STC13227-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13227-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01064-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, legalidad, libertad, igualdad y dignidad, presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales cuestionadas, al negarle el beneficio de permiso administrativo hasta por 72 horas. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El gestor, el 13 de septiembre de 2013, fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Villeta, a una pena de 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n, en calidad de coautor de los delitos de hurto calificado agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego. Igualmente, se le impuso pena accesoria de 15 a\u00f1os, en lo relacionado con la privaci\u00f3n del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego. <\/p>\n
2.2. La Sala de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante providencia del 8 de mayo de 2014, absolvi\u00f3 al aqu\u00ed promotor del delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego. Y, por lo tanto, modific\u00f3 el numeral primero del fallo, en el sentido de condenarlo en calidad de coautor del delito de hurto calificado y agravado fijando una pena de 14 a\u00f1os. <\/p>\n
2.3. Por otro lado, mediante sentencia del 19 de noviembre de 2010, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villeta, lo conden\u00f3 por hechos ocurridos el 24 de mayo de 2010. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, el Juzgado encarado en prove\u00eddo del 5 de febrero de 20212, neg\u00f3 el permiso administrativo de hasta 72 horas al accionado. Determinaci\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal censurado el 14 de mayo de esta anualidad3. <\/p>\n
3. Conforme a lo narrado, solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado cuestionado el reconocimiento del permiso, pues en su sentir cumple con los requisitos para el otorgamiento del mismo. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, luego de memorar sus actuaciones, se\u00f1al\u00f3 que \u00abLa decisi\u00f3n fue debidamente motivada, pues despu\u00e9s de hacer un estudio normativo y jurisprudencial frente al permiso hasta de 72 horas y los 2 presupuestos para acceder a \u00e9l, la sala consider\u00f3 que el condenado no cumpl\u00eda los requisitos para otorg\u00e1rsele, dado que se encontraba inmerso en la prohibici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 68A del CP, por haber sido condenado por un delito doloso dentro de los 5 a\u00f1os anteriores..\u00bb <\/p>\n
2. El Juzgado Veintid\u00f3s de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones realizadas en el marco del proceso, e indic\u00f3 que el amparo implorado no cumple con los requisitos espec\u00edficos de procedibilidad de la acci\u00f3n constitucional, toda vez que, la determinaci\u00f3n adoptada no vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el actor. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, despu\u00e9s de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite debatido, neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00ab la interpretaci\u00f3n realizada por las autoridades judiciales accionadas es la adecuada, pues contabilizaron el t\u00e9rmino de cinco a\u00f1os a partir del momento en que ALFONSO ALBERTO GORDILLO LEONEL incurri\u00f3 en las conductas por las que se emiti\u00f3 la segunda condena\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inaugural. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que no comparte la sentencia de primera instancia, pues \u00abal haberse extinguido la condena, hab\u00eda perdido vigencia ese antecedente\u00bb. Por lo tanto, solicit\u00f3 \u00abrevocar el fallo emitido por la Sala Penal de La Corte Suprema de Justicia, en el cual neg\u00f3 la protecci\u00f3n a mis derechos fundamentales y en su lugar se conceda el amparo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales del gestor, con ocasi\u00f3n de los prove\u00eddos dictados el 5 de febrero de 2021 y el 14 de mayo de la misma anualidad, con los cuales se le neg\u00f3 al actor el permiso hasta por 72 horas para salir del establecimiento carcelario. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala -en calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia que se compartan o no las conclusiones del juez natural, las decisiones rebatidas no podr\u00edan ser recibidas como irrazonables. <\/p>\n
3. Sobre el particular, de la revisi\u00f3n del plenario se observa que el Juzgado accionado en prove\u00eddo del 5 de febrero de 2021, neg\u00f3 el permiso administrativo de hasta 72 horas solicitado por el aqu\u00ed promotor. Para ello, se refiri\u00f3 a la condena de 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n emitida por el Juzgado Penal de Villeta el 13 de septiembre de 2013, la cual fue modificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, al fijar la pena en 14 a\u00f1os seg\u00fan providencia del 8 de mayo de 2014. <\/p>\n
Sin embargo, destac\u00f3 que anteriormente el quejoso hab\u00eda sido condenado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Villeta en prove\u00eddo del 19 de noviembre de 2010, por hechos ocurridos el 24 de mayo de la misma anualidad. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, empez\u00f3 por explicar los requisitos exigidos por el art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario para conceder el permiso de salida a las personas que han sido condenadas. De igual manera lo hizo con el art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal, que para el efecto se\u00f1ala que \u00abCon sujeci\u00f3n al principio de legalidad, esto es, la aplicaci\u00f3n de la norma vigente al momento en que fue cometida la infracci\u00f3n sancionada en sede penal, habr\u00e1 de valorarse la redacci\u00f3n del canon citado conforme fue introducido por el art\u00edculo 32 de la ley 1142 de 2007\u00bb. Y, procedi\u00f3 a transcribir lo siguiente: <\/p>\n
\u00abLa ley 599 de 200, C\u00f3digo Penal, tendr\u00e1 un art\u00edculo 68A el cual quedar\u00e1 as\u00ed: Exclusi\u00f3n de beneficios y subrogados. No se conceder\u00e1n los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena o libertad condicional; tampoco la prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n; ni habr\u00e1 lugar a ning\u00fan otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci\u00f3n regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco ( 5 ) a\u00f1os anteriores\u00bb <\/p>\n
Tambi\u00e9n se sustent\u00f3 en la Sentencia STP.3443-2018, radicado T 97419, providencia del 8\/03\/2018 de la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, para concluir que en el caso particular, \u00abexiste expresa prohibici\u00f3n legal para la aplicaci\u00f3n del beneficio solicitado por el sentenciado, como pasa a verse: <\/p>\n
En efecto, de acuerdo con los documentos remitidos por el establecimiento penitenciario4 se observa que con ocasi\u00f3n del expediente radicado No. 25875-61-08-013-2010-80209, en cumplimiento de Despacho Comisorio No. 260 del 02\/05\/2012, emitido por el Juzgado Adjunto de Descongesti\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativ\u00e1-Cundinamarca, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villeta- Cundinamarca el 08\/052012 libr\u00f3 boleta de libertad No. 008, actuaci\u00f3n precedida del auto interlocutorio No. 010 del 30\/04\/2012, por cuyo medio el Hom\u00f3logo de Descongesti\u00f3n de Facatativ\u00e1 le concedi\u00f3 al procesado Alfonso Alberto Gordillo Leonel la libertad condicional. Los hechos generadores de la actuaci\u00f3n datan del 24 de mayo de 2010 y la consecuente sentencia fue dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Villeta el 19 de noviembre de 2010, bien se ve menos de cinco a\u00f1os en entre el 13 de septiembre de 2013, cuando fue condenado en el radicado cuya pena vigila este Despacho Judicial\u00bb. <\/p>\n
En consonancia con lo expuesto, decidi\u00f3 negar el permiso solicitado. <\/p>\n
3.2. Frente a esta determinaci\u00f3n, el gestor interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue resuelto por el Tribunal accionado, queen providencia del 14 de mayo de 2021, explic\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que se habr\u00eda paso a confirmar la providencia del a quo. Para ello, comenz\u00f3 por avalar lo planteado en primera instancia respecto de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal de la siguiente manera: \u00abEsta prohibici\u00f3n se ha mantenido pese a las variaciones incorporadas al art\u00edculo a trav\u00e9s de las leyes 1474 de 2011, 1709 de 2014 y 1773 de 2016, motivo por el cual le asiste raz\u00f3n al a quo cuando la verific\u00f3 en el caso concreto.\u00bb <\/p>\n
Asimismo, expres\u00f3 que el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, para conceder el permiso de hasta 72 horas, debe \u00abestudiarse en concordancia con el art\u00edculo 68A del CP, al tratarse de un beneficio de tipo administrativo\u00bb. En l\u00ednea con lo dicho, trajo de presente la situaci\u00f3n particular del libelista, al se\u00f1alar que \u00aben efecto, dentro de los 5 a\u00f1os anteriores a la condena que vigila el a quo -2014-, se profiri\u00f3 otra en contra del sentenciado – 2010-, lo que lleva a concluir que Gordillo Leonel es una persona reincidente en el actuar delictivo\u00bb. Por lo anterior, consider\u00f3 que la apelaci\u00f3n carece de prosperidad, toda vez que, el Juez no incurri\u00f3 en error cuando analiz\u00f3 los extremos temporales teniendo en cuenta que \u00abLa Corte Suprema de Justicia aclar\u00f3 que la fecha a tener en cuenta para determinar tal situaci\u00f3n era la de emisi\u00f3n de la condena anterior y no la de la comisi\u00f3n del delito.\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, se apoy\u00f3 en providencia de la Corte Constitucional, para argumentar que \u00abAl estudiar la demanda de constitucionalidad promovida contra el art\u00edculo 32 de la Ley 1142 de 2007, la Corte Constitucional refiere que la expresi\u00f3n cinco a\u00f1os anteriores se refiere a la fecha de la nueva condena penal. Adem\u00e1s, es manifiesto que tal disposici\u00f3n no refiere, ni t\u00e1citamente, la fecha de los hechos\u201d. <\/p>\n
3.3. Ahora bien, respecto de la extinci\u00f3n de la condena anterior, precis\u00f3 que esta, no inhabilita la aplicaci\u00f3n de la norma, puesto que \u00abla finalidad con la que el legislador consagr\u00f3 la prohibici\u00f3n dispuesta en el art\u00edculo 68A del CP, fue precisamente la de sancionar la reincidencia delictiva. As\u00ed lo explic\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C 425 de 2008, en la que estudio la exequibilidad de la Ley 1142 de 2007.\u00bb <\/p>\n
Visto lo anterior, consider\u00f3 que \u00abno se puede concluir que la extinci\u00f3n de la pena decretada en la primera de las condenas habilite la concesi\u00f3n del beneficio, pues de ninguna manera suprime la existencia de la sentencia; y en todo caso, lo que establece el art\u00edculo 68A del CP, desde su origen, es una condici\u00f3n impeditiva para que las personas puedan gozar de subrogados y beneficios administrativos cuando dentro de los 5 a\u00f1os anteriores registren condenas por delitos dolosos, como ocurri\u00f3 en este caso.\u00bb <\/p>\n
Finalmente, con relaci\u00f3n a la excepci\u00f3n para aplicar la prohibici\u00f3n establecida en el art\u00edculo 68 A del C.P. sostuvo que \u00abLa \u00fanica excepci\u00f3n que consagra la norma para la aplicaci\u00f3n de la prohibici\u00f3n es en favor de quienes hayan accedido a los \u201cbeneficios por colaboraci\u00f3n regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva\u201d, situaci\u00f3n que no se concret\u00f3 en el caso que nos ocupa.\u00bb. <\/p>\n
4. De lo transcrito se sigue que las determinaciones cuestionadas no podr\u00edan ser recibidas como irrazonables. Elo pues, fueron proferidas por los jueces naturales, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
4.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
4.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, se insiste, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia penal a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Por lo expuesto en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada por improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-7, Anexo ESCRITO DE TUTELA.pdf. SUBCARPETA 1. TUTELA Y ANEXOS PRIMERA ALFONSO ALBERTO GORDILLO. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-4.Anexo 0054 N.I.11157 A.I.2021-0054.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-6. Anexo Decisi\u00f3n de 2da Instancia – Alfonso Alberto Gordillo Leonel.pdf <\/p>\n
4\u0002 Entre otros, registro de antecedentes penales y cartilla biogr\u00e1fica del interno. <\/p>\n
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