STC13237-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13237-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-00646-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la sentencia proferida el 20 de abril de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Bola\u00f1os Hoyos contra la Sala de Descongesti\u00f3n N.\u00b0 2 de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado 7 Laboral del Circuito de esa misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral con radicado 760013105007201200650. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 el actor que estuvo vinculado laboralmente a la empresa Carvajal Empaques S.A., desde el 4 de julio de 1995 y hasta el 14 de abril de 2003; sin embargo, el 1 de julio de 2003 fue vinculado de manera indefinida hasta el 15 de septiembre de 2011, cuando lo despidieron sin justa causa. <\/p>\n
2.2. Por ello promovi\u00f3 una demanda ordinaria laboral en contra de la referida sociedad, con el fin de que se declarara su continuidad laboral y la existencia de un contrato \u00fanico de trabajo, desde el 4 de julio de 1995 y hasta el 15 de septiembre de 2011 y, en esa medida, que se dispusiera la reliquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n, por despido injustificado, el pago de los dineros que surgieron de la liquidaci\u00f3n del contrato de trabajo que retuvo el empleador, la indemnizaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 65 del CST, las cesant\u00edas, intereses, vacaciones y primas de servicios, desde el 4 de julio de 1995 y hasta el 14 de abril de 2003. <\/p>\n
2.3. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Cali, el cual, por sentencia del 23 de septiembre de 2013, absolvi\u00f3 a la demandada de todas las pretensiones, declar\u00f3 probada parcialmente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de las acreencias laborales causadas con anterioridad al 25 de julio de 2009 y declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Apelada dicha decisi\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali la confirm\u00f3 el 27 de marzo de 2015. <\/p>\n
2.5. Contra esta determinaci\u00f3n formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, por pronunciamiento CSJ SL4095-2020 del 13 de octubre de 2020, la Sala de Descongesti\u00f3n N.\u00b0 2 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 casar el fallo de segundo grado y modificar la providencia del Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Cali, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero que declaro\u0301 parcialmente probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, y REVOCAR el segundo, tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia, referente, en su orden, a declaraci\u00f3n de probada de la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n, a la absoluci\u00f3n de las pretensiones y a la imposici\u00f3n de costas al demandante. <\/p>\n
TERCERO: CONDENAR a CARVAJAL EMPAQUES S. A. a pagar al se\u00f1or A\u0301LVARO BOLAN\u0303OS HOYOS la suma de $847.061 por concepto de reliquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa. <\/p>\n
CUARTO: ABSOLVER a la demandada de las dem\u00e1s pretensiones incoadas en su contra\u00bb. <\/p>\n
2.6. Advirti\u00f3 el gestor que las autoridades acusadas no hicieron una adecuada e \u00edntegra valoraci\u00f3n del material probatorio allegado al proceso; adem\u00e1s, aplicaron \u00abindebidamente los arts. 59, 65 del CST., 142 de la Ley 79 de 1988, e infringe directamente los arts. 620, 622 del C\u00f3digo de Comercio al incurrir en defecto f\u00e1ctico por la errada apreciaci\u00f3n de la carta de instrucciones para llenar pagar\u00e9 suscrito por el demandante en favor de la cooperativa Coopcarvajal\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se amparen las garant\u00edas fundamentales reclamadas y se dejen sin efectos las determinaciones proferidas por las autoridades judiciales accionadas y, como consecuencia, que se declare la existencia de \u00abun \u00fanico contrato de trabajo celebrado entre el se\u00f1or \u00c1LVARO BOLA\u00d1OS HOYOS y CARVAJAL EMPAQUES S.A. y, que al finalizar el contrato celebrado entre CARVAJAL EMPAQUES S.A. y el se\u00f1or \u00c1LVARO BOLA\u00d1OS HOYOS de manera unilateral por el empleador y sin justa causa el 15 de septiembre de 2011, CARVAJAL EMPAQUES S.A., incumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de efectuar la liquidaci\u00f3n de las prestaciones sociales a las que el se\u00f1or BOLA\u00d1OS HOYOS tiene derecho irrenunciable, todo esto con el reconocimiento de sus derechos emanados de dichas declaracines (sic), incluyendo el de la indemnizaci\u00f3n moratoria\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Sala de Descongesti\u00f3n N.\u00b0 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia remiti\u00f3 copia de su decisi\u00f3n y solicit\u00f3 negar el amparo, toda vez que \u00abla sentencia con la que se resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, se atuvo a la ley y tambi\u00e9n a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n\u00bb. Destac\u00f3 que \u00abla Sala determin\u00f3 casar la decisi\u00f3n de segunda instancia en la medida que se acredit\u00f3 que el Tribunal no estudi\u00f3 las pretensiones del libelo, previo a declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n\u00bb y agreg\u00f3 que \u00abencontr\u00f3 acreditada que la autorizaci\u00f3n de descuento cuando firm\u00f3 los pagar\u00e9s con la Cooperativa Coopcarvajal, los cuales no solo aparecen en uno sino en varios documentos (\u2026) cabe resaltar que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en m\u00faltiples decisiones ha adoctrinado, que cuando los descuentos o compensaciones se hacen despu\u00e9s de terminado el contrato de trabajo, no se requiere para ello autorizaci\u00f3n escrita del trabajador, siempre que se trate de un fondo de empleados o cooperativa trabajadores, lo cual aplica al caso en concreto, en la medida en que la Cooperativa Coopcarvajal se cre\u00f3 por y en favor de los trabajadores\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Penal de esta Corte neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, al considerar que \u00abno existe una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte actora, con ocasi\u00f3n del proceso ordinario laboral 2012- 00650 que pueda endilg\u00e1rsele a los accionados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte accionante, quien insisti\u00f3 en los argumentos plasmados en su escrito inicial y destac\u00f3 que cuestion\u00f3 las decisiones adoptadas en el proceso ordinario laboral, no porque fueran contrarias a sus intereses, sino por estar en contrav\u00eda del ordenamiento jur\u00eddico y vulnerar los derechos constitucionales fundamentales reclamados. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el reclamante cuestiona las determinaciones emitidas por las autoridades judiciales acusadas, con ocasi\u00f3n del proceso ordinario laboral 2012-00650, que se defini\u00f3 con la sentencia CSJ SL4095-2020, proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n N.\u00b0 2 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte y, en esa medida, solicita que se ordene declarar la responsabilidad de la empresa Carvajal Empaques S.A. frente a sus pretensiones laborales. <\/p>\n
De manera preliminar resulta pertinente se\u00f1alar que, si bien el reclamo involucra las providencias dictadas en sede de instancia y de casaci\u00f3n, el presente examen se circunscribir\u00e1 a la proferida en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, puesto que, en \u00faltimas, fue la que defini\u00f3 el asunto objeto de controversia1. <\/p>\n
2. Pues bien, del decurso procesal se evidencia que la Sala de Descongesti\u00f3n N.\u00b0 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, expuso razonadamente los motivos por los cuales arribaba a la determinaci\u00f3n de casar la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 27 de marzo de 2015. <\/p>\n
Para ello comenz\u00f3 por se\u00f1alar que el problema jur\u00eddico a resolver se circunscrib\u00eda en determinar si la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali acert\u00f3 en \u00abdeclarar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n sin que previamente se hubiese declarado la existencia de la relaci\u00f3n laboral y los consecuentes derechos de los per\u00edodos comprendidos entre el 4 de julio de 1995 y el 15 de septiembre de 2011\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, record\u00f3 que al juzgador no le era viable jur\u00eddicamente pronunciarse sobre la extinci\u00f3n de un derecho que no ha sido declarado, pues as\u00ed lo expuso la Sala en sentencia CSJ SL6380-2015, en la que, al abordar ese aspecto, estim\u00f3 que \u00abello desconoce que en el marco de las obligaciones existen unas que permiten exigir su cumplimiento (civiles) y otras que pese a ser inexigibles (naturales) \u2018cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en raz\u00f3n de ellas\u2019, entre las que se cuentan \u2018las obligaciones civiles extinguidas por la prescripci\u00f3n\u2019 (art\u00edculo 1527 C\u00f3digo Civil)\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, indic\u00f3 que \u00abLa posibilidad de demandar en cualquier tiempo est\u00e1 jur\u00eddicamente permitida por ser consustancial al derecho subjetivo p\u00fablico de acci\u00f3n. La prescripci\u00f3n extintiva por tanto, no excluye tal derecho porque dentro de ella, dentro del proceso y presuponiendo su existencia, le permite al juez declarar el derecho y adicionalmente declarar que se ha extinguido -como obligaci\u00f3n civil, mas no natural- por no haberse ejercido durante cierto tiempo\u00bb y, en esa medida, era claro que \u00abcualquier persona en ejercicio de la acci\u00f3n -entendida como derecho subjetivo p\u00fablico- puede demandar en cualquier tiempo que se declare judicialmente la existencia de un derecho que crea tener en su favor. El derecho p\u00fablico tambi\u00e9n se manifiesta en el ejercicio del derecho de excepcionar\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, sostuvo que \u00abLos hechos que le dan fundamento a una pretensi\u00f3n, por ser imprescriptibles, deben ser admitidos o rechazados por el juez antes de pronunciarse sobre la excepci\u00f3n correspondiente por lo cual, trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n que se promueva para que se declare que el despido se ha producido con o sin justa causa, de manera legal o ilegal, no puede concluir con una decisi\u00f3n inhibitoria. El derecho que la ley le atribuya al hecho, debe ser declarado por el juez antes de pronunciarse sobre su extinci\u00f3n, pues ese derecho corresponde al \u00e1mbito de las obligaciones civiles y aun cuando, como tal, se haya producido su extinci\u00f3n por cualquiera de los medios ordinarios que la ley establece (pago, transacci\u00f3n, confusi\u00f3n, compensaci\u00f3n, prescripci\u00f3n etc.), subsistir\u00e1 la obligaci\u00f3n del deudor como obligaci\u00f3n puramente natural\u00bb. <\/p>\n
Bajo esas circunstancias estim\u00f3 que, en efecto, el Tribunal err\u00f3 al \u00abdiferir el estudio de los hechos generadores de los derechos reclamados, ci\u00f1\u00e9ndolos a que estuvieran o no afectados por prescripci\u00f3n\u00bb, sin tener presente que \u00abla existencia jur\u00eddica de un hecho es susceptible de demandarse en cualquier tiempo, pues deriva del ejercicio del derecho p\u00fablico de acci\u00f3n y en ese evento, lo que procede es que el Juez declare extinguidos los derechos que de aquel emanen\u00bb. <\/p>\n
Ahora, al emitir la sentencia de instancia, la autoridad accionada dirigi\u00f3 el an\u00e1lisis a establecer si \u00abexisti\u00f3 un solo contrato de trabajo, pese a suscribirse varios a t\u00e9rminos fijo y luego uno indefinido, as\u00ed como determinar si hubo autorizaci\u00f3n al demandado para retener en favor de Coopcarvajal dineros que se causaron en la liquidaci\u00f3n de prestaciones sociales\u00bb. <\/p>\n
Luego de hacer menci\u00f3n a las sentencias CSJ SL3535-2015, CSJ SL806-2013 y CSJ SL814-2018, referentes a las distintas modalidades contractuales, la autonom\u00eda de que gozan las partes para suscribirlas y las facultades para modificar las condiciones del v\u00ednculo laboral, en desarrollo del principio de la primac\u00eda de la realidad sobre las formas y de irrenunciabilidad de derechos laborales, precis\u00f3 que esa novaci\u00f3n de las condiciones del contrato de trabajo \u00absolo resulta v\u00e1lida si se corresponde con la realidad, es decir, si se identifica con un cambio real en el objeto del contrato o en sus condiciones y no se queda en el plano meramente formal\u00bb. <\/p>\n
Y, tras hacer un an\u00e1lisis del material probatorio allegado al proceso, en particular de los contratos de trabajo suscritos entre las partes, evidenci\u00f3 que \u00abel cargo para el cual fue contratado siempre fue como ayudante de movimiento de materiales o de materias primas que en ocasiones se les cambio el nombre pero siempre ejecut\u00f3 las mismas funciones en el \u00e1rea de carga; adem\u00e1s, de ellos se desprende que la entidad demandada hacia firmar el contrato de trabajo a t\u00e9rmino fijo inferior a un a\u00f1o y las pr\u00f3rrogas sin dejar que se prolongara el a\u00f1o sin justificaci\u00f3n alguna y nuevamente lo vinculaba con interrupciones m\u00ednimas que la Sala entiende que eran por los periodos de vacaciones\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que, de conformidad con lo se\u00f1alado en los art\u00edculos 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 24 del CST, era entendible que \u00abla demandada irrumpi\u00f3 la continuidad de la relaci\u00f3n laboral sin respaldar su decisi\u00f3n\u00bb, pues lo cierto era que el demandante siempre retornaba a la misma \u00e1rea contratada por un per\u00edodo de casi ocho a\u00f1os; no obstante, luego de mencionar lo pertinente a la soluci\u00f3n de continuidad contenida en la sentencia CSJ SL 5595-2019, destac\u00f3 que \u00abal existir una interrupci\u00f3n de m\u00e1s de un mes se declarar\u00e1 por la Corporaci\u00f3n la existencia dos contratos de trabajo indefinidos, el primero del 4 de julio de 1995 al 31 de enero de 2002 y, el segundo, del 4 de marzo de 2002 al 15 de septiembre de 2011\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en cuanto a la reliquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n, por despido sin justa causa, precis\u00f3 que como el contrato laboral a t\u00e9rmino indefinido \u00abno lo fue del 1\u00b0 de julio de 2003, sino del 4 de marzo de 2002 al 15 de septiembre de 2011, era procedente acceder a la misma, teniendo en cuenta un salario base de $1.975.784, [\u2026] lo cual arroja una suma de $8.011.753\u00bb, y anot\u00f3 que, como al actor le fue reconocida la indemnizaci\u00f3n sobre \u00abel valor de $7.112.699 m\u00e1s en una reliquidaci\u00f3n la suma de $51.993 [\u2026], se ordenaba el pago de $847.061\u00bb, por concepto de la diferencia a favor del demandante entre lo que recibi\u00f3 y lo liquidado. <\/p>\n
En lo atinente a la retenci\u00f3n indebida por parte de la sociedad Carvajal Empaques S. A., al no existir autorizaci\u00f3n previa por parte del actor para descontar las pretensiones sociales, hizo referencia a los art\u00edculos 59 y 151 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, as\u00ed como al art\u00edculo 142 de la Ley 79 de 1988 y, analizadas las solicitudes de cr\u00e9dito del se\u00f1or Bola\u00f1os Hoyos con la Cooperativa de Trabajadores de la Empresas de la Organizaci\u00f3n Carvajal, con su respectivo pagar\u00e9, encontr\u00f3 que \u00abel a quo no se equivoc\u00f3 cuando dio por demostrada la autorizaci\u00f3n del actor a su empleador para que descontara el dinero de los salarios y las prestaciones sociales que se generan como trabajador de la Carvajal, que si bien no fueron dirigidos expresamente a la entidad, la Cooperativa envi\u00f3 la documentaci\u00f3n al empleador para que hiciera los descuentos correspondientes\u00bb. <\/p>\n
3. Lo evidenciado muestra que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, se encuentra suficientemente motivada y fue proferida a la luz de la normatividad aplicable y la jurisprudencia relacionada, adem\u00e1s del estudio del acervo probatorio a efectos de establecer que existieron dos contratos de trabajo, porque hubo una interrupci\u00f3n de m\u00e1s de un mes y que s\u00ed se hab\u00edan autorizado las deducciones reprochadas, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En opini\u00f3n de la Sala, las razones con las que el accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento subjetivo frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En este aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. Mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
Igualmente, se resalta que la tutela no configura una instancia adicional para reabrir el debate probatorio, frente a lo cual la Sala ha acotado, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, CSJ STC6666-2019, May. 28 de 2019, rad. 2019-00592-01, que: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u00bb. <\/p>\n
4. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que, \u00abaunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13237-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13237-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-00646-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la sentencia proferida el 20 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58311","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58311","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58311"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58311\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}