STC13321-2021<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13321-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11-001-02-03-000-2021-03348-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Integrar Constructores S.A.S. en reorganizaci\u00f3n instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n con radicado n\u00b0 760019111000-2017-00006-00 (864). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 que se deje sin efectos la providencia que resolvi\u00f3 el recurso de anulaci\u00f3n objeto de revisi\u00f3n para que, en su lugar, se adopte una nueva decisi\u00f3n. <\/p>\n
En sustento, adujo que \u00abel d\u00eda 17 de diciembre de 2008 se suscribi\u00f3 un contrato de fiducia mercantil entre el Municipio de Cali y Fonvivienda, en calidad de fideicomitentes, y Alianza Fiduciaria S.A., en su condici\u00f3n de fiduciaria\u00bb del cual deriv\u00f3 el patrimonio aut\u00f3nomo \u00abPA2 559 Macroproyecto Alto de Santa Elena Sector A\u00bb identificado con el NIT 860.531.315-2 cuyo prop\u00f3sito era la construcci\u00f3n de un proyecto inmobiliario de inter\u00e9s social. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que luego de la verificaci\u00f3n de los requisitos del respectivo pliego de condiciones celebr\u00f3 con la fiduciaria el contrato No. 11-2012 para la construcci\u00f3n de 560 apartamentos; sin embargo, por las \u00abinconsistencias del terreno\u00bb y los \u00abincumplimientos\u00bb de la representante del patrimonio aut\u00f3nomo, la obra no se pudo ejecutar, motivo que la llev\u00f3 a impetrar la demanda arbitral que se resolvi\u00f3 a su favor (7 jul 2017). <\/p>\n
En lo medular, adujo que Alianza S.A. interpuso recurso de anulaci\u00f3n en contra del respectivo laudo ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, quien remiti\u00f3 por competencia a la Secci\u00f3n Tercera del Consejo de Estado luego de cavilar que el patrimonio aut\u00f3nomo deb\u00eda \u00abser considerado como una entidad p\u00fablica\u00bb por estar \u00abconstituido en su totalidad con aportes p\u00fablicos\u00bb de conformidad \u00abal par\u00e1grafo del art\u00edculo 104 del C.P.A.C.A\u00bb y en cumplimiento del inciso final del canon 46 del estatuto arbitral. <\/p>\n
El Consejo de Estado declar\u00f3 su falta de jurisdicci\u00f3n y propuso conflicto negativo de competencia, tras argumentar que el patrimonio aut\u00f3nomo no pod\u00eda ser considerado como una entidad p\u00fablica a pesar de ser constituido por recursos de ese origen dado que i). la naturaleza de las entidades p\u00fablicas es un aspecto que debe estar definido en la Ley sustancial (Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, Ley 80 de 1993 y Ley 489 de 1998) y no por el art\u00edculo 104 del C.P.A.C.A cuyo contenido es aplicable \u00abpara los solos efectos de este c\u00f3digo\u00bb, es decir \u00abs\u00f3lo aplica para los tr\u00e1mites regulados en dicho estatuto\u00bb y no en materias expresamente reguladas como la arbitral, ii). al ser parte del proceso el patrimonio aut\u00f3nomo, su representante, seg\u00fan el art. 53 del CGP es la fiduciaria cuya naturaleza es privada, iii). la regla de competencia para conocer del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n est\u00e1 contenida en el estatuto arbitral que es norma especial y posterior a la Ley 1437 de 2011 invocada por el Tribunal accionado. <\/p>\n
Dicho conflicto fue desatado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura quien determin\u00f3 que la competencia para resolver la impugnaci\u00f3n radicaba en la Sala Civil del Tribunal aqu\u00ed accionado. Para arribar a esa conclusi\u00f3n acogi\u00f3 los argumentos expuestos por la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa y agreg\u00f3 que, como el proceso se adelant\u00f3 bajo las reglas de un arbitraje privado, en raz\u00f3n de la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros de declararse competentes para rituar la disputa y, esa decisi\u00f3n, conforme al canon 29 del estatuto de arbitraje, \u00abprevalece sobre cualquier otra proferida en sentido contrario por un juez ordinario o contencioso administrativo (\u2026) sin perjuicio de lo previsto en el recurso de anulaci\u00f3n\u00bb, el respectivo recurso extraordinario deb\u00eda ser conocido por la jurisdicci\u00f3n civil a quien le corresponder\u00eda resolver, entre otras, la falta de competencia invocada como causal de quiebre del laudo. <\/p>\n
De esta \u00faltima decisi\u00f3n deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus prerrogativas pues considera que la autoridad accionada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico sustantivo i). \u00abpor fundarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto\u00bb, es decir, por considerar que conforme al par\u00e1grafo del art\u00edculo 104 de la Ley 1437 de 2011 el patrimonio aut\u00f3nomo era considerado como una \u00abentidad p\u00fablica\u00bb ii). por aplicar \u00abuna interpretaci\u00f3n que desborda los l\u00edmites de la Ley y la Constituci\u00f3n\u00bb en lo que corresponde a la naturaleza privada del patrimonio aut\u00f3nomo y la \u00abrepresentaci\u00f3n que ejerce la entidad fiduciaria\u00bb y, iii). \u00abpor desconocer la normatividad aplicable al caso concreto\u00bb, en particular, el canon 46 del estatuto arbitral que fija su competencia para resolver la anulaci\u00f3n tras la ausencia de entidades p\u00fablicas en el litigio, tal como lo adujo el Consejo de Estado y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dentro del conflicto negativo de competencia rese\u00f1ado. <\/p>\n
2. El despacho accionado se\u00f1al\u00f3 que al resolver la anulaci\u00f3n \u00abconsider\u00f3 la primac\u00eda del derecho sustancial (Art. 228 de la C.Pol), en salvaguarda del patrimonio p\u00fablico frente a lo cual la Constituci\u00f3n y la ley ha dispuesto m\u00faltiples instituciones y herramientas de control, no debiendo permitirse que bajo la figura de una fiducia mercantil, en la que la Fiduciaria sea una entidad de derecho privado, se extraiga el patrimonio p\u00fablico de la aplicaci\u00f3n del derecho, para que \u00e1rbitros puedan decidir en equidad, abriendo la puerta para que los grandes contratos estatales se sustraigan de la aplicaci\u00f3n estricta del derecho y de la vigilancia que deben ejercer los organismos de control\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora el tropiezo del resguardo porque la decisi\u00f3n atacada se percibe adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n que no lucen descabellados o absurdos; en ese sentido no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, la queja de Integrar Constructores S.A.S. se circunscribe a la forma en que el Tribunal accionado apreci\u00f3 la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y normativa en el caso concreto, pues, a su parecer, no concurr\u00edan los elementos necesarios para quebrar el laudo impugnado. As\u00ed, queda sentado desde ya que la verdadera intenci\u00f3n de la accionante se halla cimentada sobre la base de discutir el raciocinio desplegado por el juzgador natural de su causa a pesar de que no se vislumbra irreflexivo como se pasa a exponer. <\/p>\n
En efecto, la Sala convocada resolvi\u00f3 en la manera que se le critica fincada en los siguientes argumentos: <\/p>\n
Luego de un escrutinio jurisprudencial sobre la naturaleza jur\u00eddica del recurso de anulaci\u00f3n y al centrar su an\u00e1lisis en la causal de \u00abinexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral\u00bb expuso el marco jur\u00eddico de cada una de las instituciones contenidas en ella y, a continuaci\u00f3n, sobre el cargo concreto a estudiar se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
Alianza Fiduciaria S.A., como argumento de la causal primera de anulaci\u00f3n del pacto arbitral, advierte que repuso la decisi\u00f3n sobre la competencia del tribunal con argumentos similares a los que sustenta el cargo; estima inexistente el pacto o la cl\u00e1usula compromisoria, porque en el acuerdo de transacci\u00f3n suscrito el 30 de junio de 2015 no se pact\u00f3 clausula compromisoria; igualmente, viene sosteniendo que la cl\u00e1usula arbitral era inv\u00e1lida atendiendo la naturaleza de los recursos p\u00fablicos del contrato de obra y que la parte del contrato era el fideicomiso o el patrimonio aut\u00f3nomo que manejaba recurso p\u00fablicos, lo que imped\u00eda que el laudo fuera en equidad sino que se impon\u00eda la obligaci\u00f3n de fallar en derecho, como lo prescribe el Art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1563 de 2012, norma de orden p\u00fablico que se contravino. <\/p>\n
Para resolver este cargo, la Sala advierte que desde un principio cuando se present\u00f3 la convocatoria la recurrente invoc\u00f3 argumentos de la causal aqu\u00ed en estudio a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n de asunci\u00f3n de competencia; aclarado este aspecto la Sala iniciar\u00e1 por determinar la presencia de la cl\u00e1usula compromisoria, toda vez que en l\u00ednea con lo expuesto en el alcance de la causal, solamente despu\u00e9s de predicar su presencia es posible estudiar su invalidez. <\/p>\n
En ese orden, sobre la existencia del pacto arbitral predic\u00f3 que: <\/p>\n
El pacto compromisorio se encuentra redactado en la cl\u00e1usula d\u00e9cima sexta del contrato de obra Nro.11-2012 para la construcci\u00f3n de 560 apartamentos ubicados en la urbanizaci\u00f3n Altos de Santa Elena, fase I, sector A, de la ciudad de Cali, en ella se pact\u00f3, que las \u201cdiferencias que se presenten entre las partes con motivo de la interpretaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n de este contrato, durante su vigencia y con posterioridad a su terminaci\u00f3n, y que no fueren resueltas por las partes dentro de los cuarenta y cinco (45) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha en que se presenten, ser\u00e1n sometidas a la decisi\u00f3n de un tribunal de arbitramento, el cual estar\u00e1 integrado por tres (3) \u00e1rbitros designados por la C\u00e1mara Colombiana de Construcci\u00f3n \u2013 CAMACOL. Los \u00e1rbitros ser\u00e1n vecinos de Cali, fallar\u00e1n en equidad (\u2026). En lo no previsto se aplicar\u00e1n las disposiciones legales vigentes\u201d (negrilla de este texto.- fls. 23 rev. y 24, C5). <\/p>\n
Luego, el 30 de junio de 2015, Alianza Fiduciaria S.A, en calidad de vocera y administradora del Fideicomiso PA2 559 Macroproyecto Altos de Santa Elena, Fase I, Sector A, e Integrar Constructores S.A. suscribieron un acta de transacci\u00f3n en la que acordaron que la primera pagar\u00eda a la segunda, la suma de $2.880.992.044 por conceptos generados a favor del contratista por la ejecuci\u00f3n de la obra, reajuste de precios y costos indirectos, en el marco del contrato de obra Nro.11-2012 del 18 de octubre de 2012 a favor del contratista. En dicho acuerdo se pact\u00f3 (fls. 94 a 97, C2): <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En cumplimiento de lo dispuesto en la cl\u00e1usula cuarta del citado acuerdo de transacci\u00f3n, la Fiduciaria e Integrar suscribieron el otros\u00ed Nro.7 el mismo 30 de junio de 2015 al contrato de obra Nro.11-2012 del 18 de octubre de 2012, con el \u00e1nimo de incorporarle lo transado, modific\u00e1ndolo bajo el siguiente texto: (fls. 86 a 88, C2): <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De lo expuesto, es claro que el mismo d\u00eda del acuerdo de transacci\u00f3n (30 de junio de 2015), se incorpor\u00f3 al contrato Nro.11-2012 el otros\u00ed Nro.7, en el que se expres\u00f3 que las dem\u00e1s cl\u00e1usulas del contrato Nro.11-2012 continuaban sin modificaci\u00f3n alguna, entre las cuales se encuentra la cl\u00e1usula compromisoria arbitral, la que en principio resulta vinculante para las partes <\/p>\n
En seguida, sobre la validez del pacto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Establecida la presencia de la cl\u00e1usula compromisoria convenida por las partes del contrato Nro.11-2012, es menester determinar si la misma resulta v\u00e1lida de la manera como fue pactada. <\/p>\n
Para tal efecto, es preciso recordar que en la cl\u00e1usula d\u00e9cima sexta del contrato en estudio se pact\u00f3 la cl\u00e1usula compromisoria conviniendo que los \u00e1rbitros fallen en equidad; la Fiduciaria recurrente sostiene que la cl\u00e1usula est\u00e1 afectada de nulidad absoluta, por contravenir el Art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1563 de 2012, en tanto la norma impone que siempre que en el marco de una controversia contractual intervenga una entidad p\u00fablica o un particular en ejercicio de funciones p\u00fablicas, el fallo deba ser en derecho. <\/p>\n
Ahora bien, en el presente asunto el contrato de obra fue suscrito por Integrar Constructores S.A.S, entidad privada, con Alianza Fiduciaria S.A., sociedad de derecho privado, pero que act\u00faa como vocera y administradora del patrimonio aut\u00f3nomo PA2 559 Macroproyecto Altos de Santa Elena, cuyos recursos provienen de presupuestos de entidades p\u00fablicas siendo enteramente p\u00fablicos, contrato que hace parte de un programa nacional de soluciones de vivienda de inter\u00e9s social, en el que participan Fonvivienda y el Municipio de Santiago de Cali, cuyo comit\u00e9 fiduciario est\u00e1 integrados por seis (6) delegados de entidades p\u00fablicas, el supervisor del contrato y un delegado de la Fiduciaria con voz pero sin voto; basta transcribir una parte del mismo laudo, para entender la procedencia de los recursos econ\u00f3micos y las entidades p\u00fablicas que confiaron la administraci\u00f3n de sus recursos a la Fiduciaria, en el que se hace alusi\u00f3n a la intervenci\u00f3n de la Contralor\u00eda Municipal de Cali y a la participaci\u00f3n econ\u00f3mica en el fideicomiso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Es importante resaltar que la Contralor\u00eda General de Santiago de Cali evidencio que hasta el 4 de diciembre de 2015, por medio de Acta No.49 del Comit\u00e9 Fiduciario, se decide reconocer al Municipio de Santiago de Cali y al Fondo Especial de Vivienda como FIDEICOMITENTES del contrato de Fiducia Mercantil 559 suscrito entre FONVIVIENDA y Alianza Fiduciaria S.A., el 17 de Diciembre de 2008 (\u2026). La participaci\u00f3n de los fideicomitentes se estableci\u00f3 de la siguiente manera: FONVIVIENDA: 72.38%. Municipio de Santiago de Cali: 3.65% y Fondo Especial de Vivienda: 23.97%\u201d <\/p>\n
Respecto de los contornos p\u00fablicos que rodearon el caso indic\u00f3 que: <\/p>\n
No sobra observar que la tramitaci\u00f3n del recurso de anulaci\u00f3n en el Consejo de Estado fue objeto de acci\u00f3n constitucional de tutela por parte de Fonvivienda, respecto de la vinculaci\u00f3n de los fideicomitentes, donde el 13 de diciembre de 2017 la Secci\u00f3n Cuarta del Consejo de Estado al resolverla dej\u00f3 sin efectos el laudo, porque consider\u00f3 vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y defensa de Fonvivienda y el Municipio de Santiago de Cali, en su calidad de fideicomitentes del patrimonio aut\u00f3nomo PA2 559 Macroproyecto Altos de Santa Elena; decisi\u00f3n que se fundament\u00f3 en que el laudo resolvi\u00f3 indirectamente sobre la responsabilidad de las mencionadas entidades al transferir recursos a la Fiduciaria y que por lo tanto debi\u00f3 vincul\u00e1rselos antes de proferir una decisi\u00f3n de fondo29; impugnada el fallo, el 1 de marzo de 2018 la Secci\u00f3n Quinta de dicha Corporaci\u00f3n lo revoc\u00f3, considerando que Fonvivienda contaba con la oportunidad para participar en el tr\u00e1mite arbitral a trav\u00e9s del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n y de no ser as\u00ed, por medio del recurso extraordinario de revisi\u00f3n en contra de la decisi\u00f3n que defina el anterior30; cabe destacar que la representaci\u00f3n del patrimonio aut\u00f3nomo fue confiada a la Fiduciaria31, quien fue la que compareci\u00f3 al proceso arbitral y al presente recurso. El contrato de fiducia mercantil Nro. 559 del 17 de diciembre de 2008, fue suscrito entre Fonvivienda y Alianza Fiduciaria S.A., creando el patrimonio aut\u00f3nomo Nro.PA2 559 Macroproyecto Santa Elena, en ese entonces se fundament\u00f3 en los Art\u00edculos 79 y 82 de la Ley 1151 de 2007, reglamentados por el Decreto 4260 del mismo a\u00f1o; aunque el Art\u00edculo 79 citado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en el 2010, sus consecuencias solo se aplicaron a los \u201cnuevos megaproyectos y no para los que se encontraran en curso\u201d, raz\u00f3n por la cual esa decisi\u00f3n no afect\u00f3 el contrato en menci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la titularidad de los derechos y obligaciones del contrato objeto de la litis adujo: <\/p>\n
Bajo la anterior precisi\u00f3n y con el \u00e1nimo de definir el titular de los derechos y obligaciones del contrato de obra referido, vale recordar que, por regla general, esa condici\u00f3n recae en una persona natural o jur\u00eddica; sin embargo, la propia din\u00e1mica econ\u00f3mica, comercial y financiera ha obligado al legislador a ir m\u00e1s all\u00e1 y contemplar figuras que sin ser entendidas como personas, ya sea naturales o morales, pueden contraer derechos y obligaciones32; en el universo del derecho, existen otro tipo de ficciones jur\u00eddicas que escapan al entendimiento de lo que es una persona jur\u00eddica o moral y pese a ello cuentan con autonom\u00eda y entidad propia de quienes la conforman, como por ejemplo los patrimonios aut\u00f3nomos, entendidos como un conjunto o masa de bienes, que por lo general surgen de la celebraci\u00f3n de un contrato de fiducia mercantil, como ocurri\u00f3 en el sub lite, dentro del cual los \u201cbienes objeto de la fiducia no forman parte de la garant\u00eda general de los acreedores del fiduciario y s\u00f3lo garantizan las obligaciones contra\u00eddas en el cumplimiento de la finalidad perseguida\u201d (Art\u00edculo 1227 del C\u00f3digo de Comercio); pero ello no convierte los recursos aportados a capital privado, sino que est\u00e1n dispuestos para cumplir un fin espec\u00edfico, dependiendo de sus fideicomitentes. En esa direcci\u00f3n, el Art\u00edculo 2.5.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, sobre los patrimonios aut\u00f3nomos derivados del contrato de fiducia mercantil destac\u00f3 que, a pesar de su falta de personalidad jur\u00eddica, son receptores de derechos y obligaciones, as\u00ed: \u201cDerechos y deberes del fiduciario. Los patrimonios aut\u00f3nomos conformados en desarrollo del contrato de fiducia mercantil, aun cuando no son personas jur\u00eddicas, se constituyen en receptores de los derechos y obligaciones legales y convencionalmente derivados de los actos y contratos celebrados y ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del contrato de fiducia\u201d; m\u00e1s adelante, el citado art\u00edculo precis\u00f3 el rol del fiduciario como vocero, administrador y representante legal al prescribir que: \u201cEl fiduciario como vocero y administrador del patrimonio aut\u00f3nomo, celebrar\u00e1 y ejecutar\u00e1 diligentemente todos los actos jur\u00eddicos necesarios para lograr la finalidad del fideicomiso, comprometiendo al patrimonio aut\u00f3nomo dentro de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el acto constitutivo de la fiducia. Para este efecto, el fiduciario deber\u00e1 expresar que act\u00faa en calidad de vocero y administrador del respectivo patrimonio aut\u00f3nomo. En desarrollo de la obligaci\u00f3n legal indelegable establecida en el numeral 4 del art\u00edculo 1234 del C\u00f3digo de Comercio, el Fiduciario llevar\u00e1 adem\u00e1s la personer\u00eda del patrimonio aut\u00f3nomo en todas las actuaciones procesales de car\u00e1cter administrativo o jurisdiccional que deban realizarse para proteger y defender los bienes que lo conforman contra actos de terceros, del beneficiario o del constituyente, o para ejercer los derechos y acciones que le correspondan en desarrollo del contrato de fiducia\u201d. <\/p>\n
Fue lo anterior lo que la llev\u00f3 a concluir que: <\/p>\n
De lo expuesto se entiende que quien representa los derechos y obligaciones del contrato de obra Nro.11-2012 es el Fideicomiso Nro.PA2 559 Macroproyecto Santa Elena a trav\u00e9s de la Fiduciaria, quien es la vocera, administradora y representante; en otras palabras, formalmente quien act\u00faa es la fiduciaria pero materialmente el titular es el patrimonio aut\u00f3nomo; en esa medida, resulta claro que el contrato de obra en estudio, fue celebrado por un vocero o administrador de las entidades p\u00fablicas fideicomitentes <\/p>\n
Seguidamente, a punto de considerar la relaci\u00f3n jur\u00eddica entre el patrimonio aut\u00f3nomo y su alegada condici\u00f3n de entidad p\u00fablica, expres\u00f3: <\/p>\n
Ahora, corresponde determinar si ese patrimonio aut\u00f3nomo puede ser considerado como una entidad p\u00fablica, para ello, la Sala debe considerar que en los estatutos procesales existen normas sustanciales34, en efecto, la Ley 1563 de 2012 en t\u00e9rminos generales determina particularidades del juicio arbitral, pero no puede perderse de vista que la ubicaci\u00f3n de una norma en determinado estatuto no define autom\u00e1ticamente su car\u00e1cter; para lo que aqu\u00ed interesa, es lo se\u00f1alado en el Art\u00edculo 1\u00ba de la referida ley que impone que el laudo deba ser en derecho ante la presencia de determinados sujetos. <\/p>\n
Para abundar en razones, de tener a la Fiduciaria como administradora y vocera de las entidades p\u00fablicas fiduciantes, ha de sumarse que a\u00fan la norma procedimental administrativa dispone que los entes con aportes o participaciones estales iguales o superiores al 50% se tratan como entidades p\u00fablicas35, claro est\u00e1, sin que ello implique cuestionar la competencia para conocer de la anulaci\u00f3n del laudo, que fue definida por la autoridad colegiada que deb\u00eda hacerlo, tal y como antecedentemente se indic\u00f3. <\/p>\n
De lo anterior, concluy\u00f3: <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, trasluce claro que como a trav\u00e9s del Fideicomiso Nro.PA2-559 Macroproyecto Altos de Santa Elena, la Fiduciaria administra recursos p\u00fablicos en un 100%, debe someterse a los t\u00e9rminos del Art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1563 de 2012, en cuento a la cl\u00e1usula compromisoria la cual debi\u00f3 pactarse para fallarse en derecho y no equidad; ciertamente, al revisar la cl\u00e1usula correspondiente se ve que se pact\u00f3 que los \u00e1rbitros fallaran en equidad, raz\u00f3n por la cual, fuerza concluir que se contravino una norma imperativa de derecho p\u00fablico36 pensada en resguardo del patrimonio p\u00fablico, por consiguiente, al haberse pactado dicha cl\u00e1usula compromisoria, se incurri\u00f3 en una nulidad absoluta por faltarse a una disposici\u00f3n imperativa que conlleva un objeto il\u00edcito de la cl\u00e1usula compromisoria en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1519 del C\u00f3digo Civil, en tanto contraviene el derecho p\u00fablico, de ah\u00ed que se deba dejar sin efectos dicho compromiso en su totalidad. <\/p>\n
De esa forma, sobre la nulidad absoluta percibida por el Tribunal de infiri\u00f3 que: <\/p>\n
En ese orden, la nulidad que salta a la vista ni siquiera es relativa sino absoluta, pues el hecho de que las partes habilitaran a los \u00e1rbitros para que decidieran en equidad, quienes a lo largo del fallo ratificaron que as\u00ed lo hac\u00edan, contraviene el derecho p\u00fablico interno que impone la obligaci\u00f3n de decidir en derecho, no siendo necesario constatar si el laudo fue efectivamente en equidad, so pena de variar lo efectivamente pactado, pues la nulidad de la cl\u00e1usula arbitral est\u00e1 dada en t\u00e9rminos de validez jur\u00eddica, es decir, por la oposici\u00f3n a la ley y a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica vista bajo la \u00f3ptica de la eficacia jur\u00eddica del pacto arbitral. En suma, la Sala declarar\u00e1 fundado el recurso de anulaci\u00f3n por la invalidez de la cl\u00e1usula compromisoria bajo el amparo de la ley y por primac\u00eda del derecho sustancial (Art. 228 de la C.Pol), en salvaguarda del patrimonio p\u00fablico frente a lo cual la Constituci\u00f3n y la ley ha dispuesto m\u00faltiples instituciones y herramientas de control, no debiendo permitirse que bajo la figura de una fiducia mercantil, en la que la Fiduciaria sea una entidad de derecho privado, se extraiga el patrimonio p\u00fablico de la aplicaci\u00f3n del derecho, para que \u00e1rbitros puedan decidir en equidad, abriendo la puerta para que los grandes contratos estatales se sustraigan de la aplicaci\u00f3n estricta del derecho y de la vigilancia que deben ejercer los organismos de control estatal <\/p>\n
Establecido lo anterior, resulta ostensible que las decisiones fustigadas se encuentran soportadas en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada de cara a los hechos y pruebas que fueron adosados a la autoridad accionada y sobre los cuales efectu\u00f3 su ejercicio hermen\u00e9utico que la llev\u00f3 a concluir que para el caso concreto se hallaban los presupuestos necesarios para declarar fundado el remedio extraordinario, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que la gestora considera que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que:. <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
En definitiva, se impone la frustraci\u00f3n del amparo porque la decisi\u00f3n del Tribunal, al margen de que se comparta por esta Corporaci\u00f3n, no se percibe absurda, antojadiza o irrazonable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Integrar Constructores S.A.S. en reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13321-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC13321-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11-001-02-03-000-2021-03348-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que Integrar Constructores S.A.S. en reorganizaci\u00f3n instaur\u00f3 contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58330","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58330","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58330"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58330\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58330"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58330"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58330"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}