STC13278-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13278-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2021-00396-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 18 de agosto de 2021, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ana Luc\u00eda G\u00f3mez Gallego contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, la solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, m\u00ednimo vital y seguridad social, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, al ser declarada insubsistente en el cargo de Procuradora Provincial de Andes. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que a trav\u00e9s del acto administrativo n.\u00b0 695 del 30 de julio de 2020, fue nombrada en el cargo anteriormente rese\u00f1ado, en el cual se posesion\u00f3 el 4 de agosto de la misma anualidad. <\/p>\n
Sin embargo, refiri\u00f3 que en m\u00faltiples ocasiones recibi\u00f3 llamadas \u00abinsistentes\u00bb por parte de un funcionario adscrito al despacho de la Procuradora General de la Naci\u00f3n, en las que le solicitaba la renuncia al cargo, por lo que el 4 de agosto hoga\u00f1o, \u00abante la presi\u00f3n ejercida\u00bb, procedi\u00f3 a presentar formalmente su dimisi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, mediante correo electr\u00f3nico de la misma data, fue notificada del contenido del Decreto n.\u00b0 1045 del 3 de agosto de 2021, a trav\u00e9s del cual se \u00abdeclar\u00f3 insubsistente mi nombramiento como Procuradora Provincial de Andes, C\u00f3digo 0PP, Grado EF\u00bb, pese a su condici\u00f3n de \u00abprepensionada\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, recalc\u00f3 que tiene 55 a\u00f1os en la actualidad y 1.500 semanas cotizadas \u00aben pensiones Antioquia y Colpensiones\u00bb, pues inici\u00f3 su vida laboral el 17 de enero de 1989. As\u00ed mismo, agreg\u00f3 que depende exclusivamente del salario que devenga como empleada de la entidad accionada. <\/p>\n
3. En tal virtud, solicit\u00f3 que se ordene a la autoridad enjuiciada \u00abque proceda de manera INMEDIATA y sin dilaci\u00f3n a reintegrarme en el cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando de Procuradora Provincial de Andes, C\u00f3digo 0PP, grado E.F. y, en consecuencia, se ordene el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la desvinculaci\u00f3n y hasta que se produzca el reintegro\u00bb, o en su defecto, \u00abreubicarme en un cargo igual o superior (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n arguy\u00f3 que, \u00abde acuerdo con los Sistemas de Informaci\u00f3n de la Entidad, la accionante no radic\u00f3 ninguna solicitud o petici\u00f3n por medio de la cual manifieste que cumple con los requisitos para ser considerada prepensionada\u00bb. As\u00ed mismo, reliev\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n administrativa proferida por la Procuradora General de la Naci\u00f3n, contenida en el acto administrativo objeto de debate en escenario de tutela, goza de la presunci\u00f3n de legalidad, tal como lo establece el art\u00edculo 88 de la Ley 1437 de 2011 \u2013CPACA-\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, explic\u00f3 que \u00ablos argumentos de [la] accionante respecto de su eventual condici\u00f3n de pre-pensionada, no pueden ser \u00f3bice para que el nominador en uso de las facultades discrecionales que le otorg\u00f3 la ley, tome decisiones tendientes a la conformaci\u00f3n de sus grupos de trabajo, de los Asesores de su Despacho, que, por esa misma naturaleza, al ser de LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCI\u00d3N son catalogados como de; Direcci\u00f3n, Confianza y Manejo\u00bb, en tanto \u00ablos empleos de libre nombramiento y remoci\u00f3n que por su nivel de confianza, direcci\u00f3n y manejo de su gesti\u00f3n pueden ser nombrados y removidos a discreci\u00f3n del nominador sin que sea necesaria la motivaci\u00f3n del acto administrativo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3 que \u00abla Entidad en ning\u00fan momento vulner\u00f3 o ha puesto en riesgo los derechos de la accionante, ya que, al ocupar un cargo bajo la modalidad de libre nombramiento y remoci\u00f3n, era conocedora plenamente que su vinculaci\u00f3n estaba necesariamente ligada a las facultades discrecionales del nominador y que dichos empleos al ser de Direcci\u00f3nConfianza-Manejo, no cuentan con una estabilidad laboral reforzada como lo alega en su escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo desestim\u00f3 el amparo porque \u00abno siendo beneficiaria la accionante del fuero de estabilidad laboral reforzada, pues era empleada de libre nombramiento y remoci\u00f3n y solo le falta la edad para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, considera la Sala que el amparo invocado resulta improcedente; sin que en este caso se estructure la hip\u00f3tesis del perjuicio irremediable, en tanto la accionante s\u00f3lo ha puesto de presente su vinculaci\u00f3n, la desvinculaci\u00f3n, y la afirmaci\u00f3n de que depende \u00fanica y exclusivamente de los ingresos como PROCURADORA PROVINCIAL para subsistir; lo que no encaja dentro de los presupuestos del perjuicio irremediable: ser inminente el perjuicio, grave la afectaci\u00f3n, y no poder ser reparado de otra manera, salvo la intervenci\u00f3n constitucional, siendo claro que toda desvinculaci\u00f3n laboral causa un perjuicio, pero el mismo, para este caso no se ha acreditad m\u00e1s all\u00e1 de la desvinculaci\u00f3n, como por ejemplo, evidenciando una seria vulneraci\u00f3n del m\u00ednimo vital, pues no obra prueba en el expediente que as\u00ed lo demuestre\u00bb <\/p>\n
La convocante recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abla declaratoria de insubsistencia de mi nombramiento como Procuradora Provincial de Andes, tiene lugar en un momento en el cual me encuentro pr\u00f3xima a obtener la pensi\u00f3n de vejez, y tal acto administrativo se encuentra lejos de obedecer a razones de buen servicio\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n adujo que \u00abla facultad discrecional de la se\u00f1ora Procuradora General de la Naci\u00f3n para declarar insubsistente el nombramiento de un funcionario de libre nombramiento y remoci\u00f3n que est\u00e1 pr\u00f3ximo a reunir los requisitos para ser merecedor del reconocimiento del derecho a la pensi\u00f3n debe ser m\u00e1s estricto, y es as\u00ed como en estos casos es obligatorio que el nominador realice un ejercicio de ponderaci\u00f3n entre los derechos del funcionario pr\u00f3ximo a pensionarse (igualdad, seguridad social, m\u00ednimo vital) y la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s general del buen servicio p\u00fablico, no hacerlo, transmuta el acto discrecional en un acto arbitrario e injusto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a esta Corporaci\u00f3n establecer si la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n trasgredi\u00f3 las prerrogativas fundamentales aducidas por la promotora, al expedir el Decreto n.\u00b0 1045 del 3 de agosto de 2021, por medio del cual se le declar\u00f3 insubsistente en el cargo de Procuradora Provincial de Andes. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha reiterado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias exclusivas de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance instrumentos ordinarios de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Improcedencia del resguardo contra actos administrativos. <\/p>\n
Por regla general, los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez constitucional, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada (CSJ. STC5278 4 may. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Efectuado el an\u00e1lisis correspondiente del escrito introductorio, de la impugnaci\u00f3n y de los medios de convicci\u00f3n aportados al tr\u00e1mite, esta Sala precisa que ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo invocado, pues se advierte que este no supera el an\u00e1lisis del presupuesto de subsidiariedad previamente referido, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, el resguardo en estudio se dirige, puntualmente, a refutar la legalidad del Decreto n.\u00ba 1045 del 3 de agosto de 2021, mediante el cual la Procuradora General de la Naci\u00f3n declar\u00f3 insubsistente el nombramiento de la gestora en el cargo rese\u00f1ado, es decir, el reproche se circunscribe al prenotado acto administrativo de car\u00e1cter particular y concreto, cuyo control corresponde a los jueces contenciosos administrativos. En ese sentido, esta Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(…) Recu\u00e9rdese que en situaciones como la acaecida, orientada al an\u00e1lisis de legalidad de unos actos administrativos cuyo control de legalidad \u2018corresponde a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no s\u00f3lo la anulaci\u00f3n del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o corporaci\u00f3n que los profiera, sino el restablecimiento del derecho, fluye la improcedencia de la presente acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 10 de mayo de 2000, Rad. 1030, 6 nov. 2009, Rad. 00335-01, reiterada en STC3135, 8 mar. 2017). <\/p>\n
As\u00ed, el medio de defensa con el que cuenta la gestora para debatir lo atinente a la juridicidad del enunciado decreto que la desvincul\u00f3 es el de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando cumpla con los requisitos propios de ese medio de control (v. gr., t\u00e9rmino de caducidad). <\/p>\n
De esta manera, adem\u00e1s de ser id\u00f3neo dicho medio de defensa, tambi\u00e9n resulta eficaz, dada la posibilidad de solicitar medidas cautelares, de acuerdo a lo normado en el precepto 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), herramienta que el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido como: <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr.). <\/p>\n
Conforme con ello, la existencia de otros mecanismos de defensa para plantear lo manifestado en esta sede, impide a esta excepcional jurisdicci\u00f3n adentrarse en el estudio de las cuestiones aducidas en el escrito genitor. <\/p>\n
Lo mencionado, conlleva la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla. <\/p>\n
4.2. Finalmente, sobre la posibilidad de conceder el auxilio como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieren configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), situaci\u00f3n que no se acredita en el sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La Corte confirmar\u00e1 el fallo impugnado, pero por las razones expuestas, en tanto la tutela desatiende el presupuesto de subsidiariedad, en la medida en que la quejosa cuenta con otros medios de defensa para plantear los argumentos enunciados en esta sede excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por lo rese\u00f1ado en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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