STC13233-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13233-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03485-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Oscar Palacios Garc\u00eda contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa e igualdad, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 que \u00abse ordene la nulidad de las providencias [dictadas] dentro del\u2026 proceso [criticado]\u2026 y se contin\u00fae con el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia\u2026 del 14 de diciembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ana Jovanny Hoyos Bola\u00f1os promovi\u00f3 acci\u00f3n de simulaci\u00f3n contra Jos\u00e9 Oscar Palacios Garc\u00eda, Mar\u00eda Arelis Canas Andrade, Claribel y Jason Palacios G\u00f3mez, que fue parcialmente acogida con sentencia del 14 de diciembre de 2020, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la parte demandada. <\/p>\n
2.3. Remitido el expediente al superior, a trav\u00e9s de auto del 25 de marzo de los corrientes, admiti\u00f3 la alzada y dispuso imprimirle el tr\u00e1mite previsto en el decreto 806 de 2020. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, con providencia del 3 de mayo de 2021, se declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n, determinaci\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n la parte all\u00ed enjuiciada, medio de impugnaci\u00f3n que fue desechado con auto del 31 de mayo siguiente. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que, \u00abdentro del t\u00e9rmino de Ley, el 13 de enero de 2021, present\u00f3 ante el [a quo]\u2026 recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia\u2026 de diciembre 14 de 2020, debidamente sustentado\u00bb, por lo que no resultaba procedente declarar desierto dicho medio de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali destac\u00f3 que se \u00abformul\u00f3 acci\u00f3n de tutela sustentada en similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos a los aqu\u00ed expuestos, buscando la misma pretensi\u00f3n, esto es, anonadar el auto que declara desierto el recurso de apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado, cuyo resultado fue infructuoso\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y precis\u00f3 que, en su concepto, \u00absi el opugnante se sustrae de la carga procesal de sustentar debidamente [la apelaci\u00f3n]\u2026 (ahora por escrito) en la forma y t\u00e9rminos de la nueva normativa, la \u00fanica conclusi\u00f3n posible es declararlo desierto\u00bb. <\/p>\n
2. Jason Palacios dijo \u00aballanarse a la acci\u00f3n de tutela presentada por Jos\u00e9 Oscar Palacios Garc\u00eda\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La abogada Mar\u00eda Sulay Mej\u00eda Salazar, quien dijo fungir \u00aben representaci\u00f3n de\u2026 Ana Jovanny Hoyos Bola\u00f1os\u00bb, sin que aportara mandato que la facultara para representarla en este tr\u00e1mite, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este punto, importante es precisar que si bien, en oportunidad anterior, se present\u00f3 una tutela similar a la ahora analizada, lo cierto es que la Sala no emiti\u00f3 pronunciamiento de fondo sobre la controversia all\u00ed planteada, toda vez que quien impuls\u00f3 el mecanismo constitucional carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para hacerlo, conforme se concluy\u00f3 en sentencia CSJ STC11945-2021, circunstancia que permite un nuevo an\u00e1lisis en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
3. Bajo ese entendido, mem\u00f3rese que en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
4. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por el accionante, la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar una nueva sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el a quo. <\/p>\n
4.1. Lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta, el 13 de enero de 2021, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en el Decreto 806 de ese a\u00f1o -pues \u00e9ste entr\u00f3 en vigencia el 4 de junio de 2020- que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aqu\u00e9l, en su canon 14, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ese rumbo, oportuno es anotar que con la norma referida a espacio se busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones vertidas en dicho Decreto, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar\u2026 sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
En consonancia, precisamente reconociendo tal regreso a lo escritural, la Corte Constitucional para declarar exequible el mentado precepto 14 del citado Decreto expuso que \u00e9ste modific\u00f3 \u00ablos actos procesales de la segunda instancia\u2026, privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb; luego, dijo que algunos de los intervinientes en ese tr\u00e1mite de control de constitucionalidad solicitaron su inexequibilidad aduciendo afectaci\u00f3n de los principios de oralidad e inmediaci\u00f3n; y despu\u00e9s consign\u00f3: <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
327\u2026 Por lo dem\u00e1s, la Sala advierte que la afectaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba que reprochan algunos intervinientes es apenas aparente, toda vez que los art\u00edculos 14\u00ba y 15\u00ba sub judice prescriben que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas ser\u00e1n celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna garant\u00eda inherente al derecho de contradicci\u00f3n y defensa. En este escenario, resulta innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas. <\/p>\n
328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas (CC C-420\/20). <\/p>\n
4.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada en la escrituralidad validada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con la oralidad que gobierna el C\u00f3digo General del Proceso, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al mentado sistema escritural; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n1 (se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 2018-00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural. <\/p>\n
4.3. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
4.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 3 de mayo de estas calendas el Tribunal convocado declar\u00f3 desierta la alzada propuesta por el promotor, por cuanto aquel no alleg\u00f3 ninguna sustentaci\u00f3n en el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020, decisi\u00f3n que mantuvo el 31 de mayo de los corrientes. <\/p>\n
En ese \u00faltimo prove\u00eddo, para desechar la alegaci\u00f3n de la recurrente, seg\u00fan la cual la sustentaci\u00f3n de la alzada se cumpli\u00f3 al interponerla, adujo la sede judicial acusada: <\/p>\n
Para nadie es un secreto que el Decreto Legislativo 806 de 2020 se dict\u00f3 en el marco del estado de emergencia sanitaria declarado en el territorio nacional desde el 12 de marzo de 2020, con los objetivos, entre otros, de \u201cagilizar el tr\u00e1mite de los procesos judiciales ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia\u201d y, \u201cflexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivaci\u00f3n de las actividades econ\u00f3micas que dependen de este\u201d. <\/p>\n
Con la finalidad de hacer realidad dichos postulados, para el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de sentencia trat\u00e1ndose de procesos civiles y de familia, el comentado articulo 14 dispuso que todo el tr\u00e1mite de la segunda instancia se llevar\u00eda a cabo por regla general de manera escritural, salvo que fuera necesario practicar pruebas, por lo cual, los traslados, sustentaci\u00f3n, r\u00e9plica y sentencia deben hacerse por escrito y, particularmente en lo que ata\u00f1e a la sustentaci\u00f3n del ruego vertical, se precis\u00f3 sin distinci\u00f3n alguna, que la misma debe adelantarse ante el juez de la apelaci\u00f3n, que de cejarse o despreciarse dicha oportunidad por el opugnante, la consecuencia ineludible es la deserci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Ninguna interpretaci\u00f3n distinta emerge de la lectura del pluricitado canon 14 cuando disciplina que \u201cEjecutoriado el auto que admite el recurso\u2026 el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u201d, que, en el evento de llegarse a desatender esta carga procesal, la consecuencia inexcusable ser\u00eda que \u201cse declarar\u00e1 desierto\u201d. <\/p>\n
Pr\u00edstina es la citada preceptiva en lo que concierne al tr\u00e1mite que debe seguirse para adelantar las apelaciones de sentencias en materia civil, pues introdujo modificaciones importantes en la forma y t\u00e9rminos en que deb\u00eda discurrir, marginando en lo medular, y temporalmente, la oralidad que se materializa en la vista p\u00fablica consagrada en el art\u00edculo 327 del CGP, para imponer nuevamente el sistema escritural, y precisando sin ambages que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n debe hacerse ante el superior dentro del preclusivo y perentorio t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas posteriores a la ejecutoria del auto que admite el recurso vertical, so pena de declararse desierto. <\/p>\n
2.2.- Ahora, atendiendo los precisos contornos de las censuras, impera precisar respeto del supuesto desbarro por exigirse la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n en segunda instancia, habida cuenta que, seg\u00fan la concepci\u00f3n de la precursora, ya militaba en el plenario un escrito que fue arrimado ante la juez de primera instancia lo que de suyo la liberaba de reiterar tal carga sustentatoria ante el juez ad quem, debe se\u00f1alarse que la doctrina judicial de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado de manera reiterada y sin vacilaciones que la formulaci\u00f3n y decisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n de sentencia, involucra tres frases que acompasan igualmente sendas cargas procesales, las cuales son: (i) interposici\u00f3n del recurso, (ii) exposici\u00f3n de reparos concretos y, (iii) alegaci\u00f3n final o sustentaci\u00f3n2. <\/p>\n
Ata\u00f1edero con este \u00faltimo escal\u00f3n, con suficiencia, ha sentado la jurisprudencia3 que es ineludible sustentar ante el ad quem el remedio vertical que le fuera concedido, desarrollando argumentativamente los reparos concretos izados frente a la sentencia de primer grado, tal y como lo se\u00f1alaba el art\u00edculo 322 de la normatividad procesal civil, ahora el mencionado art\u00edculo 14 del citado Dcto. Ley 806 de 2020, de lo contrario, emerge forzoso declarar su deserci\u00f3n. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En un asunto mas reciente y de contornos similares, con la variaci\u00f3n de que el tribunal en esa oportunidad para desatar la apelaci\u00f3n tuvo en cuenta lo discurrido por el accionante ante el a quo, la citada Corporaci\u00f3n determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cPuestas de ese modo las cosas, debe precisarse en principio, que independientemente de la norma que se hubiera aplicado, asunto que no discute la sociedad apelante, lo cierto es que lo ocurrido en el proceso en forma visible, es que el Tribunal acogi\u00f3 una posici\u00f3n contraria a la jurisprudencia decantada de esta sala, dando por v\u00e1lidas las alegaciones presentadas en primera instancia, sin tener en cuenta que la intenci\u00f3n del legislador, ratificada por la sentencia unificadora SU 418 de 2019 de la Corte Constitucional, es que la sustentaci\u00f3n ante el juez de segunda instancia es obligatoria, sea en forma oral como lo establece el C\u00f3digo General del Proceso, ya por escrito como lo se\u00f1ala el decreto 806 de 2020, pero en todo caso ante el juez ad quem, y que no son v\u00e1lidos los argumentos acogidos por el fallador acusado de dar validez y eficacia a los argumentos allegados cuando se propuso el recurso o sea los presentados ante el juez de primera instancia as\u00ed sean muy completos\u2026 En esa forma, le asiste raz\u00f3n a la accionante en tutela cuando se\u00f1ala el error en que incurri\u00f3 el fallador civil al dar tr\u00e1mite completo al recurso de apelaci\u00f3n sin la sustentaci\u00f3n del recurso en segunda instancia\u201d4 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Justamente, la tesis que enarbola en esta oportunidad la protestante, esto es, sobre lo inane e inoficioso que resulta exigir en segunda instancia la sustentaci\u00f3n del recurso vertical cuando ya en la primera con la exposici\u00f3n de los reparos se agotaba y cumpl\u00eda con la funci\u00f3n de dar a conocer di\u00e1fanamente sus razones de disenso frente al fallo atacado, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-418 de 2019, consider\u00f3 que la interpretaci\u00f3n que debe d\u00e1rsele al r\u00e9gimen de apelaciones, es la directa, sistem\u00e1tica y acorde con su configuraci\u00f3n legal, en tal virtud, sostuvo que dicho medio de defensa judicial debe sustentarse ante el superior, sea cual fuere la manera dise\u00f1ada por el legislador, de no hacerlo, tendr\u00e1 el apelante por sanci\u00f3n la deserci\u00f3n del recurso; as\u00ed, su precedente se unific\u00f3 en armon\u00eda con el criterio jurisprudencial desarrollado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
La anterior disquisici\u00f3n sirvi\u00f3 de pilar para que el andamiaje judicial continuara por ese camino, tanto que el sistema estatal, cuando emiti\u00f3 el mencionado Decreto, previno que era presupuesto sine qua non la sustentaci\u00f3n del apelante mientras se surte el segundo grado jurisdiccional, en m\u00e9rito a despachar de fondo la inconformidad habida en la sentencia de instancia. <\/p>\n
En estos t\u00e9rminos, al haberse sustra\u00eddo el recurrente de su carga primaria de sustentaci\u00f3n del medio de impugnaci\u00f3n enantes referido (ahora por escrito) en la forma y t\u00e9rminos de la nueva normativa, el \u00fanico colof\u00f3n posible era declarar su deserci\u00f3n, reit\u00e9rese, por imperativo legal, en la medida que una interpretaci\u00f3n contraria conllevar\u00eda a desnaturalizar los tr\u00e1mites y procedimientos prestablecidos, y, de contera, arrogarnos una competencia de configuraci\u00f3n que es ajena al administrador de justicia, como lo hab\u00edamos advertido anteriormente\u2026 <\/p>\n
4.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos del Tribunal atacado con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que el apelante dejara de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque cumpli\u00f3 con tal carga ante el a quo. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado a la sede judicial enjuiciada, injustificadamente, impidi\u00f3 que el quejoso obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 14 del Decreto 806 de 2020 -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-, que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n escrita se presenta ante el a quo que no frente al ad quem, a lo cual arrib\u00f3, adem\u00e1s, bajo una aplicaci\u00f3n errada de los derroteros fijados en la sentencia SU-418\/19 de la Corte Constitucional, pues \u00e9sta no se aven\u00eda al caso, porque se ocup\u00f3 de analizar las reglas fijadas en el C\u00f3digo General del Proceso bajo el sistema de la oralidad -que no del escritural al que corresponde el caso aqu\u00ed auscultado-, a tal punto que en dicho pronunciamiento expresamente se rese\u00f1\u00f3 que, \u00aben primer lugar, la disposici\u00f3n s\u00ed establece el deber de las partes, y en particular del apelante, de asistir a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, para sustentar ante el superior el recurso. Esa obligaci\u00f3n se desprende de los siguientes apartados de la disposici\u00f3n: En el inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 se dispone que quien apela una sentencia deber\u00e1 precisar ante el juez de primera instancia, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. La forma verbal no admite interpretarse como la consagraci\u00f3n de una facultad, por el contrario, expresa claramente que la sustentaci\u00f3n se har\u00e1 ante el superior\u00bb (negrillas por la Corte). <\/p>\n
A lo anterior, cabe a\u00f1adir que tambi\u00e9n se present\u00f3 una aplicaci\u00f3n errada de los par\u00e1metros fijados por esta Sala en providencias STC6481-2017 y STC2294-2020, pues \u00e9stas tampoco resultaban aplicables al caso concreto, comoquiera que all\u00ed se examinaron las reglas fijadas en el C\u00f3digo General del Proceso bajo el sistema de la oralidad. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda presentarse desde la interposici\u00f3n de la alzada y \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb en el t\u00e9rmino previsto en el invocado art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales del gestor, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Con apoyo en lo anterior, en relaci\u00f3n con este tema espec\u00edfico, esto es, lo tocante con los casos en que todo el tr\u00e1mite de la alzada se surti\u00f3 bajo la egida del Decreto 806 de 2020, es decir, aqu\u00e9llos que no tienen relaci\u00f3n alguna con el tr\u00e1nsito legislativo del C\u00f3digo General del Proceso a aquella disposici\u00f3n, surge necesario se\u00f1alar que la Sala recogi\u00f3 la postura inserta, entre otros, en fallo STC3472-2021 (7 abr., rad. 2021-00837-00), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que le eran contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed condensado, mediante providencia del 20 de mayo de los corrientes (STC5630-2021). <\/p>\n
As\u00ed pues, el criterio actual de la Sala se condensa en que: <\/p>\n
\u2026 en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada. (CSJ STC5499-2021, reiterada en CSJ STC8661-2021). <\/p>\n
6. Lo consignado, impone resguardar el derecho fundamental al debido proceso del tutelante, para que el Tribunal acusado, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 31 de mayo de 2021 y las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente el recurso de reposici\u00f3n propuesto por el censor contra el auto del 3 de mayo anterior, que declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Jos\u00e9 Oscar Palacios Garc\u00eda; en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del proceso criticado, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 31 de mayo de 2021 y los que de \u00e9ste dependan, en el juicio que inco\u00f3 Ana Jovanny Hoyos Bola\u00f1os contra Jos\u00e9 Oscar Palacios Garc\u00eda, Mar\u00eda Arelis Canas Andrade, Claribel y Jason Palacios G\u00f3mez (radicado 76001-31-03-014-2017-00314), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n propuesto por el quejoso frente al auto de 3 de mayo de este mismo a\u00f1o, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali, remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja constitucional a la Colegiatura referida a espacio, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03485-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que profirieron la providencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado por Jos\u00e9 \u00d3scar Palacios Garc\u00eda frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y le orden\u00f3 a esta dejar sin valor ni efecto el auto de 31 de mayo de 2021, por medio del cual declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo proferido el 14 de diciembre de 2020 por el Juzgado Civil del Circuito de esa ciudad, y adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n propuesto por el quejoso frente al prove\u00eddo de 31 de mayo de este mismo a\u00f1o, en el proceso que Ana Jovanny Hoyos Bola\u00f1os instaur\u00f3 contra el actor, Mar\u00eda Arelis Canas Andrade, Claribel y Jason Palacios G\u00f3mez (rad. 76001-31-03- 014-2017-00314). <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que sustent\u00f3, aduciendo, en lo principal, que \u00ab(\u2026), anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por el accionante, la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar una nueva sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el a quo\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque con la expedici\u00f3n del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, <\/p>\n
\u00ab(..) se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto (\u2026). 4.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
Luego de lo cual, concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad-quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural\u00bb. <\/p>\n
No comparto la decisi\u00f3n, principalmente, porque el Tribunal Superior de Cali no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por el actor. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
1.- El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, de conformidad con los arts. 322 y 327 del CGP, comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. <\/p>\n
Sobre el primero, el Decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo 14 no estableci\u00f3 modificaci\u00f3n alguna mientras que para el siguiente s\u00ed, respecto de la sustentaci\u00f3n, la que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
En otras palabras, tales modificaciones privilegiaron lo escrito sobre lo oral en la segunda instancia, cuya finalidad no es otra que \u00abevitar el desplazamiento de los usuarios y funcionarios de la administraci\u00f3n de justicia a los despachos judiciales y notar\u00edas y, de esta forma, proteger su salud\u00bb, tambi\u00e9n permiten afirmar que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el ad quem, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, pone de presente el acatamiento de la forma prevista, tambi\u00e9n integradora del derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser aplicado por todos los sujetos procesales, a \u201ctodas las actuaciones\u201d del proceso en coherencia con el precepto conforme al cual este \u201cdebe adelantarse en la forma establecida en la ley\u201d\u2013arts. 29 CN; 7, 13 y 14 Ley 1564 de 2012-; y, hace visible el principio de preclusi\u00f3n, \u201cfundamental del derecho procesal en cuyo desarrollo se establecen las diferentes etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos, asi como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, transcurrida la cual no pueden adelantarse\u201d(Corte Constitucional A 232-2001). Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
2.- Con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 V.gr. SC 4855 de 2014; STL 2791 de 2021 y STL 9267-2021-. <\/p>\n
3.- Tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
4.- Todo lo antes afirmado permite igualmente colegir, en los t\u00e9rminos del art. 14 de la Ley 153 de 1887, que no se trata de revivir la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito que consagraba el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la que igualmente deb\u00eda hacerse \u201cante el juez o tribunal que\u2026\u201d deb\u00eda \u201cresolverlo\u201d sino, se itera, de una excepci\u00f3n provisional al principio de oralidad. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el amparo rogado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Sentencia STC6481-2017 del 11 de mayo de 2017, Mag. Pte. Dr. Luis Amando Tolosa Villabona, Rad. 19001-22-13-000-2017-00056-01. <\/p>\n
3\u0002 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Sentencia STC2294-2020 del 04 de marzo de 2020, Mag. Pte. Dr. Luis Alonso Rico Puerta, Rad. 11001-02-03-000-2020-00566-00. <\/p>\n
4\u0002 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia del 3 de febrero de 2021, reiterada en la STC1738-2021. <\/p>\n
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STC13233-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13233-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03485-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Oscar Palacios […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58309","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58309"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58309\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}