STC13326-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13326-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2021-00425-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pidi\u00f3 que se deje sin efectos el auto que declar\u00f3 la deserci\u00f3n de su alzada y el que se abstuvo de revocarlo (18 jun. y 13 ago. 2021) para que, en su lugar, se \u00abdecida de fondo\u00bb su recurso. <\/p>\n
En sustento, adujo que fue demandante en el declarativo cuestionado donde se dict\u00f3 la sentencia (14 abr. 2021) que apel\u00f3 y, a su juicio, sustent\u00f3 ante el juez de primera instancia. Relat\u00f3 que dicha impugnaci\u00f3n fue admitida en auto del 2 de junio hoga\u00f1o en el que tambi\u00e9n se corri\u00f3 traslado para fundamentar la alzada conforme al Decreto Legislativo 806 de 2020. Indic\u00f3 que el 18 de agosto siguiente el Tribunal declar\u00f3 la deserci\u00f3n de su opugnaci\u00f3n tras predicar la falta de sustentaci\u00f3n del medio impugnativo, determinaci\u00f3n que repuso sin \u00e9xito. <\/p>\n
Del auto de deserci\u00f3n en cita y del que resolvi\u00f3 negativamente su reposici\u00f3n (13 ago. 2021) deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus prerrogativas pues, a su parecer, la fundamentaci\u00f3n de la alzada tuvo lugar con el correo electr\u00f3nico que remiti\u00f3 al juez de primera instancia el cual llevaba adjunto un \u00abmemorial de 15 folios contentivo de los 7 reparos concretos en contra de la referida sentencia, profundizando y especificando detalladamente cada uno de ellos, con el fin de sustentar el recurso interpuesto, explicando los motivos por los cuales se hab\u00eda incurrido en error en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Medell\u00edn manifest\u00f3 que los reparos constitucionales no se dirigieron en su contra por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. Iv\u00e1n Danilo Caicedo Quelal, parte en el proceso criticado, solicit\u00f3 denegar \u00abel amparo pretendido\u00bb ante el incumplimiento de la carga procesal impuesta por la ley a su contraparte. <\/p>\n
3. La primera instancia deneg\u00f3 el amparo tras considerar que en sentencia SC3148-2021, de esta Corporaci\u00f3n, se unific\u00f3 la jurisprudencia relativa a la fundamentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, concluyendo que \u00abla sustentaci\u00f3n deb\u00eda hacerse ante el Superior, a\u00fan bajo la vigencia del Decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
4. El recurrente reiter\u00f3 sus argumentos iniciales y critic\u00f3 que se diera al precedente citado por el Tribunal, un alcance distinto al que corresponde. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por la falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020 ha sido abordado por esta Sala en busca de reflexionar sobre el ponderado raciocinio que se debe realizar, en cada caso particular, para la aplicaci\u00f3n de dicha sanci\u00f3n en atenci\u00f3n a la suficiencia argumentativa con que sean planteadas las inconformidades en contra de la sentencia criticada. En ese sentido se dijo que: <\/p>\n
(\u2026) a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. (STC5790-2021). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
No significa lo anterior que se d\u00e9 v\u00eda libre para que el recurrente desconozca el t\u00e9rmino que el legislador le ha otorgado para la sustentaci\u00f3n de su alzada, pues no se discute que la anticipada actuaci\u00f3n comporta un proceder inadecuado frente a la administraci\u00f3n de justicia, empero, dicho comportamiento no es suficiente, dependiendo de la intensidad de la argumentaci\u00f3n, para desechar de plano el remedio vertical de origen constitucional. Ello se extrae del pronunciamiento en cita que al respecto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) sin duda cuando el recurrente aporta el escrito de sustentaci\u00f3n antes de la oportunidad contemplada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 act\u00faa de forma deficiente, lo que es censurable en la medida en que desatiende el mandato legal; no obstante, dada la naturaleza del error y su eventual intrascendencia frente a la carga de sustentar la alzada, es desproporcionado que se le sancione con la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que finiquit\u00f3 la primera instancia. (Resaltado de ahora) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es propicio recordar que las expresiones reparos concretos y sustentaci\u00f3n obedecen, en \u00faltimas, a la materializaci\u00f3n de una misma instituci\u00f3n procesal adoptada por la actual legislaci\u00f3n adjetiva, esto es, la pretensi\u00f3n impugnativa, figura que implic\u00f3 la delimitaci\u00f3n de la competencia del ad quem a los asuntos que espec\u00edficamente reprocha el apelante, punto de partida del que puede colegirse que la finalidad de estas dos cargas enunciadas corresponde a delimitar el escenario en el que se deber\u00e1 desarrollar el debate de la segunda instancia. <\/p>\n
En ese orden, en el contexto de la apelaci\u00f3n de sentencias, es dable comprender al reparo concreto como aquella enunciaci\u00f3n espec\u00edfica de una inconformidad desprovista de argumentaci\u00f3n dirigida en contra de una decisi\u00f3n judicial o parte de ella y que a su vez permite delinear los contornos dentro de los que se construir\u00e1 el acto de la sustentaci\u00f3n, entendido este como el ejercicio de justificaci\u00f3n con el que se pretende soportar el disentimiento propuesto. <\/p>\n
As\u00ed pues, la existencia de estas dos figuras (reparos concretos y sustentaci\u00f3n) comportan dos aspectos dis\u00edmiles para los cuales el legislador ha se\u00f1alado formas distintas en cuanto a su realizaci\u00f3n, pero que atienden a un mismo cometido que es el de limitar el ejercicio del ad quem, raz\u00f3n por la que puede colegirse que a pesar de no ser la forma id\u00f3nea y en vigencia del Decreto 806 de 2020, pueden incluso confluir en un mismo acto escrito u oral sin que ello desconozca la naturaleza propia de cada expresi\u00f3n o conlleve a la aplicaci\u00f3n irreflexiva de la deserci\u00f3n contemplada en la ley, pues siempre que logre deducirse suficiente, anticipada u oportunamente la sustentaci\u00f3n (argumentaci\u00f3n) de la alzada ser\u00e1 procedente su correspondiente tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Por otra parte, no se pierde de vista que la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustancial y que, en tal sentido, resulta significativo diferenciar que una cuesti\u00f3n significa frente a qui\u00e9n se interpone una sustentaci\u00f3n y otra muy distinta es a qui\u00e9n se halla dirigida, de manera tal que, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020 y trat\u00e1ndose del desarrollo argumentativo escrito de los reparos a la sentencia, desde el punto de vista ius fundamental, no resta valor que tal actividad sea elevada ante a quo o directamente a su superior funcional, pues en \u00faltimas, no queda duda que el destinatario de dicho raciocinio no es otro que el juez de segundo grado. <\/p>\n
De ah\u00ed que pueda predicarse que, si bien existe un escenario propicio para tal ejercicio de justificaci\u00f3n, su presentaci\u00f3n anticipada, bajo las circunstancias legislativas actuales, podr\u00e1 ser de recibo siempre que se ofrezcan los elementos necesarios para que el superior resuelva de fondo la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Establecido el anterior panorama y revisado el expediente del proceso cuestionando se observa que Juan Camilo Restrepo Montoya al momento de interponer sus reparos concretos aport\u00f3 un memorial de 15 p\u00e1ginas del cual se extraen, en concreto, las inconformidades respecto de la valoraci\u00f3n probatoria desplegada por el fallador de primer grado frente a las pruebas que a su juicio evidenciaban la \u00abmala fe\u00bb de su contraparte, reparo que desarroll\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
Las conductas de mala fe que venimos de referir, adem\u00e1s de haber sido acreditadas en primera instancia, fueron reconocidas en la sentencia, pero el Juez no le otorg\u00f3 la suficiente trascendencia al no estudiar con rigor, las consecuencias de un actuar de mala fe en la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de un contrato, pues simplemente se manifest\u00f3 que el abogado se equivoc\u00f3 en su asesor\u00eda y llev\u00f3 a errores a los contratantes, que no generan la nulidad o vicio en el contrato, veamos: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El Juez de Primera instancia, con la mala f\u00e9 evidenciada por parte del abogado JUAN PABLO MAR\u00cdN, en la asesor\u00eda del contrato, debi\u00f3 haber concluido que ello ten\u00eda completa trascendencia, pues no se pretend\u00eda ni la nulidad o vicio en el contrato, sino que se estudiara que fue precisamente con la mala asesor\u00eda que se logr\u00f3 el convencimiento del se\u00f1or JUAN CAMILO RESTREPO, lo que lo llev\u00f3 a celebrar un negocio que no cumpl\u00eda completamente con los requerimientos exigidos por las autoridades. (\u2026) <\/p>\n
De igual manera, se pas\u00f3 por alto el actuar de mala fe del abogado JUAN PABLO MAR\u00cdN al momento de la redacci\u00f3n de las cl\u00e1usulas del contrato, que no solo resultaban ambiguas y otras en contrav\u00eda de la ley, sino que deb\u00edan interpretarse a favor del se\u00f1or JUAN CAMILO RESTREPO, y en contra de quien las redact\u00f3 conforme el art\u00edculo 1624 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
De haberse estudiado el incumplimiento del contrato invocado por mi representado, desde la \u00f3ptica de la mala fe evidenciada con las actuaciones del apoderado JUAN PABLO MAR\u00cdN, como qued\u00f3 expuesto en la sentencia, debi\u00f3 encontrarlos de esta manera probados, pues los contratos deben ser celebrados de buena fe, y el abogado JUAN PABLO MAR\u00cdN, experto en asuntos contractuales como los que nos competen, no se equivoc\u00f3, sino que actu\u00f3 de mala fe en representaci\u00f3n y en provecho del se\u00f1or CAICEDO QUELAL (\u2026) <\/p>\n
De otro lado, como reparo concreto adicional acus\u00f3 que se acogiera una tacha de sospecha sobre sus testigos \u00absin el an\u00e1lisis exigido por el art\u00edculo 211 del C.G.P.\u00bb lo que justific\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
Como se observa al inicio de la sentencia, una de las primeras consideraciones del despacho, consisti\u00f3 en acoger la prosperidad de la tacha de sospecha formulada por el apoderado del demandado inicial, respecto de los se\u00f1ores Jos\u00e9 Jaime Restrepo Montoya y Natalia Andrea Hoyos, aplicando para ello de manera err\u00f3nea un argumento objetivo, consistente en la relaci\u00f3n de consanguinidad del primero de ellos respecto del demandante, y frente a la segunda, curiosamente tratando de aplicar el mismo argumento por afinidad, pero aceptando parad\u00f3jicamente que dicha se\u00f1ora ya no era la c\u00f3nyuge del demandante JUAN CAMILO RESTREPO. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Es por lo anterior, que no es acertado, como lo hizo el Juez de primera instancia, declarar la prosperidad de una tacha, sin analizar los motivos por los cuales la declaraci\u00f3n particular de cada testigo, resultaba sesgada o ama\u00f1ada respecto de las dem\u00e1s declaraciones o pruebas del proceso, sin que dicha tacha pudiese ser aplicada de manera objetiva o autom\u00e1tica por el solo hecho de la relaci\u00f3n de parentesco. Es que es obligaci\u00f3n del sentenciador al momento de definir una tacha, no solamente exponer como en este caso una supuesta relaci\u00f3n de parentesco, sino indicar cu\u00e1les son los puntos que lo llevan a descartar los hechos expuestos por los referidos testigos y en nuestro caso simplemente se dijo que prosperaba la tacha, sin realizar paralelo alguno entre dichas declaraciones y las dem\u00e1s pruebas existentes en el proceso. <\/p>\n
En esa l\u00ednea argumentativa, al referirse sobre cada testigo en particular se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Si se observa, el se\u00f1or Jos\u00e9 Jaime Restrepo, hermano del hoy demandante, declar\u00f3 conforme al conocimiento que de manera directa o por intermedio del demandante obtuvo de los hechos que interesan al proceso, sin ning\u00fan tipo de apasionamiento o inter\u00e9s particular en el resultado del proceso. Respecto de la se\u00f1ora Natalia Andrea Hoyos, se incurre igualmente en un error craso y evidente del despacho de primera instancia, al momento de reconocer que la mencionada testigo ya se hab\u00eda divorciado del se\u00f1or Juan Camilo Restrepo, para el momento de la declaraci\u00f3n (desde el mes de diciembre de 2020), por lo que no se entiende entonces, incluso bajo el err\u00f3neo argumento objetivo planteado en la sentencia, c\u00f3mo es posible que se sostenga que en dicha declaraci\u00f3n puede existir ausencia de imparcialidad, cuando ya se ten\u00eda claro que la se\u00f1ora Hoyos no era la c\u00f3nyuge actual del se\u00f1or JUAN CAMILO RESTREPO, pero que en todo caso, tampoco se observa en su declaraci\u00f3n una falta a la imparcialidad o intenci\u00f3n de favorecer tercamente al demandante. Es por lo anterior, que consideramos que la tacha de imparcialidad de los testigos no deb\u00eda prosperar, y por ende las declaraciones debieron ser valoradas al momento de dictar la sentencia de primera instancia, con los cuales se habr\u00eda logrado establecer que el se\u00f1or JUAN CAMILO RESTREPO, pretend\u00eda adquirir un establecimiento de comercio en un punto determinado, por lo que esperaba que se encontrara incluido el contrato de arrendamiento. <\/p>\n
Lo anterior, habr\u00eda dejado en evidencia la trascendencia de los incumplimientos del demandado, pues el demandante pretend\u00eda comprar un negocio completo y sin asuntos pendientes por resolver, con independencia de que as\u00ed fuese posible operar un Hostal, que en todo caso quedar\u00eda bajo la clandestinidad ante las autoridades. As\u00ed las cosas, el sentido de la sentencia habr\u00eda sido completamente diferente, pues se habr\u00eda declarado los incumplimientos invocados con la demanda y por ende la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa. <\/p>\n
Sobre su reparo relativo a la \u00abcesi\u00f3n del contrato de arrendamiento\u00bb argument\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) efectivamente es cierta la posici\u00f3n planteada al respecto, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de manera un\u00e1nime, pero en el caso concreto, tenemos que el se\u00f1or IVAN DANILO CAICEDO QUELAL, vendedor del establecimiento de comercio objeto de este proceso, NO ES EL ARRENDATARIO DEL LOCAL COMERCIAL donde funcionaba dicho establecimiento, pues recordemos que dicho contrato de arrendamiento se encontraba en cabeza del se\u00f1or ESTEBAN CASTILLO, y este \u00faltimo, quien fue testigo dentro del proceso, manifest\u00f3 categ\u00f3ricamente no conocer, ni tener ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n comercial ni contractual con el hoy demandado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es posible afirmar que la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento en nuestro caso oper\u00f3 de pleno derecho, puesto que el arrendador BANCASA no ha tenido ni siquiera la oportunidad de conocer al propietario del establecimiento que pretend\u00eda vender (IVAN DANILO CAICEDO), con quien no ten\u00eda relaci\u00f3n contractual ni jur\u00eddica alguna, y por lo tanto, los actos que este realiz\u00f3, no le son oponibles ni vinculantes. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista lo manifestado por los testigos de la parte demandada, cuando sostienen que el se\u00f1or ESTEBAN CASTILLO, al parecer por convenio con el fundador del Hostal, JHONATAN VALDERRAMA, le subarrend\u00f3 totalmente el local comercial a este \u00faltimo, lo cual se encuentra prohibido por la ley comercial (art.523 del Co de Co). <\/p>\n
Bajo lo anterior, el se\u00f1or JHONATAN VALDERRAMA, no podr\u00eda reputarse legalmente como arrendatario del local comercial donde funcionaba el establecimiento de comercio que hoy nos ocupa, pues ello sucedi\u00f3 sin la autorizaci\u00f3n expresa de la arrendadora, la cual brilla por su ausencia en este asunto. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, si el Juez se hubiese detenido a analizar que la cesi\u00f3n en el caso concreto, no aplicaba de pleno derecho, por cuanto no podr\u00eda vincular a un arrendador que no tiene relaci\u00f3n alguna con el vendedor del establecimiento, habr\u00eda dado por establecido el incumplimiento del contrato de compraventa que se ataca en este proceso (\u2026) <\/p>\n
En lo que corresponde a su queja por la imposici\u00f3n de \u00ablas obligaciones contenidas en la cl\u00e1usula sexta del contrato de compraventa\u00bb justific\u00f3 que: <\/p>\n
Si el se\u00f1or RESTREPO no recibi\u00f3 adecuadamente el establecimiento objeto de la compraventa, no podr\u00eda entenderse que las obligaciones generadas a partir de la entrega, como c\u00e1nones de arrendamiento y servicios p\u00fablicos, eran de su cargo. Debiendo se\u00f1alarse de paso, que no es cierto como se dijo en la sentencia que el establecimiento estuviese siendo operado o explotado por mi poderdante (\u2026) <\/p>\n
No obstante, vale la pena llamar la atenci\u00f3n del Juez de segunda instancia, en un aspecto no analizado en la sentencia de primera y que de haberse considerado la decisi\u00f3n habr\u00eda sido otra frente a las cargas impuestas a JUAN CAMILO RESTREPO, y es que aludiendo al art\u00edculo 528 del Co de Co., tenemos como obligaci\u00f3n del vendedor de un establecimiento la notificaci\u00f3n de la venta a los acreedores del mismo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En nuestro caso, brilla por su ausencia la notificaci\u00f3n a los acreedores del establecimiento, por parte de IVAN DANILO CAICEDO, lo cual qued\u00f3 confesado en su interrogatorio de parte, prueba de confesi\u00f3n que no observ\u00f3 el despacho de primera instancia, despachando desfavorablemente la configuraci\u00f3n de los incumplimientos invocados con la demanda conforme a la cl\u00e1usula cuarta del contrato, no pudi\u00e9ndose liberar de la responsabilidad solidaria que recae en su cabeza sobre las obligaciones derivadas del establecimiento de comercio por el solo transcurso del tiempo, como desafortunadamente lo entiende el fallador de primera instancia. <\/p>\n
Sobre el quinto reproche desarroll\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) el despacho consider\u00f3 que tales incumplimientos no se configuraron en el caso concreto, adem\u00e1s de la ausencia de trascendencia para declarar un incumplimiento. No obstante, no existe prueba alguna diferente a la declaraci\u00f3n del se\u00f1or JHONATAN VALDERRAMA que certificara que efectivamente dichas obligaciones se encontraban satisfechas, y dichas adecuaciones o cumplimientos requieren de un est\u00e1ndar de prueba m\u00e1s alto, que no puede satisfacerse con una simple manifestaci\u00f3n, pues estas autorizaciones o certificaciones requieren del aval de las autoridades respectivas. Y ello brilla por su ausencia en este proceso. (\u2026) <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al reparo respecto de \u00abla obligaci\u00f3n de hacer uso de la cl\u00e1usula de indemnidad\u00bb, adujo que: <\/p>\n
Es que los mensajes cruzados con el apoderado de la parte demandada, si bien no constituyen un requerimiento expreso sobre el incumplimiento de las obligaciones del vendedor contenidas en la cl\u00e1usula cuarta del contrato, no puede perderse de vista, que ello era prueba irrefutable de incumplimiento, y no satisfacci\u00f3n efectiva de dichas obligaciones. Por lo tanto, si era de conocimiento del demandado obligaciones pendientes no satisfechas para el momento de la entrega, no se entiende por qu\u00e9 motivo no se dio atenci\u00f3n a las mismas incluso antes de solicitarse la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa para el 30 de abril de 2020. <\/p>\n
Respecto de su reproche en torno a las \u00abrestituciones mutuas\u00bb indic\u00f3: <\/p>\n
Es que, si el demandado IVAN DANILO CAICEDO se encontraba obligado a cumplir una serie de obligaciones indisolubles y qued\u00f3 probado en el proceso que no las cumpli\u00f3, se configura la excepci\u00f3n de contrato no cumplido y por ende la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita. En ese sentido, no podr\u00edan prosperar las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n, tal como lo estim\u00f3 el despacho de primera instancia <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que lo expuesto por el precursor, m\u00e1s all\u00e1 de la denominaci\u00f3n del escrito, devela los elementos requeridos por el legislador para que pueda resolverse de fondo la impugnaci\u00f3n propuesta, esto es los reparos concretos a la decisi\u00f3n (indebida apreciaci\u00f3n probatoria, evaluaci\u00f3n de tachas propuestas, aplicaci\u00f3n de normativa sustancial, entre otras) como el ejercicio argumentativo de porque considera fundadas sus inconformidades precisas. De all\u00ed que la deserci\u00f3n decretada luzca irreflexiva de cara a lo expuesto. <\/p>\n
5. Ahora bien, no significa lo anterior que el actuar del apoderado haya sido adecuado conforme a las normas que regulan el asunto, pues como ya se dijo, omitir la realizaci\u00f3n de la sustentaci\u00f3n en la etapa prevista espec\u00edficamente por el legislador devela un actuar deficiente por parte del mandatario y un desconocimiento ostensible a su deber de observancia diligente de los t\u00e9rminos procesales prestablecidos. Empero, al hallarse de alguna manera desarrollados sus reparos, mal se har\u00eda en cercenar a la parte que representa el derecho supralegal de impugnar las decisiones adversas. <\/p>\n
6. Finalmente, en lo que respecta a la sentencia SC3148-2021 proferida por esta Corporaci\u00f3n, sobre la cual el a quo constitucional fund\u00f3 su decisi\u00f3n, valga decir que la unificaci\u00f3n jurisprudencial all\u00ed contenida ata\u00f1e al tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n bajo las reglas del C\u00f3digo General del Proceso donde impera la oralidad y no respecto de la legislaci\u00f3n adjetiva actual derivada de la emergencia sanitaria, pues como en esa oportunidad bien se dijo: <\/p>\n
En tiempo muy pr\u00f3ximo, de forma un\u00e1nime, la Sala reiter\u00f3 su postura en los fallos STC 005, STC 368, STC 713, STC 882, STC 1738, STC 2846, STC 2963 STC 3179 y STC 387 todos del presente a\u00f1o (2021), sin perjuicio, claro est\u00e1, de la vigencia del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, mediante el cual se estableci\u00f3 la sustentaci\u00f3n escrita de la apelaci\u00f3n, modificaci\u00f3n adoptada como medida de emergencia para ayudar a conjurar la crisis generada por la pandemia provocada por el virus covid-19, norma no aplicable en este caso. <\/p>\n
7. En definitiva, como quiera que el actor present\u00f3 reparos concretos a la decisi\u00f3n reprochada y que los mismos fueron sustentados, aun de forma anticipada a la etapa prevista por el legislador, de manera tal que resultan suficientes los argumentos para desatar la alzada, no queda alternativa diferente a la de revocar el veredicto impugnado para, en su lugar, conceder el amparo invocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
En su lugar, CONCEDE la tutela implorada por Juan Camilo Restrepo Montoya. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin efecto el interlocutorio de 18 de junio de 2021, a trav\u00e9s del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que el accionante interpuso contra el fallo proferido en el proceso n\u00b0 050014003009-2020-00484-02 y las dem\u00e1s providencias que de \u00e9l dependan, para que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, adopte las medidas necesarias a fin de continuar con el tr\u00e1mite de la alzada en comento. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC13326-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC13326-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2021-00425-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). ANTECEDENTES 1. El gestor pidi\u00f3 que se deje sin efectos el auto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58331","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58331","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58331"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58331\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58331"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58331"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58331"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}