema aqu\u00ed debatido relativo a la validez del enteramiento por v\u00eda digital de la demanda compulsiva, fuera estudiado por el funcionario competente. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC8898-2017, 21 jun. 2017, rad. 2017-00112-01). <\/p>\n
2.2. Ahora, en el entendido de que el embate superlativo est\u00e1 enfilado contra la determinaci\u00f3n del juzgado convocado mediante la cual tuvo por notificada por conducta concluyente a la ejecutada en el asunto sublite, se advierte que el an\u00e1lisis aqu\u00ed versar\u00e1 sobre el auto de 21 de julio de 2021, al ser el que en reposici\u00f3n zanj\u00f3 toda discusi\u00f3n en torno a esa espec\u00edfica actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Descendiendo al asunto en particular, se evidencia que mediante petici\u00f3n del 6 de julio de 2020 -1:46 p.m.- el ejecutante solicit\u00f3 el emplazamiento de la se\u00f1ora Alba Marina L\u00f3pez Cabrera; pedimento que, siendo procedente, fue atendido agotando el tr\u00e1mite secretarial correspondiente y frente al que el demandante insisti\u00f3 mediante escritos del 21 de agosto de 2020 y 28 de septiembre del mismo a\u00f1o\u201d. <\/p>\n
\u201cCon escrito de 30 de octubre de 2020, el ejecutante informa que ha notificado la demandada a trav\u00e9s de su correo electr\u00f3nico\u201d. <\/p>\n
\u201cSeguidamente, con auto N\u00b0 443 de 27 de noviembre de 2020 se design\u00f3 curador ad litem\u201d. <\/p>\n
\u201cEl 1 de diciembre de 2020, el ejecutante solicita se deje sin efecto el tr\u00e1mite de emplazamiento, reiterando que surti\u00f3 ya la notificaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico. Con auto N\u00b0 110 de 19 de febrero de 202, el Juzgado deneg\u00f3 la petici\u00f3n bajo la consideraci\u00f3n de que no le era dado al ejecutante, motu proprio, proceder a realizar una notificaci\u00f3n personal directa cuando ya hab\u00eda dado inicio al tr\u00e1mite de emplazamiento y hab\u00eda manifestado bajo la gravedad del juramento que desconoc\u00eda una direcci\u00f3n f\u00edsica o electr\u00f3nica donde surtir el enteramiento. Providencia que, valga enfatizar, no fue objeto de reparo de ninguna especie, pues ning\u00fan recurso se enfil\u00f3 frente a lo as\u00ed decidido\u201d. <\/p>\n
\u201cPosteriormente, la demanda solicit\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado ser notificada del mandamiento de pago, y siendo que la curadora ad litem que hab\u00eda aceptado el cargo no hab\u00eda sido a\u00fan notificada, se procedi\u00f3 en la forma prevista por el art\u00edculo 301 del CGP. Decisi\u00f3n frente a la que se enrostra el recurso que hoy decidimos\u201d. <\/p>\n
\u201cPues bien, tal como se manifest\u00f3 en el auto de 19 de febrero de 2021, el que est\u00e1 en firme y ejecutoriado y por ende, vinculante, no puede el demandante, sin la anuencia del Despacho, proceder a surtir una notificaci\u00f3n personal a un correo electr\u00f3nico, cuando hab\u00eda ya informado al juzgado, bajo juramento, que desconoc\u00eda tal informaci\u00f3n y hab\u00eda dado inicio al tr\u00e1mite de emplazamiento\u201d. <\/p>\n
\u201cLa lealtad procesal le impon\u00eda informar delanteramente al juzgado, cumpliendo con los presupuestos exigidos por el art\u00edculo 806 de 2020, que se hab\u00eda hecho a esa direcci\u00f3n y la forma en la que hab\u00eda accedido a ella, para que, con base en ello, el Despacho pudiera dar finiquito al tr\u00e1mite de emplazamiento y autorizar la notificaci\u00f3n en la nueva direcci\u00f3n obtenida por el litigante. Contrario a ello, las constancias procesales indican que, sin mediar comunicaci\u00f3n previa de ninguna naturaleza, el demandante procedi\u00f3 por cuenta propia a remitir la demanda y la orden de pago, sin acreditar siquiera que el correo pertenec\u00eda a la demanda y la forma en la que lo obtuvo; requisitos que, de cara a la regulaci\u00f3n prevista por el Decreto 806 se tornan previos y no posteriores como hoy lo pretende el recurrente <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala halla que la determinaci\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo aqu\u00ed planteado por la quejosa no es m\u00e1s que una diferencia de criterio en torno a la forma en que el juzgado acusado, con apoyo tanto en las normas aplicables al asunto como en las actuaciones desplegadas en el mismo, consider\u00f3 pertinente notificar por conducta concluyente a la ejecutada, pues, para ese momento, ning\u00fan acto de enteramiento, en tal sentido, hab\u00eda surtido eficacia dentro del proceso. <\/p>\n
Por tanto, las deducciones a las que arrib\u00f3 el despacho cuestionado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (\u2026) y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Frente al particular tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u201cSalvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u201d. <\/p>\n
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