STC13359-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13359-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03566-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Francis Donaide Fl\u00f3rez Llanos instaur\u00f3 contra la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintid\u00f3s de esa misma ciudad y especialidad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal con radicado n\u00b0 110013110022-2019-000-27-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 que se declare la nulidad de lo actuado en el juicio cuestionado desde el 17 de julio de 2020. <\/p>\n
En sustento, adujo ser demandante en el pleito objeto de revisi\u00f3n, donde el 27 de febrero de 2020 se inici\u00f3 la audiencia de inventarios y aval\u00faos que fue suspendida con ocasi\u00f3n de las objeciones que all\u00ed se presentaron en contra de las partidas correspondientes a \u00abpasivos\u00bb y \u00abrecompensa\u00bb de la sociedad conyugal. Relat\u00f3 que en dicha audiencia se comprometi\u00f3 a aportar una escritura p\u00fablica que, a su juicio, soportaba la existencia de la partida perseguida, la cual alega haber remitido al correo electr\u00f3nico del despacho el 17 de julio de 2020. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 7 de diciembre de ese mismo a\u00f1o contin\u00fao la vista p\u00fablica y en ella el juzgado manifest\u00f3 no haber recibido la documental referida, por lo que luego de valorar las dem\u00e1s pruebas aportadas y las declaraciones vertidas, resolvi\u00f3 no tener por probada la recompensa anhelada. Determinaci\u00f3n que fue apelada sin \u00e9xito (16 abr. 2021). <\/p>\n
Del anterior panorama critic\u00f3 que el juzgado i). no acusara recibo del memorial en el que adujo aportar la escritura p\u00fablica, ii). no le informara sobre las irregularidades que, a su parecer, se presentaron con el correo se\u00f1alado, iii). no le recibiera en la audiencia del 7 de diciembre \u00abtales documentos que ah\u00ed tambi\u00e9n los ten\u00eda\u00bb. Tambi\u00e9n reproch\u00f3 que el Tribunal a). resolviera de fondo sobre la inexistencia de la partida, pero no dijera nada sobre el aludido env\u00edo de la documentaci\u00f3n, b). no emitiera pronunciamiento sobre la falta de acuse de recibo por parte del juzgado y la ausencia de comunicaci\u00f3n sobre los alegados inconvenientes con el correo electr\u00f3nico rese\u00f1ado. <\/p>\n
De otro lado, se\u00f1al\u00f3 que de manera paralela al tr\u00e1mite de su alzada solicit\u00f3 nulidad de la decisi\u00f3n relativa a su recompensa arguyendo que s\u00ed hab\u00eda remitido al correo electr\u00f3nico del despacho la escritura p\u00fablica que se ech\u00f3 de menos. Critic\u00f3 que el juzgador rechazara de plano su nulidad bajo el argumento consistente en que el Tribunal ya hab\u00eda decantado el asunto (17 jun. 2021) y que la reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que contra ese prove\u00eddo interpuso hubiesen sido rechazados por improcedentes bajo la misma justificaci\u00f3n (2 sep. 2021). <\/p>\n
2. El Juzgado convocado remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos tutelares y las circunstancias que rodearon el caso concreto habr\u00e1 de denegarse el resguardo por falta de subsidiariedad como se pasa a exponer. <\/p>\n
De lo anterior expuesto, en breve se colige la incuria de la tutelante quien, a pesar de haber apelado el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 sobre los inventarios, nada protest\u00f3 respecto de lo que ac\u00e1 dijo, por lo que se hace ostensible el desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario y excepcional que caracteriza a este tipo de tr\u00e1mite constitucional. No en vano, sobre la desidia que se pone de presente, ha reiterado esta Sala que: <\/p>\n
Es decir, cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle al juzgado acusado las razones de su inconformidad y reclamarle en pro de sus intereses y no lo hizo; por el contrario, dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino procesal que le fuera otorgado para que pudiera rebatir tal resoluci\u00f3n y as\u00ed le fuera revisado su descontento, sin que este camino pueda convertirse en un medio alternativo para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican este mecanismo constitucional. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una ruta para renacer las etapas clausuradas, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. (Sentencia STC7560-2018). Subrayas resaltadas. <\/p>\n
Con todo, valga recordar que no existe disposici\u00f3n que conmine al juzgado a desplegar las conductas por las que aqu\u00ed se doli\u00f3 la gestora, y que, en casos como el alegado, asiste a las partes y sus apoderados el deber de conservar la evidencia del env\u00edo de sus memoriales a fin de demostrar la remisi\u00f3n de sus misivas y habilitar la subsanaci\u00f3n de las eventuales inconsistencias que pudiesen presentarse con ocasi\u00f3n del uso de medios virtuales de comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior en raz\u00f3n a que la implementaci\u00f3n de la justicia virtual y el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n no pueden dar cabida a la inseguridad jur\u00eddica, por el contrario, el principio de equivalencia funcional debe estar presente en todas las actuaciones que en otrora se hac\u00edan en la presencialidad, algunas veces, de forma anal\u00f3gica y que ahora se ejecutan a trav\u00e9s de la virtualidad y de manera digital. <\/p>\n
La radicaci\u00f3n de memoriales a trav\u00e9s de las barandas virtuales o correos electr\u00f3nicos no es ajena a la aplicaci\u00f3n del referido principio. Incluso, desde la expedici\u00f3n de la ley 527 de 1999 la jurisprudencia constitucional al referirse al documento electr\u00f3nico se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
El proyecto de ley, al igual de la Ley Modelo, sigue el criterio de los \u00abequivalentes funcionales\u00bb que se fundamenta en un an\u00e1lisis de los prop\u00f3sitos y funciones de la exigencia tradicional del documento sobre papel, para determinar c\u00f3mo podr\u00edan cumplirse esos prop\u00f3sitos y funciones con t\u00e9cnicas electr\u00f3nicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Se adopt\u00f3 el criterio flexible de \u00abequivalente funcional\u00bb, que tuviera en cuenta los requisitos de forma fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables a la documentaci\u00f3n consignada sobre papel, ya que los mensajes de datos por su naturaleza, no equivalen en estricto sentido a un documento consignado en papel. <\/p>\n
<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, los documentos electr\u00f3nicos est\u00e1n en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel y, en la mayor\u00eda de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez, especialmente con respecto a la identificaci\u00f3n del origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos t\u00e9cnicos y jur\u00eddicos plasmados en la ley. (Corte Constitucional C-662 de 2000) Negrita y subrayas de la Sala. <\/p>\n
Luego, si la fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad se predica de la documentaci\u00f3n electr\u00f3nica tambi\u00e9n debe estar garantizada en los medios a trav\u00e9s de los cuales se remite dicha informaci\u00f3n, tal como sucede con los correos electr\u00f3nicos que hoy en d\u00eda hacen las veces de barandas virtuales, de ah\u00ed que quien realiza la remisi\u00f3n electr\u00f3nica de un memorial, no pueda simplemente alegar que determinada documental fue enviada, sino que debe tener la capacidad de acreditar que as\u00ed lo hizo. Es decir, no solo las sedes judiciales deben implementar controles que les permitan hacer seguimiento a las documentales que reciben a trav\u00e9s de canales digitales, sino que tambi\u00e9n los usuarios de la justicia deben tener la capacidad de probar qu\u00e9 radicaciones electr\u00f3nicas efectuaron. <\/p>\n
Para ilustrar lo anterior debe memorarse que en la pr\u00e1ctica judicial, la presentaci\u00f3n de memoriales implicaba que el interesado, la parte, el litigante o sus autorizados acud\u00edan a la secretar\u00eda del Juzgado o cuerpo colegiado y presentaban dos copias de la solicitud que quer\u00edan incorporar a un expediente, ambas eran selladas con un reloj radicador que autom\u00e1ticamente impon\u00eda la identificaci\u00f3n de la sede judicial, el d\u00eda y la hora, incluso, en algunos lugares del pa\u00eds, ante la usencia del mencionado mecanismo se impon\u00eda por parte del funcionario autorizado la fecha y la firma que daba cuenta de la presentaci\u00f3n del escrito; una de esas copias quedaba en la sede judicial y otra correspond\u00eda al \u00abrecibido\u00bb que le permit\u00eda al solicitante tener certeza y eventualmente acreditar que su solicitud hab\u00eda sido entregada, esta labor adem\u00e1s conllevaba que la persona encargada de recibir el memorial en la secretar\u00eda del despacho verificara que los dos escritos que le entregaban eran id\u00e9nticos. Luego, si por alg\u00fan error humano no se agregaba al expediente la solicitud, el interesado deb\u00eda probar, con su copia, que s\u00ed hab\u00eda efectuado la radicaci\u00f3n, para que as\u00ed el Juez tomara las medidas de saneamiento a que hubiere lugar. <\/p>\n
Pues bien, con la presentaci\u00f3n electr\u00f3nica de memoriales la esencia de la din\u00e1mica mencionada se mantiene y se simplifica: ya no es necesario acudir a la sede judicial, no se presentan dos escritos impresos y no se usa el reloj radicador u otros medios manuales de recepci\u00f3n de documentos. Ahora, es el mismo medio electr\u00f3nico de env\u00edo el que permite establecer si tales acciones fueron realizadas, pues existen bandejas de entrada y salida de mensajes que dan cuenta de la realizaci\u00f3n de dichas actividades. Entonces, si por error humano, no se agrega un memorial radicado virtualmente al respectivo expediente, el remitente debe estar en capacidad de acreditar el env\u00edo de su solicitud con una documental en la que pueda identificarse la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del destinatario, as\u00ed como la hora y fecha de env\u00edo, raz\u00f3n por la cual, se insiste, no puede en un litigio simplemente afirmarse que se remiti\u00f3 determinada informaci\u00f3n o documental, sin que exista medio suasorio que permita tener certeza de tal proceder. Lo anterior, sin perjuicio, del control que debe existir en las secretar\u00edas de las sedes judiciales respecto del manejo documental propio de su labor. <\/p>\n
3. La misma suerte corre el reparo relativo a que el juzgado no permitiera la aportaci\u00f3n de los documentos en la vista oral respectiva pues, a pesar de que la gestora manifest\u00f3 que \u00abtampoco en la diligencia me recibieron tales documentos que ah\u00ed tambi\u00e9n los ten\u00eda\u00bb, revisada la grabaci\u00f3n de esa actuaci\u00f3n se extra\u00f1a que la promotora hubiese elevado tal petici\u00f3n al juzgador o se hubiese dolido de ello ante el superior. De all\u00ed que sobre este t\u00f3pico tambi\u00e9n se frustre el amparo conforme a lo ya expuesto. <\/p>\n
El documento se aporta incompleto, en \u00e9l no se registra uno de los elementos esenciales, expresi\u00f3n de la voluntad de aceptaci\u00f3n de su contenido a trav\u00e9s de la suscripci\u00f3n como tampoco obra la escritura p\u00fablica documento necesario para acreditar el acto dispositivo del bien propio o en su defecto el certificado de tradici\u00f3n. En tales condiciones, uno de los elementos alegados como sustento de la recompensa, el desplazamiento del patrimonio por la venta de un inmueble de propiedad de la se\u00f1ora FRANCIS DONAIDE FL\u00d3REZ LLANOS no resulta acreditado con prueba id\u00f3nea, y la reclamaci\u00f3n fundada en ese hecho insostenible, pues, aun cuando la se\u00f1ora apoderada asegura haber enviado los documentos tal circunstancia no fue subsanada durante la primera ni en esta instancia. <\/p>\n
Es claro, entonces, de un lado, que para el juzgador de segundo grado la ausencia de la escritura p\u00fablica pluricitada fue apenas uno de los elementos que conllevaron a la frustraci\u00f3n del anhelo de la entonces recurrente y, por otro, que la gestora no despleg\u00f3 ning\u00fan acto tendiente a \u00absubsanar\u00bb el se\u00f1alado vac\u00edo o acreditar su respectivo y oportuno env\u00edo, de lo que se colige con facilidad que sobre este aspecto s\u00ed hubo pronunciamiento del Tribunal, contrario a lo arg\u00fcido por la tutelante y que de \u00e9l ning\u00fan reproche constitucional aflora. <\/p>\n
5. En lo referente a la critica fundada en que le Tribunal no nada dijo sobre la ausencia de acuse de recibo por parte del juzgado y en relaci\u00f3n con el mensaje de correo electr\u00f3nico ya mencionado, as\u00ed como la falta de comunicaci\u00f3n sobre las alegadas irregularidades respectivas, pronto se advierte que tal y como se mencion\u00f3 en precedencia, esa cuesti\u00f3n no fue contenida en la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, motivo suficiente para que el Tribunal no tuviese que abordar su estudio conforme lo dispone el canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso, que en lo pertinente dispuso que \u00ab[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante (\u2026)\u00bb <\/p>\n
6. Finalmente, en lo que respecta a la queja por la forma en que el juzgado querellado despach\u00f3 la solicitud de nulidad (17 jun. 2021) y la respectiva nugatoria al recurso de apelaci\u00f3n que contra esa decisi\u00f3n interpuso (2 sep. 2021), en breve se advierte la falta de subsidiariedad como quiera que, revisado el paginario no se observa que la gestora hubiese intentado de conformidad con el art\u00edculo 352 y 353 del C\u00f3digo General del Proceso, la reposici\u00f3n y la queja en contra de la decisi\u00f3n que ac\u00e1 censura, raz\u00f3n suficiente para que el auxilio tropiece conforme a las consideraciones precedentes. <\/p>\n
7. En definitiva, como quiera que no se satisfizo el presupuesto de procedencia descrito, no queda alternativa diferente a desestimar el amparo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR por improcedente la tutela instada por Francis Donaide Fl\u00f3rez Llanos. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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