STC13229-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13229-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-01808-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 1\u00ba de septiembre de 2021 por la Sala Primera de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por Digiware de Colombia S.A. contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso con radicado 2018-00397. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora procura el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el despacho accionado. <\/p>\n
2.- Del escrito inicial se coligen los siguientes hechos relevantes, que dan origen a la salvaguarda impetrada: <\/p>\n
2.1.- Westcon Group Colombia S.A.S. interpuso demanda ejecutiva contra Digiware de Colombia S.A., que correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2.- El 4 de septiembre de 2018, el despacho accionado decret\u00f3 el embargo de los dineros o de cualquier t\u00edtulo financiero que la ejecutada tuviera en entidades bancarias, por la suma \u00abexcesiva y desproporcionada de TRESCIENTOS OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS ($380.000.000.000)\u00bb, as\u00ed como el embargo y secuestro de las cuentas por cobrar y facturas. <\/p>\n
2.3.- Posteriormente, las partes en litigio celebraron un contrato de transacci\u00f3n y, en consecuencia, el 30 de enero de 2019, el despacho accionado declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y orden\u00f3 levantar las medidas cautelares, entregar los dineros embargados al ejecutante y el saldo a la ahora tutelante. <\/p>\n
2.4.- No obstante, \u00ab(\u2026) sorpresivamente el 15 de febrero de 2019, el Juzgado profiri\u00f3 otro auto, en el que adicion\u00f3 el numeral 2 del auto mencionado (\u2026) en el sentido de indicarse que el levantamiento de las medidas cautelares y la entrega de los dineros depositados a nombre del Juzgado y para el presente asunto, se realizar\u00e1 teniendo en cuenta la existencia de remanentes, concurrentes, acumulados, de bienes que se llegaren a desembargar o de cr\u00e9ditos informados a la DIAN\u00bb. La gestora recurri\u00f3 esa decisi\u00f3n, pero fue confirmada el 5 de abril de 2019. <\/p>\n
2.5.- La accionante sostuvo que, \u00abEl 16 de agosto de 2019, la apoderada de la parte ejecutante y el suscrito, en un solo escrito, solicitamos al juzgado la materializaci\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso por pago de la obligaci\u00f3n y levantamiento de medidas cautelares (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.6.- El 2 de septiembre de 2019, la DIAN inform\u00f3 \u00abal juzgado que las obligaciones tributarias de la parte ejecutada ascienden a $2.384.251.000 m\u00e1s conceptos por intereses y sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.7.- Por su parte, la all\u00ed ejecutada, el 10 de septiembre de 2019, alleg\u00f3 un memorial al despacho acusado, pidiendo que se consignara a la cuenta del Banco Agrario a favor de la DIAN la suma liquidada por esa entidad y levantar las medidas cautelares, frente a lo cual, el 19 de septiembre de 2019, el operador judicial orden\u00f3 dejar a disposici\u00f3n de la DIAN la suma de dinero mencionada, pero omiti\u00f3 pronunciarse sobre las solicitudes de levantamiento de medidas cautelares. Y agreg\u00f3 que \u00abHasta el 7 de octubre de 2019, el juzgado deja retirar los oficios de desembargo de las cuentas bancarias al apoderado judicial de DIGIWARE DE COLOMBIA S.A\u00bb. <\/p>\n
2.8.- El 5 de marzo de 2020, el Juzgado accionado orden\u00f3 oficiar a la DIAN, con el fin de que aclarara las sumas adeudadas por la ahora tutelante. Al respecto, \u00abel 10 de junio de 2020, la DIAN informa al juzgado que, a corte del 30 de junio de 2020, DIGIWARE DE COLOMBIA S.A., adeuda la suma de $955.839.116 e intereses de $37.017.000\u00bb. <\/p>\n
2.9.- El 10 de agosto de 2020, la accionante comunic\u00f3 al Juzgado que la DIAN, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n No. 608-32-004078 del 24 de julio de 2020, reconoci\u00f3 un saldo a su favor por $2.232.902.000 de los cuales compens\u00f3 $915.254.113. <\/p>\n
2.10.- El 17 de febrero de 2021, \u00abel juzgado dispone tener en cuenta resoluci\u00f3n dictada por la DIAN del 24 de julio de 2020, sin embargo, insiste en oficiar nuevamente a la DIAN para que, de respuesta a lo ordenado mediante el auto con fecha del 5 de marzo de 2020 y 19 de octubre de 2020, omitiendo por completo la resoluci\u00f3n mencionada y la respuesta al oficio de la DIAN con fecha 10 de junio de 2020\u00bb. Posteriormente, el 9 de marzo de 2021, la DIAN inform\u00f3 \u00ablas obligaciones tributarias a cargo de la parte ejecutada a corte del 31 de marzo de 2021\u00bb. <\/p>\n
2.11.- El 12 de mayo de 2021, el Juzgado resolvi\u00f3 \u00abOrdenar la conversi\u00f3n de $ 577.620.000, con destino al expediente 200607793 tramitado por la DIAN, mediante el cual se cobran actualmente valores dinerarios correspondientes a impuestos e intereses. (\u2026) Ordenar la entrega de $1.200.000.000, a favor de la sociedad demandante (\u2026) a fin de satisfacer la cl\u00e1usula primera del acuerdo de pago base de la terminaci\u00f3n de este litigio. Ordenar la entrega de $324.261.603,49, a la sociedad demandada, ya que en el expediente no reposan otras medidas cautelares por solventar\u00bb. <\/p>\n
2.13.- Adicionalmente, cuestion\u00f3 la actuaci\u00f3n del juzgado de conocimiento, en tanto las medidas cautelares decretadas el 4 de septiembre de 2018 contravinieron el l\u00edmite dispuesto en el art\u00edculo 599 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como la adici\u00f3n del auto de terminaci\u00f3n dictada el 15 de febrero de 2019 y confirmada el 5 de abril siguiente, por haber desconocido lo establecido en el art\u00edculo 287 del mismo Estatuto Procesal; adem\u00e1s, afirm\u00f3 que el Juzgado convocado \u00abse extralimit\u00f3 en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 630 del Estatuto Tributario\u00bb, al requerir en repetidas ocasiones a la DIAN para que liquidara las obligaciones tributarias de la accionante. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, amparar sus derechos fundamentales y, en consecuencia, ordenar al Juzgado Noveno Civil del Circuito \u00abRealizar la conversi\u00f3n de $ 577.620.000, con destino al expediente 200607793 tramitado por la DIAN, mediante el cual se cobran actualmente valores dinerarios correspondientes a impuestos e intereses\u00bb, as\u00ed como \u00abHacer la entrega de $ 324.261.603,49, a (\u2026) DIGIWARE DE COLOMBIA S.A, ya que en el expediente del proceso ejecutivo No. No. 11001310300920180039700 no reposan otras medidas cautelares por solventar\u00bb y, por \u00faltimo, \u00abHacer la entrega de $1.200.000.000, a favor de la sociedad WESTCON GROUP COLOMBIA SAS, por intermedio de su representante legal, a fin de satisfacer la cl\u00e1usula primera del acuerdo de pago base de la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo No. 11001310300920180039700\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA <\/p>\n
El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que \u00absi a la fecha a\u00fan no se ha accedido por los extremos litigantes a las sumas que se convino entregar, en su propio acuerdo, ello no tiene otra raz\u00f3n que la culpa exclusiva de las partes en el proceso, por cuanto no prestaron en ning\u00fan momento, pudiendo y debiendo hacerlo, la colaboraci\u00f3n debida al juzgado para de un lado, esclarecer con meridiana claridad siquiera, la deuda de la demandada para con la DIAN y de otro lado, la raz\u00f3n debidamente acreditada, por la que fue devuelto el t\u00edtulo judicial que se entreg\u00f3 y orden\u00f3 cancelar a la demandante en raz\u00f3n a la distribuci\u00f3n de los dineros cautelados en el proceso, lo que obvio, no fue por un sello del juzgado, como lo narran en las acciones de tutela, sino por alg\u00fan desacuerdo entre la sociedad beneficiaria de los dineros y su representante legal, tal y como esta persona lo indico (sic) en las dependencias del juzgado en su oportunidad, al devolver el dep\u00f3sito entregado\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, el 24 de agosto de 2021, se report\u00f3 una novedad en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del Banco Agrario \u00abde entrega de t\u00edtulos por conversi\u00f3n a la DIAN de m\u00e1s de dos mil ochocientos millones de pesos, efectuada entre los a\u00f1os 2018 y 2019\u00bb, raz\u00f3n por la cual deben iniciarse, de forma perentoria, \u00ablas actuaciones correspondientes en conjunto con el Banco Agrario, a fin de establecer la verdadera suma cautelada, las cuant\u00edan que militan en reportes como los ya recibidos por la DIAN y los saldos restantes para entregarlos a los extremos de la Litis (\u2026) si a ello hay lugar\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Primera de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el amparo invocado frente a las decisiones judiciales cuestionadas de los a\u00f1os 2018 y 2019, relativas al embargo excesivo y la adici\u00f3n de una providencia, por falta del requisito de inmediatez. Asimismo, neg\u00f3 la salvaguarda por la presunta mora en el cumplimiento de la orden que dict\u00f3 el despacho accionado el 12 de mayo de 2021, toda vez que las actuaciones desplegadas no lucen arbitrarias. <\/p>\n
Sobre el particular estableci\u00f3 que, despu\u00e9s de proferido el auto en cuesti\u00f3n, las partes han pedido la entrega de los t\u00edtulos en varias ocasiones, sin que se haga efectiva, no obstante, \u00abel 16 de junio de 2021, le fue informado a la demandante que el pago se realizar\u00eda por intermedio del portal Web Transaccional del Banco Agrario seg\u00fan Circular PCSJC20-17 de abril 29 de 2020, para lo cual debe aportar la documentaci\u00f3n correspondiente\u00bb, entre otras, una certificaci\u00f3n bancaria para hacer el abono en cuenta, \u00ablo que evidencia que en la secretar\u00eda del despacho se han adelantado las acciones correspondientes para materializar el pago\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal resalt\u00f3 que el despacho accionado \u00abprofiri\u00f3 auto de fecha 25 de agosto de 2021, en el que se dispuso oficiar al Banco Agrario y nuevamente a la DIAN\u00bb, con el fin de aclarar las sumas debidas, \u00abDecisi\u00f3n que luce razonable, pues si el funcionario que conoce la actuaci\u00f3n consider\u00f3 necesario verificar el monto exacto de la deuda ante la DIAN para que se realicen los pagos a fin de solventar las obligaciones tributarias de la accionante, y tom\u00f3 otras determinaciones con el fin de lograr claridad de la sobre la cantidad de dineros entregados y disponibles como de la forma de distribuirlos, no se advierte en ello vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante, quien aleg\u00f3 que no se le notific\u00f3 al correo electr\u00f3nico la solicitud de aportar una certificaci\u00f3n bancaria. <\/p>\n
Adujo que era \u00abil\u00f3gico que el juzgado accionado en su r\u00e9plica de la acci\u00f3n de tutela, atribuya que, la no entrega de los dineros obedece a la culpa exclusiva de las partes en el proceso y a los hechos acontecidos en los a\u00f1os 2018 y 2019, relacionados con los m\u00faltiples requerimientos efectuados a la DIAN (\u2026) porque el auto con fecha 12 de mayo de 2021, determin\u00f3 el saldo adeudado a la DIAN, entonces no es l\u00f3gico volver a requerir a la DIAN\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que el 7 de septiembre del a\u00f1o en curso pidi\u00f3 al Juzgado convocado un acceso al expediente digital, lo cual se le neg\u00f3, por cuanto el expediente estaba al despacho. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la promotora reclam\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en raz\u00f3n a que decret\u00f3 unas medidas cautelares superando los l\u00edmites establecidos en el art\u00edculo 599 del C\u00f3digo General del Proceso, adicion\u00f3 el auto de terminaci\u00f3n del proceso en contrav\u00eda del art\u00edculo 287 del mismo Estatuto Procesal y \u00abse extralimit\u00f3\u00bb en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 630 del Estatuto Tributario, al requerir en repetidas ocasiones a la DIAN que reporte las obligaciones de la accionante, pese a que desde el 12 de mayo del a\u00f1o en curso orden\u00f3 entregar unos dineros a las partes y a la DIAN, sin que se haya cumplido lo all\u00ed dispuesto. <\/p>\n
2.- Pues bien, en el sub examine resulta improcedente la acci\u00f3n constitucional, en lo relativo a las censuras planteadas contra las decisiones proferidas por el Juzgado convocado en los a\u00f1os 2018 y 2019, sobre el exceso de las medidas cautelares decretadas y la adici\u00f3n del auto de terminaci\u00f3n del proceso, porque no se cumple con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Respecto del citado principio, pese a no existir un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo dentro de un plazo \u00abrazonable\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. Sobre el particular, esta Sala ha establecido: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021). <\/p>\n
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb1. <\/p>\n
3.- En lo que ata\u00f1e a la alegada mora de la autoridad judicial en cumplir la decisi\u00f3n adoptada el 12 de mayo del a\u00f1o en curso, en la cual orden\u00f32 \u00abla conversi\u00f3n de $577.620.000, con destino al expediente 200607793, tramitado por la DIAN\u00bb, as\u00ed como la entrega de $1.200.000.000 a favor de la demandante y de $324.261.603,49 a la demandada -ahora tutelante-, esta Sala advierte que el Juzgado accionado profiri\u00f3 un nuevo prove\u00eddo el 25 de agosto de 20213, por el cual requiri\u00f3 al Banco Agrario y a la DIAN para que precisaran una informaci\u00f3n que consider\u00f3 necesaria para efectuar los pagos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, el Banco Agrario contest\u00f3 el requerimiento y el 13 de septiembre siguiente, el Juzgado profiri\u00f3 auto, en el que estableci\u00f3 que exist\u00edan \u00abdiscrepancias entre: i) las formas de pago inicialmente presentadas por ambos extremos del litigio y ii) el estado de las obligaciones tributarias de la sociedad ejecutada y la trazabilidad de sus pagos con los dep\u00f3sitos judiciales aqu\u00ed enunciados\u00bb, por lo que resolvi\u00f3 requerir a las partes en litigio para precisar lo pertinente4, frente a lo cual \u00e9stas presentaron un documento conjunto del 22 de septiembre del a\u00f1o en curso, indicando que \u00abel contrato de transacci\u00f3n es el contenido en los folios 176 a 178 del expediente f\u00edsico\u00bb y reiteraron su solicitud de poner a disposici\u00f3n de la parte ejecutante el dep\u00f3sito judicial por la suma de $1.200.000.0005. El 28 de septiembre siguiente, la DIAN alleg\u00f3 informaci\u00f3n al proceso6. <\/p>\n
En esta medida, es palmario que en el proceso se est\u00e1n surtiendo las actuaciones para resolver lo reclamado por la tutelante, por tanto, no le es dable al juez constitucional intervenir para tomar decisiones que competen al juez de conocimiento, de manera que el amparo reclamado no es procedente. <\/p>\n
En asuntos similares, la Sala ha sostenido que \u00abla tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u00bb (ver recientemente en STC11209-2020, 9 dic. 2020, rad. 2020-00472-01, entre otras). <\/p>\n
5.- De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo objeto de reproche, en cuanto neg\u00f3 el amparo invocado, por las razones esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c23AutoOrdenaEntregaTitulos.pdf\u201d del expediente digital con radicado n\u00famero 2018-00397. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c29AutoOrdenaOficiar.pdf\u201d ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c35AutoRequiereEstadoDeudaTitulos\u2026\u201d ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c39AportanCumplimiento\u2026\u201d ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c41RespuestaDIAN.pdf\u201d ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Archivo \u201c36LinkExpediente.pdf\u201d ibidem. <\/p>\n
<\/p>\n
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