STC13369-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13369-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2021-00431-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 4 de agosto de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en la acci\u00f3n de tutela que Josefa Mar\u00eda Puente Quintana instaur\u00f3 contra el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, tr\u00e1mite donde se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda Delegada en asuntos de Familia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora solicit\u00f3 ordenar al estrado convocado: i) impulsar el proceso de impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 contra Wilberto Paternina Mangonis y Arnol Puente Arnedo, bajo el radicado n\u00b0 2018-00441-00 y, ii) oficiar a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil para que extienda la fecha de vencimiento de su contrase\u00f1a o, en su defecto, otorgue otro documento para identificarse como ciudadana hasta que se defina el litigio. Finalmente requiri\u00f3 que se ordenara a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil actualizar \u00absu base de datos a [n]ivel [n]acional e identifique o cedulice [de forma] provisional o con contrase\u00f1a [temporal]\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s de una revisi\u00f3n del escrito genitor y sus anexos, quedan evidenciadas las siguientes premisas f\u00e1cticas: <\/p>\n
La accionante tiene dos registros civiles de nacimiento, el primero con el indicativo serial n\u00b0 300022373, donde se reporta con fecha de nacimiento el 26 de julio de 1996, como padre a Wilberto Paternina Mangonis y madre a Miladis Quintana Paternina, inscrita en la Registradur\u00eda Municipal de Turban\u00e1 (Bol\u00edvar), hac\u00eda el 4 de julio de 2000. <\/p>\n
Y el segundo con el indicativo serial n\u00b0 44344533, donde se reporta con fecha de nacimiento el 21 de julio de 1995, como padre a Arnol Puente Arnedo y madre a Miladis Quintana Paternina, inscrita en la Registradur\u00eda Municipal de Arjona (Bol\u00edvar), hac\u00eda el 8 de julio de 2010. De ah\u00ed que, con base en este \u00faltimo, en el a\u00f1o 2015 inici\u00f3 el tr\u00e1mite para la obtenci\u00f3n de su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y de manera provisional recibi\u00f3 una contrase\u00f1a, actualmente vencida. <\/p>\n
La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil rechaz\u00f3 la solicitud de expedici\u00f3n de c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, porque aquella debe definir mediante sentencia judicial su verdadera identidad, puesto que los dos registros civiles que posee presentan diferencias en el nombre del padre y fecha de nacimiento. Por consiguiente, la afectada promovi\u00f3 el litigio materia de escrutinio, el cual fue admitido por el estrado convocado, tras decretar la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN al grupo familiar conformado por los demandados, la demandante y su progenitora Miladis Quintana Paternina (11 oct. 2018), prove\u00eddo notificado por aviso a Wilberto Paternina Mangonis (16 mar. 2019), mientras que, respecto de Arnol Puente Arnedo, concluy\u00f3 que no estaba surtida la comunicaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal y por aviso, toda vez que la direcci\u00f3n donde se remitieron aquellas misivas no concordaba con la suministrada en el ac\u00e1pite de notificaciones del libelo introductorio (6 may.), decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n por la memorialista, ya que con posterioridad inform\u00f3 al despacho el cambio de direcci\u00f3n (10 may.). <\/p>\n
La promotora radic\u00f3 cinco (5) memoriales en los que recalc\u00f3 que los integrantes del extremo pasivo estaban debidamente notificados y que no contestaron la demanda, por ende, solicit\u00f3 fijar \u00abfecha y hora para la audiencia de pruebas y juzgamiento de forma virtual\u00bb, am\u00e9n de poner de presente en uno de los escritos que no ha podido \u00abregistrar a su hijo menor de edad\u00bb por la duplicidad de sus registros civiles de nacimiento. <\/p>\n
La recurrente se duele por: i) la falta de documento de identificaci\u00f3n, puesto que no ha podido contraer matrimonio civil o religioso, acceder a la seguridad social en salud, ni realizar la pr\u00e1ctica profesional, tampoco registrar a su hija nacida en el a\u00f1o 2019, menos efectuar tr\u00e1mites legales y, ii) la dilaci\u00f3n por el estrado judicial encartado, pese a que ha presentado solicitudes de impulso procesal. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena indic\u00f3 que no hab\u00eda accedido a las s\u00faplicas de la gestora porque en el auto admisorio se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, entre otros, a su progenitora Miladis Quintana Paternina; no obstante, \u00e9sta no ha sido notificada ni vinculada al tr\u00e1mite, motivo para ordenar su vinculaci\u00f3n mediante auto de 23 de julio \u00faltimo, notificado por estado el 27 del mismo mes, de ah\u00ed que se configur\u00f3 un hecho superado, por ende, el ruego debe desestimarse. <\/p>\n
Por \u00faltimo, asever\u00f3 que, si bien se present\u00f3 una tardanza, esto obedece al c\u00famulo de solicitudes que atiende a diario, el incremento de acciones constitucionales y vigilancias, las condiciones de trabajo durante la pandemia, adem\u00e1s que el expediente fue objeto de digitalizaci\u00f3n este a\u00f1o. A su vez, refiri\u00f3 que con la implementaci\u00f3n del \u00abToken de seguridad para la autorizaci\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales DJ 04\u00bb, conforme al acuerdo PCSJA21-11731 (29. ene. 2021), concordante con la circular DEAJC21- 15 (24 feb.), se retardar\u00eda la gesti\u00f3n del despacho. <\/p>\n
La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil solicit\u00f3 denegar el amparo por ausencia de vulneraci\u00f3n, tras indicar que si bien la accionante tiene dos registros civiles, donde se revelan diferencias en el nombre del padre y fecha de nacimiento, no puede alterar o modificar la filiaci\u00f3n paterna o data de nacimiento, toda vez la autoridad competente es el juez de familia en primera instancia. <\/p>\n
A su vez, indic\u00f3 que sobre la pretensi\u00f3n de la accionante en relaci\u00f3n con la expedici\u00f3n de un documento de identidad provisional mientras se define el proceso de impugnaci\u00f3n, no expide c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda con vigencias determinadas, es decir, estas se producen y contin\u00faan vigentes hasta que haya lugar a su cancelaci\u00f3n por alguna de las causales consagradas en el art\u00edculo 67 del Decreto 2241 de 1986, por tanto, hasta no lograr soluci\u00f3n respecto a tener dos registros civiles de nacimiento, tampoco se expedir\u00e1 su identificaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Tribunal desech\u00f3 el amparo por carencia actual de objeto y razonabilidad, lo primero porque <\/p>\n
(\u2026) en lo que ata\u00f1e a la dilaci\u00f3n del proceso de investigaci\u00f3n de paternidad, se observa en el expediente que ese tr\u00e1mite estuvo paralizado desde el 30 de enero de 2020 y que en 5 ocasiones el apoderado de la accionante le solicit\u00f3 al JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE CARTAGENA que convocara la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento; pero tambi\u00e9n se evidencia que ese Despacho le dio impulso a la actuaci\u00f3n cuando profiri\u00f3 el auto de 23 de julio de 2021 a trav\u00e9s del cual vincul\u00f3 a la madre de JOSEFA MAR\u00cdA PUENTE QUINTANA, actuaci\u00f3n que en su criterio se requer\u00eda para poder practicar la prueba de ADN propia de este tipo de juicios. <\/p>\n
Quiere ello decir que si bien hubo una situaci\u00f3n de mora judicial que pudo lesionar el derecho al debido proceso de la actora, la misma se encuentra actualmente superada, motivo por el cual cualquier orden que se le impartiera al JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE CARTAGENA en el sentido pretendido por aqu\u00e9lla carecer\u00eda de objeto en las circunstancias actuales. <\/p>\n
Y respecto de lo segundo, afirm\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) en lo referente a la negativa de la REGISTRADUR\u00cdA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, esta Corporaci\u00f3n considera que no es posible censurarla desde el punto de vista iusfundamental, teniendo en cuenta que sus determinaciones no son producto del capricho, de la arbitrariedad o de la desidia, sino que se ajustan a las normas vigentes. <\/p>\n
Sin embargo, inst\u00f3 al estrado convocado para que imprima celeridad a las actuaciones que est\u00e1n pendientes por realizar para dictar en corto plazo sentencia en el proceso de investigaci\u00f3n de paternidad. <\/p>\n
4. La gestora recurri\u00f3, tras insistir en que se ordene a la Registradur\u00eda del Estado Civil que la identifique con \u00abla contrase\u00f1a hasta tanto culmine el proceso [de impugnaci\u00f3n]. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Inicialmente debe precisarse, que si bien la censora en el escrito de impugnaci\u00f3n nada refut\u00f3 en relaci\u00f3n con la carencia actual de objeto por hecho superado a ra\u00edz de la mora judicial enrostrada al Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena, el punto ser\u00e1 examinado, toda vez que la tardanza denunciada es el origen de la falta de identificaci\u00f3n que la aqueja, y como lo ha reiterado la Sala, lo cual comparte la Corte Constitucional, en virtud de las facultades extra y ultra petita del juez de tutela, le corresponde a la Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) (i) establecer los hechos relevantes y, en caso de no tenerlos claros, indagar por ellos; (ii) adoptar las medidas que estime convenientes y efectivas para el restablecimiento del ejercicio de las garant\u00edas ius fundamentales; y (iii) precisar y resguardar todos los derechos que advierta comprometidos en determinada situaci\u00f3n (\u2026)\u201d (CC T-015\/19) (CSJ STC299-2021). <\/p>\n
2.- Ahora, se afirma que el despacho judicial querellado es el responsable de la situaci\u00f3n actual de la gestora porque de las evidencias allegadas al paginario se advierte que instaur\u00f3 el proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad, en 2018, precisamente, para como consecuencia de establecer su verdadera filiaci\u00f3n, poder conjurar la duplicidad de registros civiles que invoc\u00f3 la Registradur\u00eda para negarle la expedici\u00f3n de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y as\u00ed obtener su identificaci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en la demanda respectiva, la impulsora, luego de relatar que su padre biol\u00f3gico era Arnol Puente Arnedo, quien figuraba en el segundo Registro, y no Wilberto Paternina Mangonis, quien aparec\u00eda como tal en el primero, as\u00ed como poner en evidencia que \u201c(\u2026) actualmente (\u2026) cuenta con la edad de 21 a\u00f1os y la autoridad no [sic] competente no ha podido expedirle la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda por tener doble registro, raz\u00f3n por la cual no puede ejercer sus derechos constitucionales\u201d, implor\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) 1.-) Declarar que el se\u00f1or ARNOL PUENTE ARNEDO, identificado con la c[\u00e9]dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 73.556.154 expedida en Arjona \u2013 Bol\u00edvar (\u2026) es el padre biol\u00f3gico de JOSEFA MARIA PUENTE QUINATA. <\/p>\n
<\/p>\n
2.-) Qu[\u00e9], como consecuencia de lo anterior, se ordene la anulaci\u00f3n o cancelaci\u00f3n del Registro Civil de nacimiento Indicativo Serial 30022373 NUIP D8M0250208 en la Registradur\u00eda Municipal del estado Civil de Turban[\u00e1], Bol\u00edvar. <\/p>\n
<\/p>\n
3.-) Que se mantenga la vigencia del Registro Civil de Nacimiento Indicativo Serial 44344533 NUIP 1.044.922.043 y se ordene la correcci\u00f3n en la fecha de nacimiento, la cual es 21 de julio de 1996, que aparece errado en el a\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
4.-) Que se ordene de oficio, de acuerdo con lo reglado en el art\u00edculo 218 del C.GP. vincular al padre biol\u00f3gico, se\u00f1or ARNOL PUENTE ARNEDO, identificado con la c[\u00e9]dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 73.556.154 expedida en Arjona, Bol\u00edvar. <\/p>\n
Luego, es claro que, si a\u00fan existen los obst\u00e1culos que impiden a la Registradur\u00eda identificarla adecuadamente, es a causa de la agencia de Cartagena, quien hasta la fecha no ha definido, si como lo aduce la actora, debe quedar vigente solo el Registro con el indicativo serial n\u00b0 44344533, donde se reporta como su padre a Arnol Puente Arnedo. <\/p>\n
Por otro lado, se precisa, la quejosa no tiene medios distintos al judicial con el fin de clarificar su filiaci\u00f3n y, de contera, obtener la identificaci\u00f3n que echa de menos, pues, en efecto, para que la Registradur\u00eda pueda expedir la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda deb\u00eda tener claridad sobre su identidad, la cual est\u00e1 determinada, entre otros aspectos, por su edad y su nombre, sobre los cuales no hay certeza en virtud de que registra distintas fechas de nacimiento y padres. En fin, el organismo denunciado, desconoce varios de los elementos que le permiten determinar, a ciencia cierta, cu\u00e1l es su situaci\u00f3n jur\u00eddica en la familia y la sociedad. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, en ese sentido, que el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 39 de 1961, \u201cpor la cual se dictan normas para la cedulaci\u00f3n, y otras de car\u00e1cter electoral\u201d, establece: <\/p>\n
Para obtener la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda se necesita acreditar la mayor edad y la identidad personal. Esto se har\u00e1 con cualquiera de los siguientes documentos: c\u00e9dula de ciudadan\u00eda antigua, libreta militar, c\u00e9dula de identidad militar, pasaporte colombiano, c\u00e9dula de polic\u00eda, tarjeta de identidad postal, copia de la partida eclesi\u00e1stica de bautismo o acta de registro civil de nacimiento o de matrimonio, declarando, para los tres \u00faltimos casos, bajo juramento ante el Registrador o su delegado, que es la misma persona a la cual se refiere el documento presentado. Todo ello se har\u00e1 constar en un formulario especial que llevar\u00e1 la impresi\u00f3n dactilar del interesado, su firma, si supiere hacerlo, y la del funcionario que realiza la cedulaci\u00f3n. <\/p>\n
Por su parte, el canon 4\u00b0 del mismo estatuto establece: <\/p>\n
Si a juicio del Registrador Municipal o su delegado hubiere duda acerca de la mayor edad o identidad de la persona que solicita la c\u00e9dula, sin perjuicio de prepar\u00e1rsela, de oficio har\u00e1 la investigaci\u00f3n correspondiente. Si de la investigaci\u00f3n resultare que no se puede dar cr\u00e9dito a la mayor edad o a la identidad de la persona que solicit\u00f3 la c\u00e9dula, el Registrador Municipal dar\u00e1 aviso a la Registradur\u00eda Nacional para que no se expida la correspondiente c\u00e9dula, expresando los motivos en que se funda. <\/p>\n
Los documentos que el Registrador solicite para la investigaci\u00f3n est\u00e1n exentos de todo impuesto. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. La investigaci\u00f3n de que trata este art\u00edculo se har\u00e1 con audiencia del interesado, si compareciere (se enfatiza). <\/p>\n
Y si bien el art\u00edculo 65, inciso 2\u00ba, del Decreto 1260 de 1970, prev\u00e9 que en caso de duplicidad de registros civiles de nacimiento se cancele el segundo, comoquiera que prescribe que \u00ab[l]a oficina central dispondr\u00e1 la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n, cuando compruebe que la persona objeto de ella ya se encontraba registrada\u00bb, ese instrumento es inviable en el caso, toda vez que la actora pretende hacer valer justamente el segundo registro1, en tanto aduce que es el que se ajusta a su verdadera filiaci\u00f3n paterna. <\/p>\n
De suerte que los anhelos de la quejosa no se pueden cristalizar por medio de un mero tr\u00e1mite administrativo, en el que la Registradur\u00eda cancele uno de los Registros o modifique sus anotaciones, el problema detr\u00e1s de la duplicidad de registros mencionada ata\u00f1e a una modificaci\u00f3n de su estado civil que, por tanto, debe ser dilucidada por v\u00eda judicial. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, al respecto, que el canon 95 del Decreto 1260 de 1970, consagra que \u00ab[t]oda modificaci\u00f3n de una inscripci\u00f3n en el registro del estado civil que envuelva un cambio de estado, necesita de escritura p\u00fablica o decisi\u00f3n judicial firme que la ordena o exija, seg\u00fan la ley\u00bb, y sobre el particular la Sala tiene dicho: <\/p>\n
2.2. Una cosa son las acciones relativas al estado civil y otra son los mecanismos previstos para corregir y reconstruir actas y folios cuando existen yerros en el mismo, o en su proceso de extensi\u00f3n, otorgamiento y autorizaci\u00f3n prestado por el funcionario que lo registra (art. 28 y 29 Dto. 1260 de 1970). <\/p>\n
El procedimiento de correcci\u00f3n del registro civil se encuentra regulado por el precepto 91 del Decreto 1260 de 1970 (\u2026) Del texto citado fluyen las siguientes hip\u00f3tesis: <\/p>\n
Primer grupo: \u201c(\u2026) correcciones con el fin de ajustar la inscripci\u00f3n a la realidad\u201d (art. 91 Dto. 1260 de 1970); sin perjuicio de las decisiones judiciales que sobre ellas recayeren (\u2026)\u201d (art. 93 ib\u00edd.). Estandariza dos situaciones: <\/p>\n
1. Enmiendas a realizar por el funcionario encargado del registro, \u201ca solicitud escrita del interesado\u201d, por \u201clos errores mecanogr\u00e1ficos, ortogr\u00e1ficos y aquellos que se establezcan con la comparaci\u00f3n del documento antecedente o con la sola lectura del folio\u201d, requiriendo la apertura de uno nuevo para plasmar los datos correctos, y con \u201cnotas de rec\u00edproca referencia\u201d. <\/p>\n
2. Correcciones por escritura p\u00fablica cuando corresponda a yerros \u201c(\u2026) diferentes [a los] mecanogr\u00e1ficos, ortogr\u00e1ficos y aqu\u00e9llos que se establezcan con la comparaci\u00f3n del documento antecedente o con la sola lectura del folio (\u2026)\u201d. En este caso el otorgante \u201c(\u2026) expresar\u00e1 (\u2026) las razones de la correcci\u00f3n y protocolizar\u00e1 los documentos que la fundamenten (\u2026)\u201d. Autorizada la escritura, se proceder\u00e1 a la sustituci\u00f3n del folio correspondiente, y en el nuevo folio se consignar\u00e1n los datos correctos. <\/p>\n
Segundo grupo: Correcciones \u201cpara alterar el registro civil\u201d. Implican variar la realidad de los datos insertos en el registro, sea porque esta es falsa, err\u00f3nea o simulada, modificaci\u00f3n que por virtud del art. 95 del mismo Estatuto demanda decisi\u00f3n judicial en firme: \u201c(\u2026) Toda modificaci\u00f3n de una inscripci\u00f3n en el registro del estado civil que envuelva un cambio de estado, necesita (de escritura p\u00fablica) o decisi\u00f3n judicial en firme que la ordene o exija, seg\u00fan la ley civil (\u2026)\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El segundo grupo entra\u00f1a una modificaci\u00f3n o alteraci\u00f3n del estado civil, porque no corresponde a la realidad. En este caso, de ning\u00fan modo pueden efectuarse por v\u00eda administrativa, sino por el sendero de la decisi\u00f3n judicial, porque no es un aspecto formal, sino sustancial, as\u00ed concierna a la fecha de nacimiento cuando los elementos antecedentes o simult\u00e1neos al registro no lo muestren patentemente, porque ello se relaciona con la capacidad de ejercicio de los derechos pol\u00edticos de las personas, etc.; o cuando se refiera al lugar de nacimiento, cuando implica cambio de nacionalidad; y mucho m\u00e1s cuando apareja modificaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n paterna o materna. De tal forma que cuando se transita por la senda de lo simulado o de lo falso, o se procura alterar injustificadamente el estado civil, o los pilares de la filiaci\u00f3n, en fin un aspecto nodal, corresponde al juez decidir tema tan crucial, porque no se trata de un mero error de comparaci\u00f3n, o de \u201cerrores mecanogr\u00e1ficos, ortogr\u00e1ficos\u201d o de aquellos que se establezcan con la confrontaci\u00f3n del documento antecedente id\u00f3neo. (CSJ, STC3474, 19 mar. 2014, rad. n.\u00b0 2013-00933-01, reiterada STC4267, 8 jul. 2020, rad. n.\u00b0 2020-01323-00, CSJ STC8697-2021). Subrayas y negritas ajenas al texto original. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y dado que la falta de identificaci\u00f3n de la que se duele la peticionaria est\u00e1 ligada con el proceder del estrado enjuiciado, la Sala se ocupar\u00e1 de la mora judicial que se le atribuy\u00f3. <\/p>\n
3.- Recu\u00e9rdese que este instrumento excepcional tiene eco ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de definici\u00f3n que se alega ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad judicial enjuiciada, puesto que el simple paso del tiempo analizado en forma aislada no la estructura. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha explicado que, <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
Quiere significar lo anterior que no todo retraso en un tr\u00e1mite o en la soluci\u00f3n de un proceso judicial es vulnerador de prerrogativas fundamentales, de ah\u00ed que la salvaguarda no proceda de manera autom\u00e1tica por incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez cognoscente. <\/p>\n
En el presente caso, luego de analizar el material probatorio adosado se avizora que el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena el pasado 23 de julio del presente a\u00f1o orden\u00f3: i) vincular a la progenitora de la accionante, puesto que en el auto admisorio se hab\u00eda dispuesto la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN al grupo familiar conformado por los demandados, la demandante y su madre Miladis Quintana Paternina y ii) a la actora informar el lugar de notificaci\u00f3n de \u00e9sta. <\/p>\n
Sin embargo, debe advertirse que sigue latente el incumplimiento endilgado, luego no es cierto que se haya configurado una carencia actual de objeto por hecho superado conforme lo dedujo el a quo, ya que la agencia judicial encartada no ha impulsado el litigio, por el contrario, ha dilatado su resoluci\u00f3n, puesto que gravitaba en aquel el deber legal de ejercer sus poderes de ordenaci\u00f3n, instrucci\u00f3n y correcci\u00f3n, otorgados por los art\u00edculos 43 y 44 del C\u00f3digo General del Proceso para adoptar las medidas necesarias en orden a recaudar y propender por la efectiva realizaci\u00f3n de la prueba de ADN, as\u00ed como dictar sentencia en un corto plazo para dirimir la filiaci\u00f3n de Josefa Mar\u00eda Puente Quintana, toda vez que es inadmisible que desde la fecha del auto admisorio (11 oct. 2018), hasta la presente calenda, a\u00fan no se haya acopiado el medio probatorio. <\/p>\n
Sobre la importancia del recaudo de la prueba gen\u00e9tica en los procesos de filiaci\u00f3n, esta Corte ha sostenido que <\/p>\n
(\u2026) \u201cEn virtud de la finalidad del examen gen\u00e9tico, se ha reconocido que el deber del juez no se agota en su decreto, sino que se le impone su pr\u00e1ctica y valoraci\u00f3n, como inestimable elemento de juicio para solucionar las controversias relacionadas con el estado civil y la filiaci\u00f3n (T-249-18). Su realizaci\u00f3n \u00abse encuentra estrechamente ligada al derecho de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, la b\u00fasqueda de la verdad y la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal como uno de sus principios fundantes\u00bb (CC T-997-03 y C-258-15) (\u2026). (CSJ STC11449-2019, reiterado en CSJ STC066-2020). Subrayas fuera del texto original. <\/p>\n
Por consiguiente, ser\u00e1 revocado el fallo impugnado para, en su lugar, ordenar al Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, efect\u00fae las gestiones tendientes a recaudar la prueba de ADN y dictar sentencia en el proceso de impugnaci\u00f3n que Josefa Mar\u00eda Puente Quintana formul\u00f3 contra Wilberto Paternina Mangonis y Arnol Puente Arnedo, bajo el radicado n\u00b0 2018-00441-00. <\/p>\n
4.- Dicho esto, pasa la Corte a proveer sobre la petici\u00f3n de la quejosa dirigida a ordenar a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil que la identifique con \u00abla contrase\u00f1a hasta tanto culmine el proceso [de impugnaci\u00f3n], la cual, se anticipa, debe concederse, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
La c\u00e9dula de ciudadan\u00eda es un documento irremplazable de identificaci\u00f3n personal, el cual, conforme ha determinado la Corte Constitucional2, cumple tres funciones esenciales: i) identificar a las personas, ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles y, iii) asegurar la participaci\u00f3n de los ciudadanos en la actividad pol\u00edtica que propicia y estimula la democracia, por ende, \u00abacredita la personalidad de su titular en todos los actos jur\u00eddicos o situaciones donde se le exige la prueba de tal calidad. Adem\u00e1s, en el \u00e1mbito nacional, garantiza el reconocimiento de los atributos de la personalidad en ella consignados, por parte de las dem\u00e1s personas y de las instituciones civiles y oficiales con las cuales se relacione directa o indirectamente la persona\u00bb. <\/p>\n
La contrase\u00f1a, por su parte, si bien de acuerdo con los lineamientos trazados por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, no es un documento de identificaci\u00f3n y no reemplaza la c\u00e9dula3, ante la ausencia de esta pieza, s\u00ed permite a su titular cierta individualizaci\u00f3n, necesaria para la relaci\u00f3n de diversos actos en la vida cotidiana, debido a que da cuenta de que aquella se encuentra en tr\u00e1mite. <\/p>\n
N\u00f3tese c\u00f3mo en los tr\u00e1mites y actuaciones que se surten ante las entidades p\u00fablicas y particulares que ejerzan funciones administrativas en los que se exija la obtenci\u00f3n de la huella dactilar como medio de identificaci\u00f3n inmediato de la persona, \u00e9sta se har\u00e1 por medios electr\u00f3nicos; no obstante, en lo referente a la falta de documento de identificaci\u00f3n el requisito se suplir\u00e1 con la exhibici\u00f3n de la contrase\u00f1a, donde se presume su autenticidad. As\u00ed lo dispone el art\u00edculo 18, par\u00e1grafo 1\u00b0, del Decreto 19 de 20124, al establecer que: <\/p>\n
La identificaci\u00f3n mediante la obtenci\u00f3n electr\u00f3nica de la huella dactilar no excluye la presentaci\u00f3n del documento de identidad. En caso de que la persona no tenga documento de identidad, el requisito se surtir\u00e1 con la exhibici\u00f3n de comprobante del documento en tr\u00e1mite, expedido por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, el cual se presume aut\u00e9ntico. (Subrayas fuera del texto original). <\/p>\n
Ahora bien, respecto a la vigencia de la contrase\u00f1a, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil en el comunicado de prensa n\u00b0 278 de 2010 indic\u00f3 que es de tres (3) meses, puesto que generalmente durante ese lapso se surte el proceso de producci\u00f3n de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, plazo convalidado por la Corte Constitucional en la sentencia T 078 de 2001; por tanto, en el sub examine la contrase\u00f1a de la libelista, la cual fue otorgada por la autoridad administrativa para iniciar el tr\u00e1mite de expedici\u00f3n de c\u00e9dula de ciudadan\u00eda por primera vez, est\u00e1 vencida, ya que refleja como fecha de preparaci\u00f3n el 14 de enero de 2015, luego Josefa Mar\u00eda Puente Quintana se encuentra sin documento de identificaci\u00f3n o que acredite su tr\u00e1mite. <\/p>\n
Lo anterior significa que a Josefa Mar\u00eda Puente Quintana para este momento se le est\u00e1n vulnerando sus derechos a la dignidad humana, vida, personalidad jur\u00eddica, seguridad social, igualdad material, sufragio y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Igualmente, conforme indica la peticionaria en el libelo, esta situaci\u00f3n le ha generado otros problemas relacionados con el reconocimiento de los derechos de su hija, el acceso al sistema de salud y pensiones, contraer matrimonio civil o religioso, realizar sus practicas luego de culminar los estudios, as\u00ed como de ser contratada por cualquier entidad o efectuar tr\u00e1mites legales, afirmaciones que por dem\u00e1s no fueron refutadas por las autoridades fustigadas. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la personalidad jur\u00eddica conformada por los atributos de capacidad de goce, patrimonio, nombre, nacionalidad, domicilio y estado civil est\u00e1 expresamente reconocida por la Constituci\u00f3n5 como un derecho del ser humano, es una garant\u00eda individual que guarda estrecha relaci\u00f3n con la dignidad humana, la igualdad material y el libre desarrollo de la personalidad, la cual est\u00e1 reconocida por la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos6, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos7 y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos8. Sobre los atributos de la personalidad la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que los mismos indican, \u00aben el caso de la persona natural, su idoneidad para ser titular de todas las posiciones jur\u00eddicas relacionadas con sus intereses y actividad. El reconocimiento que extiende la Constituci\u00f3n a la capacidad jur\u00eddica general de todas las personas naturales, es una concreci\u00f3n necesaria del principio de igualdad, que es compatible sin embargo con las formas de incapacidad jur\u00eddica que puede consagrar la ley en aras del inter\u00e9s de la persona misma o de un superior inter\u00e9s p\u00fablico (…) el derecho a la personalidad jur\u00eddica no se puede circunscribir exclusivamente a los atributos de la personalidad, sino que la protecci\u00f3n debe extenderse a los intereses de la persona, cuyo desconocimiento degraden su dignidad. Bajo este criterio hermen\u00e9utico amplio, consider\u00f3 que los derechos a la identidad y a la propia imagen, deben entenderse como parte integrante de la personalidad jur\u00eddica\u00bb (C- 486 de 1993). <\/p>\n
Ahora, en particular sobre el nombre como uno de los atributos mencionados, el art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 1260 de 1970 establece que \u00ab[t]oda persona tiene derecho a su individualidad, y por consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos, y en su caso, el seud\u00f3nimo. No se admitir\u00e1n cambios, agregaciones o rectificaciones del nombre, sino en las circunstancias y con las formalidades se\u00f1aladas en la ley (\u2026)\u00bb; en el mismo sentido el art\u00edculo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos establece en su art\u00edculo 2\u00ba que \u00ab[t]odo ni\u00f1o ser\u00e1 inscrito inmediatamente despu\u00e9s de su nacimiento y deber\u00e1 tener un nombre\u00bb y el canon 18 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos consagra que \u00ab[t]oda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos\u00bb. Adem\u00e1s, en Colombia, para la data en que naci\u00f3 la solicitante reg\u00edan las reglas de la ley 54 de 1989 que establec\u00eda que el nombre depende de la voluntad de los particulares, mientras que el apellido indica la familia a la cual pertenece la persona, de forma tal que los hijos matrimoniales y extramatrimoniales reconocidos llevan el primer apellido del padre, seguido del apellido de la madre, mientras que los hijos extramatrimoniales son reconocidos llevan los dos apellidos de la madre. <\/p>\n
De otro lado, en lo que respecta al estado civil la doctrina ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(\u2026) est\u00e1 constituido por un conjunto de situaciones jur\u00eddicas que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene, o con la familia que ha formado, y con ciertos hechos fundamentales de la misma personalidad; corresponde a la ley determinarlo (Const. Pol., art. 42, inciso final). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la familia de donde proviene una persona, se puede afirmar de ella si es hijo legitimo o extramatrimonial; respecto a la familia que forma, puede afirmarse si es casado o soltero; y en relaci\u00f3n con ciertos hechos fundamentales de la personalidad de cada ser humano, podemos decir si es var\u00f3n o mujer (sexo), si es mayor o menor de edad, si vive a\u00fan o ha muerto, etc. (\u2026)9\u00bb. <\/p>\n
Luego, el estado civil no solo permite identificar a las personas, sino que adem\u00e1s es la base para el reconocimiento de otros derechos como el de herencia, el de alimentos, entre otros, raz\u00f3n por la cual el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1260 de 1970 lo define as\u00ed: \u00abEl estado civil de una persona es su situaci\u00f3n jur\u00eddica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignaci\u00f3n corresponde a la ley\u00bb. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional sobre el estado civil y su registro ha se\u00f1alado: <\/p>\n
El estado civil, como atributo de la personalidad jur\u00eddica, se ha definido como un estatus o una situaci\u00f3n jur\u00eddica que expresa la calidad de un individuo, frente a su familia y a la sociedad, en otras palabras \u201cel estado civil es la posici\u00f3n jur\u00eddica de la persona vista su doble condici\u00f3n: individuo y elemento social\u201d. Se trata de una instituci\u00f3n de orden p\u00fablico, universal, indivisible, inherente al ser humano, indisponible, inalienable, irrenunciable, inembargable, imprescriptible, que no puede establecerse por confesi\u00f3n, otorga estabilidad, y tiene efectos erga omnes. La funci\u00f3n del estado civil es demostrarla capacidad de la persona para que esta pueda ser titular de derechos y obligaciones. Las fuentes del estado civil son los hechos, como el nacimiento, los actos, como el matrimonio, y las providencias, como la interdicci\u00f3n judicial. Los elementos que conforman el estado civil son la individualidad, la edad, el sexo, el lugar de nacimiento y la filiaci\u00f3n. La Corte ha se\u00f1alado que la informaci\u00f3n del estado civil es indispensable para el reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica, y guarda estrecha relaci\u00f3n con los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad personal, ya que ubica a la persona jur\u00eddicamente en su n\u00facleo familiar y social. La constituci\u00f3n y la prueba de las calidades civiles de las personas se realizan mediante la inscripci\u00f3n en el registro civil. <\/p>\n
El registro es un tr\u00e1mite que realiza el Estado a trav\u00e9s de funcionarios competentes para esta labor y que se encuentra regulada por normas de orden p\u00fablico. Se ha establecido que las funciones del registro son la de publicidad de los hechos del estado civil, la de prueba de los hechos, actos y providencias del mismo, y la funci\u00f3n auxiliar para fines estad\u00edsticos. Adem\u00e1s de lo anterior, la importancia del registro radica en que el Estado tenga conocimiento de la existencia f\u00edsica de una persona para garantizarle sus derechos. Por esta raz\u00f3n, es fundamental registrar a los menores inmediatamente despu\u00e9s de su nacimiento, tal y como lo establece el art\u00edculo 48 del Decreto 1260 de 1970 al disponer que el registro debe realizarse al mes siguiente del nacimiento del menor. (Sentencia T-450A de 2013). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, debe destacar la Sala que jurisprudencialmente se ha reconocido la filiaci\u00f3n como n\u00facleo esencial de los atributos de la personalidad, toda vez que es su existencia y definici\u00f3n la que nutre el estado civil. Sobre el particular al Corte Constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
De acuerdo con lo expresado, la Corte Constitucional ha calificado la filiaci\u00f3n con las calidades de derecho fundamental, atributo de la personalidad jur\u00eddica y elemento derivado del estado civil. Adem\u00e1s, ha insistido en que la protecci\u00f3n de la filiaci\u00f3n implica una salvaguarda de los derechos a la personalidad jur\u00eddica (art\u00edculo 14), a tener una familia (art\u00edculos 5, 42 y 44), al libre desarrollo de la personalidad (art\u00edculo 16) y a la dignidad humana (art\u00edculo 1). <\/p>\n
La filiaci\u00f3n es el derecho que tiene todo individuo al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica y conlleva atributos inherentes a su condici\u00f3n humana como el estado civil, la relaci\u00f3n de patria potestad, orden sucesoral, obligaciones alimentarias, nacionalidad, entre otros. Adem\u00e1s, a trav\u00e9s de la protecci\u00f3n del derecho a la filiaci\u00f3n se concreta el contenido de otras garant\u00edas superiores como tener una familia, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana\u201d.[2] (Sentencia C-258\/15). <\/p>\n
El marco expuesto permite afirmar que el nombre, el estado civil y, por contera, la filiaci\u00f3n son derechos personal\u00edsimos, reconocidos civil y constitucionalmente, los cuales tienen car\u00e1cter inalienable y perpetuo, y surgen jur\u00eddicamente por la existencia misma del ser humano, desde su nacimiento y hasta su muerte; prerrogativas que no pueden ser desconocidas por el Estado ni por los particulares, pues de ser as\u00ed, se vulnerar\u00eda el derecho a la personalidad jur\u00eddica. Entonces, teniendo en cuenta que la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, pese a no ser prueba alguna de la filiaci\u00f3n, s\u00ed es el documento id\u00f3neo para identificar a una persona con su nombre, NUIP, lugar y fecha de nacimiento, cualquier talanquera que se imponga para la expedici\u00f3n del referido instrumento vulnera el derecho a la personalidad jur\u00eddica del interesado, quien no puede permanecer indocumentado, no solo porque tal circunstancia afecta su reconocimiento en la sociedad, sino porque sin la expedici\u00f3n del mismo se hace imposible el disfrute de otros derechos como el de salud, trabajo, ejercicio de derechos pol\u00edticos, entre otras libertades que implican necesariamente la identificaci\u00f3n del sujeto. Es por eso que, en los casos en que se encuentre en discusi\u00f3n judicial o administrativa el contenido de la informaci\u00f3n que se registra en el estado civil, de forma tal que no sea posible expedir, en los t\u00e9rminos previstos por la ley, la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil deber\u00e1 ampliar la fecha de vencimiento de la contrase\u00f1a, de forma tal que se garantice al interesado identificarse, ejercer sus derechos y adelantar el tr\u00e1mite que le permita superar la indefinici\u00f3n en que se encuentra, efecto para el cual la persona interesada deber\u00e1 acreditar e informar a la entidad la etapa en que se encuentra el tr\u00e1mite que modificar\u00e1 su estado civil. <\/p>\n
De ah\u00ed que la memorialista al no tener un documento de identificaci\u00f3n con el cual pueda acreditar la mayor\u00eda de edad, la ciudadan\u00eda, desplegar sus derechos civiles, pol\u00edticos o desarrollar actividades propias que se derivan del \u00abderecho a la personalidad jur\u00eddica\u00bb, afronta un agravio que merece protecci\u00f3n, raz\u00f3n para que esta Sala ordene a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil mantener vigente la contrase\u00f1a de la actora como comprobante de documento en tr\u00e1mite, hasta que culmine el proceso de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ser\u00e1 revocado el prove\u00eddo de primer grado porque, en primer lugar, la tardanza injustificada del Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena, en \u00faltimas, provoca la imposibilidad de culminar el tr\u00e1mite de identificaci\u00f3n de la quejosa, ya que, por un lado, aquella no tiene medios distintos al judicial para obtenerla y, por otro, la agencia judicial no ha adoptado las medidas necesarias en orden a recaudar y propender por la efectiva realizaci\u00f3n de la prueba de ADN desde el auto admisorio (11 oct. 2018), hasta la fecha, incurriendo en mora judicial. <\/p>\n
Y, en segundo lugar, debido a la situaci\u00f3n excepcional que enfrenta Josefa Mar\u00eda Puente Quintana, entonces la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil deber\u00e1 emplear mayor diligencia para garantizar su derecho fundamental a la personalidad jur\u00eddica y garant\u00edas conexas, habida cuenta de la multifuncionalidad de la contrase\u00f1a. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de naturaleza, origen y fecha anotada. En su lugar, conceder el amparo requerido por Josefa Mar\u00eda Puente Quintana. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar al Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, efect\u00fae las gestiones tendientes a recaudar la prueba de ADN y dictar sentencia en el proceso de impugnaci\u00f3n que Josefa Mar\u00eda Puente Quintana formul\u00f3 contra Wilberto Paternina Mangonis y Arnol Puente Arnedo, bajo el radicado n\u00b0 2018-00441-00. <\/p>\n
TERCERO: Ordenar a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil mantener vigente la contrase\u00f1a de la actora como comprobante de documento en tr\u00e1mite, hasta que culmine el referido proceso de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: Disponer la comunicaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n por el medio m\u00e1s expedito a las partes e intervinientes, as\u00ed como autorizar la remisi\u00f3n del expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Indicativo serial n\u00b0 44344533, donde se reporta con fecha de nacimiento el 21 de julio de 1995, como padre a Arnol Puente Arnedo y madre a Miladis Quintana Paternina, inscrita en la Registradur\u00eda Municipal de Arjona (Bol\u00edvar), hac\u00eda el 8 de julio de 2010. <\/p>\n
2\u0002 C-511 de 1999, reiterada en T 10000-12 y T 232-18 Corte Constitucional <\/p>\n
3\u0002 Comunicado de Prensa N. 278 de 2010, de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil de la Rep\u00fablica de Colombia, postura reiterada en T 426 de 2013, <\/p>\n
4\u0002 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tr\u00e1mites innecesarios existentes en la Administraci\u00f3n P\u00fablica. <\/p>\n
5\u0002 Art. 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica <\/p>\n
7\u0002 Art. 16. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica <\/p>\n
8\u0002 Art. 3. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica <\/p>\n
9\u0002 Valencia Zea, Arturo. Ortiz Monsalve, \u00c1lvaro. Derecho Civil. Tomo I: Parte General Personas. Editorial Temis S.A. <\/p>\n
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STC13369-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC13369-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2021-00431-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 4 de agosto de 2021, proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58358","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58358","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58358"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58358\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58358"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58358"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58358"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}