STC13275-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13275-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01783-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 17 de noviembre de 20201, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Genis Vargas Quesada contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Segundo y Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, as\u00ed como el Segundo Penal del Circuito de Soacha. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a la informaci\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Afirma que actualmente se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamund\u00ed -Valle del Cauca-, al haber sido condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Soacha, mediante sentencia de 14 de agosto de 2017, por el delito de \u00abacceso carnal abusivo con menor de catorce (14) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Aduce que remiti\u00f3 un \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb al tribunal confutado el 10 de septiembre de 2020, deprecando copia de una decisi\u00f3n proferida por esa corporaci\u00f3n el 4 de mayo de 2017, relacionada con una prueba de ADN que pidi\u00f3 desde el momento de su captura, pero la colegiatura le respondi\u00f3 que, en esa calenda, no hab\u00eda dictado providencias relacionadas con \u00e9l y, menos a\u00fan, con dicha probanza; con todo, el 3 de noviembre de 2020, procedi\u00f3 a remitir el requerimiento al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Soacha, por cuanto ese despacho fue quien tramit\u00f3 el proceso penal en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, el tribunal reprochado le indic\u00f3 que \u00e9l ser\u00eda \u00abtrasladado a las instalaciones de la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Cundinamarca en la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb, aspecto que, seg\u00fan el demandante, no fue pedido y era ajeno su caso. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, se le ponga en conocimiento la determinaci\u00f3n de 4 de mayo de 2017, relativa a una solicitud probatoria. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca se\u00f1al\u00f3 que, frente al \u00abtraslado\u00bb enunciado por el precursor, ello obedeci\u00f3 a un \u00ab(\u2026) error involuntario por parte de [la] secretar[\u00ed]a [por cuanto] se fue (\u2026) en la parte inferior dos oficios que no corresponden a ning\u00fan proceso que se adelantara en [ese] contra el se\u00f1or Genis Vargas Quesada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, recalc\u00f3 que envi\u00f3 al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Soacha la solicitud en torno a una prueba de ADN requerida por aqu\u00e9l en 2017. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali manifest\u00f3 que all\u00ed no obraba pedimiento alguno sobre la expedici\u00f3n de copias. <\/p>\n
3. Seg\u00fan lo referido en el fallo impugnado, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, se limit\u00f3 a indicar \u00abque la vigilancia de la pena del actor se encontraba a cargo del su hom\u00f3logo Cuarto de la ciudad de Cali\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 la salvaguarda, pues si bien el tribunal comunic\u00f3 al gestor acerca de la remisi\u00f3n de su solicitud probatoria al Juzgado Segundo Penal del Circuito, nada le indic\u00f3 frente a la inexactitud de su \u00abtraslado\u00bb, pues ese aspecto, \u00ab(\u2026) no correspon[d\u00eda] a un asunto en el que est\u00e9 involucrado Vargas Quesada, pues su menci\u00f3n (\u2026) obedeci\u00f3 a un error, comoquiera que la comunicaci\u00f3n se elabor\u00f3 sobre un formato que conten\u00eda dicho p\u00e1rrafo, pero que en modo alguno guarda relaci\u00f3n con los asuntos tramitados por el accionante, tal y como lo aclar\u00f3 el Tribunal convocado\u201d. Ahora, aunque en ning\u00fan asunto que tenga que ver con el accionante se emiti\u00f3 el pronunciamiento solicitado y, por tanto, no hay lugar a la expedici\u00f3n de copias; lo cierto es que dicha situaci\u00f3n no ha sido debidamente informada al interesado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 a la corporaci\u00f3n acusada que en el t\u00e9rmino de veinticuatro (24) horas \u00abinforme a Genis Vargas Quesada sobre el error evidenciado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante mencionando que la colegiatura convocada omiti\u00f3 aludir a la sentencia de 4 de mayo de 2017, la cual estaba relacionada con una prueba de ADN por \u00e9l pedida. En adici\u00f3n, cuestion\u00f3 aspectos del proceso penal seguido en su contra, como la indebida defensa t\u00e9cnica que se le proporcion\u00f3 y la ausencia de la prueba de ADN pedida desde el momento de su captura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca lesion\u00f3 los derechos fundamentales del tutelante, por (i) remitir la solicitud de copia de la providencia en la cual se aludi\u00f3 a una prueba de ADN pedida por \u00e9l, al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Soacha; y por (ii) no enterarle del error cometido en relaci\u00f3n con un traslado inexistente. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo), en raz\u00f3n a que aquellos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, rad. 4822; y 20 mar. 2000, rad. 4867, reiterada, en otras, en STC2408-2019, 28 feb.) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul.). <\/p>\n
En consecuencia, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis, y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, precisa la Sala que, teniendo en cuenta que los reclamos del censor versan sobre la emisi\u00f3n de copias al interior de un proceso en cual fue parte, se descarta la vulneraci\u00f3n de su prorrogativa de petici\u00f3n, al ser ello una cuesti\u00f3n eminentemente procedimental, susceptible de ser zanjada de acuerdo con las normas que rigen dicho ritual. <\/p>\n
No obstante lo anterior, se observa que la corporaci\u00f3n demandada se pronunci\u00f3, tempestivamente, sobre la decisi\u00f3n de 4 de mayo de 2017, relacionada con una prueba de ADN, indic\u00e1ndole que all\u00ed no se hab\u00eda emitido una decisi\u00f3n en tal sentido, por lo que procedi\u00f3 a remitir su pedimento al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Soacha, quien tramit\u00f3 el proceso adelantando contra el actor. <\/p>\n
De lo descrito, la Corte establece la ausencia de trasgresi\u00f3n a los derechos del impulsor por parte de la colegiatura convocada, pues, pese a la prenotada inviabilidad, su requerimiento fue definido atendiendo al contexto del caso, sin evidenciarse vulneraci\u00f3n a sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
En ese orden, la salvaguarda deviene impr\u00f3spera, pues en situaciones como la que acaba de verse, \u00abse requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada entre otras en STC8023-2021, 1\u00b0 jul. 2021, rad. 00322-01). <\/p>\n
En eventos como el ac\u00e1 expuesto, retoma vigencia el precedente jurisprudencial seg\u00fan el cual \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada en STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-01, y STC8942-2020, 22 oct. 2020, rad. 00139-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. Por \u00faltimo, en cuanto a la concesi\u00f3n del amparo por parte del a quo constitucional, frente a la falta de comunicaci\u00f3n al actor del error cometido por el colegiado demandado referente a un traslado que era inexistente, la Corte ratificar\u00e1 esa determinaci\u00f3n, pues, dada la condici\u00f3n de recluso del tutelante, se tornaba necesario corregir esa falencia y aclararle lo acontecido. <\/p>\n
4. De los alegatos novedosos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, esta Sala estima necesario relievar que al momento de impugnar la decisi\u00f3n de primer grado, el quejoso efectu\u00f3 cuestionamientos sobre el proceso penal adelantado en su contra que culmin\u00f3 en condena y, adem\u00e1s, formul\u00f3 pretensiones en relaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, aspectos no planteados, oportunamente, ante el a quo para ser discutidos por los dem\u00e1s intervinientes en el presente asunto, de tal forma que se respetara el derecho al debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, por lo que no es dable, en esta etapa, hacer pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
En ese sentido, sobre la improcedencia de traer hechos no controvertidos \u2013y, por ende, novedosos\u2013 en sede de tutela, la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Respecto de las circunstancias que expuso la impugnante ante esta Corporaci\u00f3n (\u2026) no puede pronunciarse esta Colegiatura, pues se trata de hechos nuevos, no mencionados en el libelo constitucional, por lo que sobre tales aspectos el accionado no ha tenido oportunidad de contradicci\u00f3n. Por tanto, un estudio por la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad criticada. Sobre el particular la Sala ha indicado que: \u201c(\u2026) es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u201d (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada en STC800, 5 feb. 2015)\u00bb (STC14922-2017, 20 sep. 2017, rad. 01913-01). <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, pues la solicitud de copias del censor en torno a una providencia que involucraba una prueba de ADN fue desatada cuando el tribunal censurado le indic\u00f3 que all\u00ed no se hab\u00eda emitido pronunciamiento en tal sentido y procedi\u00f3 a reenviar dicho requerimiento al Juzgado Seg\u00fan Penal del Circuito de Soacha, aspecto que no constituye vulneraci\u00f3n de las prerrogativas del accionante. <\/p>\n
En cuanto a la inconsistencia suscitada con un supuesto traslado del petente, tambi\u00e9n se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado, en tanto la condici\u00f3n de recluso del actor, tornaba necesaria una respuesta aclaratoria por parte del tribunal cuestionado, como en efecto se orden\u00f3. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue allegado a la Sala el 24 de septiembre de 2021 y, en la misma calenda, se efectu\u00f3 el reparto a este despacho. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13275-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13275-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01783-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 17 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58324","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58324","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58324"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58324\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58324"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58324"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58324"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}