STC13345-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13345-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05000-22-13-000-2021-00170-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 16 de septiembre de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Gerardo Alonso Herrera contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular que inici\u00f3 (rad. 2021-00123). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que interpuso la precitada demanda en contra del \u00abnotario\u00bb del municipio de Donmat\u00edas (Antioquia), cuyo conocimiento por reparto correspondi\u00f3 al estrado judicial accionado, pero este despacho precis\u00f3 \u00abno tener competencia para dar tr\u00e1mite a mi acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en resumen, que se ordene a la autoridad requerida admitir la acci\u00f3n popular, \u00abvalorar el auto donde el [T]ribunal de Antioquia admite mi alzada contra un ciudadano notario, pues de no ser COMPETENTE LA JURISDICCI\u00d3N CIVIL, el [T]ribunal no pudo admitir la alzada\u00bb, y, se garantice lo preceptuado en los art\u00edculos 5\u00b0 y 84\u00b0 de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Santa Rosa de Osos manifest\u00f3 que \u00abes cierto que en este despacho se recibi\u00f3 el 12 de julio de 2021, proveniente del Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Osos, acci\u00f3n popular re direccionada (sic) por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Cruz, y que fuera promovida por el se\u00f1or Gerardo Herrera, C.C. 9.910.968 en contra de la Notar\u00eda del Municipio de Donmat\u00edas, Antioquia, a la que adem\u00e1s se adjunt\u00f3 el auto N\u00b0 263 del 25 de junio de 2021, mediante el cual el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de Medell\u00edn, declar\u00f3 la \u201cFALTA DE JURISDICCI\u00d3N, para conocer de la acci\u00f3n popular que inici\u00f3 con demanda del se\u00f1or GERARDO HERRERA contra LA NOTAR\u00cdA \u00daNICA DEL MUNICIPIO DE DONMAT\u00cdAS \u2013 ANTIOQUIA\u201d, estimando que el conocimiento del caso le correspond\u00eda este despacho\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, con prove\u00eddo n.\u00b0 55 del 22 de julio hoga\u00f1o, al considerar que no es la jurisdicci\u00f3n ordinaria civil la competente para tramitar la precitada demanda, propuso \u00abconflicto\u00bb ante \u00abel Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un conflicto entre distintas jurisdicciones, a donde se orden\u00f3 remitir el expediente de manera inmediata. Dicha decisi\u00f3n fue notificada al demandante tanto por estados electr\u00f3nicos a trav\u00e9s de TYBA como a su correo electr\u00f3nico\u00bb, determinaci\u00f3n frente a la cual \u00abel demandante Gerardo Herrera interpuso recurso de reposici\u00f3n y nulidad contra el auto proferido por este despacho que declar\u00f3 la falta de jurisdicci\u00f3n y provoc\u00f3 el conflicto; lo cual fue decidido mediante auto N\u00b0 56 del mismo 23 de julio de 2021, por el cual se rechazaron por improcedentes\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de Medell\u00edn sostuvo que le correspondi\u00f3 por reparto la acci\u00f3n popular objeto de esta tutela, que a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 25 de junio de los corrientes declar\u00f3 la falta de jurisdicci\u00f3n y envi\u00f3 el expediente al estrado judicial enjuiciado. Por lo anterior, solicit\u00f3 desestimar las pretensiones, comoquiera que no se cumplen los presupuestos de procedencia. <\/p>\n
3. La Corte Constitucional adujo que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, aunado a que \u00absi bien se aportaron varios archivos que fueron puestos a consideraci\u00f3n de esta Corte para emitir una respuesta a esta acci\u00f3n de tutela, los documentos anexos corresponden a actuaciones propias de un tr\u00e1mite judicial en la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Tras la revisi\u00f3n general de los mismos, no se observa de qu\u00e9 manera esta Corte, pueda tener alguna injerencia, participaci\u00f3n, o afectaci\u00f3n con el desarrollo de dichas actuaciones judiciales\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el amparo, al no hallar cumplido el requisito de subsidiariedad, en tanto, se encuentra en tr\u00e1mite la decisi\u00f3n que resuelva el conflicto jurisdiccional provocado, por lo que \u00aba\u00fan pende del escrutinio judicial y, por ende, en el presente caso no es dable afirmar que para el momento actual tal decisi\u00f3n alcance a crear, extinguir, o modificar alg\u00fan derecho y por lo mismo es incapaz de emanar el defecto que enrostra el tutelante como lesivo a su garant\u00eda fundamental, pues en realidad, los efectos y alcance de la providencia objeto de reproche constitucional a\u00fan no se concretan en decisi\u00f3n judicial en firme, puesto que como atr\u00e1s se indic\u00f3, el conflicto de competencias formulado por la Juez Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos en la acci\u00f3n popular referenciada en el escrito tutelar, a\u00fan no se ha resuelto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante recurri\u00f3 la precitada sentencia, indicando que \u00abmanifiesto que si la vulneraci[\u00f3]n es inminente desde cualquier [\u00f3]ptica, no es necesario interponer la reposici[\u00f3]n, como mal lo cre[e] el fallador, pues en ca[s]os excepcionales el recurso de reposici[\u00f3]n debe [c]eder a fin de garantizar art 29 CN, pues en nada afecta su interposici\u00f3n o no, para que el juez de amparo de la protecci\u00f3n pedida, M[\u00c1]XIME EN UNA ACCI[\u00d3]N CONSTITUCIONAL COMO LO ES LA POPULAR\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el juzgador encartado incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite que se revisa, por desprenderse del conocimiento de la acci\u00f3n popular y provocar el conflicto que se encuentra pendiente de definici\u00f3n ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Del car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Ligado al criterio subsidiario, se ha destacado que este tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite judicial cuestionado. De la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le incumbe resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. En el presente asunto, la censura est\u00e1 encaminada a cuestionar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos decidi\u00f3 desprenderse del conocimiento de la acci\u00f3n popular, tras considerar que carec\u00eda de competencia para tramitarla, ya que, \u00abno es la jurisdicci\u00f3n ordinaria civil la competente para conocer de la ACCI\u00d3N POPULAR incoada en contra de la NOTAR\u00cdA \u00daNICA DEL C\u00cdRCULO DE DON MAT\u00cdAS, ANTIOQUIA, si no la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, por cuanto el reclamo del actor est\u00e1 encaminado a la funci\u00f3n p\u00fablica que el estado le ha confiado a los notarios\u00bb. <\/p>\n
Cabe resaltar que, el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de Medell\u00edn, fue la autoridad que preliminarmente conoci\u00f3 del asunto y dispuso su remisi\u00f3n mediante auto del 25 de junio de 2021 al ahora accionado, luego de estimar que \u00abel conocimiento no corresponde a esta jurisdicci\u00f3n porque la demanda se dirige contra la NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DEL MUNICIPIO DE DON MAT\u00cdAS, y para que el asunto sea de nuestra competencia se debe originar en actos, acciones u omisiones en los que est\u00e9n involucrada una entidad p\u00fablica o particulares que desempe\u00f1en funci\u00f3n administrativa, de conformidad con el art\u00edculo 15 de la Ley 472 de 1998; y el notariado es un servicio p\u00fablico y funci\u00f3n p\u00fablica a cargo del estado, pero no es funci\u00f3n administrativa, como tampoco una notar\u00eda es una entidad estatal\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, el despacho querellado provoc\u00f3 el conflicto jurisdiccional, a trav\u00e9s de providencia del 22 de julio del presente a\u00f1o, para lo cual envi\u00f3 el expediente por correo electr\u00f3nico al Consejo Superior de la Judicatura, corporaci\u00f3n que a su vez remiti\u00f3 el asunto a la Corte Constitucional el 2 de agosto de la presente anualidad. <\/p>\n
Una vez realizada la consulta por medio del aplicativo \u00abconsulta conflictos de jurisdicci\u00f3n\u00bb de la p\u00e1gina web del tribunal constitucional, se observ\u00f3 que el proceso est\u00e1 identificado con el radicado CJU0001189 y a la fecha est\u00e1 pendiente su definici\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, la Sala relieva que la negativa del amparo habr\u00e1 de ratificarse, por encontrarse prematuro, en la medida en que a\u00fan se desconoce qu\u00e9 posici\u00f3n pueda adoptar la Corte Constitucional, respecto de la atribuci\u00f3n para conocer y tramitar la acci\u00f3n popular impetrada por el gestor. <\/p>\n
Entonces, mientras no exista pronunciamiento que dirima la situaci\u00f3n planteada, no le es viable al fallador constitucional irrumpir en la causa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n expuso en torno a una similar discusi\u00f3n en sede de tutela, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el presente asunto se advierte que el despacho accionado adopt\u00f3 su decisi\u00f3n al estimar que no le correspond\u00eda asumir el conocimiento del libelo, y en esa medida, envi\u00f3 dicho expediente al que consider\u00f3 que lo era, en aplicaci\u00f3n de la norma rese\u00f1ada. Asimismo, se colige que (\u2026) el funcionario al que corresponda por reparto el asunto, decidir\u00e1 si asume conocimiento de la demanda que interpuso el actor o suscita un conflicto negativo de competencia, sin que le sea dable al juez de tutela emitir un pronunciamiento al respecto, pues invadir\u00eda \u00f3rbitas que no son de su resorte (\u2026) Lo anterior, significa que es en el tr\u00e1mite que se est\u00e1 surtiendo, en donde se tomar\u00e1n las decisiones correspondientes sobre la competencia alegada\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2012, exp. 00816-01; reiterada en STC14241-2018, 31 oct. 2018, rad. 00774-01). <\/p>\n
Con todo, se itera, le est\u00e1 vedado a esta justicia especial anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que deben resolverse en otro escenario, o pronunciarse sobre aspectos adyacentes al tema que, en todo caso, incumbe que se decanten en el proceso. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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