STC13370-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13370-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 15693-22-08-000-2021-00132-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 25 de agosto de 2021 dictado por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luzmila Torres Velandia contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el resguardo n\u00b0 2021-00251. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora solicit\u00f3 ordenar al estrado convocado revocar parcialmente la sentencia de 29 de julio del presente a\u00f1o para que, en su lugar, se: i) valore la situaci\u00f3n f\u00e1tica y probatoria aportada con el libelo, de acuerdo con los principios de congruencia, irrenunciabilidad de los derechos laborales, indubio pro operario, legalidad, supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, nemo auditur propriam turpitudinem allegans y buena fe judicial; ii) aplique la presunci\u00f3n de veracidad establecida en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991; iii) conmine a Inversiones RVF Ltda. a pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 1\u00b0 de marzo de 2020, hasta que se modifique el fallo y sea reintegrada para continuar \u00abprestando sus servicios de cocinera y camarera, sin soluci\u00f3n de continuidad en el contrato de trabajo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente pidi\u00f3 que se compulsen copias al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que investiguen las posibles conductas disciplinarias y penales en las que incurri\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama. <\/p>\n
Despu\u00e9s de una lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de los anexos del expediente, quedan evidenciadas las siguientes premisas f\u00e1cticas: <\/p>\n
Inicialmente la quejosa instaur\u00f3 reclamo constitucional en contra Inversiones RVF Ltda. Hotel Suarel Center Duitama, tras considerar agraviados sus derechos fundamentales por falta de pago de salarios y prestaciones desde el mes de marzo de 2020, debido a la suspensi\u00f3n de su contrato de trabajo, sustentada en la causal 1\u00ba del art\u00edculo 51 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo por virtud de la emergencia sanitaria, causada por la pandemia mundial del Covid 19. De ah\u00ed que pidi\u00f3 que se ordenara a su empleadora la cancelaci\u00f3n de los emolumentos adeudados por concepto de estipendios y primas de servicios. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil Municipal de Duitama bajo el radicado n\u00b0 2021-00251, estrado que deneg\u00f3 el amparo por infringir el presupuesto de subsidiariedad puesto que no ha interpuesto la acci\u00f3n laboral ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria para reclamar lo que por esta senda exige (23 jun. 2021), decisi\u00f3n que fue revocada parcialmente por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa urbe, tras determinar que la sociedad accionada incumpli\u00f3 su deber de notificar a la libelista de la fecha de reanudaci\u00f3n de las labores como cocinera y camarera, toda vez que las causales que originaron la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo desaparecieron por cuanto a la data se encuentra casi normalizada la actividad econ\u00f3mica y comercial del municipio de Duitama en virtud del Decreto 430 de 30 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Por consiguiente, orden\u00f3 que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes Inversiones RVF Ltda. Hotel Suarel Center Duitama reanude el contrato de trabajo de Luz Mila Torres Velandia con sujeci\u00f3n al art\u00edculo 52 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo; no obstante, manutuvo inc\u00f3lume la sentencia de primer grado en las restantes disposiciones (29 jul.). <\/p>\n
La memorialista se duele porque la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama es \u00abproducto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de la justicia y el derecho\u00bb, por cuanto se extralimit\u00f3 en las competencias otorgadas por la ley al \u00abentrar a presumir hechos e imaginarse pruebas, que solo beneficiaban a la parte accionada\u00bb, as\u00ed como \u00abhaber avalado conductas, evidentemente contrarias a las reglas de la L\u00f3gica, la Objetividad y la Sana Cr\u00edtica; Como haber \u201csupuesto\u201d que un Contrato de Trabajo Pueda estar \u201csuspendido\u201d por 17 MESES y al mismo tiempo la afectada haya estado inscrita en los beneficiarios del PAEF y la sociedad accionada haya cobrado el subsidio al apoyo del empleo Formal\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que seg\u00fan el escrito tutelar y los anexos aportados no expuso relaci\u00f3n f\u00e1ctica que anunciara la suspensi\u00f3n de su contrato de trabajo y, por tanto, omiti\u00f3 pronunciarse respecto del pago de las primas de servicio causadas en los a\u00f1os 2020 a 2021, as\u00ed como de los salarios dejados de percibir, luego no concedi\u00f3 las pretensiones que plante\u00f3 en el libelo. Proceder que, implic\u00f3 \u00abuna evidente irregularidad Procesal – una valoraci\u00f3n Probatoria ama\u00f1ada y una vulneraci\u00f3n Grosera a los principios de: Congruencia, Irrenunciabilidad de los Derechos M\u00ednimos Laborales, In dubio Pro Operario – Legalidad \u2013 Supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n – Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans – Buena fe Judicial, en conexidad con los Derechos fundamentales al: Debido Proceso – Acceso a la Administraci\u00f3n de Justicia y Seguridad Jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil Municipal de esa ciudad remiti\u00f3 el link del expediente materia de escrutinio sin emitir pronunciamiento. Mientras que Inversiones RVF Ltda. Hotel Suarel Center de Duitama indic\u00f3 que este auxilio constitucional carece del presupuesto de residualidad por cuanto la actora no pidi\u00f3 la adici\u00f3n o aclaraci\u00f3n de la sentencia dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo desestim\u00f3 el resguardo por carecer del requisito de subsidiariedad, toda vez que no cumple los presupuestos para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones de igual naturaleza, adem\u00e1s, que la libelista \u00abpodr\u00e1 solicitar ante la Corte Constitucional la selecci\u00f3n de la tutela para revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, respecto de la figura de cosa juzgada fraudulenta precis\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) la parte accionante no demuestra ni prueba la situaci\u00f3n de fraude que alega se present\u00f3 en la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 la autoridad demandada, pues lo que se evidencia, es que la exposici\u00f3n de los fundamentos de la demanda de tutela que concita la atenci\u00f3n de la Sala, muestran que el debate gir\u00f3 en torno a la interpretaci\u00f3n que el despacho accionado dio al problema jur\u00eddico sometido a su consideraci\u00f3n, en el que se ampararon parcialmente los derechos fundamentales de la parte actora, orden\u00e1ndose la reanudaci\u00f3n de su contrato de trabajo y negando el pago de los salarios adeudados desde el 1\u00b0 de marzo de 2020 hasta mayo de 2021 (\u2026). <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3 con asidero en los argumentos iniciales, am\u00e9n de replicar que s\u00ed acredit\u00f3 la existencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada fraudulenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El prove\u00eddo opugnado debe ratificarse porque emerge con claridad la ausencia de vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas por Luzmila Torres Velandia conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
No se olvide que, por regla general, el ejercicio de una acci\u00f3n de esta naturaleza es inviable contra la decisi\u00f3n adoptada en sede tutela, salvo cuando en el procedimiento agotado se desconozca de manera flagrante la garant\u00eda \u00abal debido proceso, por omitir vincular a interesados o indebida notificaci\u00f3n de las partes\u00bb, coyuntura donde se reconoce que es \u00abposible estudiar la queja contra un auxilio anterior, siempre y cuando se satisfagan los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad\u00bb. (CSJ STC4314-2018, CSJ STC9088-2019, CSJ STC868-2021, CSJ STC STC2841-2021). <\/p>\n
As\u00ed como tambi\u00e9n, est\u00e1 decantado que el resguardo resulta procedente en los casos que la providencia definitoria sea producto de \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, situaci\u00f3n que se predica cuando son cumplidas formalmente todas las etapas procesales, logrando materializar una soluci\u00f3n \u00abfraudulenta\u00bb que traduce un perjuicio il\u00edcito para terceros y la comunidad. <\/p>\n
En este caso la tutelante exige revocar el fallo de 29 de julio del presente a\u00f1o, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama en el tr\u00e1mite n\u00b0 2021-00251-01 por la existencia de fraude en la decisi\u00f3n, basada en el desconocimiento de los principios de \u00abCongruencia, Irrenunciabilidad de los Derechos M\u00ednimos Laborales, In dubio Pro Operario – Legalidad \u2013 Supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n – Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans – Buena fe Judicial, en conexidad con los Derechos fundamentales al: Debido Proceso – Acceso a la Administraci\u00f3n de Justicia y Seguridad Jur\u00eddica\u00bb, reflejados en su sentir en la orden de reintegro a su labor como cocinera y camarera en las instalaciones de Inversiones RVF Ltda. Hotel Suarel Center Duitama. <\/p>\n
Lo primero, porque se extralimit\u00f3 en sus funciones al acreditar la suspensi\u00f3n de su contrato de trabajo por \u00ab17 meses\u00bb1, pese a que en el escrito tutelar no lo manifest\u00f3, as\u00ed como tampoco aport\u00f3 prueba alguna, por tanto, \u00abde [forma] irresponsable (\u2026) interpret\u00f3 el art\u00edculo 51 del C.S.T, de una manera equivocada, ya que en el numeral 3 del Citado Art\u00edculo, se establece de manera CLARA, que los Contratos De Trabajo solo se Pueden Suspender HASTA POR (120 d\u00edas). En segundo lugar, porque omiti\u00f3 pronunciarse respecto del pago primas de servicio causadas en los a\u00f1os 2020 a 2021, as\u00ed como de los salarios dejados de percibir, luego, no otorg\u00f3 ninguna de las pretensiones. <\/p>\n
De suerte que, como el reparo en que se apoya la impulsora encuadra en la \u00faltima excepci\u00f3n transcrita, de tajo resulta admisible estudiar los reproches enarbolados contra el prove\u00eddo censurado. As\u00ed las cosas, debe ponerse de presente que respecto de la categor\u00eda jur\u00eddica de \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb la Corte Constitucional en sentencia T-073\/19, estableci\u00f3 que <\/p>\n
\u201c(\u2026) Un comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando la actuaci\u00f3n, que en apariencia se ajusta a la prescripci\u00f3n normativa, en la realidad conlleva una situaci\u00f3n manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior. De este modo, el fraude se presenta como un supuesto de infracci\u00f3n indirecta de la ley, por dos razones. Por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no impiden la debida aplicaci\u00f3n de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situaci\u00f3n que atenta contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento de un derecho previsto por una disposici\u00f3n particular, la cual es empleada para obtener el resultado no deseado por el legislador. <\/p>\n
\u201cLa esencia de la instituci\u00f3n del fraude a la ley es, precisamente, contribuir a la coherencia del derecho, al ajuste entre las reglas y principios que las fundamentan y limitan, a evitar que se produzcan ciertas consecuencias contrarias a principios jur\u00eddicos, con independencia de la intenci\u00f3n o motivo que condujeron al actor a la aplicaci\u00f3n irregular que se censura. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEn esa medida, el elemento objetivo de la conducta es lo que determina la existencia del fraude y, el presupuesto determinante y suficiente para su configuraci\u00f3n es que se produzca un da\u00f1o antijur\u00eddico. Es por eso que, para estar en presencia de fraude no se requiere de un elemento subjetivo, ya que este puede producirse sin que exista intenci\u00f3n por parte del agente. Basta con que la consecuencia aparezca como injustificada o indebida de acuerdo con los principios superiores, en tanto el acto fraudulento quebranta la coherencia del ordenamiento (necesaria adecuaci\u00f3n entre la norma y el principio). <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEs as\u00ed como, de acuerdo con la l\u00ednea jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, la cosa juzgada fraudulenta no se configura \u00fanicamente en el evento en que se adopte una decisi\u00f3n con fines ilegales ligados a una intenci\u00f3n dolosa, sino que tambi\u00e9n se materializa en aquellos eventos en los que el juez adopta una decisi\u00f3n fundada en el fraude a la ley, derivada de una interpretaci\u00f3n normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial. <\/p>\n
\u201cA prop\u00f3sito de lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia T-218 de 2012, sostuvo que el principio de fraus omnia corrumpit se opone al de buena fe, \u00faltimo del que se deriva la presunci\u00f3n que cobija a todas las actuaciones de los particulares frente al Estado, y el deber de comportarse conforme con sus postulados. En efecto, estim\u00f3 que \u201cel aludido fraude tambi\u00e9n implica la protecci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia\u201d, por lo que es obligaci\u00f3n del juez de tutela adoptar todas las medidas tendientes a evitar que el fraude la corrompa[76]. En esa l\u00ednea, admiti\u00f3 que la cosa juzgada pod\u00eda cuestionarse cuando \u201cno se observaban deberes como la lealtad procesal, la buena fe y la cl\u00e1usula rebus sic stantibus, y precis\u00f3 que los dos primeros se relacionaban con el principio de fraus omnia corrupti\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEn el mismo pronunciamiento, la Corte Constitucional indic\u00f3 que, para la configuraci\u00f3n de la cosa juzgada fraudulenta, se requiere estar en presencia de un proceso que formalmente ha cumplido con todos los requisitos procesales, pero que materializa, en esencia, un negocio jur\u00eddico fraudulento a trav\u00e9s de medios procesales, e implica un perjuicio il\u00edcito a terceros y a la comunidad. Es as\u00ed como, a partir de ese momento, la Corte fij\u00f3 su criterio de aplicaci\u00f3n del precepto del \u201cfraude lo corrompe todo\u201d, a fin de preservar el erario o patrimonio p\u00fablico de un evidente fraude. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEn sentencia T-951 de 2013, la Corte precis\u00f3 que el examen efectuado en sede de revisi\u00f3n constituye un \u201c(\u2026) control eficaz e id\u00f3neo de los fallos de instancia que violan de forma grosera la Constituci\u00f3n\u201d. En ese sentido, la existencia de la cosa juzgada no puede consolidar \u201cuna situaci\u00f3n injusta contraria al derecho\u201d, pues ella subyace sobre \u201cun concepto \u00e9tico de validez\u201d. As\u00ed, explic\u00f3 que el principio fraus omnia corrumpit \u201cno es un t\u00e9rmino ret\u00f3rico sino una certeza sobre las consecuencias que acarrea validar una situaci\u00f3n injusta. El fraude lo corrompe todo y atenta contra la recta impartici\u00f3n de justicia, la igualdad, el debido proceso y la solidaridad, entre otros principios\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De tal manera que, la cosa juzgada fraudulenta se materializa cuando, culminada la totalidad de las etapas procesales, la decisi\u00f3n del juez es producto de la infracci\u00f3n directa a la ley derivada de una interpretaci\u00f3n normativa contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial lo que traduce en un perjuicio il\u00edcito para terceros y la comunidad, por ende la finalidad de esta excepci\u00f3n frente a la improcedencia general de la tutela contra tutela es evitar que las situaciones consolidadas y derivadas de actos fraudulentos permanezcan indemnes. <\/p>\n
Pues bien, cabe observar que en el sub examine el estrado judicial querellado en efecto tuvo en cuenta la totalidad de las pretensiones de la actora en el escrito genitor, esto es, i) el amparo de sus prerrogativas fundamentales; ii) el pago de las acreencias laborales adeudades y, iii) la orden a su empleadora para \u00abefectuar o realizar las gestiones necesarias dentro de la Empresa para que (\u2026), vuelva a retomar su Cargo de Cocinera y Camarera\u00bb, toda vez que indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) este despacho encuentra procedente la presente acci\u00f3n de tutela en tanto existe una presunci\u00f3n sobre la afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital de la accionante ante el no pago prolongado de sus salarios desde el mes de marzo de 2020, con ocasi\u00f3n de la suspensi\u00f3n de su contrato de trabajo por parte de la empresa accionada por virtud de la emergencia sanitaria suscitada por la pandemia del Coronavirus Covid 19, presunci\u00f3n que nos condujo a tener por satisfecho el presupuesto gen\u00e9rico de subsidiariedad que determina su procedencia conforme a la jurisprudencia constitucional, para descender en su estudio de fondo, la cual no fue desvirtuada por la accionada, no pudiendo acceder sin embargo a la pretensi\u00f3n de la actora de impartir en este escenario orden de pago de tales estipendios laborales, principalmente, porque de acuerdo al art\u00edculo 53 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, uno de los efectos de tal suspensi\u00f3n lo es justamente la interrupci\u00f3n para el empleador de la obligaci\u00f3n de pagar los salarios por ese lapso, am\u00e9n de que dicho debate, si en \u00e9l se persiste, como ya se sugiri\u00f3, debe ser planteado a trav\u00e9s del medio de defensa previsto en la ley ante el juez ordinario laboral. <\/p>\n
No obstante, concluida la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental del m\u00ednimo vital de la accionante y en procura de detener dicha conculcaci\u00f3n en el tiempo, acudiremos a su protecci\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo, ordenando a la empresa accionada que proceda dentro del t\u00e9rmino que se le conceder\u00e1 para tal fin, a reanudar el contrato de trabajo de la se\u00f1ora Luz Mila Torres Velandia, dando as\u00ed estricto cumplimiento a lo previsto en el art\u00edculo 52 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo. <\/p>\n
La referida orden constitucional estuvo soportada en que <\/p>\n
(\u2026) de acuerdo a lo normado en el art\u00edculo 52 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, una vez desaparecidas las causas que generaron dicha suspensi\u00f3n el empleador deber\u00e1 avisar al trabajador la fecha de reanudaci\u00f3n de las labores mediante notificaci\u00f3n personal o avisos publicados no menos de dos veces en un peri\u00f3dico de la localidad, y debe admitir a sus ocupaciones anteriores a todos los trabajadores que se presenten dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n o aviso, omisi\u00f3n en la que se encuentra incursa la empresa accionada, pues pese a que a la fecha se encuentra casi normalizada la actividad econ\u00f3mica y comercial del municipio de Duitama, aqu\u00e9lla no ha avisado a la se\u00f1ora Torres Velandia a fin de concurra a reintegrarse a sus labores en el hotel como cocinera y camarera, asertos los anteriores que por virtud de su sepulcral silencio frente a la presente acci\u00f3n, no fueron desmentidos o controvertidos por dicha empresa, <\/p>\n
Por tanto, <\/p>\n
(\u2026) para la fecha de introducci\u00f3n de la presente acci\u00f3n ya pod\u00eda tenerse por superada la causal de suspensi\u00f3n del contrato de trabajo de la accionante, quien por dem\u00e1s, dentro de los hechos en que soporta su queja, manifest\u00f3 que pese a la reclamaci\u00f3n escrita presentada el 30 de noviembre de 2020 y los m\u00faltiples reclamos verbales realizados por la misma, la sociedad Inversiones RVF LTDA \u2013Hotel Suarel Center-, se ha negado a reincorporarla a su sitio de trabajo. <\/p>\n
Lo anterior, revela la inexistencia de una decisi\u00f3n que pueda calificarse como ilegal o alejada de la realidad procesal o desconocedora del criterio elaborado por la justicia constitucional respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela para reclamar el pago de acrecencias laborales cuando se afecta el m\u00ednimo vital, puesto que tuvo en cuenta tanto las manifestaciones y pedimentos de la actora plasmados en el libelo radicado el 9 de julio del presente a\u00f1o -hechos n\u00b0 8 y 9, pretensi\u00f3n n\u00b0 5-, as\u00ed como el escrito de 30 de noviembre de 2020, piezas que reflejaban que en efecto el contrato de trabajo estuvo suspendido por la pandemia del Covid 19, am\u00e9n de aplicar la normatividad que regula la materia, esto es, los art\u00edculos 51, 52 y 53 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
Por consiguiente, no puede tildarse de fraudulenta la interpretaci\u00f3n que realiz\u00f3 la agencia judicial encartada, toda vez que no incurri\u00f3 en infracci\u00f3n directa a la ley, puesto que abord\u00f3 la discusi\u00f3n constitucional y concedi\u00f3 el amparo consecuente, con sujeci\u00f3n a los principios de contradicci\u00f3n, defensa y respeto por los linderos de la especialidad ordinaria laboral. <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto a la orden dirigida a que se compulsen copias al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que investiguen las posibles conductas disciplinarias y penales en las que incurri\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama, debe reiterarse que esta herramienta fue instituida para la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales de los ciudadanos, m\u00e1s no para asumir las cargas que a \u00e9stos compete cuando de impulsar gestiones ante las dem\u00e1s autoridades se trata (CSJ STC13744-2019 reiterada en CSJ STC12049-2020, CSJ STC560-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como no se constat\u00f3 la estructuraci\u00f3n de cosa juzgada fraudulenta, luego ser\u00e1 ratificado el prove\u00eddo opugnado, aunque por los lineamientos vertidos en los p\u00e1rrafos que preceden. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La accionante en el escrito tutelar indica que es 17 meses y en la impugnaci\u00f3n 18 meses. <\/p>\n
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STC13370-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC13370-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 15693-22-08-000-2021-00132-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 25 de agosto de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58359","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58359","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58359"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58359\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58359"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}