STC13224-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13224-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03543-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Everardo Escobar Var\u00f3n contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, la Fiscal\u00eda Sexta Delegada ante el Tribunal, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas, ambas de esa misma ciudad, Procurador Judicial 101 \u2013 II Penal y Caja Nacional de Previsi\u00f3n -Cajanal, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la libertad y debido proceso, que dice vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Everardo Escobar Var\u00f3n, en calidad de Juez Penal del Circuito de L\u00e9rida (Tolima), fue investigado y procesado por los punibles de concierto para delinquir y prevaricato por acci\u00f3n, porque con fallos de tutela (2006-00003, 2006-00009, 2006-00012, 2006-00013 y 2006-00021), ampar\u00f3 las garant\u00edas de 127 docentes, ordenando a Cajanal proferir actos administrativos que reconociera la pensi\u00f3n de gracia de acuerdo con la Ley 114 de 1913. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 15 de febrero de 2019 la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 lo conden\u00f3 a 96 meses de prisi\u00f3n, como responsable de los delitos endilgados; determinaci\u00f3n confirmada el 20 de mayo de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el accionante, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que se dio plena credibilidad a los testimonios rendidos, los cuales son \u00abmentirosos y manipuladores\u00bb, sobreponi\u00e9ndolos \u00absobre [su] humilde manifestaci\u00f3n de inocencia como simple Juez Penal del Circuito de L\u00e9rida Tolima\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que \u00abno es concebible desde el punto de vista jur\u00eddico y probatorio que, la Sala Penal del Tribunal deduzca que, las acciones de tutela presentadas ante el Juez Penal del Circuito de L\u00e9rida Tolima, obedeci\u00f3 a un previo acuerdo con Mar\u00eda Rubiela Palacio Chiquiza\u00bb; adem\u00e1s que, atendiendo lo testificado por Cindy Gabriela Palacios \u00abno se observa que haya dicho la verdad, su versi\u00f3n es contradictoria y las diferentes circunstancias que ella se\u00f1ala en sus declaraciones y en el Messenger gravado con el Magistrado Carlos Milton Fonseca Lidue\u00f1as, sigue demostrando que falta a la verdad\u2026 favore[ciendo] con la impunidad delictual al Magistrado\u00bb. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que el Tribunal afirm\u00f3 que pertenece a una \u00abred criminal o concierto para delinquir\u00bb, sin ning\u00fan tipo de fundamento o prueba que demostrara tal situaci\u00f3n; adem\u00e1s, no dio ning\u00fan tipo de credibilidad a los testimonios rendidos por los empleados del Juzgado del que era titular, \u00abquienes declararon que no conoc\u00edan a Cindy Gabriela, que nunca la vieron o la atendieron en la oficina y que la \u00fanica vez que William Palacio Chiquiza visit\u00f3 al Juzgado, lo hizo despu\u00e9s de haber sufrido un atentado contra su vida y en compa\u00f1\u00eda de una persona, que no recuerdan si era hombre o mujer, o joven o mayor\u00bb. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que Cindy Gabriela \u00aben ning\u00fan momento se present\u00f3 en [su] despacho judicial\u2026, por lo que no pud[o] dar el n\u00famero de cuenta bancaria alguna para que [le] consignaran dinero como pago del tr\u00e1mite de esas acciones de tutela, como tampoco le d[io], porque no era posible, el n\u00famero de cuenta bancaria de alguna de sus cu\u00f1adas o hermanos, y tampoco le d[io] el n\u00famero telef\u00f3nico alguno para que [lo] llamaran o se comunicaran con [\u00e9l]\u00bb. <\/p>\n
2.7. Manifest\u00f3 que, en su sentir, existi\u00f3 \u00abuna empresa ilegal o concierto para delinquir\u00bb, pero en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogot\u00e1, donde \u00abgestionaban pensiones\u2026 cobr\u00e1ndoles a los docentes $200.000 a cada uno para firmar el contrato de gesti\u00f3n y prometi\u00e9ndoles un fallo favorable o reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n\u00bb, por lo que la investigaci\u00f3n tuvo que ser contra el titular de ese despacho, as\u00ed como tambi\u00e9n contra los abogados que promovieron las tutelas por las que \u00e9l fue condenado. <\/p>\n
2.8. Destac\u00f3 que \u00abno h[a] constituido ni ha[ce] parte de empresa criminal alguna que tenga u haya tenido por objeto la realizaci\u00f3n de una cantidad indeterminada de delitos, como tampoco h[a] sido coautor para la comisi\u00f3n de varios delitos determinados. No h[a] constituido acuerdo para la realizaci\u00f3n de un numero plural de actos para cometer delitos con continuidad y permanencia. No se [le] ha probado, porque no hay forma de hacerlo y por sustracci\u00f3n de materia, la comisi\u00f3n de concierto para delinquir dentro de este proceso\u00bb. <\/p>\n
2.9. Refiri\u00f3 que las autoridades criticadas profirieron fallo condenatorio en su contra \u00absin el apoyo probatorio suficiente para sustentar la decisi\u00f3n de condena, pues en verdad no obran dentro de este proceso prueba testimonial, documental o cualquier otro elemento material probatorio, que demuestre la responsabilidad penal del acusado a t\u00edtulo de dolo como coautor del punible de concierto para delinquir\u00bb. <\/p>\n
2.10. Agreg\u00f3 que cumple con el presupuesto de inmediatez, pues si bien su queja se dirige contra el fallo que confirm\u00f3 la condena que le fue impuesta por el Tribunal, la cual data de mayo de 2020, lo cierto es que formul\u00f3 \u00abrecurso de reposici\u00f3n y\/o s\u00faplica\u2026 contra la negativa de conceder el recurso de casaci\u00f3n, [decisi\u00f3n que] data de 12 de marzo de 2021, la cual [le] fue notificada a [su] correo electr\u00f3nico el d\u00eda 25 de marzo de 2021\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Consorcio FOPEP refiri\u00f3 que no asumi\u00f3 los tr\u00e1mites y actividades de Cajanal, ni es su sustituto procesal, por lo que carece de competencia para el estudio, reconocimiento, expedici\u00f3n de actos administrativos, entre otros. <\/p>\n
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2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP manifest\u00f3 que, contrario a lo referido por el gestor, con las pruebas recaudadas se logr\u00f3 establecer su responsabilidad en el delito de prevaricato por acci\u00f3n, toda vez que como servidor p\u00fablico, en calidad de Juez, profiri\u00f3 fallos de tutela favoreciendo a un n\u00famero de accionantes que pretend\u00edan el reconocimiento de la pensi\u00f3n de gracia; que, de la misma manera, el punible de concierto para delinquir tambi\u00e9n se configur\u00f3, delito que fue denunciado por Carlos Milton Fonseca Lidue\u00f1a, precisamente por los actos de corrupci\u00f3n desplegados por algunos empleados del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogot\u00e1, quienes tambi\u00e9n fueron condenados; que las sentencias condenatorias est\u00e1n ajustadas a derecho y no vulneraron ninguna prerrogativa de primer grado. <\/p>\n
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3. La Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 dise\u00f1ada para un nuevo debate probatorio, despu\u00e9s de haberse agotado todo un proceso conforme a los ritos legales; que no vulner\u00f3 los derechos fundamentales endilgados. <\/p>\n
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4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, m\u00e1xime cuando el promotor no indic\u00f3 de que manera esa colegiatura transgredi\u00f3 derechos fundamentales; que la solicitud de amparo no es una alternativa para replicar la inconformidad del fallo condenatorio, pues tales reparos quedaron zanjados con la sentencia de segundo grado que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
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5. La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 cont\u00f3 el tr\u00e1mite impartido al proceso censurado; se\u00f1al\u00f3 que el asunto se resolvi\u00f3 en oportunidad y la sentencia est\u00e1 ce\u00f1ida a la legalidad y el derecho. <\/p>\n
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6. La Procuradur\u00eda 1010 JII Penal \u2013 Regional del Tolima manifest\u00f3 que \u00abel accionante pretende sin \u00e9xito demostrar un defecto f\u00e1ctico, argumento su particular visi\u00f3n de la prueba, cuando lo que se devela de la sentencia del Tribunal, confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia descansa es un juicio an\u00e1lisis de cara a la exigencia establecida en el Art.232-2 de la Ley 600 de 2000\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la autoridad judicial acusada, en la providencia de 20 de mayo de 2021, analiz\u00f3 los argumentos de la defensa propuestos Everardo Escobar Var\u00f3n, consignando, respecto del punible de concierto para delinquir, que: <\/p>\n
La condena por este injusto se apoy\u00f3 en el an\u00e1lisis de los testimonios que reportaron la existencia de una organizaci\u00f3n criminal dedicada a la presentaci\u00f3n masiva de tutelas en contra de CAJANAL, en las que se invocaba el reconocimiento de la pensi\u00f3n gracia a diversos docentes, pese a la negativa de la entidad a acceder a ellos, por ausencia de los requisitos correspondientes. <\/p>\n
2.1. Como punto de partida, el Tribunal tuvo en cuenta la denuncia del 3 de septiembre de 2009, efectuada por Carlos Milton Fonseca Lidue\u00f1a, Juez Tercero Penal del Circuito de Bogot\u00e1 para el a\u00f1o 2003, quien indic\u00f3 que al enterarse de una investigaci\u00f3n penal por varios fallos de tutela dictados en el despacho a su cargo, los recopil\u00f3 y detect\u00f3 que en estos aparec\u00edan las iniciales de William Palacio Chiquiza, escribiente para ese entonces. Se contact\u00f3 con \u00e9l, pero adolec\u00eda de dificultades para comunicarse por la discapacidad que le gener\u00f3 un atentado en su contra, raz\u00f3n por la que la conversaci\u00f3n sobre el tema la sostuvo con su hija, Cindy Gabriela Palacio Galindo. <\/p>\n
Ella, dijo, a trav\u00e9s de una charla por chat, le revel\u00f3 la existencia de una organizaci\u00f3n de la que hac\u00edan parte su padre, varios abogados, distintos servidores p\u00fablicos adscritos a juzgados de Bogot\u00e1, Honda y L\u00e9rida y una funcionaria de CAJANAL, la cual, bajo la direcci\u00f3n de aqu\u00e9l, cre\u00f3 una especie de oficina a la que acud\u00edan docentes que suscrib\u00edan un contrato de prestaci\u00f3n de servicios, cancelaban doscientos mil pesos y se les aseguraba que en tres meses se les reconocer\u00eda la pensi\u00f3n gracia. Tambi\u00e9n le coment\u00f3 que luego del atentado, el rol de su padre fue asumido por su t\u00eda Rubiela Palacio Chiquiza.1 <\/p>\n
Dicha informaci\u00f3n fue ratificada por Cindy Gabriela Palacio Galindo, quien narr\u00f3 c\u00f3mo su progenitor le relat\u00f3 que en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogot\u00e1 varios de sus empleados, a los que identific\u00f3 como Rosalba Fonseca Florido y Johan Rueda, solicitaban dinero para agilizar el tr\u00e1mite de tutelas presentadas en contra de CAJANAL. En estas irregularidades, seg\u00fan ellos, estaba involucrado el juez, motivo por el cual se le inform\u00f3 tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
Al ser cuestionada por el conocimiento directo que tuvo de estas anomal\u00edas, dio cuenta de su ocurrencia en el Juzgado de Familia de Honda y el Juzgado Penal del Circuito de L\u00e9rida, -cuyo titular era EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N- y aludi\u00f3 a cinco tutelas del a\u00f1o 2006: <\/p>\n
\u00abLa irregularidad es que mi t\u00eda le consignaba la plata al juez en la cuenta de la cu\u00f1ada de \u00e9l, o sea de la hermana de la esposa, en esas tutelas los accionantes no son falsos, la corrupci\u00f3n era que \u00e9l recib\u00eda la plata para tramitarlas porque eso sal\u00eda en tres meses\u00bb.2 <\/p>\n
Acerca de las circunstancias que le permitieron enterarse de este escenario, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] sab\u00eda porque mi t\u00eda me contaba lo que iba a hacer, yo viv\u00eda con ella en Bogot\u00e1 y con mi pap\u00e1. Despu\u00e9s del atentado de mi pap\u00e1, para ese diciembre salieron los fallos de unas pensiones gracia, no me acuerdo si en Bogot\u00e1 o en L\u00e9rida, entonces como en ese diciembre mi pap\u00e1 cobraba las comisiones, el porcentaje por el trabajo de \u00e9l, al sufrir el atentado los maestros o clientes a quienes se les hab\u00eda conseguido la pensi\u00f3n se negaron a pagarle los honorarios, alegando que se los pagaban a mi pap\u00e1 personalmente y no a mi t\u00eda, despu\u00e9s de eso mi t\u00eda me dijo que le hiciera firmar un poder a mi pap\u00e1, para ella poder hacerse cargo de cobrar esa plata, haciendo uso del poder. A ra\u00edz de esto, como los clientes me conoc\u00edan como hija de William, mi t\u00eda Rubiela me utiliz\u00f3 como instrumento y fue all\u00ed donde me empec\u00e9 a enterar de todo, mi t\u00eda comenz\u00f3 a involucrarme en la actividad que realizaban, cuando mi pap\u00e1 estaba bien, antes del atentado, \u00e9l trabajaba solo, el hac\u00eda las tutelas, buscaba el abogado que firmara, se presentaba ante un juzgado y se daba el lapso de tres meses para que saliera resoluci\u00f3n o fallo. Cuando mi pap\u00e1 trabajaba solo a m\u00ed no me consta que \u00e9l hubiera ido a buscar jueces para pagarles, s\u00ed me consta es que cuando la organizaci\u00f3n qued\u00f3 liderada por cuenta de mi t\u00eda Rubiela, ella si empez\u00f3 a buscar abogados, jueces, viajaba, buscaba (sic) una flecha en CAJANAL [\u2026] y fue por ello que yo viajaba con mi t\u00eda a todos lados, a reunirnos con los docentes, aclarando que como ella ten\u00eda a mi pap\u00e1 escondido, que no lo dej\u00e1ramos ver de los docentes ni nada, pues ella era la de confianza de mi pap\u00e1, pero despu\u00e9s del atentado lo escondi\u00f3, ella se tom\u00f3 el control, entonces sal\u00edamos a muchas partes, yo la acompa\u00f1aba cuando \u00edbamos a hablar con clientes, jueces, abogados [\u2026] para esa \u00e9poca yo ya era mayor de edad, ten\u00eda veinte a\u00f1os. La verdad era novata, yo hac\u00eda lo que me dec\u00edan, ella me dec\u00eda Cindy haga esto, entonces yo iba, hoy entiendo que eso era corrupci\u00f3n y por culpa de mi t\u00eda se manch\u00f3 el nombre de mi pap\u00e1 [\u2026] los contratos eran acordados a un mill\u00f3n en efectivo, iniciando con doscientos mil pesos y ochocientos mil pesos terminando el fallo y 30% o 35% sobre el retroactivo de cada docente que eso s\u00ed era con cheques de gerencia a una cuenta que abri\u00f3 mi t\u00eda en Bancolombia [\u2026]\u00bb.3 <\/p>\n
2.2. Este recuento permite advertir, como lo apreci\u00f3 el Tribunal, un convenio entre varias personas encaminado al reconocimiento de la pensi\u00f3n gracia a trav\u00e9s de la presentaci\u00f3n de m\u00faltiples acciones de tutela en contra de CAJANAL, decididas de manera fraudulenta en los juzgados donde eran allegadas, entre ellos, el Juzgado Penal del Circuito de Honda a cargo de EVERARDO VAR\u00d3N ESCOBAR. En este evento, el acuerdo il\u00edcito se materializ\u00f3 en el a\u00f1o 2006 con la emisi\u00f3n de cinco fallos de tutela contrarios a derecho, al obviarse en estas decisiones los requisitos para su procedencia y las exigencias legales que daban paso a esa prestaci\u00f3n, por lo que tambi\u00e9n se le conden\u00f3 por prevaricato por acci\u00f3n. <\/p>\n
El procesado critica esta conclusi\u00f3n por la ausencia de verosimilitud que, en su concepto, ostentan los anotados testigos. A Carlos Milton Fonseca Lidue\u00f1a, lo descalifica y le endilga compromiso en las tutelas que en el juzgado a su cargo se fallaron contra CAJANAL, pero deja de lado que la simple discrepancia con relaci\u00f3n al contenido de un testimonio o la llana cr\u00edtica de las condiciones personales del declarante es insuficiente para restarle credibilidad, puesto que ella proviene de la consistencia que arroje su versi\u00f3n de cara a factores internos (coherencia, l\u00f3gica) y externos (concordancia con otras circunstancias evidenciadas en la actuaci\u00f3n). <\/p>\n
En ese sentido, el m\u00e9rito persuasivo conferido a la declaraci\u00f3n de ese funcionario surge de la coincidencia de su relato con un c\u00famulo de situaciones objetivas. Por ejemplo, dio cuenta de una visita a la casa de William Palacio Chiquiza en la cual, pese a las secuelas que le imped\u00edan comunicarse adecuadamente, \u00e9ste, con signos, se\u00f1as y la ayuda de su hija, le revel\u00f3 el esquema con el que operaba la red, oportunidad en la que se le exhibi\u00f3 copia de m\u00faltiples tutelas proferidas por el Juez Penal del Circuito de L\u00e9rida, EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N.4 <\/p>\n
2.3. EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N resalta circunstancias que a su juicio desvirt\u00faan el reproche por el delito contra la seguridad p\u00fablica, sin embargo, \u00e9stas se ofrecen irrelevantes con esa finalidad. En especial, resta entidad al reporte de los pagos que, seg\u00fan la Fiscal\u00eda, recibi\u00f3 como contraprestaci\u00f3n y garant\u00eda del resultado de las peticiones de amparo, y cita las versiones rendidas por sus empleados en el Juzgado Penal del Circuito de L\u00e9rida5, en aras de negar la presencia de Cindy Gabriela Palacio Galindo en ese despacho el d\u00eda en que, de acuerdo con su declaraci\u00f3n, acudi\u00f3 a recibir datos para llevar a cabo una consignaci\u00f3n por tal concepto.6 <\/p>\n
Este planteamiento desconoce que dichos testigos se descartaron, no solo por el v\u00ednculo de subordinaci\u00f3n laboral existente para la \u00e9poca en que comparecieron a la actuaci\u00f3n, sino adem\u00e1s porque: i) conoc\u00edan a William Palacio Chiquiza, compartieron labores en ese estrado judicial, nexo que permite avizorar que su hija no les era extra\u00f1a, como ella lo indic\u00f3. De hecho, EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N aludi\u00f3 a que luego ser destituido del cargo de oficial mayor, \u00e9ste los visitaba en el despacho, de lo cual surge que manten\u00edan cierto trato y comunicaci\u00f3n,7 y ii) el Tribunal rest\u00f3 entidad a sus testimonios al ser enf\u00e1ticos que Cindy Gabriela Palacio Galindo nunca hizo presencia en el juzgado, lo que se consider\u00f3 contradictorio si es que desconoc\u00edan sus caracter\u00edsticas f\u00edsicas. <\/p>\n
2.4. El recurrente no discute el rol que la testigo le atribuy\u00f3 en la empresa criminal a su t\u00eda Rosalba Palacio Chiquiza, a quien se\u00f1al\u00f3 sin resquemor como art\u00edfice de la \u00abcorrupci\u00f3n\u00bb que, en sus t\u00e9rminos, acompa\u00f1aba la gesti\u00f3n de las acciones de tutela contra CAJANAL. Tambi\u00e9n resalta que William Palacio Chiquiza integraba dicha red, pero reh\u00fasa hacer parte de la misma. Ante ello, deben destacarse los siguientes aspectos, que infirman su exculpaci\u00f3n: <\/p>\n
i) En la vivienda de William Palacio Chiquiza, en Honda, Carlos Milton Fonseca Lidue\u00f1a observ\u00f3 varias tutelas proferidas por el procesado sobre este tema, cuando averiguaba por unas decisiones similares de su despacho que eran calificadas de irregulares por la Fiscal\u00eda y en las que su ex colaborador hab\u00eda tenido cierta participaci\u00f3n. <\/p>\n
ii) Los contratos de gesti\u00f3n suscritos por los accionantes (quienes fijaron sus domicilios en Bogot\u00e1, Villavicencio, Granada, Pereira, Florencia, Medell\u00edn y Manizales) con William y Rubiela Palacio Chiquiza para el reconocimiento de la pensi\u00f3n gracia, correspond\u00edan a formatos id\u00e9nticos.8 <\/p>\n
iii) Se estableci\u00f3 que Rubiela Palacio Chiquiza ten\u00eda una cuenta bancaria en Bancolombia, sucursal barrio Santander de Bogot\u00e1, en la que manejaba el dinero proveniente de esos contratos, as\u00ed lo manifest\u00f3 ella en su declaraci\u00f3n,9 llegando a contar con un saldo de aproximadamente $800.000.000.10 Varios de los docentes, le giraron cheques por montos entre los 20 y 50 millones de pesos y consign\u00f3 importantes sumas a Edgar Bernal Filaison y Nicol\u00e1s Hayeck C\u00e1rdenas, algunos de los abogados que presentaban las tutelas. <\/p>\n
iv) EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N alega que no se demostr\u00f3 el modo en que se concert\u00f3 con esta organizaci\u00f3n ilegal, pero tal aserto pretermite el entorno al que se ha hecho referencia, en el que William Palacio Chiquiza, antiguo empleado suyo, se hab\u00eda dado a la tarea de elaborar un esquema fraudulento en el que, por v\u00eda de tutela, se lograba el reconocimiento de pensiones gracia. Por eso, no fue fortuito que el consorcio que \u00e9ste encabezaba, despu\u00e9s asumido por su hermana Rubiela, allegase a su despacho por conducto de distintos abogados, tutelas de m\u00e1s de cien docentes de distintos lugares del pa\u00eds, excepto L\u00e9rida, que por v\u00eda de un formato reclamaban derechos ya negados por CAJANAL, siendo falladas favorablemente con otros formatos carentes de sind\u00e9resis jur\u00eddica. <\/p>\n
Entonces, no hay incertidumbre en cuanto a la existencia de la organizaci\u00f3n ilegal encabezada por los hermanos Palacio Chiquiza, que a trav\u00e9s un convenio con abogados, funcionarios judiciales y de CAJANAL, en los t\u00e9rminos referidos por Cindy Gabriela Palacio Galindo, estructuraron una red ilegal para el reconocimiento de pensiones gracia, concili\u00e1bulo del que hac\u00eda parte EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N, como se colige de la emisi\u00f3n de cinco fallos de tutela que en el interregno comprendido entre el 7 de abril y el 14 de noviembre de 2006, desconocieron de manera manifiesta la normatividad aplicable. <\/p>\n
El contenido de estos prove\u00eddos en aspectos como la falta de competencia territorial, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, confluye a evidenciar un pacto para la comisi\u00f3n de delitos indeterminados con permanencia en el tiempo, orientado a la consecuci\u00f3n irregular de pensiones gracia, en el cual el procesado cumpl\u00eda un papel relevante por su condici\u00f3n de juez. <\/p>\n
La reconstrucci\u00f3n de lo acontecido provino de una secuencia indiciaria en la que se atacan las conclusiones del juzgador, pero no se demuestra error en la inferencia que permiti\u00f3 arribar a ellas. Incluso, se habl\u00f3 por Cindy Gabriela Palacio Galindo -quien entreg\u00f3 detalles corroborados acerca del esquema il\u00edcito de la aludida organizaci\u00f3n, integrantes y pagos- de un encuentro entre EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N y varios de sus componentes. Esta reuni\u00f3n, se compagina con los medios de convicci\u00f3n examinados y su realizaci\u00f3n no se ofrece inusitada o producto de la mendacidad, como aquel lo asegura: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] Rubiela Palacio en el tr\u00e1mite de las tutelas, ella antes de meterlas en el juzgado, se reun\u00eda con el Dr. EVERARDO, quiero aclarar que ella primero se reuni\u00f3 con el doctor en Ibagu\u00e9, aqu\u00ed no fue algo como muy bien hablado la cosa (sic) con relaci\u00f3n de las tutelas, fue algo m\u00e1s de acercamiento, yo vine a Ibagu\u00e9 con Rubiela, mi pap\u00e1 y ven\u00eda el esposo de mi t\u00eda Rubiela que se llama Sebasti\u00e1n, esto fue un acercamiento, eso fue en el apartamento del Dr. EVERARDO ven\u00edamos en un carro particular que era del esposo de mi t\u00eda Rubiela, luego de esa reuni\u00f3n nos encontramos en L\u00e9rida donde se iba a hablar para acuerdos sobre las tutelas, habl\u00f3 ella o sea Rubiela, estaba presente mi pap\u00e1, yo me hice en una silla aparte porque no me dejaron sentar con ellos, eso fue en una cafeter\u00eda que queda en la esquina del juzgado volteando en L\u00e9rida, pero aunque yo no me hice con ellos, yo sab\u00eda que el tema a tratar era el acuerdo para poder meter las tutelas en ese juzgado y con la seguridad de que salieran en tres meses favorables eso se acord\u00f3 ah\u00ed, como le he dicho se acord\u00f3 pero yo no puedo precisar cu\u00e1l fue el acuerdo porque les reitero a m\u00ed me hicieron a un lado, pero yo afirmo esto porque yo volv\u00ed posteriormente al juzgado de L\u00e9rida para que el Dr. me entregara el n\u00famero de cuenta para mi t\u00eda poderle consignar y un n\u00famero de tel\u00e9fono para que ellos se comunicaran, pero desconozco los n\u00fameros de cuenta y tel\u00e9fono porque yo cog\u00ed el papel y lo guard\u00e9 porque yo estaba en Bogot\u00e1 y mi t\u00eda me mand\u00f3 que viniera a recoger eso. En L\u00e9rida nadie se enter\u00f3 de eso porque yo entr\u00e9 sola al despacho del juez, el juez me salud\u00f3 y me entreg\u00f3 el papelito y me dijo que era el n\u00famero de la cuenta de una cu\u00f1ada, en esa vuelta yo no me demor\u00e9 ni media hora\u00bb.11 <\/p>\n
Aun cuando pueda tener cierto asidero la predica relativa a que la incriminaci\u00f3n de la testigo obedece al malestar generado por el reparto de los dineros recaudados por la \u00aboficina\u00bb, luego de que su t\u00eda se hiciese cargo de ella, su versi\u00f3n, se reitera, se compadece con otras variables reportadas en la foliatura, en ella se especifican los acontecimientos de los que se tuvo conocimiento directo, entreg\u00f3 referencias precisas sobre sucesos corroborados como la existencia de la cuenta bancaria de Bancolombia en la que se manejaban las finanzas de la organizaci\u00f3n y de este modo, las circunstancias que rodearon ese encuentro, concurren a validar el raciocinio que llev\u00f3 a la declaratoria de responsabilidad penal. <\/p>\n
Seguidamente, respecto de la falta de vinculaci\u00f3n de personas a la investigaci\u00f3n y proceso adelantado, precis\u00f3 que: <\/p>\n
2.5. De otro lado, no incide en la materializaci\u00f3n del concierto para delinquir que en la actuaci\u00f3n no se hubiese vinculado a otras personas por este delito. Esto se explica en que este asunto se tramit\u00f3 por cuerda separada, al involucrar a un aforado legal y en este aspecto basta con demostrar la convergencia de una pluralidad de individuos que integran un acuerdo delictivo para la comisi\u00f3n de delitos con vocaci\u00f3n de permanencia, como aqu\u00ed sucedi\u00f3, estableci\u00e9ndose en las diligencias la forma en que ESCOBAR VAR\u00d3N hizo parte de este pacto. <\/p>\n
Ahora, respecto a supuesta ausencia de prueba, de cara al dinero que recib\u00eda por la comisi\u00f3n del punible, indic\u00f3 que: <\/p>\n
Tambi\u00e9n subraya el recurrente que no se acredit\u00f3 que hubiese recibido dinero como pago por las tutelas, y que la investigaci\u00f3n que se adelant\u00f3 por el delito de cohecho termin\u00f3 con preclusi\u00f3n. Sin embargo, esto no desdibuja la comisi\u00f3n del concierto para delinquir. Al respecto, el tribunal se refiri\u00f3 a dos dep\u00f3sitos que le hizo Rubiela Palacio Chiquiza desde la cuenta de Bancolombia en cuesti\u00f3n, el 23 de noviembre de 2006 por $6.000.000 el 23, y el 27 de diciembre del mismo a\u00f1o $3.000.000, pero percibi\u00f3 duda sobre el motivo que les dio paso, pues se adujo que se trataba del pago de una deuda de su hermana con Luz Stella Orjuela Gil, esposa de EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N, aserto que \u00e9stas ratificaron al aludir relaciones de negocios entre 1998 y 2001. <\/p>\n
No obstante, para la configuraci\u00f3n del atentado contra la seguridad p\u00fablica es indiferente la consumaci\u00f3n de los injustos indeterminados objeto del concierto, o siquiera el inicio de actos ejecutivos, como parece entenderse en la impugnaci\u00f3n, porque el solo acuerdo de esta connotaci\u00f3n se estima id\u00f3neo para lesionar intereses jur\u00eddicos. De ah\u00ed que, al ser un delito de peligro, no deb\u00eda probarse con certeza que esos giros ten\u00edan conexi\u00f3n con la emisi\u00f3n de las acciones de tutela para proceder a la declaratoria de responsabilidad por la comisi\u00f3n del tipo consagrado en el art\u00edculo 340 del C\u00f3digo Penal, la cual, por lo expuesto, ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
Luego, analiz\u00f3 los reparos del gestor de cara al punible de prevaricato por acci\u00f3n, precisando que: <\/p>\n
La ostensible ilegalidad de las decisiones de tutela proferidas por el procesado y el dolo que acompa\u00f1\u00f3 ese actuar, como elementos constitutivos de esta conducta punible, se mantienen inc\u00f3lumes pese a los argumentos esbozados en la apelaci\u00f3n, una vez valoradas en conjunto las ostensibles irregularidades suscitadas en las cinco tutelas a las que se hizo referencia. <\/p>\n
En efecto, son manifiestas las anomal\u00edas en las que incurri\u00f3 EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N, desde dos aristas: i) la procedencia de la acci\u00f3n de tutela y ii) la viabilidad de reconocer la pensi\u00f3n gracia a docentes del orden nacional. La palmaria ausencia de respaldo jur\u00eddico, en ambos casos, evidencian que el capricho y la arbitrariedad, orientadas a la consecuci\u00f3n del prop\u00f3sito criminal delineado por la organizaci\u00f3n aludida en ac\u00e1pite anterior, derivaron en las \u00f3rdenes dictadas en contra de CAJANAL. <\/p>\n
Las sentencias calificadas manifiestamente contrarias a derecho, todas del 2006, fueron proferidas as\u00ed: 7 de abril (rad. 2006-00003), 21 de julio (rad. 2006-00009), 17 de agosto (rad. 2006-00012), 18 de agosto (rad. 2006-00013) y 14 de noviembre (rad. 2006-00021). Como rasgo com\u00fan, en esencia, obedecen al mismo esquema: consideraciones gen\u00e9ricas que omiten el estudio pormenorizado de la situaci\u00f3n de cada accionante, variando solo en sus datos de identificaci\u00f3n y las resoluciones con las que CAJANAL neg\u00f3 la pensi\u00f3n gracia. En los prove\u00eddos, se replican todas estas falencias: <\/p>\n
2.1. Falta de competencia <\/p>\n
El art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u00abSon competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, se tiene que ninguno de los accionantes resid\u00eda en L\u00e9rida. Por ejemplo, en la tutela radicada 2006-0021, aparece que hicieron presentaci\u00f3n personal de los poderes en notar\u00edas de Bogot\u00e1, Fresno, Villavicencio, Pereira, Manizales, Granada, Florencia y San Mart\u00edn. <\/p>\n
En este punto, el procesado refiere que deb\u00eda acogerse la presunci\u00f3n de veracidad que acompa\u00f1a la petici\u00f3n y en ellas se manifestaba que los docentes estaban domiciliados en aquella localidad, si\u00e9ndole imposible verificarlo, dado el corto t\u00e9rmino en que deb\u00eda resolver. Sin embargo, esto no es cierto, bastaba con que cotejara los poderes para avizorar que esa afirmaci\u00f3n no ten\u00eda respaldo ante la inexistencia de razones para que acudieran a autenticarlos a notar\u00edas ubicadas en sitios distantes y dis\u00edmiles de la geograf\u00eda nacional, al margen de las facultades probatorias oficiosas a su alcance que le hubiesen permitido aclarar este par\u00e1metro de suma trascendencia. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que este aspecto objetivo constitu\u00eda el primer escenario a constatar previo a asumir el conocimiento de estos asuntos. As\u00ed, se comienza a revelar el entorno de ausencia de legalidad de las decisiones emitidas por EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N, al no vislumbrarse el modo en que los hechos materia de controversia ocurrieron en el \u00e1rea geogr\u00e1fica bajo su jurisdicci\u00f3n, c\u00f3mo se produjeron all\u00ed los efectos de la presunta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, ni aparece L\u00e9rida como lugar de notificaci\u00f3n del demandante, los demandados o sus apoderados. <\/p>\n
2.2. Principio de inmediatez <\/p>\n
Este postulado contempla que entre del momento en que acaece un suceso constitutivo de afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales y la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, no puede transcurrir un interregno de tiempo prolongado, que impida su protecci\u00f3n inmediata (Decreto 2591 de 1991, art\u00edculo 6-4). <\/p>\n
Ninguna consideraci\u00f3n mereci\u00f3 esta variable en los prove\u00eddos cuestionados, no se analiz\u00f3 individualmente este requisito para cada accionante y se lleg\u00f3 incluso a amparar derechos que se dec\u00edan conculcados en 1993. Es el caso de Jes\u00fas Nery Carrillo Ar\u00e9valo (tutela 2006-00021), a quien CAJANAL le neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n gracia el 18 de junio de ese a\u00f1o. <\/p>\n
En estas condiciones, si bien es cierto el examen de la petici\u00f3n de amparo desde el punto de vista temporal debe incluir el estudio de posibles circunstancias que incidan en que no se hubiese presentado oportunamente, resulta trivial que EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N alegue que la hipot\u00e9tica transgresi\u00f3n de CAJANAL perdur\u00f3 en el tiempo, haciendo que se pudiera acudir a la tutela en cualquier momento. <\/p>\n
Un argumento de esta raigambre, va en contrav\u00eda del principio de seguridad jur\u00eddica y dar\u00eda lugar a que conforme el criterio del funcionario de turno, situaciones decididas y consolidadas acorde con el debido proceso -aqu\u00ed lo fue con la expedici\u00f3n de los actos administrativos que negaron la reclamaci\u00f3n pensional- pudiesen ser dejadas sin efectos a costa de los mecanismos que la normatividad prev\u00e9 para discutir su legalidad, en este caso la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho. Tal entorno, es el que explica la raz\u00f3n de ser de figuras como la caducidad y la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Principio de subsidiariedad <\/p>\n
A tono con lo se\u00f1alado en precedencia, la tutela solo procede si no hay otro mecanismo legal para obtener la protecci\u00f3n de los derechos que se invocan lesionados o cuando pese a su existencia, estos son ineficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable (Decreto 2591 de 1991, art\u00edculo 6-1). <\/p>\n
En este caso, el procesado no tuvo en cuenta la jurisdicci\u00f3n administrativa como escenario para discutir la legalidad de las resoluciones que negaron la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n gracia, alternativa que los accionantes declinaron. Relacionado con el incumplimiento del principio de inmediatez, pas\u00f3 por alto que en la mayor\u00eda de casos el amplio lapso transcurrido desde que se dictaron esas resoluciones hasta la presentaci\u00f3n de la tutela, colocaba en entredicho la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable y que esta, no est\u00e1 concebida para reactivar o suplir los t\u00e9rminos en los que deb\u00eda acudirse a los mecanismos ordinarios de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior se solvent\u00f3 por EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N bajo la consideraci\u00f3n gen\u00e9rica y especulativa de que los maestros por su profesi\u00f3n se ven sometidos a vivir en la precariedad, sin tener en cuenta que los docentes no demostraron que no recib\u00edan otros ingresos provenientes de la Naci\u00f3n, lo que, precisamente, imped\u00eda la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n gracia. Sumado a ello, la eventual afectaci\u00f3n a su m\u00ednimo vital no fue alegada, entonces no pod\u00eda inferirla a motu proprio y mucho menos so pretexto de aquella consigna abstracta. As\u00ed lo ha dicho la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] el juez de tutela no est\u00e1 en capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por s\u00ed mismo, el contexto f\u00e1ctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto da\u00f1o irreparable. Es por esto que la Corporaci\u00f3n ha sostenido enf\u00e1ticamente que no basta con afirmar que un derecho se encuentra sometido a un perjuicio irremediable, es necesario, adem\u00e1s, que el afectado \u201cexplique en qu\u00e9 consiste dicho perjuicio, se\u00f1ale las condiciones que lo enfrentan al mismo y aporte m\u00ednimos elementos de juicio que le permitan al juez de tutela verificar la existencia del elemento en cuesti\u00f3n\u201d\u00bb (sentencia T-309 de 2010). <\/p>\n
Eso no ocurri\u00f3 aqu\u00ed, porque el sentido de las providencias estaba previamente determinado hacia un fin concreto, divergente con la legalidad. Inclusive, lo se\u00f1al\u00f3 el a quo. En algunos eventos, para dictar fallo, EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N solo contaba con el poder, la copia de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda del accionante y la mera manifestaci\u00f3n de los motivos por los que se estimaba viable la pensi\u00f3n gracia. <\/p>\n
La postura del entonces Juez Penal del Circuito de L\u00e9rida resulta absurda, pues la aplicaci\u00f3n de las consecuencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico para el reconocimiento de prerrogativas, si no est\u00e1n sujetas a una presunci\u00f3n de derecho, requiere la demostraci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos que le dan cabida, m\u00e1s all\u00e1 de lo que diga la persona que los invoca. <\/p>\n
Pretermitir la constataci\u00f3n de estos postulados m\u00ednimos, esenciales para darle viabilidad a la acci\u00f3n de tutela, devela el \u00e1nimo que acompa\u00f1\u00f3 a EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N al momento de adoptar las decisiones en cuesti\u00f3n y que no era otro sino el de reconocer pensiones gracia de manera ilegal a tono con el convenio criminal al que se hizo menci\u00f3n en ac\u00e1pites precedentes, como quiera que se trataba de un servidor p\u00fablico experimentado y en ejercicio desde que con la Constituci\u00f3n de 1991 se introdujo esta figura. Se est\u00e1, entonces, ante crasas inobservancias dolosas. <\/p>\n
2.4. Concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n gracia a docentes nacionales <\/p>\n
El recurrente no discute que los accionantes eran docentes del orden nacional, puesto que no prestaron sus servicios en un ente territorial municipal o departamental, sino en planteles educativos dependientes del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, conforme las resoluciones de CAJANAL que negaron de la pensi\u00f3n gracia. <\/p>\n
Su pol\u00e9mica sobre el particular, se circunscribe a cuestionar la ilegalidad atribuida a su reconocimiento, aduciendo que se estaba ante maestros vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, mayores de 50 a\u00f1os y con m\u00e1s de veinte a\u00f1os de servicios. Asegura, seg\u00fan aparece en la Ley 91 de 1989, art\u00edculo 15, numeral 2\u00b0, que esta prestaci\u00f3n era compatible con la pensi\u00f3n ordinaria de jubilaci\u00f3n. No obstante, tal planteamiento resulta sesgado y contrario a la normatividad que rige el tema. <\/p>\n
En efecto, la Ley 114 de 1913, establece lo siguiente: <\/p>\n
Art\u00edculo 1\u00ba.- Los Maestros de Escuelas Primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un t\u00e9rmino no menor de veinte a\u00f1os, tienen derecho a una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley. <\/p>\n
Art\u00edculo 2\u00ba.- La cuant\u00eda de la pensi\u00f3n ser\u00e1 la mitad del sueldo que hubieren devengado en los dos \u00faltimos a\u00f1os de servicio. Si en dicho tiempo hubieren devengado sueldos distintos, para la fijaci\u00f3n de la pensi\u00f3n se tomar\u00e1 el promedio de los diversos sueldos. <\/p>\n
Art\u00edculo 3\u00ba.- Los veinte a\u00f1os de servicios a que se refiere el art\u00edculo 1 podr\u00e1n contarse computando servicios prestados en diversas \u00e9pocas, y se tendr\u00e1 en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la presente Ley. <\/p>\n
Art\u00edculo 4\u00ba.- Para gozar de la gracia de la pensi\u00f3n ser\u00e1 preciso que el interesado compruebe: 1. Que en los empleos que ha desempe\u00f1ado se ha conducido con honradez y consagraci\u00f3n. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1913). 3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensi\u00f3n o recompensa de car\u00e1cter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Naci\u00f3n o por un Departamento 4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado art\u00edculo 8 Ley 45 de 1913). 6. Que ha cumplido cincuenta a\u00f1os, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento\u201d (Resaltado de la Sala). <\/p>\n
Ahora, si bien es cierto a trav\u00e9s de leyes posteriores se incluy\u00f3 a otros educadores como beneficiarios, seg\u00fan se pregona en la apelaci\u00f3n en aras de justificar que su reconocimiento pod\u00eda comprender a docentes del orden nacional, la evoluci\u00f3n legislativa evocada en la alzada es parcial. Ciertamente, la Ley 116 de 1928 la extendi\u00f3 a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucci\u00f3n p\u00fablica (art\u00edculo 6), y la ley 37 de 1933 a los maestros de ense\u00f1anza secundaria (art\u00edculo 3). <\/p>\n
Pero con la Ley 91 de 1989, \u00abPor la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio\u00bb, se limit\u00f3 su reconocimiento a los docentes que para el 31 de diciembre de 1980 cumplieran los requisitos a los que se hizo referencia, entre ellos, se subraya, que no hayan recibido ni reciban otra pensi\u00f3n o recompensa de car\u00e1cter nacional. Ese es verdadero alcance del precepto citado por EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N. <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 ser\u00e1 regido por las siguientes disposiciones: <\/p>\n
[\u2026] 2. Pensiones: <\/p>\n
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y dem\u00e1s normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensi\u00f3n de gracia, se les reconocer\u00e1 siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensi\u00f3n seguir\u00e1 reconoci\u00e9ndose por la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social conforme al Decreto 081 de 1976 y ser\u00e1 compatible con la pensi\u00f3n ordinaria de jubilaci\u00f3n, a\u00fan en el evento de estar \u00e9sta a cargo total o parcial de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocer\u00e1 s\u00f3lo una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n equivalente al 75% del salario mensual promedio del \u00faltimo a\u00f1o. Estos pensionados gozar\u00e1n del r\u00e9gimen vigente para los pensionados del sector p\u00fablico nacional y adicionalmente de una prima de medio a\u00f1o equivalente a una mesada pensional\u00bb. <\/p>\n
Frente a esta disposici\u00f3n, para la fecha de las decisiones de tutela, exist\u00edan precedentes que hab\u00edan decantado su alcance. Por ejemplo, la Corte Constitucional en sentencia C-479 de 1998, indic\u00f3 las razones por las que se justificaba la distinci\u00f3n entre docentes nacionalizados y nacionales, en cuanto a que solo los primeros eran destinatarios de la pensi\u00f3n gracia: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] antes de entrar en vigencia la ley 43 de 1975, mediante la cual se nacionaliz\u00f3 la educaci\u00f3n, las prestaciones de los educadores de primaria del sector oficial estaban a cargo de las entidades territoriales, mientras que las de los maestros de secundaria correspond\u00eda a la Naci\u00f3n. Tal divisi\u00f3n de cargas trajo consigo consecuencias negativas en detrimento de los educadores de primaria, pues los departamentos y municipios carec\u00edan de los suficientes recursos para establecer y pagar beneficios pensionales en favor de los maestros vinculados al ente territorial, lo que no ocurr\u00eda con quienes estaban laborando con la Naci\u00f3n. En consecuencia, la pensi\u00f3n de gracia consagrada en el art\u00edculo 1o. de la ley 114 de 1913 persegu\u00eda un fin leg\u00edtimo, pues pretend\u00eda corregir de alg\u00fan modo la desigualdad existente entre los educadores de primaria del sector oficial [\u2026]. <\/p>\n
<\/p>\n
[\u2026] En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del art\u00edculo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensi\u00f3n de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensi\u00f3n o recompensa de car\u00e1cter nacional, no encuentra la Corte que viole la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensi\u00f3n, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella [\u2026]. <\/p>\n
[\u2026] En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificaci\u00f3n objetiva y razonable, pues lo \u00fanico que pretende es evitar la doble remuneraci\u00f3n de car\u00e1cter nacional y as\u00ed garantizar la administraci\u00f3n racional de los recursos del Estado, cumpliendo el precepto constitucional vigente desde la Constituci\u00f3n de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art.128), sobre la prohibici\u00f3n de recibir doble asignaci\u00f3n del Tesoro P\u00fablico, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia S-699 de 1997 hito en el tema, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab4. La disposici\u00f3n transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalizaci\u00f3n. A ellos, por hab\u00e9rseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensi\u00f3n, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad \u201c\u2026con la pensi\u00f3n ordinaria de jubilaci\u00f3n, a\u00fan en el evento de estar \u00e9sta a cargo total o parcial de la Naci\u00f3n\u201d; hecho que modific\u00f3 la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto \u00e9sta se\u00f1alaba que no pod\u00eda disfrutar de la pensi\u00f3n gracia quien recibiera \u201c\u2026otra pensi\u00f3n o recompensa de car\u00e1cter nacional\u201d. <\/p>\n
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situaci\u00f3n transitoria, pues su prop\u00f3sito, como se ve, no es otro que el de colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalizaci\u00f3n de la educaci\u00f3n primaria y secundaria oficiales. <\/p>\n
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado despu\u00e9s de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensi\u00f3n, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la \u201c\u2026pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n equivalente al 75% del salario mensual promedio del \u00faltimo a\u00f1o\u201d, que se otorgar\u00e1 por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No. 2, art\u00edculo 15 Ib.) hecho que indica que el prop\u00f3sito del legislador fue ponerle fin a la pensi\u00f3n gracia. Tambi\u00e9n, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensi\u00f3n gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, adem\u00e1s de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 \u201ctuviesen o llegaren a tener derecho a la pensi\u00f3n de gracia\u2026 siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos\u201d. Y por \u00faltimo, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su art\u00edculo 15, dichos servidores no podr\u00edan beneficiarse del reconocimiento de tal pensi\u00f3n, pues habi\u00e9ndose nacionalizado la educaci\u00f3n primaria y secundaria oficiales, dicha prestaci\u00f3n, en realidad, no tendr\u00eda el car\u00e1cter de graciosa que inicialmente le asign\u00f3 la ley\u00bb (Resaltado de la Corte). <\/p>\n
En ese orden de ideas, surge evidente la improcedencia del reconocimiento invocado en las tutelas, puesto que CAJANAL hab\u00eda establecido que los accionantes no cumpl\u00edan con los requisitos necesarios para acudir a la pensi\u00f3n gracia, en especial porque se trataba de docentes nacionalizados. <\/p>\n
Ahora, EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N afirma que el desconocimiento de la jurisprudencia no implica violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, sin considerar que esa afirmaci\u00f3n se trajo a colaci\u00f3n en un pronunciamiento dictado en sede del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, donde esa conceptualizaci\u00f3n aplica para efectos de postulaci\u00f3n de la causal primera (art\u00edculo 207 de la Ley 600 de 2000\/art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004). <\/p>\n
Esta premisa no opera, en consecuencia, para esa clase de asuntos, ni conlleva a que la transgresi\u00f3n de los precedentes se encuentre por fuera de la \u00f3rbita del prevaricato por acci\u00f3n, puesto que la noci\u00f3n de ley del art\u00edculo 413 del C\u00f3digo Penal, entendida como la normatividad llamada a ser aplicada en los casos sometidos a conocimiento de los funcionarios p\u00fablicos, incluye la interpretaci\u00f3n que realicen las altas cortes en la labor de unificaci\u00f3n de jurisprudencia, como \u00f3rganos de cierre en su respectiva especialidad, de ah\u00ed que su desconocimiento puede dar lugar a esta ilicitud (cfr. CSJ SP, 01 Feb. 2012, casaci\u00f3n 34853, CSJ SP, 10 Abr. 2013, segunda instancia 39456, CSJ SP 364-2018, \u00fanica instancia 51142). <\/p>\n
Tampoco la existencia del proyecto de Ley 114 de 2009 avala la hermen\u00e9utica evocada en la apelaci\u00f3n, porque este no fue sancionado y nunca hizo parte del ordenamiento jur\u00eddico. Adem\u00e1s, las elucubraciones del apelante con relaci\u00f3n al tr\u00e1mite que tuvo, no concuerdan con la realidad, ya que se declar\u00f3 inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-741 de 2012 y se present\u00f3 en \u00e9poca posterior a las decisiones prevaricadoras, por lo que no tiene cabida sostener que prohijaban su postura, ya que es ex ante y no ex post que debe desplegarse el juicio de legalidad propio de este delito (CSJ SP, 27 Jun. 2012, segunda instancia 37733). <\/p>\n
De este modo, la ausencia de un estudio consistente sobre la procedencia de la reclamaci\u00f3n pensional ratifica el querer deliberado de EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N de vulnerar el derecho aplicable. Y el hecho que las tutelas mencionadas no fuesen seleccionadas para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, o que algunas de ellas en segunda instancia no hubiesen suscitado compulsa de copias, no desdibuja su car\u00e1cter il\u00edcito: el prevaricato por acci\u00f3n es delito de mera conducta, se configura si se profiere resoluci\u00f3n o dictamen contrario a la ley, sin que se exija, por ejemplo, que la decisi\u00f3n alcance ejecutoria y su consolidaci\u00f3n tampoco desvirtuar\u00eda su naturaleza il\u00edcita, de ser manifiestamente ilegal. (CSJ SP, 15 Nov 2001, segunda instancia 14040). <\/p>\n
De otro lado, las trabas colocadas para permitir la impugnaci\u00f3n de las tutelas ratifican el dolo, pues EVERARDO ESCOBAR VAR\u00d3N frente a CAJANAL no aplic\u00f3 el mismo rasero de informalidad que emple\u00f3 para las aseveraciones de los accionantes. Y resulta inaudita la supuesta falta de legitimidad por pasiva que alega, porque la inconformidad proven\u00eda de funcionarios del \u00e1rea administrativa de esa entidad que contaban con la facultad de representarla en orden a garantizar su derecho de defensa, no se trataba de \u00abporteros\u00bb como peyorativamente lo afirma, en el af\u00e1n de justificar el objetivo ilegal que busc\u00f3 mantener vigente a toda costa. <\/p>\n
Por lo expuesto, el entendimiento equ\u00edvoco dado a las acciones de tutelas no obedeci\u00f3 a un infortunado yerro, sino al deliberado querer de solventarlas en forma ama\u00f1ada, por v\u00eda de una interpretaci\u00f3n arbitraria de la normatividad llamada a regirlas. <\/p>\n
Entonces, se confirmar\u00e1 el fallo de condena emitido por esta infracci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio acerca de la interpretaci\u00f3n que de las conductas delictuosas del procesado hizo la colegiatura enjuiciada as\u00ed como de la valoraci\u00f3n probatoria de cara a los planteamientos realizados por el recurrente, concluyendo que, el promotor hac\u00eda parte de una organizaci\u00f3n criminal dedicada a la presentaci\u00f3n y concesi\u00f3n masiva de tutelas en contra de Cajanal en las que se invocaba el reconocimiento de la pensi\u00f3n de gracia de diversos docentes; de ah\u00ed que estuviera configurado el punible de concierto para delinquir; asimismo, tras advertir que las decisiones proferidas por Escobar Var\u00f3n conten\u00edan irregularidades, pues, en su calidad de juez, asumi\u00f3 en conocimiento de las solicitudes de amparo sin tener competencia para ello, as\u00ed como tampoco aplic\u00f3 los presupuestos de procedibilidad de la tutela (inmediatez y subsidiariedad), sumado a que, los all\u00ed accionantes no cumpl\u00edan con las condiciones para el reconocimiento pensional, que por v\u00eda de tutela estableci\u00f3, adem\u00e1s de la negativa de la concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n que contra dicho fallos formulara Cajanal, de donde, claramente, el delito de prevaricato endilgado qued\u00f3 demostrado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el colegiado encausado de cara a la falta de vinculaci\u00f3n de otras personas por el delito de concierto para delinquir, concluy\u00f3 que, tal situaci\u00f3n no incide en la materializaci\u00f3n del punible, relievando que, el presente asunto se tramit\u00f3 por cuerda separada, atendiendo el aforado legal con el que cuenta el promotor. <\/p>\n
En tal caso tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050) <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01) <\/p>\n
<\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, niega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Fl. 237 y s.s c.o 1 \/ Fl. 103 y s.s c.o 12. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. declaraci\u00f3n del 6 de noviembre de 2009 (Fl. 13 y s.s c.o 2). <\/p>\n
3\u0002 Cfr. declaraci\u00f3n del 20 de enero de 2010 (Fl. 50 y s.s c.o 2) <\/p>\n
4\u0002 Cfr. Fl. 111 y s.s c.o 12. <\/p>\n
5\u0002 Declaraciones de Joaqu\u00edn Antonio Garay Rodr\u00edguez, Aurelio Troncoso Arias y Gloria Consuelo Ram\u00edrez Brice\u00f1o (cfr. Fl. 116 y s.s c.o 14). <\/p>\n
6\u0002 \u00ab[\u2026] entr\u00e9 al Juzgado, \u00e9l ya sab\u00eda a qu\u00e9 iba yo, yo no tuve necesidad de decir nada, yo iba a recoger el n\u00famero de cuenta y otro n\u00famero de tel\u00e9fono donde se pudiera hablar con \u00e9l, entr\u00e9 a la oficina, ya me conoc\u00edan en el despacho como la hija de William Palacio, porque \u00e9l trabaj\u00f3 tambi\u00e9n all\u00e1 con el Dr. EVERARDO, me dijeron que siguiera, mientras hablaba el Dr. EVERARDO me dio un papel con el n\u00famero de tel\u00e9fono y la cuenta\u00bb (Cfr. Fl. 55 c.o 2). <\/p>\n
7\u0002 \u00ab[\u2026] por principio de humanidad y (sic) calidad [\u2026] durante el a\u00f1o 2005 muy a principio de a\u00f1o [\u2026] se le colaboraba con algunos alimentos y pasajes para mitigar su precariedad econ\u00f3mica [\u2026]\u00bb. (cfr. Fl. 423 c.o. Tribunal 2). <\/p>\n
8\u0002 Cfr. Fl. 170 y s.s. c.o 5 \/ Fl. 172 y s.s. c.o 6. <\/p>\n
9\u0002 Cfr. Fl. 122 y s.s c.o 3. <\/p>\n
10\u0002 Cfr. Fl. 72 y s.s c.o 2. <\/p>\n
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STC13224-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13224-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03543-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Everardo Escobar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58301","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58301","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58301"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58301\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58301"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58301"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58301"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}