STC13347-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13347-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01070-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 10 de junio de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Colbank S.A. (Banca de Inversi\u00f3n) contra la Superintendencia de Sociedades y DMG Grupo Holding S.A.-en liquidaci\u00f3n-. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora1 procur\u00f3 la salvaguarda de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa, propiedad, buen nombre y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La convocante suscribi\u00f3 promesa de compraventa con Luis Eduardo Guti\u00e9rrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yepes el 3 de junio de 2008. En dicho negocio, se comprometi\u00f3 a vender 3 inmuebles2, bajo la condici\u00f3n que \u00ablos promitentes compradores podr\u00e1n ceder todo o en parte los derechos y obligaciones [\u2026] a una entidad fiduciaria, vigilada por la Superintendencia Financiera3\u00bb. <\/p>\n
2.2. No obstante, las partes no acudieron en la fecha acordada4 ante la Notar\u00eda 39 de Bogot\u00e1 con objeto de protocolizar la escritura. <\/p>\n
2.3. Por auto del 17 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Sociedades orden\u00f3 la intervenci\u00f3n de DMG Grupo Holding S.A. por captaci\u00f3n ilegal de dineros y lavado de activos. De tal suerte que, dio inicio al tr\u00e1mite establecido en los Decretos 4334 y 4705 de 2005, para la toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y establecimientos de comercio de la sociedad, as\u00ed como, su posterior liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Acto seguido, la Superintendencia accionada expidi\u00f3 certificaci\u00f3n en la que hizo una relaci\u00f3n de las personas naturales y jur\u00eddicas que, junto con DMG Grupo Holding, fueron objeto de la citada intervenci\u00f3n. Empero, no se mencion\u00f3 a la aqu\u00ed promotora. <\/p>\n
2.5. Ante tal determinaci\u00f3n, la querellante ofreci\u00f3 la devoluci\u00f3n del dinero recibido por concepto de la promesa; oferta que fue negada por la liquidadora judicial. Por el contrario, solicit\u00f3 la escrituraci\u00f3n de los inmuebles a favor de la sociedad accionada, de la cual, la tutelante se rehus\u00f3 aduciendo que el contrato estaba viciado por objeto il\u00edcito. <\/p>\n
2.6. A la par, la actora promovi\u00f3 proceso de resoluci\u00f3n del negocio jur\u00eddico en cuesti\u00f3n, que le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el cual, previo a dictar sentencia, remiti\u00f3 el legajo a la Superintendencia, quien acept\u00f3 el asunto y, solicit\u00f3 a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 la inscripci\u00f3n de una toma de posesi\u00f3n, en el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria de uno de los lotes -Las Mercedes-. <\/p>\n
2.7. Paralelamente5, la Fiscal\u00eda Veintis\u00e9is de Extinci\u00f3n de Dominio inici\u00f3 investigaci\u00f3n sobre los negocios en los que participo DMG, en la que qued\u00f3 probado que dicha sociedad cont\u00f3 con la intermediaci\u00f3n de personas naturales; a saber: Guti\u00e9rrez Robayo y Valencia Yepes, los cuales, expusieron ante la citada autoridad la existencia de la mencionada promesa de compraventa y, el origen il\u00edcito de los recursos. Asimismo, manifestaron que los bienes habr\u00edan sido \u00abrevendidos\u00bb a DMG6. <\/p>\n
2.8. El 12 de diciembre 2012, dicha Fiscal\u00eda decret\u00f3 la improcedencia extraordinaria de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio7 y, orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares de embargo a los bienes en cuesti\u00f3n, la devoluci\u00f3n del dinero recibido por concepto de la promesa y, la entrega de los inmuebles a COLBANK S.A. <\/p>\n
Tal decisi\u00f3n fue apelada por la liquidadora judicial de DMG ante la Fiscal\u00eda Primera delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien orden\u00f3 integrar los inmuebles objeto de la promesa de compraventa a la masa de bienes que conforman el inventario de la liquidaci\u00f3n de DMG. <\/p>\n
2.9. El 29 de enero de 2021, Colbank S.A. pidi\u00f3 la revocatoria de las providencias proferidas el 5 de febrero y 23 de mayo de 20168. Dicha petici\u00f3n fue rechazada de plano mediante auto del 8 de marzo siguiente, pues, no es susceptible de recurso alguno. <\/p>\n
2.10. Seguidamente, la Superintendencia orden\u00f39 a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 la inscripci\u00f3n del Auto 400-001732 del 5 de febrero de 2016, que decret\u00f3 la intervenci\u00f3n en la modalidad de liquidaci\u00f3n judicial sobre la operaci\u00f3n relacionada con la promesa de compraventa y, dispuso el cambio de titularidad a favor de DMG. <\/p>\n
2.11. Inconforme con lo anterior, la promotora impetr\u00f3 el presente amparo constitucional, por considerar que la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, al decretar el cambio de titularidad de los citados bienes y, ordenar la inscripci\u00f3n en los folios inmobiliarios a favor de DMG, sin tener competencia para ello. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado: i) declarar que la Superintendencia de Sociedades no tiene competencia para intervenir en el negocio de promesa de compraventa celebrada el 3 de junio de 2008, por tratarse de personas ajenas a la captadora ilegal; ii) prohibir que la entidad accionada emita actos administrativos o judiciales en los cuales ordene el embargo, traslado del derecho de dominio, o cualquier otro tipo de limitaci\u00f3n de sus bienes en el proceso de liquidaci\u00f3n de DMG; iii) publicar en un diario de amplia circulaci\u00f3n nacional que COLBANK S.A. no ha sido objeto de intervenci\u00f3n estatal, extinci\u00f3n de dominio y embargos dentro del asunto; iv) condenar en abstracto a la accionada teniendo en cuenta lo contemplado en el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 y; v) ordenar la entrega real y material de los inmuebles a COLBANK S.A., por ser la leg\u00edtima propietaria. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Mar\u00eda Mercedes Perry Ferreira, en calidad de liquidadora de DMG Holding S.A. -en liquidaci\u00f3n-, solicit\u00f3 el rechazo del amparo, puesto que, ninguna de las actuaciones desplegadas por las accionadas ha vulnerado prerrogativas constitucionales de la gestora. Asimismo, indic\u00f3 que los bienes en cuesti\u00f3n no son de propiedad de Colbank S.A., sino que, pertenecen a las v\u00edctimas de la captaci\u00f3n masiva e ilegal que realiz\u00f3 en su momento DMG Holding S.A. <\/p>\n
Con posterioridad, refiri\u00f3 en atenci\u00f3n al auto del 27 de julio de 202110, \u00abque los hechos y alegaciones del ACCIONANTE ya fueron, desde distintos \u00e1ngulos y posturas, estudiados, verificados debatidos y decididos en anteriores pronunciamientos judiciales proferidos tanto por la misma CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, como por TRIBUNALES Y JUECES (Civiles, administrativos, penales), y en donde adem\u00e1s participaron las mismas partes de esta tutela, ora como partes y\/o vinculados y\/o coadyuvantes\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, record\u00f3 las sentencias STC17540-2015, STC5498-2015, STC6462-2017, STC7703-2020, STC-3459-2021 proferidas por esta Corporaci\u00f3n, como aquella proferida por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas el 11 de mayo de 2016. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades se\u00f1al\u00f3 que, \u00ablas decisiones tomadas mediante los Autos 2016-01-034739 de 5 de febrero de 2016 y Auto 2016-01-288066 de 23 de mayo de 2016 no incurrieron en defecto sustantivo ni procedimental alguno [\u2026] el Decreto 4334 de 2008 otorga a la Superintendencia de Sociedades la competencia para intervenir, entre otras, las operaciones relacionadas directa o indirectamente con operaciones de captaci\u00f3n o recaudo no autorizado de dineros del p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, \u00ablas citadas providencias encontraron que la promesa de compraventa era un instrumento mediante el cual, indirectamente, DMG Grupo Holding SA iba a adquirir unos bienes inmuebles con dineros derivados de la captaci\u00f3n ilegal de dineros del p\u00fablico. Por ello, se decidi\u00f3 intervenir la operaci\u00f3n y ordenar el ingreso de tales bienes a los activos destinados a realizar las devoluciones de los afectados. Esto, en cuanto, en el marco del contrato de promesa celebrado se pag\u00f3\u0301 el precio pactado con dineros de los que se determin\u00f3\u0301 provinieron de la captaci\u00f3n ilegal\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, indic\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno de la convocante y, pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo. <\/p>\n
3. La Superintendencia de Notariado y Registro manifest\u00f3 atenerse \u00aba lo que se pruebe dentro del tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n constitucional, sin embargo, tambi\u00e9n considera pertinente advertir que, m\u00e1s all\u00e1 de que realizara un recuento general de las actuaciones desplegadas por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos competente, no se realizaron imputaciones concretas en contra de la entidad\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello11, rememor\u00f3 que, \u00abmediante memorial 2015-01-399056 de 30 de septiembre de 2015, el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogota\u0301 DC remitio\u0301 a la Superintendencia de Sociedades el proceso ordinario No. 2012-00052, de acuerdo con lo decidido en el Auto de 2 de septiembre de 2015. Tal providencia adujo que, de acuerdo con lo decidido por la Fiscali\u0301a Primera Delegada ante el Tribunal de Distrito de Bogota\u0301 para la Extincio\u0301n de Dominio y Lavado de Activos, los derechos que pudieran asistirle a los demandantes de tal proceso debi\u0301an ser discutidos dentro del proceso liquidatorio adelantado en la Superintendencia de Sociedades\u00bb. <\/p>\n
En seguida, relat\u00f3 que \u00abel proceso de resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa, que fue remitido a la Superintendencia de Sociedades por el Juzgado 26 Civil del Circuito, fue conocido por la hoy Direcci\u00f3n de Procesos Especiales. Este fue terminado mediante el Auto 2019-01-263332 de 4 de julio de 2019, confirmado por el Auto 2019-01-291194 de 30 de julio de 2019. Ello debido al desistimiento presentado por los demandantes mediante los memoriales 2018-01-438529 y 2018-01-438991 de 4 de octubre de 2018\u00bb. <\/p>\n
Sobre la manifestaci\u00f3n de voluntad de parte de Colbank S.A. en devolver el dinero recibido en contraprestaci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa, la Superintendencia explic\u00f3 que no es competente para aprobarlas. En el expediente de intervenci\u00f3n constan documentos que acreditan que Colbank SA e Inversiones L\u00f3pez Pi\u00f1eros Ltda han manifestado intenci\u00f3n de devolver a la sociedad en intervenci\u00f3n, los $23.000.000.000 pesos que recibieron en virtud de la operaci\u00f3n relacionada con el contrato de promesa de compraventa celebrado sobre tres bienes inmuebles. Sin embargo, considera que es la agente interventora la competente habilitada para aceptar o no tales solicitudes. <\/p>\n
Sobre el particular, cit\u00f3 los Decretos 4334 de 2008, 991 de 2018 y, 1074 de 2015, para determinar que \u00ablas facultades de este Despacho con respecto a los contratos o negocios jur\u00eddicos suscritos por el agente interventor se limitan a objetarlos o no, siempre que ya hayan sido suscritos por el auxiliar de la justicia. Por ello, no se encuentra dentro de las facultades de este Despacho el aprobar las ofertas presentadas por Colbank S.A. e Inversiones L\u00f3pez Pi\u00f1eros Ltda., en lo que respecta a la devoluci\u00f3n de los $23.000.000.000 pesos que recibieron como pago del contrato de promesa de compraventa\u00bb. <\/p>\n
4. La Defensor\u00eda del Pueblo explic\u00f3 que \u00abNO integra la parte accionada dentro la acci\u00f3n impetrada\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, una vez revisado los sistemas de informaci\u00f3n VISI\u00d3N WEB-M\u00d3DULO ATQ (atenci\u00f3n y tr\u00e1mite de quejas) y ORFEO, no encontr\u00f3 \u00abregistro alguno del ciudadano como usuario peticionario o afectado por lo que [\u2026] no puede hacer pronunciamiento alguno en relaci\u00f3n con los hechos que motivan la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
5. La Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 \u2013 Zona Norte resalt\u00f3 que la Superintendencia de Sociedades al interior del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de DMG Holding S.A., \u00abha proferido \u00f3rdenes judiciales que han resultado legalmente inadmisibles pasa su inscripci\u00f3n la cual se ha fundamentado en debida forma, sin embargo esa Superintendencia ha adoptado la postura de obtener los registros a toda costa, para lo cual se vale de una igualmente an\u00f3mala aplicaci\u00f3n del poder coercitivo que le asiste como entidad con funciones jurisdiccionales, y as\u00ed\u0301 lo ha advertido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u0301 y la Corte Suprema de Justicia, al revisar en sede de acci\u00f3n de tutela y ordenar la revocatoria de providencias sancionatorias de esa Superintendencia\u00bb. <\/p>\n
Ulteriormente13, refiri\u00f3 frente a las solicitudes de inscripci\u00f3n de documentos promovidos la Superintendencia de Sociedades14, que fueron devueltos sin registrar, y por tal motivo, no obran en el Certificado de Tradici\u00f3n. <\/p>\n
A saber, i) oficio 415-183505 del 22 de septiembre de 2016; ii) oficio 415-007186 del 23 de enero de 2018; iii) oficio 100-082888 del 29 de julio de 2019; iv) oficio 2020-01-519508 del 22 de septiembre de 2020; v) oficio 2020-01-519545 del 22 de septiembre de 2020; vi) oficio 2021-01-064634 del 4 de marzo de 2021; vii) oficio 2021-01-064641 del 4 de marzo de 2021; viii) oficio 2021-01-064656 del 4 de marzo de 2021; ix) oficios 910-054129, 910-054134 y 910-054138 del 5 de mayo de 2021. <\/p>\n
6. El Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 coment\u00f3 que, \u00ab[e]s cierto que en este despacho se tramit\u00f3 proceso de Resoluci\u00f3n de contrato instaurado por Colbank S.A. e Inversiones L\u00f3pez Pi\u00f1eros Ltda. radicado con el No. 11001310302620120005200, el cual se remiti\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades el 30 de septiembre de 2015, seg\u00fan aparece en las actuaciones procesales registradas en el programa Siglo XXI, momento a partir del cual se perdi\u00f3 competencia. Tampoco es posible suministrar la raz\u00f3n por la cu\u00e1l se remiti\u00f3 a esa entidad por cuanto no se posee el expediente f\u00edsico15\u00bb. <\/p>\n
7. La Fiscal\u00eda Tercera Especializada Direcci\u00f3n de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio indic\u00f3 que, \u00abel 4 de febrero de 2019 mediante resoluci\u00f3n expedida por la fiscal\u00eda Primera delegada ante el Tribunal de Distrito de Extinci\u00f3n de Dominio y Lavados de Activos, confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n del 13 de diciembre de 2017, en la cual el Fiscal 26 Especializado de la Direcci\u00f3n de Extinci\u00f3n de Dominio resolvi\u00f3 dar por terminada la actuaci\u00f3n procesal. Es de aclarar, que una vez verificada la resoluci\u00f3n de inicio los se\u00f1ores LUIS FERNANDO GUTIERREZ ROBAYO y JUAN CARLOS VALENCIA YEPES, no se encuentran directamente relacionados en la misma. En consecuencia, el proceso radicado bajo el No. 7403 ED se encuentra en archivo seg\u00fan la resoluci\u00f3n proferida el 4 de febrero de 201916\u00bb. <\/p>\n
8. El accionante, en el curso de la tutela17, puso en conocimiento \u00abprueba sobreviniente que guarda directa relacio\u0301n con esta accio\u0301n constitucional, como lo es el Oficio 50N2021EE19311 del 24\/09\/2021, de la Oficina de Registro de Instrumentos Pu\u0301blicos Zona Norte de Bogota\u0301, dirigido a la Dra. DEYANIRA DEL PILAR OSPINA ARIZA, Directora de Intervencio\u0301n Judicial de la Superintendencia de Sociedades, por medio del cual, le dan respuesta al Oficio 910- 131411 del 14\/09\/2021, en el cual le niegan rotundamente la solicitud de cambio de titularidad de los inmuebles propiedad de mi representada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo invocado, toda vez que la decisi\u00f3n de decretar la medida cautelar \u00abde inscripci\u00f3n de la propiedad de DMG Grupo Holding S.A., sobre los folios matriz No. 50N-20341326 y 50N-20324380 con fundamento en el auto de 9 de diciembre de 2012, proferido por la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal de Extinci\u00f3n de Dominio y Lavado de Activos, cuya destinaci\u00f3n no es otra, que indemnizar a las v\u00edctimas defraudadas con la captaci\u00f3n ilegal; decisi\u00f3n que se encuentra motivada y cuenta adem\u00e1s con un grado de razonabilidad que impide calificarla como arbitraria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la sociedad gestora, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito genitor. En concreto, reproch\u00f3 no haberse tenido en cuenta todas las pruebas y los argumentos expuestos en la demanda de tutela, que determinan que no es sujeto de intervenci\u00f3n porque no le aplican los presupuestos contemplados en el Decreto Ley 4334 de 2008, en tanto que, no tiene relaci\u00f3n alguna con DMG. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la Superintendencia de Sociedades vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la sociedad gestora al intervenir dentro de la promesa de compraventa, poner a disposici\u00f3n los inmuebles dentro del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n judicial de DMG Group Holding S.A y, con ello, ordenar a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 \u2013 Zona Norte- la inscripci\u00f3n de las medidas cautelares en el F.M.I. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, se considera que el asunto no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartido. <\/p>\n
3. Pues bien, al analizar el plenario, se evidencia que por auto del 17 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Sociedades decret\u00f3 la intervenci\u00f3n de la sociedad DMG Grupo Holding S.A. tras constatar \u00abla existencia de hechos objetivos o notorios que indican la entrega masiva de dineros en efectivo del p\u00fablico a DMG [\u2026], mediante la modalidad de tarjetas prepago o el ofrecimiento de rendimientos sin explicaci\u00f3n financiera razonable, detr\u00e1s de los cuales se advierte la realizaci\u00f3n de una operaci\u00f3n de recaudo masivo de dinero sin la debida autorizaci\u00f3n, circunstancias constitutivas de los supuestos de la Intervenci\u00f3n, de acuerdo a lo preceptuado en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto [4333 de 2008]18\u00bb. <\/p>\n
Por decisi\u00f3n del 22 de febrero de 2012, la autoridad accionada dispuso que DMG Grupo Holding S.A., \u00abes propietaria de los bienes objeto de extinci\u00f3n de dominio [\u2026] citados, seg\u00fan lo pudo establecer la Fiscal\u00eda 26 [\u2026] para la extinci\u00f3n del derecho de dominio y contra el lavado de activos. Como consecuencia de lo anterior, los titulares de los bienes ante las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, no son los verdaderos propietarios por lo cual conforme lo dispone el art\u00edculo 5 de la Ley 1116 de 2006, corresponde al Juez del concurso ordenar las medidas pertinentes para recuperar los bienes que integran el activo patrimonial del deudor, y dado que los bienes enunciados no est\u00e1n registrados ante las oficinas de Instrumentos P\u00fablicos como de propiedad de DMG, este Despacho ordenara\u0301 su inscripci\u00f3n, as\u00ed\u0301 como la inscripci\u00f3n de las medidas de embargo y secuestro a \u00f3rdenes de esta Entidad en atenci\u00f3n al proceso de liquidaci\u00f3n judicial que se adelanta19\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se nombr\u00f3 como liquidadora a Mar\u00eda Mercedes Perry Ferreira, a quien se le dispuso la entrega de los bienes y dinero afectados por la extinci\u00f3n de dominio que se surti\u00f3 ante la Fiscal\u00eda 26 delegada para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio20. <\/p>\n
Con posterioridad, la Fiscal\u00eda citada decret\u00f3 la improcedencia extraordinaria de la acci\u00f3n por Resoluci\u00f3n del 12 de diciembre de 2012, la cual, fue apelada por DMG Grupo Holding S.A.; \u00e9sta \u00faltima, le correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda Primera Delgada ante el Tribunal del Distrito Judicial, que por providencia del 9 de diciembre de 2014, resolvi\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado y levantar las medidas cautelares decretadas sobre los inmuebles cuestionados en esta oportunidad, en atenci\u00f3n a que \u00abel escenario para la devoluci\u00f3n de esos recursos captados en forma masiva e ilegal y el aseguramiento de bienes que se hubieran adquirido con esos dineros, no era el proceso de extinci\u00f3n de dominio sino el proceso de intervenci\u00f3n a cargo de la Superintendencia de Sociedades, hoy en d\u00eda el proceso de liquidaci\u00f3n judicial\u00bb. Adem\u00e1s, le orden\u00f3 a la autoridad cuestionada \u00abrealizar las gestiones tendientes a satisfacer los interese de las victimas reconocidas en el proceso penal, con el producto de los haberes de la sociedad en liquidaci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
En lo que ac\u00e1 nos interesa, el Delegado para Procedimientos de Insolvencia de la entidad accionada en cumplimiento de lo anterior, mediante autos 2016-01-034739 de 5 de febrero21 y 2016-01-288066 del 23 de mayo de 201622, luego de explicar que de acuerdo con lo probado en el proceso penal, la realidad material del negocio jur\u00eddico de promesa de compraventa demostr\u00f3 que los sujetos que participaron en ella, en especial los se\u00f1ores Luis Eduardo Robayo y Juan Carlos Valencia Yepes, en calidad de compradores actuaron como intermediarios inmobiliarios de la sociedad intervenida, que los bienes objeto de la gesti\u00f3n eran en realidad adquiridos por DMG Grupo Holding S.A., y que el vendedor recibi\u00f3 el precio total de la sociedad intervenida. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que, ese negocio jur\u00eddico celebrado en junio de 2008, correspond\u00eda a la forma como DMG adquir\u00eda los bienes inmuebles con recursos captados ilegalmente, a trav\u00e9s de intermediarios suscrib\u00edan promesas de compraventa, se realizaban pagos en efectivo y no se formalizaban las escrituras de compraventa. Por esta raz\u00f3n, y con el objeto de permitir la devoluci\u00f3n de los dineros captados ilegalmente, decret\u00f3 la intervenci\u00f3n en la modalidad de liquidaci\u00f3n judicial de conformidad con el Decreto 4334 de 2008. <\/p>\n
Inconforme con tales determinaciones, el 29 de enero de 2021, la sociedad gestora pidi\u00f3 la revocatoria de las mismas. Sin embargo, la entidad convocada deneg\u00f3 la petici\u00f3n el 8 de marzo de 2021, en vista de que los prove\u00eddos atacados, \u00aba la fecha se encuentran debidamente ejecutoriados\u00bb; y, subray\u00f3 que, \u00abdentro del proceso se tuvo la oportunidad para presentar los recursos en el momento procesal pertinente, no siendo este el momento apropiado\u00bb. <\/p>\n
No conforme, Colbank S.A. recurri\u00f3 la determinaci\u00f3n, el 15 de marzo de 2021. No obstante, por decisi\u00f3n del 21 de abril siguiente23, la Superintendencia desestim\u00f3 el recurso, tras determinar que: <\/p>\n
\u00ab[L]o que pretende el representante de Colbank S.A., tanto en la solicitud del 29 de enero de 2021, como en el recurso de reposici\u00f3n presentado contra el auto del 8 de marzo, es recurrir las decisiones emitidas por el Juez de Intervenci\u00f3n el 5 de febrero y 23 de mayo de 2016. Frente a ello se recuerda que, de acuerdo con el art\u00edculo 3 del Decreto 4334 de 2008, las decisiones que se emitan en el proceso de intervenci\u00f3n tienen \u201cefectos de cosa juzgada erga omnes, en \u00fanica instancia y con car\u00e1cter jurisdiccional\u201d\u00bb. <\/p>\n
Del mismo modo, resalt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abEl prop\u00f3sito de la intervenci\u00f3n judicial adelantada por la Superintendencia de Sociedades no ha sido expropiar bien alguno de Colbank S.A. Se recuerda que fue Carlos Ernesto L\u00f3pez Pi\u00f1eros quien inform\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la liquidadora de DMG Grupo Holding S.A., la existencia de los inmuebles de matr\u00edcula 50N-20341326, 50N412750 y 50N-20324380. Tambi\u00e9n fue L\u00f3pez Pi\u00f1eros quien comunic\u00f3 la existencia de la promesa de compraventa y se mostr\u00f3 dispuesto a cumplirla. En ese sentido Colbank S.A. no puede desconocer la operaci\u00f3n relacionada con la promesa de compraventa. <\/p>\n
\u00abDe esta forma, existe un pronunciamiento expreso del juez de intervenci\u00f3n sobre la propiedad en favor de DMG Grupo Holding S.A. en liquidaci\u00f3n judicial como medida de intervenci\u00f3n, de aquellos bienes [\u2026] -y- omite mencionar que DMG [\u2026] como medida de intervenci\u00f3n, pag\u00f3 la suma de $23.000.000.000 en efectivo. As\u00ed lo manifest\u00f3 el representante legal de Colbank S.A.\u00bb <\/p>\n
4. De lo transcrito se sigue que las determinaciones cuestionadas no se tienen como irrazonables, pues aquellas fueron proferidas despu\u00e9s de haberse realizado una debida valoraci\u00f3n de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto. <\/p>\n
Para la Sala, el tr\u00e1mite atacado se enmarca dentro las funciones legales emanadas del Decreto 4334 de 2008, proferido conforme a las facultades conferidas por el art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; con el objeto de \u00absuspender de manera inmediata las operaciones o negocios de personas naturales o jur\u00eddicas que, a trav\u00e9s de captaciones o recaudos no autorizados, tales como pir\u00e1mides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones y negociaciones masivas, generan abuso del derecho y fraude a la ley al ejercer la actividad financiera irregular\u00bb (Art. 2\u00ba Ib\u00eddem). <\/p>\n
Al respecto, tal como lo mencion\u00f3 el a-quo constitucional, en el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n judicial la Superintendencia de Sociedades, \u00abencontr\u00f3\u0301 probado que los compradores eran en realidad intermediarios de la sociedad DMG Grupo Holding SA, que el vendedor recibi\u00f3\u0301 en su totalidad los $23.000\u2019000.000.oo que correspond\u00eda al precio del negocio jur\u00eddico celebrado, y que nunca se perfecciono\u0301 la escritura porque ese era el modus operandi del captador de dinero, para que con el producto de los mismos se indemnizara a las v\u00edctimas, aunado al hecho que ese dinero a la fecha NO ha sido devuelto\u00bb. <\/p>\n
En lo que respecta a la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la propiedad de DMG Grupo Holding S.A., sostuvo que, \u00absu destinaci\u00f3n no es otra, que indemnizar a las v\u00edctimas defraudadas con la captaci\u00f3n ilegal; decisi\u00f3n que se encuentra motivada y cuenta adem\u00e1s con un grado de razonabilidad que impide calificarla como arbitraria\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la intervenci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades dentro del negocio jur\u00eddico rebatido no supone una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de Colbank S.A.; m\u00e1xime, al quedar demostrado que el adquirente \u00faltimo de los bienes objeto de la promesa de compraventa era DMG Grupo Holding S.A., debido a que, los promitentes compradores fung\u00edan como intermediarios de la sociedad intervenida y, aun cuando no se perfeccion\u00f3 la escritura, Colbank S.A. recibi\u00f3 por concepto del acuerdo, $23.000.000.000 de pesos en efectivo, pues, ese era el modus operandi del captador de dinero. <\/p>\n
5. Sumado a lo anterior, para la Sala, el escrutinio de las pruebas no comport\u00f3 el alegado defecto f\u00e1ctico, en tanto que al juez le corresponde efectuar un an\u00e1lisis de persuasi\u00f3n racional, haciendo un ejercicio desde la sana cr\u00edtica y las leyes de la experiencia, an\u00e1lisis que no result\u00f3, en el caso concreto, arbitrario o manifiestamente alejado del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Resulta necesario en este aparte resaltar que el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine. <\/p>\n
Por supuesto, en \u00abmateria de pruebas\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 7 oct. 2015, rad. 2336-00 y STC4937-2016 21 abr. 2016 rad. 2016-00057-01). <\/p>\n
6. Por el contrario, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la sociedad solicitante. Por lo expuesto, el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb. (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC3968-2021. 16 abr, rad. 2021-00239-02). <\/p>\n
7. De acuerdo con lo explicado en precedencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia prenotada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Por conducto de su representante legal, Carlos Ernesto L\u00f3pez Pi\u00f1eros. <\/p>\n
2\u0002 F.M.I. Nos. 50N-20324380, 50N412750 y 50N-20341326 de Bogot\u00e1 <\/p>\n
3\u0002 Folios 26-30 en \u201c02AnexosEscritoDeTutela\u201d en Expediente de Tutela PDF. <\/p>\n
4\u0002 El 15 de octubre de 2008 <\/p>\n
5\u0002 El 21 de noviembre de 2008. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-6 en Subcarpeta \u201c25AnexoRespuesta2\u201d Expediente de Tutela PDF. <\/p>\n
7\u0002 21 de septiembre de 2010. <\/p>\n
8\u0002 Folios 1-27 en Subcarpeta \u201c2021-01-020926-AAA\u201d Ib\u00edd. <\/p>\n
9\u0002 El 9 de abril de 2021 <\/p>\n
10\u0002 Por medio del cual se decretaron pruebas de oficio que se estimaron necesarias, pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de la tutela. <\/p>\n
11\u0002 En virtud del auto de 27 de julio de 2021, se decretaron pruebas de oficio que se estimaron necesarias, pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de la tutela. <\/p>\n
12\u0002 Radicado 2021- 01-476973 de 2 de agosto de 2021 <\/p>\n
13\u0002 En virtud del auto de 27 de julio de 2021, se decretaron pruebas de oficio que se estimaron necesarias, pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de la tutela. <\/p>\n
14\u0002 Autos n\u00ba 400-001732 y n\u00ba 400-008089, del 5 de febrero y 23 de mayo, de 2016. <\/p>\n
15\u0002 En virtud del auto de 27 de julio de 2021, se decretaron pruebas de oficio que se estimaron necesarias, pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de la tutela. <\/p>\n
16\u0002 Ib\u00edd. <\/p>\n
18\u0002 Folios 1-5 en Subcarpeta \u201c2008-01-235396\u201d en \u201c37AnexosRespuestaSuperSociedades\u201d PDF. <\/p>\n
19\u0002 Folios 1-4 en Subcarpeta \u201c2012-01-031438-000\u201d Ib\u00edd. <\/p>\n
20\u0002 Folios 1-4 en Subcarpeta \u201c2015-01-047988-AAA\u201d Ib\u00edd. <\/p>\n
21\u0002 Por medio de la cual, resolvi\u00f3 \u00abdecretar la intervenci\u00f3n en la modalidad de liquidaci\u00f3n judicial, de conformidad con el art\u00edculo 5\u00ba y 7\u00ba literal f), del Decreto 4334 de 2008, sobre la operaci\u00f3n relacionada con los contratos de compraventa celebrados formalmente entre representaciones Guval y las sociedades Inversiones L\u00f3pez Pi\u00f1eros y Colbank S.A. que cobijan los bienes inmuebles identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias 50N-412750, 50N-20324380 (50%) y 50N-20341326, vinculados al proceso de intervenci\u00f3n de DMG Grupo Holding S.A. en liquidaci\u00f3n y otros\u00bb. <\/p>\n
22\u0002 Mediante el cual, se aclar\u00f3 y adicion\u00f3 los ordinales primero, s\u00e9ptimo y noveno del Auto No. 400-001732 del 5 de febrero de 2016. Folios 1-9 en Subcarpeta \u201c2016-01-288066-000\u201d Ib\u00edd. <\/p>\n
23\u0002 Folios 1-4 en Subcarpeta \u201c2021-01-188132-000\u201d Ib\u00edd. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13347-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13347-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01070-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de octubre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58338","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58338","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58338"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58338\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58338"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58338"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58338"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}