STC13232-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13232-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03561-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por M\u00f3nica Isabel Almeida Mu\u00f1oz contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, salud, igualdad, \u00abcalidad de vida\u00bb, \u00abvida en condiciones dignas\u00bb, \u00abpropiedad privada\u00bb y \u00abtranquilidad\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene al Tribunal convocado que \u00abresuelva de forma urge e inmediata el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia aprobatoria de partici\u00f3n\u2026 sin dilaciones y justificaciones de ninguna clase\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso de sucesi\u00f3n de la causante Rosa Delia Mu\u00f1oz Viuda de Almeida formulada por Rosa Delia Almeida De Serrano, Martha Cecilia, M\u00f3nica Isabel, Graciela, Adelaida, Libardo, Jos\u00e9 David y Josefina Almeida Mu\u00f1oz, el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga, en providencia de 19 de febrero de 2021, aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n efectuado, decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 la accionante que pagaba $400.000 mensuales de arriendo por una habitaci\u00f3n y servicios p\u00fablicos, en un barrio de invasi\u00f3n de estrato 0 y 1 de Bucaramanga; que se encontraba desempleada; que no contaba con salud o seguridad social; y que viv\u00eda de la caridad de su hija. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que padec\u00eda \u00abestr\u00e9s postraum\u00e1tico\u00bb, intranquilidad y zozobra por la demora del proceso, particularmente, por la aprobaci\u00f3n de la partici\u00f3n; y que desde hace 3 a\u00f1os hab\u00eda sido diagnosticada con enfermedades psiqui\u00e1tricas. <\/p>\n
2.4. Adujo que el proceso se hab\u00eda demorado 21 a\u00f1os, afectando su salud; que desde que el juicio \u00abinici\u00f3 en 16 de enero del 2004, se empez\u00f3 a registrar las actuaciones del sistema siglo XXI\u2026 dado que dicho sistema empez\u00f3 a regir en dicha fecha, pero la sucesi\u00f3n arranc\u00f3 en el a\u00f1o 2000\u00bb; y que requer\u00eda que se resolviera la apelaci\u00f3n para solicitar la entrega de la finca los Carpinteros del Municipio de Rionegro y poder vivir en ella o vender los derechos que le sean adjudicados, pues nadie se los compra bajo el argumento de que solo tiene expectativas. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que le ha pedido a sus hermanos que le cedieran la casa de la finca, concretamente, la parte que le corresponde para no tener que pasar tantas necesidades b\u00e1sicas, quienes en su mayor\u00eda aprobaban dicha posibilidad. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga remiti\u00f3 copia del expediente criticado. <\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de esa ciudad refiri\u00f3 que conoc\u00eda del recurso de apelaci\u00f3n impetrado frente a la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Familia; que no hab\u00eda menoscabado ninguno de los derechos fundamentales invocados; que el conocimiento de la alzada se le asign\u00f3 el 23 de abril de 2021, pasando al despacho para sentencia y encontr\u00e1ndose en turno a portas de resoluci\u00f3n, pues los procesos con radicado interno del a\u00f1o 2020 en vigencia del Decreto 806 de 2020, est\u00e1n finiticando; y que esta acci\u00f3n excepcional era un mecanismo sumario y excepcional, por lo que no era dable acudir a ella con el prop\u00f3sito de la actora. <\/p>\n
3. La Defensora de Familia del ICBF -CZ Carlos Lleras refiri\u00f3 que se aten\u00eda a lo que determinara la ley y al valor probatorio que se le otorgara a las pruebas allegadas. <\/p>\n
4. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bucaramanga realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y refiri\u00f3 que no transgredi\u00f3 derecho fundamental alguno, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del amparo impetrado, habida cuenta de que no se observa una tardanza abiertamente injustificada del fallador en emitir sentencia de segunda instancia, al margen de cualquier tipo de discusi\u00f3n que por solicitud de la interesada pueda darse ante el juzgador natural, en consonancia con los postulados fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-443\/19. <\/p>\n
Sobre la demora en las actuaciones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. De 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada en STC, 25 feb. 2013, rad 2013-00003-01; STC, 5 feb. 2014, rad. 2014-00549-01; STC10755-2015, 11 ago., rad. 2015-01287; y STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01). <\/p>\n
Igualmente esta Sala ha indicado que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por mora judicial son \u00ab\u2026las que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
\u2026la Corte Constitucional\u2026 ha precisado que \u00abrespecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos\u2026\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; reiterada en CSJ STC, 6 feb. 2015, rad. 2014-01948-03). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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