STC13274-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13274-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2021-00162-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 15 de septiembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Jos\u00e9 Ospina Mill\u00e1n contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, el solicitante reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital y vida digna, presuntamente vulnerados por el accionado al levantar una medida cautelar de embargo dentro del ejecutivo de alimentos n\u00b0 2021-00122. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que mediante auto del 30 de agosto de 2021, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buga \u00aborden\u00f3 el levantamiento de la medida de embargo que recae sobre la cuenta de ahorros n\u00f3mina del ejecutado William Pascual Ospina Barrag\u00e1n\u00bb, la cual \u00abni siquiera se ha[b\u00eda] hecho efectiva\u00bb porque Bancolombia exig\u00eda especificar \u00abel c\u00f3digo completo del proceso de 23 d\u00edgitos\u00bb, aduciendo que \u00abel bloqueo del mencionado producto viola el derecho al m\u00ednimo vital, ya que el ejecutado no podr\u00eda acceder al salario y esto impedir\u00eda sufragar sus gastos\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que contra esa decisi\u00f3n interpuso recurso de reposici\u00f3n porque en su sentir, \u00abcuando se cita la sentencia T-426\/14\u00bb, la afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital no solo es respecto del obligado, quien \u00abdesde el mes de abril de 2018 no cumple con la cuota alimentaria [fijada a favor] del joven Juan Jos\u00e9, quien al igual que el ejecutado tambi\u00e9n tiene necesidades b\u00e1sicas como son la alimentaci\u00f3n, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios p\u00fablicos domiciliarios, la recreaci\u00f3n, la atenci\u00f3n en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana\u00bb. Adem\u00e1s, porque para cancelar la cautela, el interesado \u00abno ha dado cumplimiento a lo preceptuado por el art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, en tanto a\u00fan no ha sido notificado de la demanda alimentaria. <\/p>\n
3. Se infiere de lo anterior, que lo pretendido es que se invalide el auto que dispuso levantar la medida cautelar. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juez Segundo Promiscuo de Familia de Buga, inform\u00f3 que en relaci\u00f3n con la demanda ejecutiva de alimentos promovida por el hoy tutelante contra su progenitor, con auto del 2 de agosto de 2021 se libr\u00f3 mandamiento de pago y \u00abse decret\u00f3 el embargo del 50% del salario, prestaciones, bonificaciones, horas extras y dem\u00e1s emolumentos que devenga el se\u00f1or William Pascual Ospina Barrag\u00e1n como empleado del Hospital General de Medell\u00edn, as\u00ed mismo decret\u00f3 el embargo del 50% del salario, prestaciones, bonificaciones, horas extras y dem\u00e1s emolumentos que devenga (\u2026) como empleado de la Cl\u00ednica Medell\u00edn. De igual forma, se decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de los dineros que, en cuenta de ahorro, corriente, certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino fijo y Fiducuenta que est\u00e9n registradas a nombre del demandado en los bancos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dijo que en atenci\u00f3n a la respuesta allegada por Bancolombia, \u00abel despacho procedi\u00f3 a trav\u00e9s de auto No. 213 del 30 de agosto de 2021 a levantar la medida de embargo que recae sobre la cuenta de ahorros n\u00f3mina del ejecutado (\u2026), y se orden\u00f3 de oficio a Bancolombia con el fin de informar lo decidido y ratificar la medida decretada sobre la cuenta de ahorros AFC\u00bb. Pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo ya que, en su criterio, la decisi\u00f3n estuvo acorde al ordenamiento legal y soportada en la jurisprudencia constitucional aplicable al caso. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al considerar que el levantamiento del embargo de la cuenta de n\u00f3mina del demandado, decisi\u00f3n que se mantuvo inc\u00f3lume luego de desatarse el recurso de reposici\u00f3n \u00abpor auto del 13 de septiembre\u00bb, corresponde a una \u00abque no luce irreflexiva ni caprichosa, por el contrario, es producto de un an\u00e1lisis serio y concienzudo por parte del juzgador, respecto a la tem\u00e1tica propuesta [en tanto] consider\u00f3, entre otras cosas y apoyado en doctrina constitucional, que no le estaba dado embargar la cuenta de n\u00f3mina del ejecutado, por cuanto ello, en la pr\u00e1ctica, implicaba tanto como retener la totalidad de su salario, afectando su derecho al m\u00ednimo vital, lo cual, indic\u00f3 acertadamente el funcionario judicial, se encuentra proscrito por la jurisprudencia patria\u00bb, y acot\u00f3 que ese tipo de prove\u00eddos, \u00abno se oponen al derecho fundamental del accionante a recibir alimentos, pues los mismos, se reitera, se encuentran garantizados a trav\u00e9s de otras cautelas\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el promotor del resguardo para insistir en los argumentos de su demanda tutelar, precisando que si bien se decretaron otras medidas cautelares \u00abninguna de ellas se ha perfeccionado\u00bb, y asever\u00f3 que el hecho de que \u00abel juez puede limitar los embargos a lo necesario (\u2026), cuando se trata de procesos ejecutivos de alimentos no se respeta l\u00edmite de inembargabilidad\u00bb, pues el banco procedi\u00f3 \u00abal embargo de las dos cuentas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buga, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el demandante, al levantar la medida cautelar que afectaba una cuenta de ahorros destinada al pago de n\u00f3mina del ejecutado, o si, por el contrario, dicha determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la injerencia del fallador constitucional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente queja, de la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas por el accionado, esta Sala ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del auxilio deprecado, toda vez que la decisi\u00f3n reprochada no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
3.1. En efecto, para que la autoridad judicial convocada decidiera levantar el embargo de la cuenta bancaria en la que se le consigna el salario percibido por el ejecutado, en prove\u00eddo del prove\u00eddo del 30 de agosto de 2021, adujo que dicho gravamen \u00abviola el derecho al m\u00ednimo vital, ya que el ejecutado no podr\u00eda acceder al salario y esto impedir\u00eda sufragar sus gastos\u00bb, y para soportar su postura acudi\u00f3 a la sentencia T-426\/14, emanada de la Corte Constitucional, donde se propende por la protecci\u00f3n del m\u00ednimo vital, o sea, de \u00abla proporci\u00f3n de los ingresos del trabajador o pensionado que est\u00e1n destinados a la financiaci\u00f3n de sus necesidades b\u00e1sicas\u00bb. <\/p>\n
Luego, mediante auto del 13 de septiembre de la misma anualidad, la resoluci\u00f3n anterior fue ratificada en sede de reposici\u00f3n, porque en su sentir, el embargo de dicha cuenta va en contrav\u00eda de los derechos al m\u00ednimo vital y a la vida digna del demandado, y tras aludir de nuevo el anterior precedente constitucional, dijo que igualmente la sentencia T-629 de 2016 serv\u00eda de fundamento a lo resuelto por su despacho, comoquiera que all\u00ed se indic\u00f3: \u00ab(\u2026) el derecho fundamental a la subsistencia de las personas, depende en forma directa de la retribuci\u00f3n salarial, seg\u00fan lo ha sostenido la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, pues de esta manera tambi\u00e9n se estar\u00eda garantizando la vida, la salud, el trabajo y la seguridad social [y que] no es equivalente al salario m\u00ednimo, sino que depende una valoraci\u00f3n cualitativa que permita la satisfacci\u00f3n congrua de las necesidades, atendiendo las condiciones especiales en cada caso concreto\u00bb. <\/p>\n
Del mismo modo, expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no le asiste raz\u00f3n alguna a la recurrente [apoderada del hoy tutelante], pues se tiene que pese a levantarse la medida de embargo que reca\u00eda sobre la cuenta de n\u00f3mina del ejecutado, se cuenta con las dem\u00e1s medidas cautelares decretadas en este asunto, como con: <\/p>\n
– Embargo del 50% del salario, prestaciones, bonificaciones, horas extras y dem\u00e1s emolumentos que devenga el demandado como empleado del Hospital General de Medell\u00edn. <\/p>\n
– Embargo del 50% del salario, prestaciones, bonificaciones, horas extras y dem\u00e1s emolumentos que devenga el demandado como empleado de la Cl\u00ednica de Medell\u00edn. <\/p>\n
– Embargo del bien inmueble con matr\u00edcula No. 001-1122418 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn, de propiedad del demandado. <\/p>\n
– Y el embargo y retenci\u00f3n de los dineros que cuenta el demandado en las dem\u00e1s cuentas de ahorros, donde se obra la cuenta de ahorros AFC de Bancolombia. <\/p>\n
Raz\u00f3n por la cual considera el despacho que, contrario a como alega la recurrente, no se vulnera m\u00ednimo vital alguno del demandante puesto que como se indic\u00f3 se han dejado vigente las dem\u00e1s medidas cautelares decretadas, con las cuales se pode perseguir el pago y cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria adeudada por el ejecutado. <\/p>\n
Por el contrario, resultar\u00eda contradictorio a la jurisprudencia citada anteriormente, que de la manera tan descarnada como lo hace la recurrente, alegando vulneraci\u00f3n de los derechos a la dignidad humana por no pago de cuotas atrasadas de varios a\u00f1os atr\u00e1s, para una persona que hoy d\u00eda es mayor de edad, en cuyo favor se han decretado cautelas sobre un inmueble, su salario, primas, prestaciones sociales, sin perjuicio que en un futuro se puedan decretas otras sobre lo dem\u00e1s bienes que integren su patrimonio, deba el juzgado proceder en forma mec\u00e1nica y sin contemplaciones de ninguna naturaleza, a negarle el acceso a su salario a una persona de la cual no ha dicho que tenga otros ingresos diferentes, afect\u00e1ndose con ello no solamente a \u00e9l, sino tambi\u00e9n a los dem\u00e1s miembros de su n\u00facleo familiar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Conforme con lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad accionada, no determina un yerro susceptible de enmendarse por esta senda, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria que la llev\u00f3 a la decisi\u00f3n reprochada, la cual obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
En ese orden, es inviable el amparo cuando, como en este caso, la actuaci\u00f3n del enjuiciado no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues mientras las resoluciones cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, la sola divergencia conceptual no abre paso al auxilio, porque: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, lo no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada entre otras en STC5449-2021, 14 may. 2021, rad. 00148-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, ya que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC11640-2021, 8 sep. 2021, rad. 00685-01). <\/p>\n
Entonces, la Corte observa que los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n cuestionada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto, imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, habida cuenta que la determinaci\u00f3n reprochada no es producto de un subjetivo criterio que configure defecto susceptible de enmendar a trav\u00e9s de esta senda jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13274-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13274-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2021-00162-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58323","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58323"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58323\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}