STC13351-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13351-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 25000-22-13-000-2021-00315-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n, interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 25 de agosto de 2021, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por G. L. P. L.1 contra el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Defensor de familia, al Procurador delegado para la Defensa de los Derechos de Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres y a las personas que actuaron como parte intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos 2019-00623-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procur\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial2 y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. N. A. L. V. promovi\u00f3 demanda de divorcio en contra del actor. En prove\u00eddo de 8 de octubre de 2018, se fijaron alimentos provisionales por la suma de cinco millones quinientos mil pesos ($5\u2019500.000) a favor de sus hijos menores de edad y a cargo del progenitor3. El gestor, se notific\u00f3 de la anterior decisi\u00f3n, por conducta concluyente el 18 de septiembre de 2019. <\/p>\n
2.2. Ante el incumplimiento, N. A. L. V. inici\u00f3 el cobro ejecutivo de los alimentos adeudados por el actor, con sustento en el auto de 8 de octubre 2018, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
2.3. Surtidas las correspondientes etapas procesales, el Juzgado de conocimiento, libr\u00f3 mandamiento de pago el 11 de noviembre de 20194, por la suma $73.423.900 pesos contra el demandado, el cual, al contestar la demanda propuso excepciones de m\u00e9rito, las que denomin\u00f3: \u00abfalta de t\u00edtulo ejecutivo\u201d, \u201ccobro de lo no debido y\/o cobre excesivo, y \u201cpago total de la obligaci\u00f3n\u201d5. <\/p>\n
2.4. El Despacho enjuiciado, mediante sentencia de 8 de junio de 20216, resolvi\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n descontando el valor de $22\u2019512.030 pesos por abonos realizado por el ejecutado, declarar no probados los medios exceptivos y practicar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
2.5. Inconforme con tal determinaci\u00f3n, el accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n7, los cuales fueron despachados desfavorablemente el 18 de junio del mismo a\u00f1o8, ante la improcedencia de ambos. <\/p>\n
2.6. El proceso continu\u00f3 hasta la presentaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por parte del apoderado de la ejecutante, el cual, fue modificado por auto de 15 de julio del a\u00f1o en curso9, aprob\u00e1ndose como saldo a cargo del ejecutado la suma de $72\u2019657.121 pesos. <\/p>\n
2.7. As\u00ed las cosas, el accionante, por v\u00eda de tutela aleg\u00f3 que s\u00f3lo a partir del 25 de septiembre de 2019, existi\u00f3 la obligaci\u00f3n de pagar alimentos provisionales, pues fue la fecha en que qued\u00f3 en firme el auto que los fij\u00f3. Por supuesto, sostuvo que antes de esa data la venia suministrando de forma directa, pagando mercados, matriculas, pensiones del colegio, cuota de la medicina prepagada, factura de ropa, enseres diarios y servicios p\u00fablicos, pero que de los mismos no guard\u00f3 ning\u00fan recibo por desconocer que se encontraba demandado. <\/p>\n
Relat\u00f3, que el 28 de febrero de 2020, fue proferida la providencia en el proceso de divorcio, que modific\u00f3 la cuota de alimentos que deb\u00eda proveer parcialmente, reduci\u00e9ndose a cuatro millones de pesos ($4\u2019000.000) mensuales y una cuota extraordinaria de tres millones quinientos mil pesos ($3\u2019500.000) para el mes de junio, por lo que debe ser esa suma \u00abel \u00fanico monto a tener en cuenta por su naturaleza retroactiva al momento en que quedo en que qued\u00f3 (sic) notificada y en firme el auto admisorio de la demanda con el cual se crea la obligaci\u00f3n de alimentos provisionales\u00bb, circunstancia que desconoci\u00f3 la autoridad judicial querellada. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo anterior, declarar que el Juzgado de Familia de Zipaquir\u00e1 incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho al desconocer los preceptos 302 y 422 del C.G.P., en la providencia judicial que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. En consecuencia, se decrete la nulidad de ese fallo y se ordene al Despacho accionado proferir una nueva sentencia teniendo en cuenta \u00abla notificaci\u00f3n de ejecutoria del auto que fija los alimentos provisionales e igualmente constante cada uno de los elementos que constituyen el t\u00edtulo ejecutivo sobre la obligaci\u00f3n alimentaria demandada.\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, despu\u00e9s de realizar un recuento de todas las etapas procesales surtidas en el proceso ejecutivo de alimentos, concluy\u00f3 que se debe declara improcedente la solicitud de amparo. <\/p>\n
2. El Procurador 128 Judicial II para la Defensa de los Derechos de Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, exigi\u00f3 la declaratoria de improcedencia del resguardo, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
3. La Defensora de Familia del Centro Zonal Zipaquir\u00e1, luego de referir los fundamentos de hecho y derecho de la acci\u00f3n, realiz\u00f3 un an\u00e1lisis normativo, jurisprudencial y de derecho internacional con relaci\u00f3n al derecho de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes a recibir alimentos de sus padres. Y, anot\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no proceder\u00eda \u00abhasta tanto no se logr\u00e9 evidenciar que los ni\u00f1os est\u00e9n en \u00f3ptimas condiciones de derechos frente a la fijaci\u00f3n de monto de cuota alimentaria\u00bb. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que existen otros medios de defensa administrativos y judiciales m\u00e1s id\u00f3neos y eficaces para obtener la regulaci\u00f3n de las cuotas de alimentos provisionales o permanentes. <\/p>\n
4. Issac Marchena Narv\u00e1ez, en su calidad de apoderado judicial de N. A. L. V, se\u00f1al\u00f3 como ciertos algunos hechos rese\u00f1ados en la acci\u00f3n de tutela, mientras que otros los calific\u00f3 de falsos, calumniosos e injuriosos. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, al considerar que el apoderado judicial del accionante instaur\u00f3 la acci\u00f3n de tutela \u00absin contar con facultad para promover acciones constitucionales en favor de otra persona (\u2026)\u00bb (Subrayado del texto). Agreg\u00f3, que su participaci\u00f3n como apoderado del accionante en el proceso ejecutivo de alimentos, no lo habilita para cuestionar las decisiones judiciales adoptadas en ese tr\u00e1mite tutelar, pues \u00ab (\u2026) si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que \u00e9sta puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda el poder por medio del cual se act\u00faa, o se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 \u00bb10. Y, a pesar de haber sido requerido desde el auto admisorio para que acreditara su legitimaci\u00f3n, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el mismo apoderado judicial del actor, insiste en que si incorpor\u00f3 a tiempo el poder otorgado por G. L. P. L. que lo facultaba para iniciar la acci\u00f3n constitucional, pero que el mismo no fue anexado al expediente. Adem\u00e1s, resalta que obra como agente oficioso con el convencimiento cierto de la correspondiente ratificaci\u00f3n de poder, que la acci\u00f3n constitucional se realiz\u00f3 dentro de \u00e1mbito de un proceso judicial, en el cual se vulneraron derechos fundamentales. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante, con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 8 de junio de 2021, con la cual se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n por los alimentos provisionales adeudados, m\u00e1s los intereses legales, con sustento en el auto de 8 de octubre de 2018, que los fij\u00f3 en cinco millones quinientos mil pesos mensuales ($5\u2019500.000) a favor de sus hijos menores de edad. <\/p>\n
2. De entrada es preciso anotar que lo decidido en primer grado por el Tribunal constitucional, no se advierte contrario a las demostraciones obrantes en el expediente en dicha instancia. Sin embargo, se observa que el apoderado de G. L. P. L, si aport\u00f3 en tiempo documento que habilita su inter\u00e9s en defender las prerrogativas constitucionales de su poderdante. Adem\u00e1s, la misma autoridad constitucional, reconoci\u00f3 en auto de 6 de septiembre de 202111, posterior al fallo, que por un error involuntario \u00abno se subi\u00f3 oportunamente al anaquel por la persona encargada de secretaria.\u00bb, por lo que en esta oportunidad se analizar\u00e1 los otros requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, pronto esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional. Y, por tanto, la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, pero en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
4. Sobre el particular, de acuerdo con lo verificado en el expediente del juicio debatido, se observa que la C\u00e9lula judicial cuestionada, libr\u00f3 mandamiento de pago el 19 de noviembre de 2019 por $73.423.900, m\u00e1s los intereses legales y las cuotas que en lo sucesivo se causen. Frente a ello, el actor present\u00f3 excepciones de m\u00e9rito denominadas: falta de t\u00edtulo ejecutivo, cobro de lo no debido y pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Surtidas las siguientes etapas procesales, se profiri\u00f3 sentencia con orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, declarar no probadas las excepciones de fondo y ordenar la pr\u00e1ctica de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, teniendo en cuenta los abonos realizados y que los alimentos provisionales tuvieron vigencia hasta el mes de enero de 2020. <\/p>\n
Contra la anterior providencia, intent\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. Sin embargo, fueron negados, en raz\u00f3n a que la decisi\u00f3n impugnada no era susceptible de esos medios por ser una sentencia en un proceso de \u00fanica instancia. El apoderado de la ejecutante, present\u00f3 la liquidaci\u00f3n correspondiente el 1\u00ba de julio de 2021 por el valor de $66.070.646 de pesos, la cual fue fijada en lista12 para darle traslado a la contraparte, quien guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Una vez vencido el t\u00e9rmino del art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso, el Despacho modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito mediante auto de 15 de julio de 2021, por haberse incurrido en el error de no calcularse el incremento de la cuota de enero de 2020. Esta determinaci\u00f3n, tampoco fue rebatida por el actor. <\/p>\n
5. De lo narrado la Sala concluye que el querellante cont\u00f3 con la oportunidad de exponer y alegar a la autoridad recriminada las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus intereses y no lo hizo. En efecto, es claro que desperdici\u00f3 las herramientas que tuvo a su alcance, concretamente, el recurso de reposici\u00f3n frente al auto que libr\u00f3 mandamiento de pago y la providencia que modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, contando tambi\u00e9n con la objeci\u00f3n frente la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, medios viables de acuerdo con lo contemplado en los art\u00edculos 318, 430 y 446 del C\u00f3digo General del Proceso, los cuales debieron ser alegados dentro de los t\u00e9rminos previstos en dichas normas. <\/p>\n
Por supuesto, tales omisiones imposibilitan el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Ciertamente, ha de tenerse en cuenta que el gestor cont\u00f3 con la posibilidad de exponerle a la autoridad acusada las razones de su inconformidad -relacionadas con la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y el prove\u00eddo que modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. Igualmente, hubiera podido formular las objeciones frente al escrito presentado por la demandante. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer la oportunidad para hacer valer lo que ahora pretende por esta instancia. <\/p>\n
Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala en un caso similar, sostuvo que: <\/p>\n
\u00abEl amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su quebrantamiento ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad, dado que el accionante pese a que asegura que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada al interior del ejecutivo n\u00ba 2015-00988-00 presenta una serie de inconsistencias, que afectan sus garant\u00edas esenciales, lo cierto es que dentro de la oportunidad legalmente prevista para el efecto no la objet\u00f3, as\u00ed como tampoco interpuso recurso alguno frente al auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, desperdiciando con ello las herramientas legalmente previstas en el estatuto procesal vigente para controvertir las actuaciones que ahora reprocha en esta particular senda.\u00bb (CSJ STC5104-2021, mayo 7 de 2021. Rad. 2021-00159-01). <\/p>\n
Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
6. Por lo explicado, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 al 14 01EscritoTutela.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-2 03AnexoTutelaLeonardo.pdf <\/p>\n
4\u0002 Folios 5-6 Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-9 08contestaci\u00f3n excepciones 201900623. Pdf de la subcarpeta CUADERNO PRINCIPAL -201900623 E A TP ONE Drive. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1- 18 23Sentencia.pdf de la subcarpeta Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1- 3 24RecursodeReposicionyApelaci\u00f3n.pdf de la subcarpeta Ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Folios 1-3 26AutoNiegaRecursos.pdf de la subcarpeta Ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Folios 1-3 30AutoModificaLiquidacion.pdf de la subcarpeta Ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, STC458-2021, exp 11001-22-03-000-2020-01766-01 de 28 de enero de 2021 <\/p>\n
11\u0002 Folio 1 24Complementaci\u00f3nAutoDel 3-09-2021.pdf <\/p>\n
12\u0002 Folio 1 28FijacionLista20210706.pdf de la subcarpeta CUADERNO PRINCIPAL -201900623 E A TP ONE Drive. <\/p>\n
<\/p>\n
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