STC13356-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13356-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11-001-02-03-000-2021-03493-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Jaider Enrique Mart\u00ednez Payares, quien adujo actuar en nombre de la Asociaci\u00f3n para el Desarrollo y Asesor\u00eda Comercial DAC, interpuso contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, extensiva al Juzgado 2\u00ba Promiscuo Municipal de Mit\u00fa y a las partes e intervinientes del proceso ejecutivo singular no. 2020-00085 00 y de la acci\u00f3n de tutela no. 2021-0007-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pretende que se ordene al Tribunal accionado que modifique la providencia que declar\u00f3 inadmisible la impugnaci\u00f3n de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Mit\u00fa Vaup\u00e9s en la acci\u00f3n de tutela aludida (9 de junio 2021), para que, en su lugar, d\u00e9 tr\u00e1mite a la alzada. <\/p>\n
En sustento, adujo que como apoderado judicial de la Asociaci\u00f3n para el Desarrollo y Asesor\u00eda Comercial DAC promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra la Fundaci\u00f3n Era. Precis\u00f3 que la demandada instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela en la que cuestion\u00f3 el tr\u00e1mite coercitivo, asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado 2\u00ba Promiscuo Municipal de Mit\u00fa, quien vincul\u00f3 al tr\u00e1mite constitucional a las partes del proceso ejecutivo 2020-00085 00, efecto para el cual remiti\u00f3 la notificaci\u00f3n al correo electr\u00f3nico del aqu\u00ed actor en su calidad de representante judicial de la Asociaci\u00f3n referida. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que como apoderado la Asociaci\u00f3n para el Desarrollo y Asesor\u00eda Comercial DAC dio respuesta a la acci\u00f3n de tutela; sin embargo, al emitir la sentencia, el Juzgado no tuvo en cuenta sus manifestaciones, raz\u00f3n por la cual impugn\u00f3 el fallo. El tr\u00e1mite fue remitido al Tribunal convocado, quien solicit\u00f3 a la autoridad de primer grado que informara si el abogado impugnante contaba con poder para actuar, inform\u00e1ndosele a dicha autoridad que el poder requerido no exist\u00eda, raz\u00f3n por la cual la Magistratura declar\u00f3 inadmisible la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
A juicio del censor, el cuerpo colegiado desconoci\u00f3 que es parte en el proceso ejecutivo y tiene poder especial para actuar en representaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n para el Desarrollo y Asesor\u00eda Comercial DAC SAS. <\/p>\n
2. El Jugado 2\u00ba Civil Municipal de Mit\u00fa Solicit\u00f3 que se conceda el amparo reclamado, toda vez que Jaider Enrique Mart\u00ednez Payares s\u00ed act\u00faa como apoderado de la Asociaci\u00f3n para el Desarrollo y Asesor\u00eda Comercial DAC SAS en el proceso ejecutivo en comento. <\/p>\n
Para la fecha de elaboraci\u00f3n de esta decisi\u00f3n no se hab\u00eda recibido pronunciamiento adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora el fracaso de la salvaguarda porque el accionante no ostenta legitimaci\u00f3n en la causa por activa dentro del presente asunto. <\/p>\n
A pesar de la informalidad que se impone en este tipo de tr\u00e1mite preferente y sumario, el legislador ha establecido unas directrices encaminadas a identificar a los sujetos que se hallan facultados para incoarlo, ello, en aras de velar por su adecuado y efectivo empleo. As\u00ed, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 consagr\u00f3: <\/p>\n
LEGITIMIDAD E INTER\u00c9S. La acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. (Resaltado propio) <\/p>\n
Tal es la trascendencia del asunto que esta Corte ha sentado sobre el particular que: <\/p>\n
(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [canon] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026)\u201d STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02, reiterada en STC2657-2021 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, revisado el escrito de tutela se observa que Jaider Enrique Mart\u00ednez Payares manifest\u00f3 obrar en este asunto en \u00abcalidad [de] apoderado de la SOCIEDAD AN\u00d3NIMA SIMPLIFICADA PARA EL DESARROLLO Y ASESORIA COMERCIAL DAC S.AS.\u00bb, con el fin de censurar las actuaciones jurisdiccionales que dentro de la acci\u00f3n de tutela con radicado n\u00b0 2021-0007-00 se han adelantado; sin embargo, se observa la improcedencia del resguardo porque el accionante no ostenta la titularidad de las prerrogativas fundamentales que invoca. <\/p>\n
En efecto, los derechos que eventualmente puedan resultar lesionados con ocasi\u00f3n del pleito que se somete a revisi\u00f3n, pertenecen a quienes all\u00ed detentan la calidad de partes y no a sus mandatarios judiciales, quienes de ninguna manera act\u00faan ante la jurisdicci\u00f3n en defensa de atributos propios, sino en ejercicio de la postulaci\u00f3n que les asiste. De all\u00ed que, para el caso concreto, no se evidencie circunstancia alguna que permita colegir la lesi\u00f3n a los derechos del impulsor. <\/p>\n
En ese orden, si lo que pretend\u00eda el accionante era actuar en esta senda como representante de quien funge como su prohijada en el proceso ejecutivo mencionado, bien pudo hacerlo, pero con el lleno de los requisitos que para ese evento dispuso el legislador, en concreto, aportando el poder especial que para esta salvaguarda le fuere otorgado. <\/p>\n
Ahora, que no se diga que el eventual suceso de figurar como apoderado especial dentro de la acci\u00f3n coercitiva, por s\u00ed, lo facultaba para la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n, pues como bien se ha expresado en otras ocasiones \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u00bb (CSJ SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, reiterada en STC10249-2018, 10 ago. 2018, rad. 00130-01) <\/p>\n
Finalmente, del escrito de tutela no se contempla o infiere circunstancia particular que tenga la virtud de impedir que la eventual afectada acuda de manera directa a este mecanismo supra legal, suceso que eventualmente har\u00eda posible la participaci\u00f3n del censor bajo el manto de la agencia oficiosa, figura sobre la cual se tiene dicho: <\/p>\n
(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala. (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada en STC16407-2015 y STC2657-2021). Resaltado de ahora. <\/p>\n
En definitiva, teniendo en cuenta que no se acredit\u00f3 la lesi\u00f3n de los derechos del promotor ni se aport\u00f3 el poder especial que le fuese conferido para intentar esta salvaguarda, no queda opci\u00f3n diferente a la de declarar la improcedencia de su resguardo conforme a las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Jaider Enrique Mart\u00ednez Payares. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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