STC13360-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13360-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01001-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 27 de mayo de 2021, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Enrique Mancera Mancera contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, con vinculaci\u00f3n de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial, el Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-31-05-010-2014-00438-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor solicit\u00f3 \u00abi) dejar sin efecto la sentencia de 21 de octubre de 2020 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 casaci\u00f3n del 18 de agosto de 2020 (\u2026);ii se disponga que [la accionada) dict[e] una nueva sentencia en la que disponga que a partir de la vigencia de la Ley 797 de 2003 el l\u00edmite o tope m\u00e1ximo de [su] pensi\u00f3n debe fijarse en 25 salarios m\u00ednimos mensuales vigentes para ese a\u00f1o, o, en subsidio [se] ordene la reliquidaci\u00f3n de [su] pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n elev\u00e1ndola al equivalente a 25 salarios m\u00ednimos mensuales de 2003 a partir de la vigencia de la Ley 797 de la misma anualidad\u00bb. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de Exxonmobil de Colombia S.A., con el fin de que se reajustara su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n al nuevo tope de los 25 salarios m\u00ednimos a partir de la vigencia de la Ley 797 de 2003, pretensiones que no fueron de recibo por el Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de esta ciudad (8 may. 2015), determinaci\u00f3n que apel\u00f3 y el Tribunal revoc\u00f3 (25 ag. 2015) para condenar a la demandada \u00aba reliquidar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n legal reconocida (\u2026), a partir del 9 de octubre de 2002, hasta el tope m\u00e1ximo de 20 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de la \u00e9poca (\u2026)\u00bb, as\u00ed como declarar parcialmente probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n sobre las diferencias de las mesadas causadas con anterioridad al 27 de junio de 2011 y vigentes las que surgieron de all\u00ed en adelante. Cont\u00f3 que postul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero la Corte decidi\u00f3 no casar la sentencia del juez colegiado (SL4046-2020, 21 oct.). Inst\u00f3 la nulidad porque \u00abel juzgador transitorio extralimit\u00f3 sus funciones y, en consecuencia, oper\u00f3 fuera de sus l\u00edmites legales], por desconocimiento del precedente horizontal, pero no fue exitosa (AL842-2021, 10 mar.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la Magistratura de casaci\u00f3n no tuvo en cuenta los precedentes de la sala permanente y de la Corte Constitucional y que en tal raz\u00f3n debi\u00f3 \u00abordenar el ajuste de [su] mesada pensional al nuevo l\u00edmite de los 25 salarios m\u00ednimos a partir de la vigencia de la Ley 797 de 2003 pues el 75% de [su] salario base de liquidaci\u00f3n superaba ese l\u00edmite\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 defendi\u00f3 su pronunciamiento y se\u00f1al\u00f3 que resolvi\u00f3 el recurso objeto de estudio de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes en materia de tope m\u00e1ximo pensional, \u00ablas cuales, correspond\u00edan a las versiones originales de los art\u00edculos 18 y 35 de la Ley 100 de 1993 y 2 del Decreto 314 de 4 de febrero de 1994 para la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n del art\u00edculo 260 del CST (\u2026)\u00bb, vigentes al momento de la estructuraci\u00f3n del derecho. La Sociedad Primax Colombia S.A. resisti\u00f3 los anhelos porque \u00abel fallo atacado tato en su an\u00e1lisis como en su decisi\u00f3n acert\u00f3 por haberse ajustado na la realidad evidenciada en el expediente procesal y al acervo probatorio arrimado al proceso \u2013 prueba documental- (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego tras considerar razonable la sentencia confutada porque \u00ablos cuestionamientos del petente fueron debidamente analizados, lo que evidencia que la parte accionante busca cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de la jurisdicci\u00f3n laboral (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. El quejoso recurri\u00f3 e insisti\u00f3 en que en su caso el \u00abl\u00edmite de los 25 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes deb\u00eda aplicarse autom\u00e1ticamente\u00bb a su pensi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de la providencia reprochada no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta. <\/p>\n
Como lo tiene decantado la Corte, esta instituci\u00f3n no fue creada para replicar la actividad jurisdiccional, salvo cuando exista una irregularidad que configure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb y el interesado as\u00ed lo exponga dentro de un tiempo prudencial, siempre que no tenga ni haya desaprovechado otros instrumentos ordinarios o extraordinarios para conjurar el agravio. De ah\u00ed que, solamente \u00aben los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ STC9877-2018, CSJ STC9600-2019, y \u00faltimamente en STC8097-2021). <\/p>\n
En el caso bajo estudio, el libelista cuestiona la providencia SL4046-2020 de 21 de octubre de 2020, donde la Sala de Descongesti\u00f3n accionada no cas\u00f3 la sentencia de 25 de agosto de 2015, emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, revocatoria del prove\u00eddo de primer grado que neg\u00f3 al aqu\u00ed impugnante la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n legal, e igualmente le impuso el \u00abtope m\u00e1ximo de 20 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de la \u00e9poca (\u2026)\u00bb, porque en su criterio esa decisi\u00f3n no tuvo en cuenta los precedentes de la misma sala y de la Corte Constitucional, y en consecuencia el tope debi\u00f3 fijarse en 25 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Luego de revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho y menos el agravio de prerrogativas fundamentales, toda vez que, si bien result\u00f3 adversa a los intereses del inconforme, tampoco por esta circunstancia debe tildarse de arbitraria o caprichosa, menos a\u00fan si se tiene en cuenta que las razones que condujeron a desechar los cargos que en esa sede elev\u00f3 Mancera Mancera, ya que al analizar el caso concreto y determinar si la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a cargo de la empresa demandada no deb\u00eda estar sujeta a los l\u00edmites m\u00e1ximos legales, encontr\u00f3 que el tope previsto para las pensiones del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida era de 20 s.m.m.l.v., el cual se aplicaba a aquellas personas que cumplieran el requisito de la edad en vigencia del par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 18 de la Ley 100 de 1993, como result\u00f3 ser el caso concreto del actor, quien se pension\u00f3 a partir del 9 de octubre de 2002, fecha en que cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os de edad y para la cual se encontraba vigente la normatividad en cita, perspectiva donde la autoridad enjuiciada al ocuparse del primero de los ataques sostuvo que: <\/p>\n
(\u2026) si el empleador reconoce una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n al trabajador, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, esta corresponde a una prestaci\u00f3n de car\u00e1cter de extralegal (CSJ SL14712-2017); no obstante, tambi\u00e9n se ha indicado, que el reconocimiento anticipado de una pensi\u00f3n legal, es decir, previo al cumplimiento de la edad, como ocurri\u00f3 en el sub lite, constituye un acuerdo extralegal v\u00e1lido respecto del cual, una vez satisfechos los requisitos de ley, no puede d\u00e1rsele la misma connotaci\u00f3n sino que ser\u00e1 la ley la que regule los diferentes aspectos de la prestaci\u00f3n (CSJ SL7102-2015). <\/p>\n
De lo que viene de decirse se puede afirmar que el hecho de que se hubiere anticipado voluntariamente por el empleador el otorgamiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n no exonera ni impide que al momento en que se alcanza la edad pensional, se verifique si la misma se ajustaba a las normas legales vigentes, pues, como ya se indic\u00f3, el derecho legal del actor no se extingui\u00f3 por el beneficio extralegal concedido en forma anticipada. <\/p>\n
Por ello al adentrarse en el tema de inconformidad atinente a la posibilidad de revisi\u00f3n del tope m\u00e1ximo de la mesada, se remiti\u00f3 al estudio del marco normativo que reg\u00eda ese tipo de prestaci\u00f3n realizado por la hom\u00f3loga laboral en diversos pronunciamientos (CSJ SL10625-2014, reiterada en la SL320-2018) y por ello explic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) esta Corporaci\u00f3n estima necesario hacer un recuento normativo de los topes m\u00ednimos y m\u00e1ximos de las pensiones, as\u00ed: \u201cEn un comienzo la Ley 4\u00aa de 1976 consagr\u00f3 en su art\u00edculo 2\u00b0, que las pensiones de jubilaci\u00f3n, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores p\u00fablicos, oficial, semioficial, en todos sus \u00f3rdenes, y en el sector privado, as\u00ed como las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, \u201cno podr\u00e1n ser inferiores al salario m\u00ednimo mensual m\u00e1s alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario\u201d. <\/p>\n
Posteriormente la Ley 71 de 1988 art\u00edculo 2\u00b0, entr\u00f3 a modificar esos topes m\u00ednimo y m\u00e1ximo, para lo cual se\u00f1al\u00f3 que \u201cNinguna pensi\u00f3n podr\u00e1 ser inferior al salario m\u00ednimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales. PARAGRAFO. El l\u00edmite m\u00e1ximo de las pensiones, s\u00f3lo ser\u00e1 aplicable a las que se causen a partir de la vigencia de la presente ley. <\/p>\n
Luego la Ley 100 de 1993 en su art\u00edculo 18 par\u00e1grafo 3\u00b0, elimin\u00f3 el l\u00edmite m\u00e1ximo de los 15 salarios m\u00ednimos legales, al establecer que \u201cCuando el Gobierno Nacional limite la base de cotizaci\u00f3n a veinte (20) salarios m\u00ednimos, el monto de las pensiones en el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida no podr\u00e1 ser superior a dicho valor\u201d, limitaci\u00f3n que el ejecutivo llev\u00f3 a cabo con la expedici\u00f3n del Decreto 314 de 1994 en cuyo art\u00edculo 2\u00b0 se determin\u00f3 que \u201cEn desarrollo del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 18 de la Ley 100 de 1993, el monto de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, para los afiliados al r\u00e9gimen solidario de prima media con prestaci\u00f3n definida, no podr\u00e1 ser superior a veinte (20) salarios m\u00ednimos legales mensuales. <\/p>\n
Igualmente, el art\u00edculo 35 de la citada Ley 100, ratific\u00f3 el tope m\u00ednimo al estipular que \u201cEl monto mensual de la pensi\u00f3n m\u00ednima de vejez o jubilaci\u00f3n no podr\u00e1 ser inferior al valor del salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u201d, y adicionalmente en su par\u00e1grafo consagr\u00f3 que \u201cLas pensiones de jubilaci\u00f3n reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Ley 4\u00aa de 1992 no estar\u00e1n sujetas al l\u00edmite establecido por el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 71 de 1988, que por esta ley se modifica, (salvo en los reg\u00edmenes e instituciones excepcionadas en el art\u00edculo 279 de esta ley)\u201d (resalta la Sala), donde el texto entre par\u00e9ntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-089 del 26 de febrero de 1997. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, descendiendo al caso en particular del demandante, si bien es cierto su derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n se consolid\u00f3 antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 24 de diciembre de 1993 cuando cumpli\u00f3 la edad de 55 a\u00f1os, tambi\u00e9n lo es, que el reconocimiento se realiz\u00f3 despu\u00e9s del 18 de mayo de 1992 cuando entr\u00f3 a regir la Ley 4\u00aa de ese mismo a\u00f1o, que es el referente que trae el par\u00e1grafo del art\u00edculo 35 de la citada Ley 100, para inaplicar por mandato legal el tope previsto en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 71 de 1988, y en sana l\u00f3gica acoger el l\u00edmite m\u00e1ximo de los 20 salarios m\u00ednimos legales. <\/p>\n
Importa decir, que esta Sala de Casaci\u00f3n Laboral tuvo la oportunidad de interpretar el aludido par\u00e1grafo del art\u00edculo 35 de la Ley 100 de 1993 y estim\u00f3 que la prerrogativa all\u00ed contenida, era aplicable a toda clase de pensiones legales otorgadas con anterioridad al sistema de seguridad social integral, siempre y cuando se satisfaga la condici\u00f3n de ser concedidas luego de la vigencia de la Ley 4\u00aa de 1992, como en esta oportunidad ocurre con la pensi\u00f3n del accionante, si se tiene en cuenta que se caus\u00f3 en diciembre de 1993 y corresponde a la legal de jubilaci\u00f3n del art\u00edculo 260 del C. S. del T., que exige 20 a\u00f1os de servicios y 55 a\u00f1os de edad, equivalente al 75% del salario promedio del \u00faltimo a\u00f1o de servicios. <\/p>\n
Ciertamente en casaci\u00f3n del 11 de julio de 2002 radicado 16935, reiterada en sentencias del 6 de agosto de 2002 y 17 de febrero de 2009 radicaci\u00f3n 17929 y 33536 respectivamente, \u00e9sta \u00faltima proferida en un proceso seguido contra la misma demandada Compa\u00f1\u00eda de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidaci\u00f3n obligatoria, se adoctrin\u00f3 lo antes expuesto, y en la primera de las mencionadas se puntualiz\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026.) Para desvirtuar ese soporte jur\u00eddico de la sentencia, el recurrente destaca que el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 71 de 1988 no se encuentra vigente, citando al efecto el par\u00e1grafo del art\u00edculo 35 de la Ley 100 de 1993, cuyo texto es del siguiente tenor: <\/p>\n
<Las pensiones de jubilaci\u00f3n reconocidas con posterioridad a la vigencia de la ley 4\u00aa de 1992, no estar\u00e1n sujetas al l\u00edmite establecido por el art\u00edculo 2\u00ba de la ley 71 de 1988, que por esta ley se modifica>. (La parte restante del par\u00e1grafo fue declarada inexequible por sentencia C-89 de 1997 de la Corte Constitucional). <\/p>\n
De ese precepto, bien puede extraerse lo siguiente: a) Que la no aplicabilidad del tope consagrado en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 71 de 1988 rige para las pensiones concedidas a partir de la vigencia de la Ley 4\u00aa de 1992, que empez\u00f3 el 18 de mayo de ese mismo a\u00f1o, seg\u00fan se evidencia del Diario Oficial No. 40451; b) Que como tal norma incluy\u00f3 las pensiones otorgadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, sin especificar cu\u00e1l o cu\u00e1les, debe suponerse que cobij\u00f3 no solamente las consagradas en esa Ley, sino adem\u00e1s, las referentes a otros sistemas de pensiones; c) Que consecuencialmente, el tope de 15 salarios m\u00ednimos establecido en la Ley 71 de 1988 fue derogado para toda clase de pensiones legales y, d) Que como la norma no discrimina los tipos de pensiones a que se refiere, dentro de ellas pueden incluirse las convencionales que se remiten a la ley para establecer los topes m\u00e1ximos de su cuant\u00eda. <\/p>\n
De acuerdo con ello, para la Corte, tiene raz\u00f3n el recurrente cuando sugiere e insiste, que el tope m\u00e1ximo de la pensi\u00f3n establecido en el art\u00edculo 2\u00ba de la ley 71 de 1988 no es el aplicable al caso bajo estudio, entre otros motivos, por haber sido expresamente derogado por la ley 100 de 1993. <\/p>\n
En ese orden de ideas, como la norma vigente sobre l\u00edmites a la cuant\u00eda de las pensiones es el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 314 de 1994, que los fij\u00f3 en 20 salarios m\u00ednimos mensuales, no puede haber duda que es a ese tope al que remite la norma convencional\u201d (Los resaltados y subrayas son del texto). <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
(\u2026) de acuerdo a lo establecido en el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 35 de la Ley 100 de 1993, esta Corte concluy\u00f3 que dicho l\u00edmite aplica para toda clase de pensiones legales, car\u00e1cter que ostenta la de jubilaci\u00f3n del art\u00edculo 260 del CST reconocida al demandante, siempre que hayan sido otorgadas despu\u00e9s de la entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 <\/p>\n
As\u00ed mismo, al ocuparse del segundo cargo indic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) para la calenda en la que se consolid\u00f3 el derecho a la prestaci\u00f3n legal de jubilaci\u00f3n, que se reitera, fue el 9 de octubre de 2002, las normas vigentes en materia de tope m\u00e1ximo pensional correspond\u00edan a las versiones originales de los art\u00edculos 18 y 35 de la Ley 100 de 1993 y 2 del Decreto 314 de 4 de febrero de 1994, como qued\u00f3 visto en el cargo anterior, no siendo de recibo la inconformidad esgrimida por el recurrente, precisamente por ser la norma vigente al momento de la estructuraci\u00f3n del derecho la llamada a regirlo y no una posterior -art\u00edculo 5 de la Ley 797 de 2003-, como lo pretende el recurrente. <\/p>\n
Pues bien, del extenso recuento se infiere que ese tipo de pensiones han estado sometidas a los topes m\u00e1ximos legales y la regla aplicable para determinarlos es la vigente al momento en que se otorga el derecho, para el caso concreto al recurrente se le reconoci\u00f3 su prestaci\u00f3n a partir del 9 de octubre de 2002, por esa raz\u00f3n la norma llamada a regular el asunto es el par\u00e1grafo 3\u00b0, art\u00edculo 18, de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el Decreto 314 de 1994 aplicable al cumplir la edad requerida en el a\u00f1o 2002, argumentaci\u00f3n que de manera alguna desconoci\u00f3 la l\u00ednea jurisprudencial de la permanente Sala Especializada en lo Laboral como la de la Corte Constitucional, y en ese escenario no estaba cobijado por el canon 5\u00b0 de la Ley 797 de 2003, que impone la limitaci\u00f3n de la aludida pensi\u00f3n a 25 s.m.l.m.v., y que las prestaciones reconocidas con anterioridad a ella son susceptibles de modificaci\u00f3n, tal expectativa no qued\u00f3 consignada, por modo tal que no es viable su materializaci\u00f3n retrospectiva. <\/p>\n
En consecuencia, comoquiera que la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n razonable, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo del impugnante es que prevalezca su criterio o buscar otro para aniquilar la sentencia que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13360-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC13360-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01001-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 27 de mayo de 2021, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58349","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58349\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}