STC13361-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13361-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01104-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 8 de junio de 2021, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilges Benjam\u00edn Cueto C\u00e1ceres contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Cuarta de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, extensiva a los intervinientes en el litigio 2008-00114. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante solicit\u00f3 dejar sin efectos las sentencias proferidas por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n (26 jun. 2018) y la Sala Cuarta de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla (29 feb. 2012) para, en su lugar, ordenar a la Administradora de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. reconocer y pagar la pensi\u00f3n invalidez a partir del 10 de octubre de 2005, actualizada con base al IPC o, en su defecto, dejar vigente en su totalidad, aunque \u00abactualizada\u00bb, la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla (25 may. 2010). <\/p>\n
En sustento de las s\u00faplicas, indic\u00f3 que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. para obtener el \u00abreconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb por p\u00e9rdida de capacidad laboral de origen com\u00fan, desde su causaci\u00f3n, as\u00ed como la indexaci\u00f3n de las mesadas, primas y mesadas adicionales y el retroactivo pensional. <\/p>\n
Adujo que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla profiri\u00f3 sentencia favorable a sus pretensiones (25 may. 2010), decisi\u00f3n que fue revocada por la Sala Cuarta de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla (29 feb. 2012), de ah\u00ed que interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n; no obstante, la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia dispuso no casar el prove\u00eddo de segundo grado \u00abpor graves deficiencias t\u00e9cnicas insubsanables\u00bb (26 jun. 2018). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que por carecer de recursos monetarios para contratar a un \u00ababogado casacionista\u00bb qued\u00f3 abocado a permitir que \u00abla demanda de casaci\u00f3n fuera interpuesta por un abogado que no ten\u00eda la suficiencia y el bagaje requerido\u00bb, sumado a que la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica \u00abconstituye [su] \u00fanica fuente de ingreso\u00bb, ya que no tiene \u00abotra posibilidad para (\u2026) suplir sus necesidades m\u00ednimas, las de su se\u00f1ora y sus hijas, pues (\u2026) con el salario m\u00ednimo que devengaba, prove\u00eda en algo para el sustento familiar\u00bb. <\/p>\n
En su criterio, el Tribunal: i) incurri\u00f3 en un defecto material porque su decisi\u00f3n se bas\u00f3 en una norma que fue expulsada del ordenamiento jur\u00eddico por ser declarada inexequible mediante la sentencia C-428 de 2009 y \u00abpor su evidente y grosera contradicci\u00f3n entre la Constituci\u00f3n y la Ley (Art\u00edculo primero Ley 860 de 2003)\u00bb; ii) desconoci\u00f3 el precedente anteriormente referido, donde se fij\u00f3 el alcance sobre el requisito de fidelidad contenido en el art\u00edculo primero de la ley 860 de 2003; iii) ignor\u00f3 los postulados constitucionales de los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales, \u00abcomo los Principios de Progresividad, No Regresividad, Razonabilidad y Proporcionalidad\u00bb, adem\u00e1s de los preceptos 4\u00b0 y 53 Superior y Tratados Internacionales ratificados por el Congreso. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que resolvi\u00f3 no casar la sentencia impugnada, debido a las serias deficiencias de orden t\u00e9cnico que presentaba el \u00fanico cargo de la demanda, d\u00e9ficit que impidi\u00f3 su estimaci\u00f3n. <\/p>\n
La Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. refiri\u00f3 que la promotora acude al juez constitucional para enmendar su incuria en la adecuada formulaci\u00f3n de la \u00abdemanda de casaci\u00f3n\u00bb y revivir un debate resuelto por la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego, tras considerar que \u00ab(\u2026) no se evidenci[\u00f3] que la Sala de descongesti\u00f3n n\u00b02 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral haya incurrido en alg\u00fan defecto constitutivo que haga procedente la solicitud de tutela y habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
4. El quejoso impugn\u00f3 con base en los argumentos expuestos en el escrito introductorio, am\u00e9n de enfatizar que el a quo solamente se pronunci\u00f3 respecto a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y en nada se refiri\u00f3 a la dictada por la Sala Cuarta de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, \u00abcuya providencia si conculca groseramente [sus] derechos fundamentales\u00bb, raz\u00f3n para que el juzgador de primera instancia \u00abse equivoca[ra] rotundamente en el estudio de la tutela, (\u2026) [al] ignorar por completo que exist\u00eda otro accionado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Ning\u00fan reproche tiene esta Sala frente a lo decidido por el juez constitucional anterior, comoquiera que resulta entendible que no haya realizado el control que se exigi\u00f3 respecto de la determinaci\u00f3n emitida por la Sala Laboral del tribunal, en la medida que contra esta decisi\u00f3n existieron otros mecanismos de defensa, como lo fue el recurso de casaci\u00f3n interpuesto. De manera que, al haber sido desperdiciado, el ruego frente a esa providencia es improcedente por falta de subsidiariedad (art. 6\u00ba, decreto 2591 de 1991), ya que este mecanismo no fue constituido para revivir oportunidades perdidas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el \u00fanico veredicto que es viable examinar aqu\u00ed es el proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral al no contar con otras herramientas de revisi\u00f3n, el cual, d\u00edgase desde ya, no se observa arbitrario, por lo que no habr\u00e1 otra opci\u00f3n sino la de confirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n
En el caso bajo estudio, el libelista cuestion\u00f3 la providencia SL2744-2018 de 26 de junio de 2018, donde la Sala de Descongesti\u00f3n accionada no cas\u00f3 la sentencia de 29 de febrero de 2012, emitida por la Sala Cuarta de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, revocatoria del prove\u00eddo de primer grado que concedi\u00f3 al aqu\u00ed impugnante la pensi\u00f3n de invalidez porque que en su criterio esa decisi\u00f3n: i) incurri\u00f3 en un defecto material, ya que se bas\u00f3 en una norma declarada inexequible por sentencia C-428 de 2009; ii) desconoci\u00f3 el precedente anteriormente referido, donde se fij\u00f3 el alcance sobre el requisito de fidelidad contenido en el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 860 de 2003; y, iii) ignor\u00f3 postulados constitucionales (arts. 4\u00b0 y 53 Superior) y Tratados Internacionales ratificados por el Congreso. <\/p>\n
Luego de revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos el agravio a prerrogativas fundamentales, toda vez que si bien result\u00f3 adversa a los intereses del actor, tampoco por esta circunstancia debe tildarse de arbitraria o caprichosa, menos a\u00fan si se tiene en cuenta que las razones que condujeron a desechar el \u00fanico cargo que en esa sede elev\u00f3 Wilges Benjam\u00edn Cueto C\u00e1ceres, ata\u00f1en a razones de t\u00e9cnica de casaci\u00f3n o indebida estructuraci\u00f3n de la demanda, perspectiva donde la autoridad enjuiciada sostuvo que: <\/p>\n
(\u2026) En este caso, la demanda presenta graves deficiencias t\u00e9cnicas insubsanables, precisamente, por ser el recurso de casaci\u00f3n, dispositivo. Tales falencias son: <\/p>\n
1.- Casi olvidado, al final de la demanda, se\u00f1al\u00f3 como \u00abalcance de la impugnaci\u00f3n\u00bb que la Corte case el fallo de primera instancia y, que, en reemplazo de la sentencia de segunda instancia, se confirme la de primera, lo cual es un contrasentido; siendo que lo procedente era solicitar la anulaci\u00f3n del fallo del Tribunal y, en sede de instancia, ah\u00ed s\u00ed confirmar el del a quo (\u2026) <\/p>\n
2.- Pero si lo anterior fuera superable, no lo es el defecto t\u00e9cnico relacionado con la contradicci\u00f3n incurrida en la denuncia respecto del concepto de la transgresi\u00f3n legal. Al enunciar como cargo \u00fanico, la \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb de la norma, m\u00e1s adelante, en la presentaci\u00f3n del mismo, acusa la sentencia de \u00abviolar en forma directa\u00bb la ley sustancial por \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb. Entiende la Sala, que ambos submotivos lo son respecto de las mismas normas se\u00f1aladas como vulneradas. <\/p>\n
Lo anterior, constituye una contradicci\u00f3n, pues una misma disposici\u00f3n no puede a la vez ser interpretada err\u00f3neamente e infringida en forma directa (\u2026). <\/p>\n
3.- No se\u00f1al\u00f3 el precepto sustantivo que el Tribunal utiliz\u00f3 para revocar el fallo de primer grado, que no es otro que el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, con su modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003. Se limit\u00f3 a citar como transgredidos los art\u00edculos 486 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, subrogado por el art\u00edculo 41 del Decreto 2351 de 1965, el cual fue modificado por el art\u00edculo 20 de la Ley 584 de 2000, en armon\u00eda con lo dispuesto en el art\u00edculo 2\u00b0 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, disposiciones que nada tienen que ver con el asunto debatido. <\/p>\n
No es suficiente que el precepto legal sustantivo utilizado por el Tribunal para su decisi\u00f3n, aparezca citado en una sentencia transcrita en forma confusa, cuyo origen, adem\u00e1s, no est\u00e1 claro en el farragoso alegato presentado por el impugnante, para que se tenga por denunciado como transgredido por el ad quem, pues es su deber citarlo con claridad y, explicar fundadamente el sub motivo respectivo (\u2026). <\/p>\n
4.- El recurrente, al pretender demostrar el cargo, se refiere a la decisi\u00f3n judicial acusada, pero asegura que esta se bas\u00f3 en sentencia del Consejo de Estado, que nada tiene que ver con los hechos y pretensiones demandados; adem\u00e1s que, el Tribunal no se refiri\u00f3 a ninguna providencia de esa alta Corporaci\u00f3n. Ello constituye un desacierto may\u00fasculo, pues su desarrollo refiere a las normas aqu\u00ed denunciadas como infringidas, pero que corresponden a aspectos f\u00e1cticos absolutamente ajenos a la litis. <\/p>\n
Todo lo anterior, no permite la estimaci\u00f3n del cargo\u00bb. <\/p>\n
Confrontadas as\u00ed las inferencias a las que se ha hecho menci\u00f3n, en estrictez, al margen de que se compartan o no, estas no reflejan arbitrariedad, menos lucen desproporcionadas en relaci\u00f3n con los par\u00e1metros que fijan los art\u00edculos 87, 90 y 91 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, torn\u00e1ndose plausible asegurar que si el petente -mediante su apoderado- no ajust\u00f3 sus reproches a esas espec\u00edficas directrices, bastan las deficiencias subrayadas para descartar un menoscabo a sus derechos fundamentales en su pretensi\u00f3n de anteponer su criterio o buscar otro que consulte su inter\u00e9s jur\u00eddico. <\/p>\n
Cabe resaltar en este punto, seg\u00fan ha advertido esta Corporaci\u00f3n, en trat\u00e1ndose del \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, que \u00e9ste: <\/p>\n
(\u2026) impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito del ataque; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al impetrar los cargos para demostrar los errores en la sentencia recurrida, no es tarea superable en esta sede, porque no se instituy\u00f3 para suplir la ineptitud del remedio. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de prerrogativas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. (STC3924-2018). <\/p>\n
Esta postura se reiter\u00f3 en un caso de similares contornos, donde se expuso que: <\/p>\n
(\u2026) el car\u00e1cter extraordinario de tal enmienda impone al opugnante cumplir en estrictez con los requisitos tanto de fondo como formales consagrados por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales para la formulaci\u00f3n de las acusaciones en aras de demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada en esta v\u00eda supralegal ya que no es el camino para suplir la ineptitud de la \u00abdemanda de casaci\u00f3n, (STC6238-2018). <\/p>\n
Por \u00faltimo, debe anotarse que la desatinada gesti\u00f3n de los letrados no legitima a las partes para controvertir las decisiones judiciales adversas o excusarse de los eventuales descuidos. En otras palabras, <\/p>\n
(\u2026) no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 00508 -01)\u00bb (CSJ STC19505-2017, CSJ STC265-2020, CSJ STC STC3173-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las posibles irregularidades del abogado del impulsor en la actividad encomendada no pueden soportar este mecanismo constitucional, toda vez que, para cuestionar esa deficiente gesti\u00f3n el poderdante dispone de otras v\u00edas. <\/p>\n
En consecuencia, comoquiera que la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n razonable, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo de la impugnante es que prevalezca su criterio o buscar otro para aniquilar la sentencia que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo opugnado sin m\u00e1s consideraciones. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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