STC13375-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13375-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 47001-22-13-000-2021-00305-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en la acci\u00f3n de tutela promovida por Flavio Celed\u00f3n, Alba Marina D\u00edaz Granados, Mar\u00eda Luisa Vives y Efra\u00edn Orozco contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el resguardo y en el tr\u00e1mite incidental n\u00b0 2021-00166. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores solicitan dejar sin efecto el prove\u00eddo emitido por el estrado accionado por medio del cual se resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta dentro del incidente de desacato en comento, en el que dispuso revocar la sanci\u00f3n impuesta al administrador del Conjunto Residencial La Capilla 1 (2 ago. de 2021). <\/p>\n
En sustento adujeron que el 4 de marzo de 2021 elevaron al administrador del condominio, V\u00edctor Noguera, petici\u00f3n \u00aben la que en 25 puntos requeri[eron] entregar informaci\u00f3n y copia de documentos muy espec\u00edficos que reposan en la copropiedad\u00bb. Frente al incumplimiento, instauraron acci\u00f3n de tutela, asunto del cual conoci\u00f3 el Juzgado 4\u00ba Civil Municipal de Santa Marta, autoridad que concedi\u00f3 el mecanismo y orden\u00f3 remitir respuesta de fondo a la solicitud. <\/p>\n
Relataron que promovieron incidente de desacato, tr\u00e1mite en el cual se impuso sanci\u00f3n a V\u00edctor El\u00edas Noguera Cotes como administrador del Conjunto Residencial La Capilla 1; no obstante, surtido el grado jurisdiccional de consulta, el estrado 4\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad revoc\u00f3 la decisi\u00f3n, al determinar la imposibilidad material de cumplir la sentencia del amparo. <\/p>\n
Se duelen de no haber recibido respuesta a todas las s\u00faplicas. <\/p>\n
2. La autoridad reprochada se remiti\u00f3 a la orden emitida dentro del tr\u00e1mite constitucional referido. Respecto de la revocatoria de la sanci\u00f3n impuesta adujo que la misma no es caprichosa o arbitraria y tampoco vulnera las garant\u00edas constitucionales de los solicitantes pues, en efecto, \u00abse entendi\u00f3 que se hab\u00eda dado una respuesta de fondo y congruente ante su circunstancia de carecer del medio documental requerido\u00bb. <\/p>\n
Victor Noguera Cotes, administrador del citado Conjunto Residencial, manifest\u00f3 que \u00abdio respuesta de manera inmediata al escrito de fecha 4 de marzo de 2021, el d\u00eda 18 de marzo del a\u00f1o en curso de conformidad a los documentos que estaban en ese momento a su disposici\u00f3n en el archivo del Conjunto, pero con relaci\u00f3n a los dem\u00e1s documentos solicitados (\u2026) [se\u00f1al\u00f3] no le fueron entregados legalmente a trav\u00e9s de acta de entrega\u00bb por parte de Jhon Jairo Ot\u00edz, Representante Legal del Condominio para la \u00e9poca, ni por Maria Luisa Vives, Efrain Orozco y Maria Margarita Correa, miembros del Consejo, hoy accionantes; en consecuencia, se\u00f1al\u00f3 la imposibilidad de allegar unos legajos que nunca le fueron entregados oficialmente. <\/p>\n
Jos\u00e9 Carlos Rada Sanchez se\u00f1al\u00f3 que su labor \u00abse limit\u00f3 a una tarea en espec\u00edfico la cual se cumpli\u00f3 y finaliz\u00f3 con el informe [contable] enviado\u00bb. Afirm\u00f3 que tiene \u00abtoda la disposici\u00f3n y le ha informado a los miembros del consejo mediante el abogado Mart\u00edn Fern\u00e1ndez la intenci\u00f3n de entregar 4 az. que en varias ocasiones h[a] llevado al conjunto y no [se] las han recibido\u00bb. <\/p>\n
John Jaime Ortiz Quintero relat\u00f3 ser el administrador del Conjunto Residencial La Capilla 1, desde enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2018, indic\u00f3 haber entregado toda la documentaci\u00f3n requerida la cual \u00abreposa en manos del administrador y el contador Jos\u00e9 Carlos Rada\u00bb. Deprec\u00f3 la procedencia del auxilio. <\/p>\n
3. El a-quo desestim\u00f3 el ruego tras considerar razonable la providencia atacada ya que <\/p>\n
\u00ab(\u2026)[E]s di\u00e1fano que indistintamente de las apreciaciones, m\u00e1s all\u00e1 que se compartan o no por esta Colegiatura, no revisten una arbitrariedad que transgreda garant\u00edas de estirpe fundamentales, ya que fueron producto de un razonamiento frente a los planteamientos enrostrados. <\/p>\n
En efecto, las consideraciones de la juzgadora se soportaron en los elementos demostrativos aportados en la causa, posterior al auto sancionatorio, encontrando la respuesta brindada, a su juicio, de fondo y congruente, habi\u00e9ndose expuesto la particularidad de no poseer con algunas de las piezas pedidas, y tambi\u00e9n habi\u00e9ndose probado la remisi\u00f3n de la misma a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica indicada en el ac\u00e1pite de notificaciones del escrito incidental \u2013isarquez@hotmail.com-. <\/p>\n
Luego entonces, si bien en el decurso del tr\u00e1mite de primer grado no se hab\u00eda demostrado el acatamiento a la orden tutelar, raz\u00f3n por la cual se declar\u00f3 en desacato, no lo es menos que, como se acot\u00f3, luego de la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n, se inform\u00f3 del obedecimiento del mandato, lo cual, a miramiento de la funcionaria en consulta, y dentro de su poder discrecional, encontr\u00f3 que la respuesta entregada fue de fondo y congruente con lo solicitado\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn ese orden de ideas, la interpretaci\u00f3n efectuada por la juzgadora, no puede tildarse de arbitraria, toda vez que la misma fue producto de una valoraci\u00f3n de los planteamientos enrostrados y no resulta caprichosa sino por el contrario fue consecuencia de su autonom\u00eda con sujeci\u00f3n a los par\u00e1metros legales, la cual, se itera, aun cuando sea compartida o no, se encuentra dentro de su \u00f3rbita, circunstancia que impide al juez constitucional entrar a cuestionar tales pronunciamientos\u00bb. <\/p>\n
4. Los libelistas se alzaron fincados en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
Jos\u00e9 Carlos Rada Sanchez en escrito separado impugn\u00f3 con el fin de \u00abrevocar o modificar la decisi\u00f3n que tom\u00f3 el Tribunal Superior de Santa Marta y se le ordene al se\u00f1or V\u00edctor Noguera que no se niegue m\u00e1s a recibir las AZS contables\u00bb que tiene en su poder y \u00abse [l]e libere de toda responsabilidad en el presente tr\u00e1mite\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Los gestores cuestionan la decisi\u00f3n por medio de la cual el Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Santa Marta resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta dentro del incidente de desacato en comento, en la que dispuso revocar la sanci\u00f3n impuesta al administrador del Conjunto Residencial La Capilla 1 (2 ago. de 2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el ruego debe desestimarse y, en consecuencia, ser\u00e1 confirmada la providencia opugnada, puesto que los razonamientos del juzgado convocado aqu\u00ed reprochados no lucen arbitrarios o caprichosos, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
Delanteramente, t\u00e9ngase en cuenta que la sentencia de tutela (12 abr. 2021) cuyo cumplimiento se pretendi\u00f3 dispuso lo siguiente: <\/p>\n
Ahora bien, para decidir el grado jurisdiccional de consulta la autoridad judicial fustigada centr\u00f3 su atenci\u00f3n en el cumplimiento de la condici\u00f3n descrita y al hallarla acreditada dispuso la revocatoria de la sanci\u00f3n impuesta. Como soporte de su decisi\u00f3n la sede judicial consign\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) el desacato es un correctivo disciplinario que desencadena o no en una sanci\u00f3n, a \u00e9l debemos atender al principio de inocencia consagrado en nuestra Carta Pol\u00edtica en el art\u00edculo 29. Para el a\u00f1o de 1996 en sentencia C\/319 la Corte Constitucional aclar\u00f3 que \u201cLa Constituci\u00f3n no crea ese estado de inocencia: lo reconoce y ampara. <\/p>\n
De cara a los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el decurso, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) [H]abi\u00e9ndose notificado la sanci\u00f3n impuesta, la persona jur\u00eddica Administraci\u00f3n Conjunto Residencial La Capilla I con domicilio en esta ciudad, representada legalmente por el se\u00f1or V\u00edctor Noguera Cotes present\u00f3 pruebas con las que acredit\u00f3 [haber] dado una nueva respuesta a los actores donde les informaba la imposibilidad de otorgar los documentos requeridos en su petici\u00f3n, esta funcionaria encuentra que la sanci\u00f3n impuesta por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta debe ser revocada; toda vez que estando el expediente para desatar el tr\u00e1mite de consulta existen pruebas con la que demostr\u00f3 que el sancionado expuso a los peticionarios, que le asiste una imposibilidad f\u00edsica de presentar los documentos requeridos toda vez que no fueron archivados o trasladados por el anterior administrador. Encuentra esta funcionaria que la respuesta entregada es de fondo y congruente con lo solicitado. <\/p>\n
Seguidamente, ilustr\u00f3 el marco normativo y constitucional aplicable en el asunto puesto en consideraci\u00f3n: <\/p>\n
(\u2026) La Corte Constitucional en T 766 dic 9 de 1998 expuso \u201cEl desacato consiste en una conducta que, mirada objetivamente por el juez, implica que el fallo o providencia de tutela no ha sido cumplido. Desde el punto de vista subjetivo, la responsabilidad de quien ha dado lugar a ese incumplimiento debe ser deducida en concreto, esa responsabilidad encierra como lo ha dicho la Corte Constitucional una responsabilidad subjetiva, pues debe de analizarse el comportamiento del incidentado ante la orden dada, y si nos detenemos en ello, encontramos que a pesar de haberse requerido a explicar si hab\u00eda cumplido o no el fallo, y de no haberlo cumplido sostuviera las razones por las que no acataban la orden judicial, el juicio analizado anteriormente pierde su necesidad, toda vez que la incidentada y sancionada demostr\u00f3 haber cumplido la sentencia de tutela. <\/p>\n
Por lo expuesto concluy\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Ahora, atendiendo la respuesta brindada, en uso de la buena fe constitucional y atendiendo que los documentos que se requieren seg\u00fan las afirmaciones del accionado no se encuentran en su poder, esta funcionaria no encuentra argumentos para sostener la sanci\u00f3n impuesta, por la imposibilidad material de cumplir la sentencia de tutela, seria consecuente a las afirmaciones del accionado haber sido vinculado al anterior administrador al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela el anterior administrador que se reporta como responsable de los documentos que se exigen. <\/p>\n
Como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n adoptada no es infundada o arbitraria, toda vez que al margen de que los precursores no compartan las reflexiones y consecuencias que el juzgador dedujo en el prove\u00eddo cuya revocatoria pretenden, aquellas premisas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, puesto que responden a una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad que rige la materia y del material demostrativo recaudado, sumado a la coherente evaluaci\u00f3n de los elementos probatorios que someti\u00f3 a valoraci\u00f3n, luego el estrado observ\u00f3 y sopes\u00f3 los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario, algunos de estos incorporados con posterioridad a la decisi\u00f3n constitucional de primer grado. <\/p>\n
En consecuencia, queda excluida la intervenci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n constitucional, ya que como ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, CSJ STC4937-2016, CSJ STC6631-2018 CSJ STC 14267-2018 y CSJ STC3956-2021 entre otras). <\/p>\n
Finalmente, la impugnaci\u00f3n formulada por Jos\u00e9 Carlos Rada Sanchez no puede ser atendida en esta sede, comoquiera que resulta ser un medio nuevo, esto es, un reparo que solo dio a conocer ante la Corte, cuando, si lo consideraba pertinente, debi\u00f3 alegarlo y solicitar lo que ahora pide ante el juez constitucional de la primera instancia para que hiciera parte del debate que all\u00ed se dio. De suerte que examinarlo ahora resulta nocivo frente al derecho de defensa de accionante, lo que impide su estudio. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha sostenido que <\/p>\n
(\u2026) si bien es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la transgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos de superiores (\u2026) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa. (CSJ STC1468-2021). <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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