STC13363-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13363-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01584-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 17 de agosto de 2021, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la acci\u00f3n de tutela promovida por Esgardo Idrobo Tamayo contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3, la Sala Sexta de Decisi\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Cali, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura y la Sociedad Portuaria de Buenaventura S.A., extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el litigio n\u00b0 2011-0005-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante solicit\u00f3 ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3, dejar sin efecto la sentencia SL115-2021 (27 ene. 2021) y, en su lugar, dictar nueva providencia donde aplique \u00abla jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral con respecto a la indemnizaci\u00f3n moratoria por haber incurrido en mala fe el empleador\u00bb. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que promovi\u00f3 proceso ordinario laboral en contra de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. con la finalidad de que se declarara, por un lado, la existencia de un contrato de trabajo, ejecutado desde el 5 de octubre de 1995 hasta el 6 de febrero de 2011, cuando fue terminado sin justa causa por el empleador y, por otro, la ineficacia del pacto de salario integral, as\u00ed como tambi\u00e9n para obtener la reliquidaci\u00f3n y pago indexado de la indemnizaci\u00f3n por despido injustificado, auxilio de cesant\u00edas e intereses, primas de servicios, compensaci\u00f3n por vacaciones, adem\u00e1s de la indemnizaci\u00f3n moratoria y los aportes adicionales al sistema de seguridad social en pensiones. <\/p>\n
Adujo que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura concedi\u00f3 parcialmente las pretensiones, puesto que conden\u00f3 al ente moral a cancelar los aportes al fondo de pensiones donde se encontrara afiliado, causados desde el 1 de octubre de 1996 hasta el 15 de abril de 1999, en tanto absolvi\u00f3 de las restantes s\u00faplicas (27 abr. 2012), decisi\u00f3n que fue modificada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali tras ordenar el desembolso de $7.661.266 por concepto de auxilio de cesant\u00edas (31 oct. 2012). Con ese panorama, se interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia cas\u00f3 el prove\u00eddo de segundo grado y revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia respecto de la absoluci\u00f3n del demandado (27 ene. 2021), para en su lugar: <\/p>\n
i) dejar sin efecto el pacto de salario integral celebrado entre las partes (16 abr. 1999), por ende, los salarios que deveng\u00f3 a partir de esa fecha y hasta la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo se consideran de naturaleza ordinaria; ii) declarar parcialmente probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n sobre las obligaciones causadas antes del 20 de enero de 2011, excepto el auxilio de cesant\u00edas y, iii) condenar al empleador al pago indexado de auxilio de cesant\u00edas e intereses, prima de servicios, as\u00ed como tambi\u00e9n de los aportes pensionales causados durante el periodo comprendido entre el 16 de abril de 1999 y el 4 de febrero de 2011. <\/p>\n
En su criterio la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3: i) incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, ya que por un lado no tuvo en cuenta la totalidad del acervo probatorio y, por otro, valor\u00f3 la buena fe de la Sociedad Portuaria de Buenaventura S.A., \u00abcuando resulta todo lo contrario en su actuar, ya que se vislumbra el ocultamiento a la relaci\u00f3n laboral\u00bb; ii) vulner\u00f3 sus prerrogativas al declarar \u00abla ineficacia del salario integral [puesto que] es demostrativo de que su actuaci\u00f3n estuvo enmarcada de mala fe\u00bb; iii) desconoci\u00f3 los precedentes constitucionales de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto \u00abal tema del art\u00edculo 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo [indemnizaci\u00f3n moratoria], donde se demuestra que lo recibido por el demandante resulta inferior al salario integral permitido\u00bb, radicado n\u00b0 34.664 de febrero 17 de 2009 y el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia C-079\/99. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3, tras realizar un recuento de la actuaci\u00f3n surtida y defender su legalidad, precis\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada no es arbitraria ya que consult\u00f3 los par\u00e1metros legales y jurisprudenciales aplicables, as\u00ed como la realidad f\u00e1ctica acreditada en el proceso y, por el contrario, el accionante pretende reabrir un debate que ya fue zanjado. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego tras colegir que la decisi\u00f3n atacada \u00abresponde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer del demandante, quien (\u2026) tra[e] a esta sede una controversia legal que escapa a la funci\u00f3n constitucional inherente al proceso de tutela y en la que no existi\u00f3 la alegada afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El ruego de Esgardo Idrobo Tamayo debe negarse y, en consecuencia, ser\u00e1 confirmado el prove\u00eddo opugnado porque los razonamientos de la Sala hom\u00f3loga aqu\u00ed reprochados no lucen arbitrarios o caprichosos, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
Tras revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio donde la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 la sentencia de 31 de octubre de 2012, emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en cuanto a la absoluci\u00f3n del demandado de cara a la pretensi\u00f3n de ineficacia del pacto de salario integral ajustado entre las partes y las s\u00faplicas consecuenciales, para, en sede de instancia, revocar el prove\u00eddo de primer grado \u00fanicamente frente a estos aspectos (SL115-2021, 27 ene. 2021), cabe observar que no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, comoquiera que se ci\u00f1\u00f3 a una hermen\u00e9utica plausible. <\/p>\n
En punto a los reparos formulados por la mala fe de su empleador en el proceso ordinario laboral, as\u00ed como la err\u00f3nea valoraci\u00f3n de pruebas y el desconocimiento del precedente aplicable en materia de pago de indemnizaci\u00f3n moratoria, la autoridad enjuiciada concluy\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) La simple lectura de ese escrito (fls. 230 a 245), permite concluir que las inconformidades del actor giraron en torno a la unidad contractual entre el 5 de octubre de 1995 y el 4 de febrero de 2011, la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad en materia de prescripci\u00f3n y el alcance del pacto de salario integral, tal cual lo dedujo el juez colegiado. <\/p>\n
(\u2026) En ese orden, se observa que si bien, el apelante reitera la aspiraci\u00f3n de que se acojan en forma favorable todas las pretensiones de la demanda, dentro de las que se cuentan las indemnizaciones mencionadas [art\u00edculos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo], ello no pasa de ser una expresi\u00f3n gen\u00e9rica, que no el planteamiento de una problem\u00e1tica espec\u00edfica que debiera ser resuelta en la alzada. <\/p>\n
En cualquier caso, si el recurrente ech\u00f3 de menos la resoluci\u00f3n de esos puntos en cuanto, como afirma, hicieron parte de la apelaci\u00f3n o deb\u00edan derivarse de la condena impuesta en la alzada, debi\u00f3 solicitar la adici\u00f3n de la sentencia, prevista en el ordenamiento adjetivo aplicable (CSJ SL21789-2017). Por tanto, mal podr\u00eda pretender que esa eventual deficiencia sea corregida en sede de casaci\u00f3n, dado que esa no es la finalidad de este medio extraordinario. <\/p>\n
Ahora bien, para declarar la ineficacia del pacto de salario integral dedujo que <\/p>\n
(\u2026) es f\u00e1cil percibir varias situaciones particulares: i) en el marco del contrato de trabajo, el salario devengado por el trabajador en 1998 ascendi\u00f3 a $3.555.000; ii) dicha remuneraci\u00f3n fue percibida por el actor hasta la entrada en vigencia del salario integral y equivale a 15,03 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de 1999 ($236.460); y iii) el monto pactado en 1999 a t\u00edtulo de salario integral asciende a $4.123.800, lo cual coincide con la suma devengada en 1998 m\u00e1s un incremento del 16% al que se refiere, precisamente, el documento de folio 45 con fecha 23 de febrero de 1999, denunciado por falta de valoraci\u00f3n. <\/p>\n
Pues bien, para la Sala, el Tribunal no tuvo en cuenta el esquema remuneratorio existente al momento de la celebraci\u00f3n del pacto de salario integral. De haberlo hecho, habr\u00eda concluido que la remuneraci\u00f3n ordinaria del trabajador, en la fase previa a la suscripci\u00f3n de dicho acuerdo, era muy superior a los 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales de 1999. <\/p>\n
El desconocimiento de esa circunstancia llev\u00f3 al juez plural a escoger en forma equivocada el rasero para determinar la eficacia del pacto mencionado. Evidentemente, este par\u00e1metro no pod\u00eda corresponder a 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes m\u00e1s un 30% por factor prestacional ($3.073.980), como lo plante\u00f3, por la simple raz\u00f3n de que el ingreso ordinario del trabajador, es decir, sin tener en cuenta el factor prestacional que dejar\u00eda de percibir, bordeaba los 15 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
(\u2026) Semejante diferencia pas\u00f3 desapercibida para el fallador de la alzada, pese a su trascendencia en el litigio. As\u00ed se afirma, porque aflora palmario que el pacto bajo estudio represent\u00f3 una desmejora en la compensaci\u00f3n salarial y prestacional a la que ten\u00eda derecho el trabajador, tal cual lo plante\u00f3 la censura. Por ende, las consecuencias derivadas de dicho convenio se revelan abiertamente inadmisibles de cara a la finalidad de la norma que consagra esa forma de remuneraci\u00f3n, que propende por garantizar que el cambio surgido al amparo del art\u00edculo 132 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo no conlleve una descompensaci\u00f3n o desequilibrio como el que aqu\u00ed se present\u00f3. <\/p>\n
En ese contexto, se ocup\u00f3 de verificar si hab\u00eda lugar a la imposici\u00f3n de las indemnizaciones previstas en los art\u00edculos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, para determinar que esa consecuencia no proced\u00eda en forma autom\u00e1tica, sino que deb\u00edan auscultarse las pruebas del expediente a fin de comprobar si el empleador hab\u00eda acreditado razones serias y fundadas de su conducta. Despu\u00e9s del estudio pertinente concluy\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) De acuerdo con lo manifestado al contestar la demanda, el empleador actu\u00f3 bajo la convicci\u00f3n de que el salario reconocido al trabajador, bajo la modalidad de salario integral, superaba con creces el par\u00e1metro establecido en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, en cuanto rebasaba el equivalente a 13 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, para cada anualidad. <\/p>\n
En efecto, los salarios percibidos por el actor, descritos y utilizados l\u00edneas atr\u00e1s para calcular las prestaciones adeudadas, superaron la referida cuant\u00eda en cada vigencia. A manera de ejemplo, los $4.123.800 reconocidos en 1999, suman 17.4 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de la \u00e9poca, al paso que los $8.030.500 devengados en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios, corresponden a 14 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para 2011 ($535.600). <\/p>\n
De esta suerte, no obstante, la falta de validez del pacto de salario integral, las razones alegadas por la demandada se muestran razonables y desprovistas de cualquier \u00e1nimo de defraudar los intereses del trabajador. En consecuencia, se absolver\u00e1 por las mencionadas indemnizaciones y se impondr\u00e1 la indexaci\u00f3n de los valores adeudados, desde su causaci\u00f3n hasta la fecha en que se produzca su pago efectivo. <\/p>\n
En este orden de ideas, la sentencia adoptada como se anticip\u00f3 no es infundada o arbitraria, de all\u00ed que queda en evidencia una diferencia de criterios entre el recurrente y la autoridad convocada que no acogi\u00f3 sus pedimentos, luego razonablemente debe admitirse que al margen de que el precursor no comparta las reflexiones y conclusiones del prove\u00eddo cuya revocatoria pretende, estos pilares no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, fruto como son de una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad que rige la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido a la ponderaci\u00f3n de esa autoridad judicial, ejercicio que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, CSJ STC4937-2016, CSJ STC6631-2018 CSJ STC 14267-2018 y CSJ STC3956-2021 entre otras). <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto a los precedentes citados por el accionante para fundamentar las s\u00faplicas, cabe se\u00f1alar que cada uno de esos casos tienen unas particularidades que lo diferencian de los dem\u00e1s y de \u00e9ste, luego no conducen a resolver de manera uniforme, a\u00fan m\u00e1s cuando las sentencias proferidas dentro de estos asuntos generan efecto interpartes, seg\u00fan el art\u00edculo 48, numeral 2\u00b0, de la Ley 270 de 1996 que prev\u00e9: \u00abLas decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n razonable, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo del impugnante es anteponer su propio criterio para aniquilar el fallo que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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