STC13348-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13348-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-0002021-00618-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 22 de abril1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Miguel Montes Pacheco contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda, los Juzgados Segundo Penal del Circuito de Conocimiento y Cuarto Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de la misma ciudad y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social (UGPP). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude a esta herramienta supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la libertad\u2026 debido proceso\u2026 legalidad del juicio\u2026 contradicci\u00f3n, defensa, m\u00ednimo vital y seguridad social\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito introductor, as\u00ed como de las pruebas recaudadas, se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Contra el actor se adelant\u00f3 el proceso penal radicado 2012-00077 por los delitos de fraude procesal y uso de documento falso, en el cual, mediante sentencia del 14 de noviembre de 2019, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Monter\u00eda lo conden\u00f3 como autor responsable de la primera conducta punible mencionada2 a 144 meses de prisi\u00f3n y le impuso una multa de 400 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
2.2. Dicha determinaci\u00f3n fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de aquel distrito judicial el pasado 11 de marzo. <\/p>\n
2.4. Dentro de la actuaci\u00f3n penal en comento, la UGPP profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n 24460 de 17 de junio de 2016 suspendiendo el pago de la pensi\u00f3n de gracia reconocida al ac\u00e1 gestor mediante Resoluci\u00f3n 7218 de 20 de marzo de 2007, en cumplimiento de la orden proferida en tal sentido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Monter\u00eda en audiencia de restablecimiento del derecho llevada a cabo el 25 de mayo de 2015. <\/p>\n
2.5. Posteriormente, el 18 de agosto de 2016, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 30158, la unidad de gesti\u00f3n pensional neg\u00f3 al promotor la reactivaci\u00f3n de la aludida prestaci\u00f3n social, decisi\u00f3n contra la que se interpusieron los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, resueltos el 19 de septiembre y 12 de octubre de aquel a\u00f1o, respectivamente, en el sentido de confirmar la determinaci\u00f3n impugnada. <\/p>\n
2.6. Recientemente Montes Pacheco insisti\u00f3 en la reanudaci\u00f3n del pago de la mesada; empero, mediante comunicaci\u00f3n 2021143000401321, del pasado 25 de febrero, la UGPP le indic\u00f3 que no era posible acceder a tal pedimento pues la suspensi\u00f3n se dio en acatamiento de una orden judicial. <\/p>\n
3. El actor hace descansar su reclamo constitucional, b\u00e1sicamente, en que en la actuaci\u00f3n penal que se adelanta en su contra, \u00abno se [le] brindaron\u2026 garant\u00edas procesales\u00bb al tiempo que en los fallos condenatorios no se realiz\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas que daban cuenta de su inocencia. <\/p>\n
Acusa tambi\u00e9n a la UGPP y al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Monter\u00eda de lesionar sus prerrogativas superiores con la suspensi\u00f3n del pago de la pensi\u00f3n de gracia que le hab\u00eda sido reconocida; empero, no indica con claridad en qu\u00e9 consisti\u00f3 tal vulneraci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de insistir que ha solicitado reiteradamente \u00abque se reactiven [sus] derechos adquiridos\u2026 en atenci\u00f3n a que han pasado 4 a\u00f1os que\u2026 se dio inicio en [su] contra a un proceso penal viciado por fraude procesal [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Solicita, en consecuencia, \u00abordenar la reactivaci\u00f3n del pago de las mesada pensional otorgada por resoluci\u00f3n 07218 del 20 de marzo de 2007 [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Del fallo de primer grado se extracta el pronunciamiento de la magistrada ponente de la sentencia de segundo grado cuestionada quien, adem\u00e1s de remitir copia de tal providencia, manifest\u00f3 que contra la misma \u00abse interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en el cual se encuentra corriendo el t\u00e9rmino para la sustentaci\u00f3n, el que vence el 11 de mayo de la anualidad\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Monter\u00eda, se limit\u00f3 a realizar un recuento de lo acontecido en la actuaci\u00f3n penal objeto de escrutinio y solicit\u00f3 \u00abdeclarar improcedente la presente acci\u00f3n de tutela pues considero que al accionante no se le vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Monter\u00eda resalt\u00f3 que en ese despacho \u00abno se tramit\u00f3 proceso penal con radicado \u20262012-00077-00 contra Mario Miguel Montes Pacheco, por la conducta de fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
4. La Juez Cuarta Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Monter\u00eda remiti\u00f3 copia del registro audiovisual de la audiencia de restablecimiento del derecho llevada a cabo el 25 de mayo de 2015 en la que orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del pago de la pensi\u00f3n del ac\u00e1 gestor. <\/p>\n
5. El Juez Promiscuo Municipal de San Bernardo del Viento dijo que conoci\u00f3 de una acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Miguel Montes Pacheco contra la alcald\u00eda municipal de esa poblaci\u00f3n que resolvi\u00f3 a trav\u00e9s de la sentencia estimatoria de 12 de enero de 2016, contra la cual no se interpuso impugnaci\u00f3n y fue, adem\u00e1s, excluida de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional con auto de 12 de julio del mismo a\u00f1o, por lo que en la actualidad se encuentra archivada. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en dicho asunto se respetaron los derechos fundamentales de las partes involucradas y que su actuaci\u00f3n se desarroll\u00f3 \u00abdentro del marco de [sus] competencias y all\u00ed no existe conducta alguna que haya sido puesta en tela de juicio ni por el accionante ni por los jueces penales que han surtido las instancias propias\u00bb. <\/p>\n
6. La Fiscal 42 Seccional adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada contra la Corrupci\u00f3n resalt\u00f3 que \u00abno es la primera vez que el se\u00f1or Montes Pacheco acude a este recurso constitucional con el fin de que se reactive el reconocimiento de pensi\u00f3n gracia que consigui\u00f3 a trav\u00e9s de medios fraudulentos\u00bb, comoquiera que promovi\u00f3 dos resguardos similares que fueron desestimados en su oportunidad. <\/p>\n
Luego de rememorar brevemente las actuaciones surtidas en el proceso penal, se opuso a la prosperidad de la presente salvaguarda por desatender los presupuestos de la subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
El primero, dado que la decisi\u00f3n de suspender el pago de la aludida prestaci\u00f3n econ\u00f3mica \u00abfue ajustada a derecho y evit\u00f3 la continuaci\u00f3n de la defraudaci\u00f3n de los recursos del sistema general de seguridad social\u00bb adem\u00e1s que \u00abno se constat\u00f3 que se agotaran todas las v\u00edas judiciales para la salvaguarda de los derechos fundamentales que se reputan vulnerados, no se muestra da\u00f1o inminente o perjuicio irremediable que permita la acci\u00f3n de tutela de manera transitoria\u00bb <\/p>\n
Y, el requisito de la tempestividad, porque \u00abdesde la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados por el accionante [mayo de 2015] hasta la fecha han transcurrido entre cinco y cuatro a\u00f1os respectivamente, lapso en el cual pierde toda urgencia los hechos expuestos\u00bb. <\/p>\n
7. El subdirector de defensa judicial de la UGPP dijo que en la presente acci\u00f3n supralegal \u00abexiste prejudicialidad que la accionante busca desconocer invocando la acci\u00f3n de tutela\u2026 [pues] no puede solicitar, aduciendo vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales, que el juez constitucional [los] proteja\u2026 con el fin de que la unidad le incluya en n\u00f3mina una prestaci\u00f3n de manera definitiva o hasta que culmine el proceso, cuando es claro que se debe esperar la decisi\u00f3n que adopte el juez natural de la causa y de esta manera proceder conforme el despacho lo ordene\u00bb. <\/p>\n
Expuso que la decisi\u00f3n de suspender el pago de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica que hab\u00eda sido reconocida al gestor del resguardo se dio en cumplimiento de una orden judicial, con lo que \u00abse demuestra que esta unidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb, de all\u00ed que solicite \u00abdenegar las pretensiones del accionante por cuanto las mismas se tornan improcedentes\u00bb. <\/p>\n
8. Finalmente, el profesional del derecho que represent\u00f3 al aqu\u00ed accionante en el proceso penal manifest\u00f3 que, \u00abaunque no compart[e] los fallos de primera y segunda instancia, [se absten\u00eda] de pronunciar[se] y alegar en derecho\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
No accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n implorada por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que \u00abal haber presentado recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual se encuentra actualmente pendiente de estudio para su resoluci\u00f3n en esta Corporaci\u00f3n, no puede el accionante solicitar la protecci\u00f3n constitucional\u00bb, adem\u00e1s que las determinaciones de la UGPP no pueden catalogarse como arbitrarias en tanto se adoptaron en cumplimiento de \u00f3rdenes judiciales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n reproduciendo los argumentos presentados tanto en la demanda como en el escrito de aclaraci\u00f3n a la misma. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades querelladas vulneraron las prerrogativas invocadas por el promotor dentro del proceso que se adelanta en su contra, al declararlo penalmente responsable del delito de fraude procesal y suspender el pago de la pensi\u00f3n de gracia que hab\u00eda sido reconocida desde el a\u00f1o 2007, sin haber alcanzado el est\u00e1ndar de conocimiento requerido para emitir fallo condenatorio. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
3. Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
En tal sentido, frente a concretos casos en los que el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, prohijando lo razonado por la Hom\u00f3loga a quo, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, aun cuando la censura constitucional comprende tanto actuaciones judiciales como administrativas3, cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone el impugnante se advierte anticipado pues, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite penal a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, habida consideraci\u00f3n que frente al fallo de segunda instancia, que confirm\u00f3 la declaratoria de responsabilidad penal de Montes Pacheco, se interpuso el recurso extraordinario que no ha sido resuelto por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, siendo ese el escenario adecuado para que el Tribunal de cierre defina lo concerniente al acierto de las decisiones adoptadas por los funcionarios de instancia. <\/p>\n
As\u00ed pues, ser\u00e1 esta Corte, a trav\u00e9s de la sala especializada, la que inspeccione los contornos y el fondo del debate, an\u00e1lisis que podr\u00eda abarcar, inclusive, la orden de suspender el pago de la prestaci\u00f3n social que hab\u00eda sido reconocida al ac\u00e1 accionante a principios del a\u00f1o 2007, siendo que la posible reactivaci\u00f3n o no de dicho emolumento depende indefectiblemente del estudio que realice el \u00f3rgano judicial competente, el que eventualmente se abordar\u00eda de oficio en caso de que la demanda de casaci\u00f3n no supere el examen de admisibilidad y se hallen quebrantadas las prerrogativas que aqu\u00ed alegan el gestor. <\/p>\n
Frente a la eficacia del referido medio de control constitucional, la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha precisado: <\/p>\n
\u00abY respecto al recurso de casaci\u00f3n, recu\u00e9rdese que la ley adjetiva penal le tiene asignada como finalidad la efectividad del derecho material, entre otras, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes y la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos\u00bb (CSJ, STP17202-2014, 16 dic. 2014, rad. 77387). <\/p>\n
Adicionalmente en otro pronunciamiento esa Colegiatura, al resolver una demanda de tutela de perfiles similares, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00abTal realidad descarta por completo la acci\u00f3n constitucional, toda vez que la Corte al resolver el recurso podr\u00e1 estudiar, si existe o no violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales, siendo \u00e9ste el mecanismo id\u00f3neo de defensa judicial, e impide que la Sala emita cualquier pronunciamiento sobre la legalidad de las decisiones adoptadas en dicho fallo, so pena de incurrir en manifestaciones de prejuzgamiento, que m\u00e1s adelante podr\u00edan constituir motivos de recusaci\u00f3n o impedimento. <\/p>\n
Ello, por cuanto de conformidad con el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la casaci\u00f3n tiene por fines \u201cla efectividad del derecho material, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia\u201d. <\/p>\n
Si lo anterior es as\u00ed, surge clara la improcedencia del amparo en tanto no constituye un mecanismo alternativo o supletorio al que las partes puedan acudir el ejercicio de sus derechos. (\u2026)\u00bb (CSJ. Sentencia 4 may. 2010, Rad. T-47710). <\/p>\n
En suma, el que se encuentre en tr\u00e1mite el recurso extraordinario de casaci\u00f3n convierte, como se viene destacando, en anticipada la salvaguarda; lo que quiere decir que no puede abrirse paso ni siquiera como mecanismo transitorio, ya que, en un evento como el aludido, la persona interesada debe esperar la conclusi\u00f3n del asunto puesto a consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n, encargado de dirimir el fondo del asunto, por lo que tal estudio escapa de la \u00f3rbita de competencia de esta herramienta excepcional. <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, porque el amparo resulta improcedente por prematuro, ya que su pertinencia pierde vigor cuando existen v\u00edas jur\u00eddicas a emplear al interior del proceso cuestionado y a\u00fan m\u00e1s cuando las mismas est\u00e1n cursando. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para resolver la impugnaci\u00f3n, solo hasta el 24 de septiembre del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
2\u0002 Respecto del delito contra la fe p\u00fablica se declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n <\/p>\n
3\u0002 Aquellos actos administrativos expedidos por la UGPP a trav\u00e9s de los cuales suspendi\u00f3 el pago de la pensi\u00f3n de gracia que ven\u00eda disfrutando el actor y neg\u00f3 su reactivaci\u00f3n. <\/p>\n
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STC13348-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13348-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-0002021-00618-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58339","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58339","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58339"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58339\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58339"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}