STC13520-2021<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13520-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01430-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Alfonso Lora Correa frente a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba, hoy Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba. Al tr\u00e1mite se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes del proceso disciplinario con radicado 2016-00208. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, trabajo, dignidad, buen nombre, honra, bienestar social y \u00abel leg\u00edtimo derecho a una justicia material\u00bb, presuntamente trasgredidos por las autoridades cuestionadas. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Ante la Fiscal Treinta y Tres Seccional de la Unidad de Estructura de Apoyo de la Fiscal\u00eda Seccional de C\u00f3rdoba se adelanta la investigaci\u00f3n penal con radicado 23001-60-01015-2016-04279 en contra del se\u00f1or Mario Alfonso Lora Correa por la presunta comisi\u00f3n del delito de homicidio tentado agravado en concurso con homicidio agravado tentado y lesiones personales. <\/p>\n
2.2. En el curso de tal actuaci\u00f3n, la Fiscal orden\u00f3 la compulsa de copias contra el abogado Mario Alfonso Lora Correa. <\/p>\n
2.3. Paralelamente, los se\u00f1ores Hermes Rafael Su\u00e1rez Su\u00e1rez y Martha Cecilia Rivas Ara\u00fajo, en su condici\u00f3n de padres de una de las v\u00edctimas -Harold David Su\u00e1rez Riva, presentaron queja disciplinaria en contra del susodicho jurista; la cual fue acumulada a la anteriormente referenciada. <\/p>\n
2.4. El 07 de diciembre del 2016, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria \u2013 Seccional C\u00f3rdoba del Consejo Superior de la Judicatura abri\u00f3 la correspondiente investigaci\u00f3n disciplinaria contra Lora Correa, a la cual fueron acumuladas posteriormente tres actuaciones distintas (2016-000343-00; 2016-00225-00; 2016-00225-00). <\/p>\n
2.5. El 2 de julio de 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria decidi\u00f3 formular cargos al promotor del amparo, en su condici\u00f3n de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, adscrito a la Direcci\u00f3n Nacional de Fiscal\u00eda Especializada, por la incursi\u00f3n en la prohibici\u00f3n prevista en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 154 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, constitutivo de falta disciplinaria de conformidad con el art\u00edculo 196 de la Ley 734 de 2002. La falta imputada se calific\u00f3 como grave, con culpabilidad dolosa. <\/p>\n
2.6. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el despacho profiri\u00f3 sentencia el 16 de diciembre del 2020 mediante la cual declar\u00f3 \u00abdisciplinariamente responsable al doctor Mario Alfonso Lora Correa (\u2026) por incursionar en la prohibici\u00f3n contemplada en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 154 de la Ley 270 de 1996, lo que constituye falta disciplinaria al tenor de lo indicado en el art\u00edculo 196 de la Ley 734 de 2002, a t\u00edtulo de dolo\u00bb. En consecuencia, se le sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n de seis meses en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo t\u00e9rmino. <\/p>\n
2.7. Inconforme, el disciplinado present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en el que expuso, en s\u00edntesis, dos reparos concretos: i) estim\u00f3 que \u00abno existe una relaci\u00f3n funcional que se dice existente entre el desgraciado y lamentable suceso ocurrido en aquellas calendas, y mi calidad de funcionario al servicio de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en cuanto estimo que no existe esa relaci\u00f3n que permita la imputaci\u00f3n en la \u00f3rbita disciplinaria\u00bb; y ii) discuti\u00f3 la calificaci\u00f3n de la gravedad de la conducta dada por el juez de primera instancia puesto que \u00abse da por probado, para fundamentar la imputaci\u00f3n y la subsecuente condena, lo que a\u00fan no lo est\u00e1, porque precisamente alrededor de esos temas gira todo el debate probatorio que se habr\u00eda de dar en la Audiencia de Juicio Oral en la causa penal\u00bb. <\/p>\n
2.8. El 25 de agosto del 2021, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial dict\u00f3 fallo con el cual confirm\u00f3 el prove\u00eddo del a quo. <\/p>\n
2.9. El actor cuestiona las determinaciones proferidas por las autoridades accionadas, por cuanto no se atendieron los reparos elevados en su recurso de alzada. Asever\u00f3 que \u00aben esa providencia [la de segunda instancia] solo se exponen consideraciones abstractas, sin rebatir en el fondo lo alegado, (\u2026)\u00bb. Afirm\u00f3 que no es posible asumir conclusiones de la ocurrencia de los hechos en los que aparece comprometido que, actualmente, se encuentran en discusi\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n penal \u00abde suerte que no puede suponerse en la disciplinaria, absolutamente dependiente de lo informado en aquella, que es apenas una prospecci\u00f3n, pero no ratificado legalmente en este con elementos v\u00e1lidos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que, contrario a lo sostenido por el ad quem, este caso disciplinario s\u00ed est\u00e1 sometido al an\u00e1lisis de la responsabilidad penal \u00abpor su relaci\u00f3n de dependencia en este caso\u00bb. As\u00ed las cosas, reprocha el hecho de que se sostenga que con un acto de vida social se vio afectada la confianza que en el p\u00fablico tienen los servidores oficiales \u00absin que se haya definido si con el comportamiento cuestionado tal ocurri\u00f3, porque es a\u00fan objeto de debate la existencia de una causal exculpatoria o de una circunstancia que afecte la situaci\u00f3n disciplinaria, no parece correcto y entonces jur\u00eddicamente v\u00e1lido, por mucho que se citen precedentes justos, pero que responden a situaciones distintas, ya que seguramente estas no exist\u00eda nexo causal o han sido debatidas y probadas en su estadio natural, cosa que aqu\u00ed no ha pasado\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n \u00abpor desconocimiento de la necesaria coherencia que obliga a hacer sustancialmente efectiva la garant\u00eda del derecho a una decisi\u00f3n exenta de la posibilidad de contrariar el juicio penal, que ser\u00eda soporte necesario del cargo disciplinario, pues sin una condena que implique que se infringi\u00f3 adicionalmente el debe funcional, no es razonable su deducci\u00f3n, am\u00e9n de que en esa sentencia se echa de menos una verdadera sustentaci\u00f3n de los cargos y una respuesta a los planteamientos del recurso de apelaci\u00f3n, con lo que igualmente se afecta el debido contradictorio y mi derecho a obtener satisfacci\u00f3n o conformidad en cuanto a la eliminaci\u00f3n de mis objeciones\u00bb. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, el amparo de las garant\u00edas fundamentales reclamadas, al tiempo que requiri\u00f3 \u00abla declaratoria de una prejudicialidad penal, por ser el juicio disciplinario de car\u00e1cter jurisdiccional\u00bb y, en esa medida, que se dispusiera la \u00abinvalidaci\u00f3n\u00bb de lo decidido en su contra. <\/p>\n
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II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, luego de hacer una breve rese\u00f1a de la actuaci\u00f3n adelantada en el proceso disciplinario, se\u00f1al\u00f3 que, al resolver la alzada, \u00ab[\u2026] expuso el marco normativo y jurisprudencial que establece tanto el l\u00edmite como las diferencias que existen entre las responsabilidades penal y disciplinaria. Al respecto, se concluy\u00f3 que \u2018con independencia de que en materia penal la defensa lograra acreditar la concurrencia de alguna causal con entidad para echar abajo los elementos de tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad, lo cierto es que en sede disciplinaria ni siquiera se expuso su posible existencia\u2019\u00bb; as\u00ed mismo, refiri\u00f3 que confirm\u00f3 la sentencia disciplinaria, \u00abal encontrar reunidos cada uno de los elementos de la responsabilidad que en esta sede eran materia de an\u00e1lisis, ello, de conformidad al estudio de las pruebas que se practicaron en el proceso disciplinario\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abel accionante no compareci\u00f3 a la actuaci\u00f3n disciplinaria, a pesar de estar enterado de su tr\u00e1mite, de manera que no controvirti\u00f3 la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta, las pruebas recaudadas ni aport\u00f3 argumentos de defensa, en cada una de las etapas legalmente dispuestas para tal efecto\u00bb y agreg\u00f3 que la determinaci\u00f3n \u00abno estuvo desprovista del an\u00e1lisis de los argumentos que en su momento esgrimi\u00f3 el disciplinable, sin que en ninguno de los apartes de la decisi\u00f3n se aborde con superficialidad los supuestos esgrimidos, como manifest\u00f3 el accionante en el escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto \u00abno tuvo injerencia alguna en los hechos narrados por el accionante; toda vez que no tiene jurisdicci\u00f3n y competencia para tramitar procesos disciplinarios\u00bb, siendo la dependencia competente la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba. <\/p>\n
3. A su turno, la citada Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba manifest\u00f3 que, \u00aben la investigaci\u00f3n disciplinaria adelantada contra el doctor Mario Alfonso Lora Correa, en su condici\u00f3n de Fiscal Delegado, no se desconoci\u00f3 ninguna garant\u00eda de estirpe constitucional o legal al disciplinado, raz\u00f3n por la que consideramos que el amparo constitucional deprecado debe ser negado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Pues bien, considera la Sala que la acci\u00f3n constitucional invocada debe abrirse paso, toda vez que la providencia cuestionada efectivamente incurri\u00f3 en falta de motivaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2.1. Sea lo primero advertir que la Colegiatura accionada confirm\u00f3 el fallo del a quo bajo los siguientes argumentos: <\/p>\n
Para el efecto, explic\u00f3 que, conforme lo ha indicado la Corte Constitucional, en sentencias C-280 de 1996, C-252 de 2003 y C-181 de 2002, el derecho disciplinario se construye, entre otras, \u00absobre dos categor\u00edas dogm\u00e1ticas fundamentales: por un lado, la relaci\u00f3n especial de sujeci\u00f3n y, por el otro, el deber funcional. En ese sentido, el derecho disciplinario [\u2026] tiene un espacio de aplicaci\u00f3n restringido en cuanto tan solo recae sobre quienes se hallan bajo el efecto vinculante de deberes especiales de sujeci\u00f3n [y] formula una imputaci\u00f3n que se basa en la infracci\u00f3n de deberes funcionales\u00bb, por lo que, en esa medida, aqu\u00e9l derecho \u00abvalora la inobservancia de normas positivas en cuanto ello implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la funci\u00f3n social que le incumbe al servidor p\u00fablico o al particular que cumple funciones p\u00fablicas\u00bb, de suerte que, \u00aben la construcci\u00f3n del il\u00edcito disciplinario, el juez deber\u00e1 valorar si la conducta objeto de reproche guarda relaci\u00f3n directa con la funci\u00f3n p\u00fablica, el inter\u00e9s general o los fines del Estado\u00bb. <\/p>\n
Bajo esas circunstancias, estim\u00f3 que \u00abel estudio del argumento presentado por el apelante no comprende la adecuaci\u00f3n t\u00edpica, va m\u00e1s all\u00e1, entra\u00f1a el an\u00e1lisis sobre la infracci\u00f3n al deber funcional. Este escenario impone razonar sobre la afectaci\u00f3n de los fines esenciales del Estado con la conducta que despleg\u00f3 el disciplinable, entre los que claramente se encuentra la protecci\u00f3n \u2018a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y dem\u00e1s derechos y libertades\u2019 [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a lo manifestado por el Fiscal Lora Correa, en el sentido que era inadmisible la atribuci\u00f3n de responsabilidad disciplinaria como autor de una falta grave, por haber cometido un delito cuando ni siquiera hab\u00eda sido declarado penalmente responsable, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] el juicio de responsabilidad disciplinaria no est\u00e1 sometido al an\u00e1lisis de la responsabilidad penal que pudiera atribuirse al fiscal Lora Correa. En esa medida, si bien el contexto f\u00e1ctico y la conducta condujeron al inicio de ambas acciones, en ninguno de los dos escenarios tiene aplicaci\u00f3n el criterio de \u2018prejudicialidad\u2019 que se invoc\u00f3 al sustentar el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Para explicar esta tesis, la Comisi\u00f3n encuentra que la doctrina y la jurisprudencia han reconocido la distancia que conservan el derecho disciplinario y el penal. Es importante reconocer al derecho disciplinario como una especie aut\u00f3noma respecto de las otras expresiones del derecho sancionador. Adem\u00e1s corresponde precisar que si bien persisten puntos de encuentro, ello se explica en tanto forman parte del mismo g\u00e9nero, pero no conduce a concluir que exista alg\u00fan grado de subordinaci\u00f3n o dependencia que conduzca a la prejudicialidad invocada por el apelante, todo lo contrario, es categ\u00f3rica su independencia. <\/p>\n
Al respecto la Corte Constitucional reconoci\u00f3 que \u2018en su condici\u00f3n de derecho punitivo, el derecho disciplinario se acerca \u00edntimamente a las previsiones del derecho penal, si\u00e9ndole aplicables muchos de los principios que orientan y gu\u00edan esta disciplina del derecho\u2019; sin embargo, \u2018existen tambi\u00e9n importantes diferencias, derivadas fundamentalmente de los intereses que pretende proteger cada disciplina\u2019. En consecuencia: <\/p>\n
[\u2026] cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar v\u00e1lidamente que exista identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jur\u00eddicamente tutelados tambi\u00e9n son diferentes, al igual que el inter\u00e9s jur\u00eddico que se protege. En efecto, en cada uno de esos procesos se eval\u00faa la conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance propios\u00bb. <\/p>\n
Frente al caso en concreto, adujo que \u00abes claro que el estudio conjunto de la prueba documental y la testimonial, ubica espacio temporalmente al funcionario judicial en el lugar, d\u00eda y hora en que ocurrieron los hechos; es m\u00e1s, las personas que estuvieron presentes lo identificaron como aquel que accion\u00f3 un arma de fuego y los informes m\u00e9dicos dan cuenta de las lesiones y el fallecimiento de las personas que recibieron los disparos\u00bb. As\u00ed mismo, advirti\u00f3 que \u00abla \u00fanica intervenci\u00f3n del disciplinable en este proceso tuvo lugar al sustentar el recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra la sentencia sancionatoria. En esa oportunidad, no desconoci\u00f3 que esgrimi\u00f3 y accion\u00f3 su arma de fuego en la v\u00eda p\u00fablica de la ciudad de Monter\u00eda [\u2026]\u00bb, estableciendo que este \u00absencillamente lanz\u00f3 unas hip\u00f3tesis que nunca formul\u00f3 en el marco de la investigaci\u00f3n y justo ahora encontr\u00f3 procedente solicitar que se atendieran esos argumentos por el juez de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Luego, aclar\u00f3 que \u00abla conducta de un Fiscal de la Rep\u00fablica consistente en usar un arma de fuego en la v\u00eda p\u00fablica de la ciudad de Monter\u00eda y disparar contra tres personas, produci\u00e9ndoles la muerte y lesiones, contraviene el fin de garantizar la vida que pretende proteger el Estado precisamente a trav\u00e9s de sus agentes, especialmente, los funcionarios judiciales. Ello por supuesto, y sin que sea necesario ahondar en m\u00e1s explicaciones, corresponden a actividades de la vida social que afectan y defraudan la confianza del p\u00fablico y que comprometen severamente la dignidad de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2.2. De lo antes rese\u00f1ado, se advierte que el Colegiado accionado resolvi\u00f3 de forma insuficiente lo concerniente a la responsabilidad disciplinaria del actor. En particular, en lo relacionado a la estructuraci\u00f3n del hecho generador, estudio sobre el cual se halla un d\u00e9ficit argumentativo f\u00e1ctico que amerita la concesi\u00f3n de la perentoria salvaguarda. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el proceso disciplinario es una de las manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, que constituye una herramienta fundamental para el cumplimiento de los fines del Estado, materializa el principio de responsabilidad de los funcionarios p\u00fablicos, as\u00ed como permite la tutela de los principios de la funci\u00f3n p\u00fablica y desarrolla las competencias del control disciplinario2. <\/p>\n
En ese orden de ideas, por las consecuencias previstas por el Legislador frente al desconocimiento de las normas respectivas por parte de los disciplinados, es que el derecho disciplinario acarrea la aptitud para causar restricciones en los derechos constitucionales, tal como la suspensi\u00f3n o cancelaci\u00f3n de la tarjeta profesional o la inhabilitaci\u00f3n temporal para desempe\u00f1ar funciones p\u00fablicas. Es por ello por lo que, en el marco del uso de la potestad disciplinaria, el principio de legalidad adquiere un matiz de vital relevancia, el cual, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional, \u00abasume tres manifestaciones o alcances espec\u00edficos: (i) implica la necesidad de ley previa, (ii) la reserva de ley, y (iii) la tipicidad de las infracciones disciplinarias\u00bb3. <\/p>\n
En lo que toca la tipicidad de la infracci\u00f3n disciplinaria, esta hace referencia a que el tipo disciplinario debe ser de tal claridad que pueda se conocido con certeza por el destinatario, con la finalidad de disminuir los m\u00e1rgenes de discrecionalidad en su interpretaci\u00f3n. Pese a ello, la jurisprudencia constitucional s\u00ed ha aceptado la previsi\u00f3n de tipos en blanco y conceptos jur\u00eddicos indeterminados en el r\u00e9gimen disciplinario, cuya tipicidad se determina \u00aba partir de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la norma que establece la funci\u00f3n, la orden o la prohibici\u00f3n y aquella otra que, de manera gen\u00e9rica, prescribe que el incumplimiento de tales funciones, \u00f3rdenes o prohibiciones constituye una falta disciplinaria\u00bb4. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de constitucional sostiene lo siguiente: <\/p>\n
\u00abConcretamente, en lo que ata\u00f1e a los elementos de la falta disciplinaria, el ordenamiento jur\u00eddico impone la obligaci\u00f3n de cumplir con los principios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. De conformidad con el primero, se requiere que la norma que crea la falta describa expresa e inequivocamente el tipo de conducta objeto de sanci\u00f3n, sin que se exija la misma rigurosidad que sobre esta materia existe en el derecho penal, por las diferencias que se presentan entre la naturaleza de las conductas objeto de reproche, por los distintos bienes jur\u00eddicos amparados por cada uno de estos \u00e1mbitos del ejercicio ius puniendi, por la teleolog\u00eda de las facultades sancionatorias, por los sujetos disciplinables y por los efectos jur\u00eddicos que se producen respecto de la comunidad. Por ello, en general, el \u00e1mbito de tipicidad que se impone en la acci\u00f3n disciplinaria que rige a los abogados, se caracteriza por admitir cierta flexibilidad en la descripci\u00f3n de la conducta. <\/p>\n
<\/p>\n
Esta flexibilidad se concreta b\u00e1sicamente en la precisi\u00f3n con la que deben estar definidas las normas disciplinarias, lo cual ha permitido la \u201c(\u2026) configuraci\u00f3n de tipos abiertos o en blanco (\u2026), siempre que sea razonable y proporcional su remisi\u00f3n o indeterminaci\u00f3n normativa\u201d, al igual que ha autorizado la existencia de conceptos jur\u00eddicos indeterminados en la estructura de las faltas. Por lo dem\u00e1s, en el proceso de tipificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, se ha precisado por la jurisprudencia que la norma que la contiene debe establecer con claridad el quantum punitivo o permitir su determinaci\u00f3n con criterios que el legislador establezca para ello, siempre que sean razonables y proporcionales para evitar la arbitrariedad y limitar, por esa v\u00eda, la discrecionalidad del juez al momento de imponer una condena\u00bb5. <\/p>\n
Ahora bien, las anteriores consideraciones imponen que la carga argumentativa del juzgador sea mayor y, a\u00fan cuando cuentan con un amplio margen de discrecionalidad y autonom\u00eda, ello no es \u00f3bice para que deje de sustentar razonadamente el motivo de la decisi\u00f3n tomada. <\/p>\n
As\u00ed pues, respecto de las cargas para imponer una sanci\u00f3n en el derecho disciplinario, en la sentencia C-290 de 2008, la Corte Constitucional aclar\u00f3 que se concretan en: \u00ab\u201c(i) que la sanci\u00f3n sea establecida directamente por el legislador (reserva legal); (ii) que esta determinaci\u00f3n sea previa al acto merecedor de la conminaci\u00f3n; (iii) que el contenido material de la sanci\u00f3n est\u00e9 definido en la ley, o que el legislador suministre criterios que permitan razonablemente tanto al disciplinable como a la autoridad competente contar con un marco de referencia cierto para la determinaci\u00f3n; [y] (iv) [que \u00e9sta sea] razonable y proporcional, a efectos de evitar la arbitrariedad y limitar a su m\u00e1xima expresi\u00f3n la discrecionalidad de que pueda hacer uso la autoridad administrativa al momento de su imposici\u00f3n.\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, como se advirti\u00f3 en precedencia, la providencia cuestionada carece del sustento probatorio suficiente puesto que la conducta objeto de la sanci\u00f3n disciplinaria no estuvo debidamente acreditado; de manera que el juez disciplinario tuvo que haber realizado un esfuerzo mayor en la comprobaci\u00f3n de la conducta imputada a trav\u00e9s del ejercicio de las facultades oficiosas, aun cuando la actitud del investigado hubiera sido pasiva a lo largo del proceso. <\/p>\n
Por el contrario, en el fallo confutado se realiz\u00f3 una somera verificaci\u00f3n de los hechos sobre los que se le imputa la comisi\u00f3n de la conducta disciplinariamente reprochable, atendiendo \u00fanicamente a los documentos aportados por el Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, adscrito a la Direcci\u00f3n Nacional de Fiscal\u00eda Especializada y un testimonio. Ello a pesar de la existencia de un proceso penal en curso, tendiente a determinar la responsabilidad del investigado respecto de los hechos que se le imputan. <\/p>\n
3. En consecuencia, es determinante investigar y evaluar los medios de juicio de forma conjunta y, respecto de cada uno, exponer \u201c(\u2026) siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne[n] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En lo que toca con este defecto f\u00e1ctico, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l defecto f\u00e1ctico [por indebida valoraci\u00f3n probatoria], en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculos 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u2019 (sentencia de 10 de octubre de 2012, exp. 2012-02231-00, reiterada el 8 de mayo de 2013, exp. 2013-00105-01) (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
Parejamente, dimana que en el fallo cuestionado devino ayuna la labor explicativa de la motivaci\u00f3n frente a la concreci\u00f3n del hecho generador. Es por ello que la Sala ha se\u00f1alado al respecto que \u201cEl deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso\u201d7. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en reciente jurisprudencia apuntal\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abVarios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso\u00bb8. <\/p>\n
4. En consecuencia, se otorgar\u00e1 el auxilio implorado y, se ordenar\u00e1 a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, dentro de los diez (10) siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, dejar sin efecto el fallo proferido el 25 de agosto del 2021 y, en el mismo t\u00e9rmino, emitir una nueva providencia teniendo en cuenta lo aqu\u00ed se\u00f1alado. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, se otorgar\u00e1 el amparo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Mario Alfonso Lora Correa frente a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba, hoy Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba, con ocasi\u00f3n del juicio de la prenombrada estirpe con radicado N\u00b0 2016-00208. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se le ordena a dicha autoridad que, dentro de los diez (10) siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, deje sin efecto el fallo proferido el 25 de agosto del 2021 y, en el mismo t\u00e9rmino, emita una nueva providencia sobre tal aspecto teniendo en cuenta lo aqu\u00ed se\u00f1alado en punto de la motivaci\u00f3n. Env\u00edesele copia de esta sentencia. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abRealizar en el servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del p\u00fablico u observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia C-721 de 2015. <\/p>\n
3\u0002 Sentencia C-392 de 2019. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. STC de 27 de noviembre de 2013, exp. 1800122140002013-00109-01 <\/p>\n
7\u0002 CSJ STC, 21 agt. 2019, rad11143. <\/p>\n
8\u0002 STC4964-2020 del 30 de julio del 2020. <\/p>\n
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STC13520-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC13520-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01430-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Alfonso Lora Correa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58374","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58374","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58374"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58374\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58374"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58374"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58374"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}