STC13236-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13236-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01204-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de octubre del dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n constitucional promovida por Rafael Medina Zambrano contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral con radicado 680013105002201200287. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de su apoderada judicial, reclam\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y legalidad, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante indic\u00f3 que naci\u00f3 el 24 de octubre de 1961 y se vincul\u00f3 como trabajador al servicio de Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. el 13 de diciembre de 1982. <\/p>\n
2.2. Ante la negativa de la entidad para reconocer su pensi\u00f3n, promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de la referida sociedad, con el fin de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de car\u00e1cter convencional, \u00aba partir del 29 de febrero de 2012, al haber satisfecho los requisitos establecidos en el art\u00edculo 70 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo vigente (75 puntos), en virtud de la sumatoria de puntos entre edad y tiempo de servicios, siendo ajustada la totalidad de los mismos antes del 31 de julio de 2010, fecha de expiraci\u00f3n de los reg\u00edmenes pensionales extralegales\u00bb. <\/p>\n
2.3. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, despacho que, por sentencia del 19 de marzo de 2014, accedi\u00f3 a sus pretensiones y conden\u00f3 a la demandada, inaplicando \u00abel acto legislativo 01 de 2005 por ser contrario a normas legales y supralegales e indic\u00f3 que los derechos fundamentales laborales no pueden ser restringidos\u00bb. <\/p>\n
2.4. La parte vencida apel\u00f3 dicha determinaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante fallo del 30 de abril de 2014, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y dispuso absolver a la sociedad accionada, bajo el argumento de que \u00abno aport\u00f3 en debida forma la convenci\u00f3n colectiva con fundamento en la cual solicit\u00f3 el reconocimiento del derecho conforme a los requisitos establecidos en la ley\u00bb. <\/p>\n
2.5. Por lo anterior, el actor formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, por sentencia CSJ SL5103-2020 del 11 de noviembre de 2020, resolvi\u00f3 no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
2.6. En criterio del accionante, la decisi\u00f3n emitida por la sala especializada \u00abresulta contraria a su propio precedente (precedente horizontal), teniendo en cuenta que en sentencia anterior a aquella (SL 3443) la alta corporaci\u00f3n dejo establecido el criterio conforme al cual deben ser interpretadas las normas convencionales que consagran derechos pensionales en cuanto se\u00f1al\u00f3 que dicha labor debe cumplirse teniendo en cuenta sus caracter\u00edsticas y su finalidad, comprendiendo la convenci\u00f3n colectiva como un todo y no de manera textualista y focalizada, como aconteci\u00f3 en el caso concreto\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se amparen las garant\u00edas fundamentales reclamadas y se deje sin efectos la providencia proferida el 11 de noviembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, para que, en su lugar, \u00abse le ordene emitir nueva decisi\u00f3n que defina el recurso de casaci\u00f3n formulando (sic), teniendo en cuenta el precedente definido en sentencia SL 3443 de 2020, en punto a las reglas definidas para la interpretaci\u00f3n de las disposiciones convencionales de naturaleza pensional\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que \u00aben la providencia cuestionada, est\u00e1n consignadas las consideraciones y razones que llevaron a esta Sala a resolver el problema jur\u00eddico que defini\u00f3 al asunto\u00bb y que \u00aben el actual tr\u00e1mite se desprende una evidente intenci\u00f3n de crear, a trav\u00e9s de esta v\u00eda constitucional, una instancia adicional en la que se reeval\u00faen los elementos de juicio obrantes en la decisi\u00f3n cuestionada y, as\u00ed obtener la atenci\u00f3n de los argumentos desestimados por el juez natural, lo que a todas luces no es viable, pues la referida providencia decidi\u00f3 el conflicto con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a la ley y, con fundamentos jur\u00eddicos que distan de ser arbitrarios o violatorios de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n judicial por s\u00ed sola no implica una transgresi\u00f3n a los derechos fundamentales y, en ese orden, aunque se pueda disentir de la misma, si lo prove\u00eddo se ajusta al ordenamiento jur\u00eddico, como efectivamente aqu\u00ed acontece, la acci\u00f3n de amparo no debe abrirse paso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, luego de hacer un breve recuento de las actuaciones adelantadas, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del amparo, dado que \u00abno tiene o tuvo incidencia en la transgresi\u00f3n de derechos fundamentales alegada por la parte accionante, pues se encuentra que la misma va encaminada a atacar la decisi\u00f3n adoptada en sede de casaci\u00f3n por un presunto desconocimiento de precedente, sin que haya lugar a que este Juzgado emita pronunciamiento alguno\u00bb. <\/p>\n
3. La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. precis\u00f3 que \u00abla Corte Suprema de Justicia ha acogido y aplicado el precedente jurisprudencial que existe en materia de reconocimiento pensional extralegal\u00bb. As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel se\u00f1or MEDINA ZAMBRANO no adquiri\u00f3 el derecho al beneficio pensional que ahora reclama, por cuanto, no cumpli\u00f3 con los requisitos objetivos que establec\u00eda el art\u00edculo 70 de la convenci\u00f3n colectiva suscrita entre ESSA ESP y SINTRAELECOL, en vigencia del citado r\u00e9gimen pensional especial\u00bb, razones por las cuales solicit\u00f3 \u00abNEGAR POR IMPROCEDENTE la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb, dado que no se vulneraron los derechos fundamentales del actor. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Penal de esta Corte neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, al considerar que, \u00abluego de examinar las pruebas obrantes en el expediente [\u2026], no existe una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte actora, dentro del proceso ordinario laboral 2012-00287 que pueda endilg\u00e1rsele al accionado\u00bb, enfatizando que \u00abno puede la parte accionante, pretender que, en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso ordinario laboral, cuando se evidencia que, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n actu\u00f3 en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas realizadas por el juez natural en el proceso de referencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte accionante, quien insisti\u00f3 en los argumentos plasmados en su escrito inicial. Afirm\u00f3 que cuando existen \u00abdos posibles interpretaciones posibles, l\u00f3gicas y v\u00e1lidas respecto de una misma norma (\u2026) el juzgador debe interpretarla a la luz de los principios y reglas constitucional, entre ellos el principio de favorabilidad\u00bb y que \u00abla pensi\u00f3n no se otorga en funci\u00f3n al cumplimiento de una edad determinada, sino por el acatamiento de un periodo m\u00ednimo de laboral, que para este caso es de 25 a\u00f1os (\u2026) ya que la edad se puede completar a\u00fan despu\u00e9s de producido el retiro\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el reclamante cuestiona la sentencia CSJ SL5103-2020 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y solicita que se le ordene emitir una nueva decisi\u00f3n, en la que se acceda a sus pretensiones. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3. En efecto, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, al resolver el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia expres\u00f3 los motivos por los cuales arribaba a la determinaci\u00f3n de no casar la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 30 de abril de 2014. <\/p>\n
Para ello comenz\u00f3 por se\u00f1alar, en lo atinente a la validez probatoria del documento convencional en el que el accionante sustent\u00f3 la pensi\u00f3n reclamada, que aun cuando \u00abla accionada se refiere al 9 de junio de 2003, como fecha de suscripci\u00f3n de la convenci\u00f3n, el argumento que constituy\u00f3 el eje central de su defensa fue la p\u00e9rdida de vigencia de las normas convencionales en materia pensional; sin que en momento alguno cuestionara la validez del instrumento\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, record\u00f3 que, en punto de la fecha de dep\u00f3sito de la convenci\u00f3n, la Sala mediante sentencia CSJ SL3385-2018, al abordar ese aspecto estim\u00f3 que \u00abpara ese momento que el documento convencional ten\u00eda plena validez dado que la data de suscripci\u00f3n del acuerdo colectivo entre la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y Sintraelecol, con vigencia 2003-2007, fue el 11 de julio de 2003 y que su dep\u00f3sito se llev\u00f3 a cabo el 14 de julio del mismo mes y a\u00f1o, es decir, dentro del t\u00e9rmino de los 15 d\u00edas siguientes a la firma de la misma, dando cumplimiento al art\u00edculo 469 del CST\u00bb y, por tanto, le asist\u00eda raz\u00f3n al recurrente en cuanto al error cometido por el fallador de segundo grado. <\/p>\n
No obstante, enfatiz\u00f3 que en sede de instancia se llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n absolutoria, \u00abcomo efecto de la p\u00e9rdida de vigencia de la convenci\u00f3n colectiva en que se pretende soportar la pretensi\u00f3n, esto como consecuencia de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
Bajo esas circunstancias, expuso que acorde con el nuevo criterio mayoritario de la Sala, referido, entre otras, en la sentencia CSJ SL3635-2020 del 16 de septiembre de 2020, se estableci\u00f3 que: <\/p>\n
\u00aben materia pensional consagrada en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005 las pautas que regulan el asunto, son las siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
a. En los eventos en que las reglas pensionales de car\u00e1cter convencional suscritas antes de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo a\u00f1o se encontraban en curso, mantendr\u00e1 su eficacia por el t\u00e9rmino inicialmente pactado, a\u00fan con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en menci\u00f3n, respecto del convenio colectivo estaba operando la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica consagrada en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
<\/p>\n
c. Si la convenci\u00f3n colectiva de trabajo se denunci\u00f3 y se trab\u00f3 el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron seg\u00fan las reglas legales de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los \u00e1rbitros pod\u00edan establecer condiciones m\u00e1s favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entr\u00f3 en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que en el caso en concreto \u00abconserv\u00f3 su aplicaci\u00f3n en cuanto a las prerrogativas en pensiones, por la instituci\u00f3n de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica del art\u00edculo 478 del CST, hasta el 31 de julio de 2010 (CSJ SL4239-2020)\u00bb, por lo que al se\u00f1or Medina Zambrano le correspond\u00eda, para hacerse acreedor de la aplicaci\u00f3n de la norma convencional, demostrar que, \u00abcon anterioridad a la p\u00e9rdida de vigencia de lo dispuesto en materia pensional del instrumento convencional, hab\u00eda satisfecho los requisitos en ella establecidos\u00bb y, en ese sentido, aunque se reconoce que este efectivamente \u00abcumpli\u00f3 con el tiempo de servicio exigido en la norma convencional\u00bb, lo cierto era que \u00aba la edad exigida en la norma convencional solo lleg\u00f3 el 24 de octubre del a\u00f1o 2011, esto es con posterioridad, inclusive al l\u00edmite m\u00e1ximo establecido por el Acto legislativo -el 31 de julio de 2010-\u00bb, motivo por el cual determin\u00f3 que no le asist\u00eda derecho a pensionarse bajo lo establecido en la convenci\u00f3n colectiva. <\/p>\n
4. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior, am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las probanzas allegadas al plenario, la normativa y jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4.1. Sobre el particular, en un asunto con algunas similitudes, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil sostuvo: <\/p>\n
\u00abDe ah\u00ed que enfatiz\u00f3 [la Sala accionada], que \u00aben materia de pensiones contin\u00faan su observancia hasta el 31 de julio de 2010, lo cual no significa atentar contra derechos adquiridos o las expectativas leg\u00edtimas, ni muchos menos, contra el derecho de negociaci\u00f3n colectiva o la aplicaci\u00f3n de los convenios internacionales del trabajo, en tanto resultan compatibles con las recomendaciones del Comit\u00e9 de Libertad Sindical de la OIT con el Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb; explic\u00f3 adem\u00e1s, que \u00ab[d]urante el lapso de la vigencia de la referida Radicaci\u00f3n n.\u00b0 82273 SCLAJPT-10 V.00 29 convenci\u00f3n colectiva de trabajo, se expidi\u00f3 el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual estableci\u00f3 el 31 de julio de 2010 como fecha l\u00edmite para que las reglas pensionales establecidas en los acuerdos convencionales se extinguieran\u00bb. <\/p>\n
Precisado lo anterior, finiquit\u00f3 [la Sala accionada] que \u00abel demandante estaba habilitado para cumplir los requisitos previstos en la norma convencional hasta la fecha antes rese\u00f1ada, sin embargo, como lo admite el propio recurrente, la edad de los 50 a\u00f1os, exigida en la cl\u00e1usula convencional para tener derecho al beneficio que se examina, s\u00f3lo la alcanz\u00f3 el 22 de agosto de 2016, por lo que resulta inviable el acceso a la prestaci\u00f3n convencional con base en las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas de la cl\u00e1usula convencional\u00bb. <\/p>\n
3.2. De ese modo, no cabe duda de que, a diferencia de lo considerado por el accionante, la decisi\u00f3n proferida por la Colegiatura criticada se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas y el razonable entendimiento de la normatividad aplicable al caso concreto\u2026 <\/p>\n
En efecto, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, la Corporaci\u00f3n criticada recab\u00f3 que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita entre la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y la organizaci\u00f3n sindical -SINTRAELECOL, ten\u00eda una vigencia de cuatro a\u00f1os, desde el 1\u00ba de noviembre de 2003 al 31 de octubre de 2007, mientras que la cl\u00e1usula 70 de ese particular texto previ\u00f3, que para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n se requer\u00eda que los trabajadores que se vincularon antes del 1\u00ba de abril de 1996 cumplieran a cabalidad los requisitos all\u00ed contemplados para sumar \u00absetenta y cinco (75) puntos, en un sistema en el cual cada a\u00f1o de servicio a la Empresa equivale a un (1) punto, y cada a\u00f1o de edad a otro\u00bb, consistentes en los siguientes puntos a saber: <\/p>\n
(i) que el \u00abtrabajador haya cumplido cincuenta (50) a\u00f1os de edad\u00bb y (ii) \u00abhaya prestado sus servicios a la Empresa un m\u00ednimo de veinticinco (25) a\u00f1os\u00bb. De este modo, encontr\u00f3 que el requisito de la referida edad \u00abs\u00f3lo la alcanz\u00f3 el 22 de agosto de 2016\u00bb, es decir, con posterioridad a la fecha m\u00e1xima de vigencia de la convenci\u00f3n, teniendo en consideraci\u00f3n que as\u00ed lo hab\u00eda establecido el Acto Legislativo 01 de 2005, haciendo improcedente \u00abel acceso a la prestaci\u00f3n convencional con base en las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas de la cl\u00e1usula convencional\u00bb. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto\u00bb (STC5876-2021). <\/p>\n
4.2. En definitiva, se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por la Corporaci\u00f3n accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. Por lo expuesto, el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
5. De acuerdo con la explicado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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