STC13341-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13341-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2021-00504-01\u202f <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Servicios de Mantenimiento El\u00e9ctrico de la Costa & C\u00eda. formul\u00f3 frente a la sentencia de 24 de agosto de 2021 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso ejecutivo No. 2015-00753-00. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad solicitante pidi\u00f3 que se dejen sin valor y efecto los autos por medio de los cuales se neg\u00f3 la entrega de los t\u00edtulos judiciales (20 abril y 2 julio 2021), para que, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial que proceda a cumplir la orden de entrega de dineros contenida en prove\u00eddo de 14 de enero de 2021. <\/p>\n
Como soporte de su pretensi\u00f3n adujo que present\u00f3 ante el Juez 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla la acumulaci\u00f3n de una demanda ejecutiva contra la empresa Transporte Ingenier\u00eda Construcciones y Maquinaria S.A. TICOM S.A. (02 octubre 2017). <\/p>\n
Indic\u00f3 que, surtido el tr\u00e1mite de rigor, mediante auto de 14 de enero de 2021 se aprob\u00f3 sin modificaciones la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito de la Sociedad Servicios de Mantenimiento El\u00e9ctrico de la Costa & C\u00eda. Ltda., y se orden\u00f3 que una vez estuviera ejecutoriada la providencia, se hiciera entrega a la parte demandante de los dineros hasta la concurrencia de su cr\u00e9dito; sin embargo, encontr\u00e1ndose en firme la orden de pago, el Juzgado 2\u00ba Promiscuo del Circuito de Maicao remiti\u00f3 un oficio en el que comunic\u00f3 \u00abel embargo y secuestro de los bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar el remanente del producto de los embargados de la demandada Ticom S. A. y tambi\u00e9n se orden\u00f3 el embargo de los bienes embargados de propiedad de la demandada, en este proceso\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que en atenci\u00f3n a lo anterior, el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla neg\u00f3 la solicitud de pago a favor de Sociedad Servicios de Mantenimiento El\u00e9ctrico de la Costa & C\u00eda. Ltda., para lo cual adujo que: 1) la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito del proceso ejecutivo principal no estaba en firme, toda vez que frente a la misma se promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n y 2) el cr\u00e9dito comunicado por el Juzgado 2o Promiscuo del Circuito de Maicao goza de privilegio, por tratarse de un asunto de origen laboral (20 abril 2021). Contra esa decisi\u00f3n interpuso recurso de reposici\u00f3n, pero la decisi\u00f3n se mantuvo inc\u00f3lume (3 julio 2021). <\/p>\n
A juicio del censor, la autoridad judicial accionada desconoci\u00f3 el art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso que establece que el recurso de apelaci\u00f3n frente a las decisiones que resuelven sobre la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito \u00abse tramitara en el efecto diferido, no impedir\u00e1 efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelaci\u00f3n\u00bb y pas\u00f3 por alto que el oficio proveniente del Juzgado 2\u00ba Promiscuo del Circuito de Maicao fue radicado cuando la orden de entrega de dineros ya estaba en firme. <\/p>\n
2. UNISPAN COLOMBIA S.A.S., en calidad de demandante en el proceso ejecutivo principal, coadyuv\u00f3 la solicitud de entrega de los dineros en proporci\u00f3n a las liquidaciones del cr\u00e9dito aprobadas y cuyo monto no est\u00e1 en discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Barranquilla hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el expediente y precis\u00f3 que no ha efectuado la entrega de dineros solicitada por la parte actora, en raz\u00f3n a la existencia de una orden de embargo comunicada por el Juzgado 2o Promiscuo del Circuito de Maicao, quien en su oficio indic\u00f3 que se trata de un cr\u00e9dito de origen laboral, por lo que tiene prevalencia sobre el asunto tramitado por la sede judicial de Barranquilla. Por lo anterior, solicit\u00f3 que se niegue el amparo reclamado. <\/p>\n
3. La Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla desestim\u00f3 el ruego por estimar que la decisi\u00f3n censurada se fund\u00f3 en argumentos claros y consideraciones consistentes soportados en la regulaci\u00f3n sobre la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos la concurrencia de embargos. <\/p>\n
4. La sociedad actora impugn\u00f3 y para tal fin reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito introductorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Delanteramente anuncia la Sala que la decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 confirmada, toda vez que la decisi\u00f3n reprochada no luce arbitraria o caprichosa, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
Del escrito de tutela se colige que la sociedad gestora se duele de la decisi\u00f3n por medio de la cual el Juzgado accionado neg\u00f3 la solicitud de entrega de dineros, en raz\u00f3n a la existencia de un embargo de remanentes (20 abril de 2021), pues a su juicio tal determinaci\u00f3n desconoce que la orden de pago de los t\u00edtulos judiciales existentes en el proceso hab\u00eda sido proferida en otro prove\u00eddo (14 enero 2021) que se encontraba en firme para la data en que fue radicado el oficio de embargo de remanentes proveniente del Juzgado 2\u00ba Promiscuo del Circuito de Maicao. <\/p>\n
Encuentra la Sala que, efectivamente, mediante auto calendado el 14 de enero de 2021, la sede judicial fustigada aprob\u00f3 sin modificaciones la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la ejecutante acumulada Servicios de Mantenimientos El\u00e9ctricos de la Costa y C\u00eda. Ltda.; adem\u00e1s, sin aducir argumento alguno, dispuso \u00ab[e]jecutoriado esta providencia, h\u00e1gase entrega a la parte demandante de los dineros retenidos hasta la concurrencia de su cr\u00e9dito y sus costas\u00bb; no obstante, tras la solicitud de la aqu\u00ed actora para que se hiciera entrega de los t\u00edtulos judiciales, el Juzgado no accedi\u00f3 a lo peticionado por estimar que: 1) es la Oficina de Apoyo quien se encarga de recepcionar las solicitudes y expedir las correspondientes \u00f3rdenes de pago, si a ello hubiere lugar, 2) el proceso ejecutivo est\u00e1 integrado por un cr\u00e9dito principal y uno acumulado, por lo que para la distribuci\u00f3n de dineros es necesario que dichas ejecuciones se encuentren en la misma etapa procesal, situaci\u00f3n que no se ha dado en el caso, toda vez que si bien en el proceso acumulado se encuentra ejecutoriada la providencia por medio de la cual se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n adicional del cr\u00e9dito, no as\u00ed respecto de la ejecuci\u00f3n seguida en el proceso principal por Unispan de Colombia S.A., dado que respecto de la misma se present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n y 3) el cr\u00e9dito comunicado por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao tiene prelaci\u00f3n por tratarse de un proceso de origen laboral. <\/p>\n
Ahora, frente a dicha determinaci\u00f3n la aqu\u00ed actora promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, medio de impugnaci\u00f3n que no fue pr\u00f3spero, habida cuenta que el Juzgado accionado hall\u00f3 que en el caso concreto deb\u00eda darse aplicaci\u00f3n a la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. Sobre el particular precis\u00f3: <\/p>\n
A su modo de ver, si bien se recibi\u00f3 una orden de embargo proveniente de un Juzgado Promiscuo del Circuito de Maicao, y que tiene como origen un conflicto de tipo laboral, el Despacho perdi\u00f3 de vista que la liquidaci\u00f3n cuyo pago se solicita, se encontraba ejecutoriada con anterioridad a la llegada del mentado oficio, y que la prelaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos corresponde hacerla al juez del proceso civil y no del laboral. <\/p>\n
Lo primero sea advertir que la prelaci\u00f3n de embargo est\u00e1 establecida por la ley sustancial, conforme se lee en el art\u00edculo 2495 del C.C., y ser\u00e1 entonces el orden all\u00ed consagrado el que deba seguirse a la hora de distribuir el pago de diferentes obligaciones provenientes de un mismo deudor; por su parte, el art\u00edculo 463 del C.G.P., de ninguna manera establece que corresponde al juez civil hacer dicha prelaci\u00f3n, sino, que la ley asigna al juez del proceso civil la distribuci\u00f3n del producto embargado. <\/p>\n
En otras palabras, confunde el togado, la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos con la distribuci\u00f3n, \u00faltimo aspecto que es netamente procesal y que debe hacerse con base en aquella. <\/p>\n
Por otro lado, no puede pretenderse el pago de la obligaci\u00f3n civil, con desconocimiento de la prelaci\u00f3n del cr\u00e9dito laboral, por el hecho que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito del proceso civil y la orden de entrega se encontraran ejecutoriadas con anterioridad al recibido del oficio proveniente del Juzgado Promiscuo del Circuito de Maicao, puesto que ello configurar\u00eda un desconocimiento a lo dispuesto en la ley sustancial, ya que la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos no est\u00e1 condicionada al momento procesal en que se reciban eventualmente las cautelas provenientes de otros juzgados. <\/p>\n
La prelaci\u00f3n obedece a la existencia de una causa de privilegio, que en este caso es la naturaleza del cr\u00e9dito que se cobra en el Juzgado de Maicao, la cual es de origen laboral y su lugar en el orden legal en manera alguna puede desconocerse por un hecho que no tiene la virtud de generar tal efecto en la norma sustancial. <\/p>\n
No pude perderse de vista que aunque en un aparte de la providencia en cita el Juzgado aludi\u00f3 a la prelaci\u00f3n de embargos, lo cierto es que el resto del contenido de la providencia permite evidenciar que la sede judicial dio aplicaci\u00f3n a la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos regulada en el art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil, norma a partir de la cual el legislador estableci\u00f3 la preferencia que debe tener en cuenta el Juez para efectuar el pago a los acreedores que demandan a un mismo deudor. Sobre este \u00edtem la Corte ha establecido que: <\/p>\n
3. Esta Sala en reiterados pronunciamientos1, ha estudiado la distinci\u00f3n entre prelaci\u00f3n de embargos y de cr\u00e9ditos, al decidir un caso de similares contornos, en coherencia con los planteamientos de la Sentencia C-664 de 20062, donde se delimitaron, como rasgos diferenciadores de tales fen\u00f3menos jur\u00eddicos, los siguientes: <\/p>\n
\u201cLa prevalencia de embargos es una figura de car\u00e1cter procesal a ser aplicada por el registrador, que se materializa en el registro de instrumentos p\u00fablicos y atiende la finalidad propia de las medidas cautelares: garantizar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n debida y evitar la insolvencia del deudor. En el registro el principio es el de la prevalencia de los embargos, en consideraci\u00f3n a la jerarqu\u00eda de las acciones en que se originen, y la excepci\u00f3n es la concurrencia de embargos, lo que se refleja en la decisi\u00f3n del legislador de garantizar que s\u00f3lo exista un embargo en el folio \u00fanico de matr\u00edcula inmobiliaria. Por su parte, la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos es de car\u00e1cter sustancial, que consiste en una graduaci\u00f3n de los mismos efectuada por el legislador, que corresponde al juez aplicarla en los procesos judiciales y cuya finalidad es cumplir con el pago efectivo de las obligaciones a cargo del deudor, en el orden de preferencia establecido, de tal suerte que si obligaciones pecuniarias del deudor frente a diferentes acreedores no pueden ser cumplidas con los bienes existentes, se pagar\u00e1n hasta donde sea posible y de acuerdo con el orden fijado por la ley\u00bb(\u2026)3. <\/p>\n
En punto del orden de pagos, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil, adicionado por el art\u00edculo 134 del Decreto 2737 de 1989, estim\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La \u00abprenda general de los acreedores\u00bb est\u00e1 constituida por todos los bienes del deudor, salvo los no embargables, de manera que todos los acreedores tienen derecho a exigir la ejecuci\u00f3n forzada de la obligaci\u00f3n. El art\u00edculo 2488 del C\u00f3digo Civil consagra este derecho as\u00ed: \u00abToda obligaci\u00f3n personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecuci\u00f3n sobre todos los bienes ra\u00edces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptu\u00e1ndose solamente los no embargables designados en el art\u00edculo 1677.\u00bb As\u00ed, el art\u00edculo 2492 del C\u00f3digo Civil establece: \u00ablos acreedores, con las excepciones indicadas en el art\u00edculo 1677 (bienes inembargables), podr\u00e1n exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de sus cr\u00e9ditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga \u00edntegramente, si fueren suficientes los bienes, y en caso de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir ciertos cr\u00e9ditos, seg\u00fan la clasificaci\u00f3n que se sigue.\u00bb <\/p>\n
Con tal fin, el legislador prev\u00e9 un sistema de preferencias, dependiendo de la calidad del cr\u00e9dito. La prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos es pues, el conjunto de reglas que determinan el orden y la forma en que debe pagarse cada uno de ellos. Se trata entonces de una instituci\u00f3n que rompe el principio de igualdad jur\u00eddica de los acreedores, de modo que debe ser interpretada restrictivamente, ya que no hay lugar a decretar preferencias por analog\u00eda; s\u00f3lo existen aquellas expresamente contempladas en la ley (\u2026)\u201d4. (\u2026) (STC-159 2021) <\/p>\n
Las reglas se\u00f1aladas impon\u00edan a la Juzgadora censurada que, pese a que el auto del 14 de enero de 2021 estuviera en firme, se abstuviera de disponer la entrega de los dineros existen para el cobro coercitivo aludido, habida cuenta que el Juzgado 2\u00ba Promiscuo del Circuito de Maicao le comunic\u00f3 la existencia de un embargo de remanentes con origen en un acreencia de naturaleza laboral, asunto que se encuentra enlistado en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil como aquellos que tienen prelaci\u00f3n, seg\u00fan disposici\u00f3n consignada en el art\u00edculo 2496 que a su tenor literal establece: <\/p>\n
Los cr\u00e9ditos enumerados en el art\u00edculo precedente afectan todos los bienes del deudor; y no habiendo lo necesario para cubrirlo \u00edntegramente, preferir\u00e1n unos a otros en el orden de su numeraci\u00f3n, cualquiera que sea su fecha, y los comprendidos en cada n\u00famero concurrir\u00e1n a prorrata. Los cr\u00e9ditos enumerados en el art\u00edculo precedente no pasar\u00e1n en caso alguno contra terceros poseedores. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que a diferencia de lo que sucedi\u00f3 en la providencia del 14 de enero de 2021 en la que se orden\u00f3, se insiste, sin argumento alguno, el pago de los t\u00edtulos judiciales existentes en el proceso, en las providencias cuestionadas por esta senda se expusieron argumentos fuertes para no materializar la entrega de los dineros consignados a \u00f3rdenes de la sede judicial, no solo por la existencia del embargo de remanentes con prelaci\u00f3n de cr\u00e9dito, con lo cual se dio prevalencia al derecho sustancial; sino adem\u00e1s, porque la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito de la demanda principal no estaba en firme, pues el auto que la aprob\u00f3 fue apelado, circunstancia esta que se encuentra en plena armon\u00eda con lo previsto en el art\u00edculo 463 del C\u00f3digo General del Proceso que para la acumulaci\u00f3n de demandas en procesos ejecutivos establece que es necesario \u00abc) Que se practique conjuntamente la liquidaci\u00f3n de todos los cr\u00e9ditos y las costas\u00bb. <\/p>\n
Este \u00faltimo argumento permite afirmar que la aqu\u00ed actora no puede pretender la aplicaci\u00f3n del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 446 ib\u00eddem, en el parte que alude a que el recurso de apelaci\u00f3n que se promueva contra el auto que modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito de la demanda principal \u00abse tramitar\u00e1 en el efecto diferido, no impedir\u00e1 efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelaci\u00f3n\u00bb, toda vez que en el sub judice tambi\u00e9n deben atenderse las reglas de la acumulaci\u00f3n de demandas en procesos ejecutivos que, como se vio, imponen la liquidaci\u00f3n conjunta, de la demanda principal y acumulada, de los cr\u00e9ditos y las costas. De igual forma, ha de darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 465 del mismo estatuto procesal que establece que cuando en un proceso ejecutivo laboral, de jurisdicci\u00f3n coactiva o de alimentos se decrete el embargo de bienes embargados en uno civil, \u00ab[e ]l proceso civil se adelantar\u00e1 hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, se solicitar\u00e1 al juez laboral, de familia o fiscal la liquidaci\u00f3n definitiva y en firme, debidamente especificada, del cr\u00e9dito que ante \u00e9l se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se har\u00e1 la distribuci\u00f3n entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelaci\u00f3n establecida en la ley sustancial\u00bb, norma esta que debe seguirse en el caso concreto, si en cuenta se tiene que el proceso que dio origen al embargo de remanentes es de naturaleza laboral. <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021). <\/p>\n
Por lo expuesto, comoquiera que la decisi\u00f3n cuestionada no es caprichosa, antojadiza o abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, se ratificar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
1\u0002 Corte Suprema de Justicia Rad. 02187-01 de 2018 y 00154-01 de 2019. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional Sentencia C- 664 de 2006. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC9907-2015 de 30 de jul. 2015, rad. 2015-00273-01. <\/p>\n
4\u0002 Corte Constitucional Sentencia C-092 de 2002 <\/p>\n
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