STC13519-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13519-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00104-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de junio de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Dora Inelda Toro Acevedo contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Abejorral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Promiscuo Municipal de Abejorral y a las partes e intervinientes del proceso declarativo de nulidad relativa con radicado 2017-00181. <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente trasgredidos por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas al plenario, se observan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 27 de noviembre de 2017, los se\u00f1ores Oscar, Gloria Elena, Mar\u00eda Fabiola, Blanca Estela y Jaime Alberto Palacio Jaramillo radicaron demanda en contra de Dora Imelda Toro Acevedo, cuya pretensi\u00f3n era que \u00abdeclare viciada por nulidad relativa, error en la calidad del comprador la se\u00f1ora DORA IMELDA TORO ACEVEDO, la escritura publica (sic) de compraventa numero (sic) 630 de fecha 14 de diciembre de 2012 extendida en la Notaria (sic) \u00danica de Abejorral\u00bb, debido a que los vendedores le hab\u00edan dado instrucciones a su apoderada \u00aba fin de que no se vendiera las cuotas partes a su comunero, es decir a la se\u00f1ora DORA IMELDA\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 7 mayo de 2018, el apoderado judicial de la demandada se opuso a las pretensiones, \u00abpor cuanto no existe ni siquiera un indicio de prueba que demuestre el grave hecho que se quiere hacer valer, tal como un aparente \u2018enga\u00f1o\u2019\u00bb. <\/p>\n
2.3. Surtido todo el tr\u00e1mite procesal, el 22 de octubre de 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal de Abejorral desestim\u00f3 \u00abla totalidad de las pretensiones de la demanda de NULIDAD RELATIVA DE CONTRATO DE COMPRAVENTA POR VICIOS DEL CONSENTIMIENTO \u2013 ERROR EN LA CALIDAD DE LA PERSONA\u00bb, decisi\u00f3n que fue recurrida por la parte demandante. <\/p>\n
2.4. El 13 de abril de 2021, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Abejorral revoc\u00f3 parcialmente la sentencia de primera instancia, tras considerar que, aunque no se acreditaba la nulidad relativa alegada por los demandantes, el precio plasmado en la escritura p\u00fablica \u00abno fue un precio cierto y real\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, declar\u00f3 oficiosamente la nulidad absoluta del negocio jur\u00eddico y dispuso que se devolviera a la se\u00f1ora Dora Inelda Toro Acevedo $25\u00b4000.000 debidamente indexados y con intereses del 6% anual, a partir de la presentaci\u00f3n de la demanda y hasta el d\u00eda en que se efectuara el pago. <\/p>\n
3. La promotora reproch\u00f3 que era \u00abinaplicable el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil al caso concreto toda vez que el contrato de compraventa celebrado por los hermanos Palacio Jaramillo y Dora Inelda Toro Acevedo y elevado a escritura p\u00fablica el d\u00eda 14 de diciembre de 2012, s\u00ed cuenta con el factor precio, el cual es esencial para su existencia\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00abUna cosa es que el precio consignado en la escritura publica (sic) sea menor al establecido catastral y\/o comercialmente y otra absolutamente distinta es que no exista la determinaci\u00f3n de un precio; cada situaci\u00f3n tiene una regulaci\u00f3n distinta en nuestra normatividad, es claro que para la existencia del precio la consecuencia es la declaratoria de nulidad, pero para el argumento sustentado por el Juez, esto es el precio irrisorio la acci\u00f3n que corresponde es la de lesi\u00f3n enorme y contrario a lo que dice el togado, esta clase de acci\u00f3n debe ser rogada y tiene un t\u00e9rmino de 4 a\u00f1os de prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 ordenar al Juzgado cuestionado que deje sin efecto \u00abla sentencia proferida el d\u00eda trece (13) de abril del a\u00f1o 2021\u00bb y profiera \u00abuna nueva sentencia, en la cual se haga una valoraci\u00f3n adecuada de la normatividad vigente aplicable al caso concreto\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Abejorral manifest\u00f3 \u00abno haber desconocido los derechos de los accionantes, raz\u00f3n por la cual las pretensiones deben ser despachadas desfavorables, porque no es la tutela el mecanismo que pueda suplir lo que no se logr\u00f3 ante las instancias, m\u00e1s si esa judicatura en el estudio que efect\u00fae frente a este caso llegase a concluir que le asiste raz\u00f3n a la petente y que se debe emitir un nuevo fallo atendiendo a sus particulares concepciones, entonces (\u2026) estar\u00e9 atento a las \u00f3rdenes\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Abejorral consider\u00f3 que las decisiones de primera y segunda instancia, \u00abaunque diferentes, se ajustaron a los presupuestos legales, adem\u00e1s de ser debidamente motivadas para que las partes comprendieran el porqu\u00e9 (sic) de las mismas, por lo que no se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho alguna que torne procedente la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. El abogado Juan Carlos Casta\u00f1eda Valencia, aduciendo la calidad de apoderado de algunos vinculados, contest\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, sin embargo, no alleg\u00f3 poder especial para intervenir dentro de este tr\u00e1mite, en su momento. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo tras considerar que \u00abEl Juez Promiscuo del Circuito de Abejorral debi\u00f3 efectuar un an\u00e1lisis de fondo para declarar la nulidad de manera oficiosa, en la que consider\u00f3 que el precio se pact\u00f3 de manera indeterminada y por tanto, el negocio deb\u00eda ser declaro nulo absolutamente. Como se advirti\u00f3 en precedencia, uno de los requisitos para que el Juez de manera oficiosa pueda declarar la nulidad absoluta del contrato, es que la causal aparezca de manifiesto. Aquella no se present\u00f3 en este asunto, en tanto que el an\u00e1lisis del cognoscente se encaus\u00f3 a determinar que lo convenido no se ajustaba al aval\u00fao del predio y que aquel monto establecido en el contrato de compraventa, no hab\u00eda sido lo pagado\u00bb. <\/p>\n
Estim\u00f3 que para, el caso concreto, \u00abResulta di\u00e1fano que entre las partes se convino un precio, el cual fue consignado en la escritura p\u00fablica debatida. Tambi\u00e9n es claro que aquel fue el estimado por todos los derechos de cuotas vendidos. Las situaciones concernientes a la idoneidad del precio, a lo realmente cancelado, a la diferencia entre lo se\u00f1alado en el acto escritural y lo realmente convenido, son situaciones ajenas a la declaratoria de nulidad oficiosa como deber del Juez, por lo que, deben ser planteadas y controvertidas por las partes\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que \u00abClaro es que la compraventa cumpli\u00f3 con los dos requisitos esenciales, eso es, el acuerdo entre la cosa y el precio por ella. La cuesti\u00f3n atinente a que el pactado era irrisorio o que pact\u00f3 uno diferente al realmente convenido, es cuesti\u00f3n de debate y de controversia, que debe ser promovido por las partes. Al no advertirse ausencia del elemento esencial del contrato de compraventa, no era menester del Juez declarar de manera oficiosa la nulidad absoluta del contrato\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto, dej\u00f3 sin efectos la providencia censurada y orden\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Abejorral que, \u00abdentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deber\u00e1 emitir la sentencia que en Derecho corresponda, teniendo en cuenta las consideraciones tenidas en cuenta en esta providencia, concernientes a la nulidad absoluta por falta de precio\u00bb. <\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La formul\u00f3 el Juzgado convocado, aduciendo que \u00aben ejercicio de esa facultad oficiosa en pro de defender el orden p\u00fablico, se adoptara la nulidad en t\u00e9rminos de los previsto en el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, porque, el precio como elemento esencial del contrato de venta, a la luz del ordenamiento jur\u00eddico y la jurisprudencia tiene que ser cierto, justo, serio y real, de all\u00ed que en el acto escriturario ello deb\u00eda quedar completamente clarificado, aspecto que para este servidor qued\u00f3 di\u00e1fano, porque si eran varios los vendedores, no se precis\u00f3 si esos $6.000.000.oo correspond\u00edan a cada uno, o era esa sola cifra para todos, tampoco s\u00ed ello involucraba un solo inmueble o ambos inmuebles\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00ablas partes hab\u00edan estado involucradas en un proceso divisorio respecto del mismo predio y donde se hizo una valoraci\u00f3n del inmueble comercialmente, esos seis millones de pesos se infer\u00eda una cifra no ser\u00eda de cara a dicho aval\u00fao y al mismo aval\u00fao catastral consignado en la escritura p\u00fablica de venta; aparte de que las partes admitieron en el curso del proceso, que ese no era el precio real, porque ello se concluy\u00f3 que tal precio fue producto del no control ejercido por la Notar\u00eda en los t\u00e9rminos del Decreto 960 de 1970\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, insisti\u00f3 en \u00abno haber desconocido los derechos fundamentales a que alude la parte accionante y que admite la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia, porque si bajo el mandato del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, los Jueces no podemos ejercer la facultad oficiosa de la nulidad ante aspectos que desconozcan el orden p\u00fablico s\u00ed la parte interesada no lo pide, entonces, se podr\u00eda estar facilitando el que en la vida jur\u00eddica queden contratos que desconocen el ordenamiento jur\u00eddico, cuando uno de los fines estatales es el orden justo\u00bb. <\/p>\n
2. Igualmente, la impulsaron, a trav\u00e9s de apoderado, los se\u00f1ores Jaime, Fabiola y Blanca Stella Palacio Jaramillo y Luz Edilma Gonz\u00e1lez, de la parte demanda del proceso cuestionado, quienes consideraron que, contrario a lo manifestado por el Tribunal, el precio s\u00ed fue ventilado y sometido a consideraci\u00f3n por el a-quo, por lo que \u00abno fue ajeno al mismo durante el fallo de instancia, desatada en la alzada, y por lo mismo, se violentar\u00eda; curiosamente el debido proceso con el fallo de tutela, pues no se har\u00eda honor a la verdad, la seguridad jur\u00eddica y menos aun (sic), la justica material\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Sala, se ha dicho, en l\u00ednea de principio, que las actuaciones y providencias judiciales no pueden ser rebatidas a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. Ello pues, a la luz de los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no debe el juez constitucional inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, a efectos de variar las decisiones proferidas o para dictaminar la manera en que debe procederse. <\/p>\n
Tal postura halla su excepci\u00f3n en aquellos precisos casos en que el enjuiciador adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyo en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d, que autoriza la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el objetivo de restablecer el orden jur\u00eddico afectado, a falta de que \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad.2001-00183-01). <\/p>\n
2. Bajo ese lineamiento, en el presente asunto, corresponde a la Sala establecer si el Juzgado cuestionado vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la accionante, con ocasi\u00f3n del fallo proferido el 13 de abril de 2021, con el cual revoc\u00f3 parcialmente la sentencia de primera instancia, declarando oficiosamente la nulidad absoluta del negocio jur\u00eddico objeto del litigio. <\/p>\n
3. En efecto, el Juzgado acusado, al resolver el recurso de alzada, consider\u00f3 que, en ejercicio del control de legalidad, deb\u00eda declarar oficiosamente la nulidad absoluta de la escritura p\u00fablica 630 de 2012, porque contravino lo previsto en los art\u00edculos 1740, 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil. Al respecto, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abpor eso el juzgado opt\u00f3 por la nulidad oficiosa, \u2018la parte vendedora transfiere a la parte compradora los derechos cuota de 8.33% y 9.88%, 2.44% y 4.30% que cada uno posee sobre los siguientes bienes inmuebles\u2019 (\u2026) y se dijo que el predio ten\u00eda un valor de 51.384.730, pero el valor del acto lo consignan $6.000.000 (\u2026) y en el numeral cuarto se dice que el precio de la venta lo constituye $6.000.000 que ya fueron pagados y que el vendedor declara recibido a satisfacci\u00f3n, entonces viene una pregunta, si por doctrina y jurisprudencia decimos que el precio debe ser cierto, justo, serio, y real, una cl\u00e1usula escrituraria como esta que estoy analizando, donde no se dice claramente si esos $6.000.000 son para cada uno (\u2026) si son el total, es una cl\u00e1usula que no ofrece claridad, y por tanto est\u00e1 desconociendo la solemnidad o la esencia o el requisito esencial del contrato de compraventa, cual es la determinaci\u00f3n clara y precisa del precio o del valor de la venta\u00bb. <\/p>\n
Adujo, en forma general, que hab\u00eda un aval\u00fao del inmueble por $51\u00b4384.730, que en la escritura p\u00fablica no se indic\u00f3 cu\u00e1nto del valor de la venta all\u00ed consignado ($6\u00b4000.000) le correspond\u00eda a cada uno de los vendedores y en qu\u00e9 porcentaje, que las partes hab\u00edan reconocido en el proceso un precio real de la compraventa mayor al estipulado y que la compradora hab\u00eda efectuado un pago de $25\u00b4000.000, por tanto, en el negocio no se estipul\u00f3 una suma precisa. <\/p>\n
4. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser revocada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.1 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
4.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio.2 <\/p>\n
4.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente3 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
5. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada \u2013en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia contractual a modo de autoridad de instancia. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
6. Por lo expuesto, se revocar\u00e1 la providencia impugnada. En su lugar, se negar\u00e1 el amparo invocado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y origen prenotada. En su lugar, NEGAR el amparo solicitado conforme a las razones expuestas. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
2\u0002 Esto es, en el caso concreto, no se advierte ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n positiva (CC T 916 -2008), ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n negativa (por un lado, CC sentencias C-548 de 1997, C-874 de 2003 y C- 102 de 2005, por otro, CC T 949-003 y CC T 264-2009). <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021, CSJ STC 7609-2021, CSJ STC 7076-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 6529-2021, CSJ STC 6398-2021, CSJ STC 6402-2021, CSJ STC 2870-2021, CSJ STC 11365-2020, CSJ STC 071-2021, CSJ STC 3903-2021, CSJ STC 942-2021, CSJ STC 7663-2020, CSJ STC 7483-2020, CSJ STC 7520-2021, CSJ STC 5668-2021, CSJ STC 5379-2021, CSJ STC 3980-2021, CSJ STC 10673-2021, CSJ STC 1453-2021, CSJ STC 10575-2021. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC13519-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC13519-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00104-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58373","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58373","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58373"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58373\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58373"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58373"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58373"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}