STC13366-2021<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01707-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
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STC13366-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01707-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que la Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. formul\u00f3 contra el fallo emitido el 25 de agosto de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que la recurrente le formul\u00f3 a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, extensiva a los intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- La libelista solicit\u00f3 dejar sin efecto la decisi\u00f3n por medio de la cual la accionada la mult\u00f3 con cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, en el juicio de protecci\u00f3n al consumidor que Libardo C\u00e1rdenas le promovi\u00f3 a Alianza Fiduciaria S.A., donde fungi\u00f3 como llamada en garant\u00eda de la compa\u00f1\u00eda demandada. <\/p>\n
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Expuso, en esencia, que el correctivo se le impuso por su inasistencia injustificada a la audiencia inicial que se llev\u00f3 a cabo el 24 de marzo de 2021, el cual tilda de extempor\u00e1neo, improcedente, arbitrario y desproporcionado. <\/p>\n
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Lo primero, porque la reprensi\u00f3n se le realiz\u00f3 en la audiencia de 23 de junio de 2021, donde se zanj\u00f3 el litigio, y no despu\u00e9s de los tres (3) d\u00edas que ten\u00eda para justificar su falta de comparecencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo segundo y lo tercero, porque la pena era inviable, teniendo en cuenta que, en su calidad de entidad p\u00fablica, pues es una sociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional, no ten\u00eda la obligaci\u00f3n de comparecer a esa audiencia, ya que, por un lado, no pod\u00eda conciliar porque ese acto se agot\u00f3 previamente y sin \u00e9xito ante el Comit\u00e9 de Conciliaci\u00f3n de La Previsora, y por otro, como se desprend\u00eda del art\u00edculo 195 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que su interrogatorio de parte estaba prohibido. <\/p>\n
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Destac\u00f3 que lo \u00faltimo es as\u00ed, porque al tenor de dicho precepto la confesi\u00f3n de los representantes legales de esos organismos no vale, debiendo rendir, solamente, un informe bajo la gravedad de juramento que, por lo dem\u00e1s, present\u00f3. Igualmente coment\u00f3, que la jurisprudencia lo ha entendido de ese modo (CSJ SL17431), sin que, en todo caso, la accionada hubiese ordenado el interrogatorio o la declaraci\u00f3n de parte del representante legal al decretar las pruebas. <\/p>\n
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Sumado a lo interior, esboz\u00f3 que su comparecencia a la audiencia ni siquiera era necesaria para desatar la controversia, ya que la misma se dirimi\u00f3 sin consideraci\u00f3n al llamamiento en garant\u00eda efectuado por la Alianza Fiduciaria S.A., am\u00e9n que, de cualquier forma, justific\u00f3 su inasistencia, al advertir que no deb\u00eda comparecer a ella, <\/p>\n
Frente a la desproporcionalidad denunciada, aleg\u00f3 que se le aplic\u00f3 el tope m\u00e1ximo previsto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 372 del estatuto adjetivo, sin tener en cuenta que actu\u00f3 de buena fe, con lealtad procesal y conforme a derecho. <\/p>\n
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Finalmente apunt\u00f3 que, para conjurar la situaci\u00f3n denunciada, formul\u00f3 reposici\u00f3n, pero la querellada ratific\u00f3 la multa al resolverla. <\/p>\n
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2.- La autoridad reprochada defendi\u00f3 la directriz confrontada. <\/p>\n
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3.- El a quo deneg\u00f3 el amparo porque consider\u00f3 que la pena objetada es razonable. La quejosa, inconforme, impugn\u00f3, apoyada en que no se analizaron sus reparos, los cuales no pod\u00edan hacerse pasar como una mera divergencia frente a lo decidido, ya que hab\u00eda denunciado el desconocimiento del art\u00edculo 195 del C\u00f3digo General del Proceso. En lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 las observaciones del escrito inicial. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1.- Para resolver la protesta de la sociedad accionante, la Sala abordar\u00e1 la siguiente metodolog\u00eda. Primero, se referir\u00e1 a las versiones de las partes, su importancia en el proceso civil, la declaraci\u00f3n de parte y la confesi\u00f3n. En segundo lugar, analizar\u00e1 el interrogatorio de parte. Despu\u00e9s, estudiar\u00e1 lo relativo a la audiencia inicial, su relaci\u00f3n con este \u00faltimo y las consecuencias de su inasistencia. Luego examinar\u00e1 la declaraci\u00f3n de las entidades p\u00fablicas, y finalmente, descender\u00e1 al caso concreto. <\/p>\n
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1.1- Las declaraciones de las partes en el proceso: su importancia en el proceso civil, la declaraci\u00f3n de parte y la confesi\u00f3n, como medios de prueba. <\/p>\n
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Las versiones de las partes son esenciales para los procesos contenciosos, pues a partir de ellas el sentenciador construye la decisi\u00f3n que finiquita la controversia que lo suscit\u00f3. En ocasiones, las rinden indirectamente, como en la demanda y en la contestaci\u00f3n, cuando act\u00faan por apoderado judicial, y en otras, directamente, en el evento de que sean convocados por el juzgador. <\/p>\n
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Las segundas tienen particular relevancia, ya que por medio de ellas el fallador puede conocer de primera mano los hechos que generaron el conflicto. Nadie m\u00e1s que las partes, como protagonistas del debate, pueden dar cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo suscitaron. <\/p>\n
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Con raz\u00f3n dijo Cappelletti1 que \u00abla parte es interrogada justamente para que informe al juez del exacto desenvolvimiento de los hechos controvertidos. O sea, se la toma aqu\u00ed en consideraci\u00f3n como verdadera fuente de prueba, y precisamente como prueba hist\u00f3rica (directa)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
De ah\u00ed la relevancia de la declaraci\u00f3n de parte y la confesi\u00f3n como medios de prueba. La primera, en t\u00e9rminos generales, consiste en el relato que la propia parte realiza sobre los hechos materia de litigio, le favorezca o no, y la segunda, es tambi\u00e9n una versi\u00f3n de aquella, pero cualificada, pues debe recaer sobre hechos que la perjudiquen y cumplir con los requisitos contemplados en el art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso. De suerte que puede afirmarse que toda confesi\u00f3n es una declaraci\u00f3n de parte, pero no toda declaraci\u00f3n de parte constituye una confesi\u00f3n. Aunque ambas han ser apreciadas conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica y en armon\u00eda con los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n, la confesi\u00f3n, por los efectos que genera, est\u00e1 sometida a pautas especiales que han de observarse para que adquiera m\u00e9rito probatorio. <\/p>\n
Sobre esas diferencias, el art\u00edculo 165 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00abson medios de prueba la declaraci\u00f3n de parte, la confesi\u00f3n, el juramento (\u2026), los informes y cualesquiera otros medios que sean \u00fatiles para la formaci\u00f3n del convencimiento del juez\u00bb. <\/p>\n
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Por su parte, el canon 191 del mismo estatuto, luego de mencionar que la confesi\u00f3n requiere, entre otros aspectos, que i) \u201cel confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado\u201d, y ii) que \u201cverse sobre hechos que produzcan consecuencias jur\u00eddicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria\u201d, establece que \u201cla simple declaraci\u00f3n de parte se valorar\u00e1 por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciaci\u00f3n de las pruebas\u201d. <\/p>\n
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A rengl\u00f3n seguido el art\u00edculo 196 dispone que <\/p>\n
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\u201c[l]a confesi\u00f3n deber\u00e1 aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirt\u00fae. <\/p>\n
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Cuando la declaraci\u00f3n de parte comprenda hechos distintos que no guarden \u00edntima conexi\u00f3n con el confesado, aquellos se apreciar\u00e1n separadamente. <\/p>\n
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Significa, entonces, que las partes pueden rendir su versi\u00f3n sobre los hechos materia de la controversia, algunas veces se tratar\u00e1 de una simple declaraci\u00f3n y, en otras ocasiones, de una confesi\u00f3n, lo que, en todo caso, definir\u00e1 el juez al momento de valorar el relato del interesado, asign\u00e1ndole el m\u00e9rito correspondiente. <\/p>\n
<\/p>\n
1.2.- El interrogatorio de parte: el camino para recaudar la declaraci\u00f3n de parte y la confesi\u00f3n. <\/p>\n
El interrogatorio de parte es la v\u00eda para obtener las declaraciones de los contendientes, comoquiera que a trav\u00e9s de ese acto puede provocarse la declaraci\u00f3n de parte o su confesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
En tal sentido, el art\u00edculo 198 ib\u00eddem se\u00f1ala: <\/p>\n
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El juez podr\u00e1, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citaci\u00f3n de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso. <\/p>\n
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Las personas naturales capaces deber\u00e1n absolver personalmente el interrogatorio. <\/p>\n
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Cuando una persona jur\u00eddica tenga varios representantes o mandatarios generales cualquiera de ellos deber\u00e1 concurrir a absolver el interrogatorio, sin que pueda invocar limitaciones de tiempo, cuant\u00eda o materia o manifestar que no le constan los hechos, que no est\u00e9 facultado para obrar separadamente o que no est\u00e1 dentro de sus competencias, funciones o atribuciones. Para estos efectos es responsabilidad del representante informarse suficientemente. <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
Debido a que la finalidad del interrogatorio es provocar la declaraci\u00f3n de las partes, y la relevancia que esta tiene en el proceso, la ley impone al convocado el deber de rendirlo cuando es citado a la audiencia respectiva, y establece consecuencias por su inasistencia. Por ese camino, el inciso tercero del art\u00edculo 203 ejusdem dispone que \u201c[e]l interrogado deber\u00e1 concurrir personalmente a la audiencia, debidamente informado sobre los hechos materia del proceso\u201d. Y el art\u00edculo 205 prev\u00e9: <\/p>\n
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La inasistencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, har\u00e1n presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesi\u00f3n sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito. <\/p>\n
<\/p>\n
La misma presunci\u00f3n se deducir\u00e1, respecto de los hechos susceptibles de prueba de confesi\u00f3n contenidos en la demanda y en las excepciones de m\u00e9rito o en sus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca, o cuando el interrogado se niegue a responder sobre hechos que deba conocer como parte o como representante legal de una de las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
Si las preguntas no fueren asertivas o el hecho no admitiere prueba de confesi\u00f3n, la inasistencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder se apreciar\u00e1n como indicio grave en contra de la parte citada. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed pues, las partes tienen el deber comparecer ante el juez cuando son citados a rendir interrogatorio. De no hacerlo, quedan sometidos a las consecuencias previstas en el estatuto procesal civil. <\/p>\n
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1.3.- La audiencia inicial, el interrogatorio de las partes y las consecuencias de su inasistencia. <\/p>\n
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Los procesos que se tramitan por el tr\u00e1mite verbal y verbal sumario se surten a trav\u00e9s de las etapas previstas en los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
El primero de ellos regula la audiencia inicial, en la que han de llevarse a cabo, entre otras fases, el interrogatorio de las partes. Obs\u00e9rvese que el inciso primero del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00ab[e]l juez, salvo norma en contrario, convocar\u00e1 personalmente a las partes para que concurran personalmente a una audiencia con la prevenci\u00f3n de las consecuencias de su inasistencia, y de que en ella se practicar\u00e1n los interrogatorios a las partes\u00bb. A continuaci\u00f3n, el inciso segundo del numeral primero de la misma regla contempla que en la providencia que convoque a la audiencia \u00ab(\u2026) el juez citar\u00e1 a las partes para que concurran personalmente a rendir interrogatorio, a la conciliaci\u00f3n y los dem\u00e1s asuntos relacionados con la audiencia\u00bb. El numeral 7\u00b0, al tiempo, prev\u00e9 que \u00ab[e]l juez oficiosamente y de manera obligatoria interrogar\u00e1 de modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso. Tambi\u00e9n podr\u00e1 ordenar careo\u00bb (se enfatiza ahora). <\/p>\n
<\/p>\n
Y en caso de que las partes no asistan, sin justa causa, a la vista p\u00fablica, la ley establece distintas sanciones, unas de orden probatorio, que son las mismas establecidas para la inasistencia al interrogatorio de parte, y otras de \u00edndole econ\u00f3mico. Al respecto el numeral 4\u00b0 del precepto comentado dispone: <\/p>\n
. <\/p>\n
La inasistencia injustificada del demandante har\u00e1 presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de confesi\u00f3n; la del demandado har\u00e1 presumir ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n en que se funde la demanda. <\/p>\n
Cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no podr\u00e1 celebrarse, y vencido el t\u00e9rmino sin que se justifique la inasistencia, el juez, por medio de auto, declarar\u00e1 terminado el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
Las consecuencias previstas en los incisos anteriores se aplicar\u00e1n, en lo pertinente, para el caso de la demanda de reconvenci\u00f3n y de intervenci\u00f3n de terceros principales. <\/p>\n
<\/p>\n
Cuando se trate de litisconsorcio necesario las consecuencias anteriores solo se aplicar\u00e1n por inasistencia injustificada de todos los litisconsortes necesarios. Cuando se trate de litisconsorcio facultativo las consecuencias se aplicar\u00e1n al litisconsorte ausente. <\/p>\n
<\/p>\n
A la parte o al apoderado que no concurra a la audiencia se le impondr\u00e1 multa de cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (smlmv) (se destaca). <\/p>\n
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Entonces, si uno de los extremos del litigio ha sido convocado a la audiencia consagrada en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, y no comparece ni justifica su ausencia, quedar\u00e1 sometido a las secuelas previstas en dicha regla. <\/p>\n
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1.4.- Las declaraciones de los representantes de personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico. <\/p>\n
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Las entidades p\u00fablicas pueden ser parte en los procesos civiles, si es que tienen que acudir a esa especialidad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria a defender sus intereses bien como demandantes o demandadas, y por tal raz\u00f3n quedan sometidas a la ley procesal civil. <\/p>\n
<\/p>\n
Por supuesto, en aras de proteger el patrimonio p\u00fablico que representan, el legislador ha dise\u00f1ado distintas reglas que le otorgan un trato diferencial en relaci\u00f3n con las otras partes del proceso. As\u00ed, por ejemplo, de acuerdo con el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, el juez competente en los asuntos donde interviene un organismo de esa naturaleza es el del lugar de su domicilio. <\/p>\n
<\/p>\n
Trat\u00e1ndose del deber de las partes de rendir interrogatorio no existe una norma que exima a tales entidades de cumplirlo, y lo cierto es que no hay razones para ello, si en cuenta se tiene que su versi\u00f3n sobre los hechos objeto de litigio es relevante para el proceso civil, al igual que el de los otros intervinientes. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed que, cuando el juez cita a un ente administrativo para que rinda interrogatorio sobre las circunstancias que originaron el conflicto, debe comparecer a la respectiva audiencia por conducto de su representante legal. La ley se lo exige por el hecho de ser parte, y no existe una pauta que lo libere de esa responsabilidad. <\/p>\n
<\/p>\n
El mismo deber se predica respecto de la audiencia inicial, porque, como se expuso, all\u00ed \u00ab[e]l juez oficiosamente y de manera obligatoria interrogar\u00e1 de modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, esa tesis la respalda el canon 195 del C\u00f3digo General del Proceso, pues luego de enunciar \u00ab[d]eclaraciones de los Representantes de Personas Jur\u00eddicas de Derecho P\u00fablico\u00bb, establece que \u00ab[n]o valdr\u00e1 la confesi\u00f3n de los representantes de las entidades p\u00fablicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el r\u00e9gimen jur\u00eddico al que est\u00e9n sometidas\u00bb. <\/p>\n
De donde se desprende que los representantes legales de tales dependencias pueden declarar y, por ende, ser interrogados con ese prop\u00f3sito, solo que al fallador le est\u00e1 vedado a la hora de apreciar la versi\u00f3n, valorar aquellas atestaciones que tengan el car\u00e1cter de confesi\u00f3n -admisi\u00f3n de hechos perjudiciales para la entidad-, en atenci\u00f3n a que debe protegerse el inter\u00e9s general y el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
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Sobre particular, esta Corporaci\u00f3n en STC14200-2019 puntualiz\u00f3: <\/p>\n
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Resta indicar que la restricci\u00f3n probatoria que aqu\u00ed se aborda, conscientemente introducida por el legislador en diferentes compendios normativos, encuentra fundamento en claros principios de cariz constitucional (art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), en pro de la res publicae y, por ende, en favor de la colectividad, como no podr\u00eda ser de otra manera, al estar comprometido el inter\u00e9s general. <\/p>\n
<\/p>\n
Luego, aunque la confesi\u00f3n del representante legal de una entidad p\u00fablica no tenga relevancia para el proceso civil, la declaraci\u00f3n de parte s\u00ed la tiene, con mayor raz\u00f3n si a trav\u00e9s de esa versi\u00f3n puede esclarecerse de mejor manera el conflicto, por provenir de quien conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer los datos que la originaron. De manera que en el evento de que el juez cite al organismo p\u00fablico a declarar, bien para cumplir el interrogatorio exhaustivo de que trata el numeral 7\u00b0 art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, o en virtud de la solicitud probatoria que haga uno de los intervinientes en el proceso, aqu\u00e9l deber\u00e1 comparecer a la respectiva audiencia donde ser\u00e1 escuchado. <\/p>\n
<\/p>\n
Al mismo tiempo, cuando el inciso segundo de la regla 195 comentada, se\u00f1ala: \u00ab[s]in embargo, podr\u00e1 pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud\u00bb, no est\u00e1 excluyendo la posibilidad de que el representante comparezca al proceso a rendir su declaraci\u00f3n de viva voz, la norma, \u00fanicamente, establece que si bien la versi\u00f3n que perjudica a la entidad no puede ser estimada, el fallador puede pedirle al representante que presente un informe bajo la gravedad del juramento. En otras palabras, nada obsta para que un representante de una entidad p\u00fablica sea conminado a presentar ese informe y, simult\u00e1neamente, se citado a rendir declaraci\u00f3n de parte, cuanto m\u00e1s, si al tenor del referido art\u00edculo 198 son elementos de juicio dis\u00edmiles. <\/p>\n
<\/p>\n
En resumen, si una entidad p\u00fablica funge como parte en un litigio en el que debe celebrarse la audiencia consagrada en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, debe asistir a ella, y si no lo hace ni justifica su inasistencia quedar\u00e1 sometido a las consecuencias previstas frente a la falta de comparecencia. <\/p>\n
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1.5.- El caso concreto. <\/p>\n
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Bajo los anteriores lineamientos, pronto se advierte que el desenlace objetado debe ratificarse, pues la multa que la Superintendencia impuso a la entidad p\u00fablica accionante no es arbitraria; la sanci\u00f3n obedeci\u00f3 a que su representante legal no asisti\u00f3 a la audiencia virtual programada para el 24 de marzo del mismo a\u00f1o, pese a que fue convocado con el fin de adelantar las etapas consagradas en el art\u00edculo 372 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
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Frente al particular consider\u00f3 el enjuiciador: <\/p>\n
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Primero: Que por auto del 8 de marzo de 2021 notificado por estado se cit\u00f3 a la aqu\u00ed reconvenida a audiencia a desarrollar el d\u00eda 24 de marzo de 2021 a la hora de las 9:00 AM. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo: Que el 9 de marzo de 2021 le fue remitida comunicaci\u00f3n de la audiencia la cual se entreg\u00f3 por buz\u00f3n virtual el mismo d\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
Tercero: Que el d\u00eda de la audiencia no se hizo presente el representante legal de la citada La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros. <\/p>\n
<\/p>\n
Cuarto: Que en la audiencia se dispuso a requerir a la mencionada entidad para justificar su conducta de inasistencia, para esa finalidad contaba con tres (3) d\u00edas. Decisi\u00f3n notificada en entrados. <\/p>\n
<\/p>\n
Quinto: Que Vencido El Lapso Judicial Para Justificar La Conducta La Incidentada La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros No Emiti\u00f3 Ning\u00fan Pronunciamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
Por otro lado, es relevante precisar que las directrices anotadas no divergen de la jurisprudencia laboral invocada por la opugnante, si en cuenta se tiene que en ella se menciona que la inasistencia del representante de una entidad p\u00fablica a la audiencia de conciliaci\u00f3n en el proceso ordinario no puede generar la confesi\u00f3n ficta respecto de los hechos de la demanda susceptibles de esa prueba. <\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, no merece reproche constitucional alguno que la sanci\u00f3n se impusiera al decidir la controversia, pues nada obligaba a la accionada hacerlo antes, bien pod\u00eda decidir sobre el asunto vencidos los tres d\u00edas que ten\u00eda la promotora para justificar su inasistencia a la vista p\u00fablica, o pronunciarse al concluir la instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
Tampoco es descabellado que se le hubiese obligado a sufragar el m\u00e1ximo de 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de que trata el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 372 mencionado, toda vez que la norma no prev\u00e9 m\u00ednimos ni m\u00e1ximos. El enunciado normativo se\u00f1ala que ante la inasistencia injustificada de las partes o de sus apoderados, deben ser sancionados con multa por ese valor. <\/p>\n
<\/p>\n
Por \u00faltimo, se descarta la tesis de la impugnante en torno a que justific\u00f3 su asistencia en el momento en que sus apoderados replicaron la directriz mediante la cual, se le requiri\u00f3 para que se excusara dentro de los tres d\u00edas siguientes, ya que, como se infiere de la audiencia de 24 de marzo de 2020, sus reclamos fueron desestimados por el Delegado de la Superintendencia acusada, quien insisti\u00f3 en el deber de la compa\u00f1\u00eda promotora de comparecer a la audiencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Se desvanecen, entonces, las razones aducidas por la precursora para descalificar las conclusiones de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, como la multa objetada se edific\u00f3 en las directrices aplicables al caso, el veredicto confutado debe respaldarse. <\/p>\n
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DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
<\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Cappelletti, Mauro. El Testimonio de la Parte en el Sistema de la Oralidad. Parte Primera. Librer\u00eda Editora Platense. La Plata. 2002, p\u00e1gs. 196-197. <\/p>\n
9 <\/p>\n
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