STC13562-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13562-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03597-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Leonardo Bedoya Hern\u00e1ndez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1, Boyac\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto liquidatorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderada judicial, el promotor reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas en el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial impulsado en su contra por Luz Denys R\u00edos Aguirre, con radicado No. 2020-00098-00. <\/p>\n
Solicita, concretamente, que \u00ab[s]e declare sin efectos jur\u00eddicos el tr\u00e1mite de segunda instancia y por ende la providencia emitida por la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, el d\u00eda 30 de julio de 2021, expedida con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de segunda instancia dentro del proceso (\u2026) [de] Liquidaci\u00f3n de Sociedad Patrimonial\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce, que el 25 de junio de 2021, dentro del juicio reprochado, se adelant\u00f3 la diligencia correspondiente para la resoluci\u00f3n de las objeciones presentadas frente a los inventarios y aval\u00faos, emiti\u00e9ndose decisi\u00f3n en la misma fecha, la cual fue apelada por ambos extremos procesales. <\/p>\n
Advierte que en dicha audiencia \u00absustent\u00f3\u00bb el remedio vertical, y luego alleg\u00f3 \u00abescrito de ampliaci\u00f3n a los reparos\u00bb, tal como lo hizo su contraparte, corri\u00e9ndose \u00abtraslados simult\u00e1neos\u00bb de sus argumentos y envi\u00e1ndose el expediente posteriormente al Colegiado censurado, quien no \u00abprofiri\u00f3 ni mucho menos notific\u00f3 providencia admitiendo el recurso (\u2026) como lo dispone el actual Decreto legislativo 806 de 2020, en su art\u00edculo 14\u00bb, cercen\u00e1ndosele as\u00ed su oportunidad para la fundamentaci\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
Tras relatar las actuaciones surtidas con posterioridad, en relaci\u00f3n con los \u00abinventarios y aval\u00faos adicionales\u00bb denunciados por la demandante y advertir que ese tr\u00e1mite no ha sido definido, insiste, \u00abtodo el procedimiento surtido dentro del proceso en referencia se encuentra viciado\u00bb, pues con la gesti\u00f3n \u00abirregular\u00bb del Tribunal, se quebrant\u00f3 el debido proceso de todos los involucrados en el decurso. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 1\u00b0 de octubre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
a. La Corporaci\u00f3n accionada defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones de acuerdo con la normatividad aplicable, y pidi\u00f3 \u00abdenegar el amparo constitucional implorado, toda vez que no se vulneraron los derechos fundamentales del promotor, ni se incurri\u00f3 en defecto judicial\u00bb. <\/p>\n
b. Luz Denys R\u00edos Aguirre, en la condici\u00f3n antes citada y a trav\u00e9s de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad del resguardo, por cuanto, asegur\u00f3, las autoridades querelladas no incurrieron en irregularidad, pues aplicaron los preceptos de la legislaci\u00f3n procesal civil en cuanto a la apelaci\u00f3n de autos. <\/p>\n
c. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente caso el ciudadano Leonardo Bedoya Hern\u00e1ndez reprocha, concretamente, el tr\u00e1mite impartido a la alzada impetrada frente a la providencia de 25 de junio de 2021, mediante la cual el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1 resolvi\u00f3 las objeciones propuestas por las partes frente a los inventarios y aval\u00faos denunciados en el juicio liquidatorio censurado; en consecuencia, se colige que ning\u00fan ataque endilga contra dicho Despacho, y tampoco frente a los argumentos contenidos en el pronunciamiento de 2 de agosto de 2021, confirmatorio de la determinaci\u00f3n apelada. <\/p>\n
3. Efectuada la anterior precisi\u00f3n y revisados los soportes adosados, pronto se advierte el fracaso del resguardo exigido, dada su improcedencia y la inexistencia de arbitrariedad en la actividad del Tribunal querellado, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El 1\u00b0 de julio de 2021 se adelant\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00faos en el caso reprochado, tramitaci\u00f3n donde ambos extremos del litigio formularon objeciones. <\/p>\n
3.2. Una vez practicadas las pruebas correspondientes, el Despacho en audiencia dict\u00f3 el pronunciamiento de 25 de junio de 2021, resolviendo excluir los t\u00edtulos valores adosados por el demandado, as\u00ed como las \u00abcompensaciones\u00bb reclamadas por \u00e9ste; fij\u00f3 el aval\u00fao del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 088-4399 en $104.588.000, conforme al numeral 3\u00b0, art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso; y, le asign\u00f3 el valor aceptado por las partes a una motocicleta relacionada en el activo. <\/p>\n
3.3. Los involucrados en el asunto apelaron la anterior determinaci\u00f3n en la misma diligencia, y con posterioridad, allegaron, cada uno, un escrito para su sustentaci\u00f3n. El promotor sustent\u00f3 su inconformidad, concretamente, en torno al valor otorgado al predio referido. <\/p>\n
3.4. Mediante auto de 30 de julio de 2021, el Colegiado accionado desat\u00f3 la alzada impetrada por las partes del decurso, manteniendo parcialmente, con modificaciones, la providencia protestada. <\/p>\n
3.5. Devueltas las diligencias, el a quo en decisi\u00f3n de 17 de agosto siguiente, advirti\u00f3 estarse a lo resuelto por su superior, y fij\u00f3 fecha para pronunciarse sobre las objeciones incoadas contra los inventarios y aval\u00faos adicionales, tr\u00e1mite este \u00faltimo a\u00fan en curso. <\/p>\n
4. De acuerdo con el panorama descrito, es clara la ausencia de prosperidad de esta acci\u00f3n extraordinaria, pues el tutelante no acudi\u00f3 ante la Corporaci\u00f3n censurada para aducir las cuestiones propuestas por esta v\u00eda extraordinaria; as\u00ed, si estimaba la ocurrencia de una irregularidad al no emitirse un pronunciamiento admisorio de los remedios verticales incoados y no fijarse una oportunidad para la nueva \u00absustentaci\u00f3n\u00bb, ha debido advertir tales cuestiones ante el acusado, antes de concurrir a este mecanismo residual, por cuanto \u00ab(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ STC477-2021). <\/p>\n
5. Con todo, es del caso advertirle al solicitante que, contrario a su discurrir, el Tribunal de Manizales no estaba compelido legalmente a proferir las determinaciones por \u00e9l reclamadas, por cuanto se trataba de la apelaci\u00f3n de un \u00abauto\u00bb y no de una sentencia. En esa medida, aplicado lo dispuesto en el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso, el Colegiado acusado, habiendo estimado viable la alzada, no ten\u00eda camino distinto a decidirla de plano, como lo hizo, pues dicho canon prescribe que \u00ab[s]i el juez de segunda instancia (\u2026) considera inadmisible [la apelaci\u00f3n], as\u00ed lo decidir\u00e1 en auto; en caso contrario resolver\u00e1 de plano y por escrito el recurso\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se destaca que lo reglado en el art\u00edculo 14 del vigente Decreto legislativo 806 de 2020, resultaba ajeno al tr\u00e1mite refutado, toda vez que dicha norma se refiere a la \u00abapelaci\u00f3n de sentencias en materia civil y familia\u00bb. <\/p>\n
6. En punto del an\u00e1lisis de la actividad judicial a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
7. Estas consideraciones bastan entonces para concluir, que habr\u00e1 de negarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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