STC13603-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13603-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03676-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Jos\u00e9 Alfonso Franco Arias le instaur\u00f3 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y a los Juzgados Promiscuo Municipal y Promiscuo del Circuito de Pensilvania, Caldas, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-0038. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abejercicio de la propiedad\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara a los estrados acusados \u00abdejar sin efectos las providencias del 10 de marzo y 12 de julio de 2021 mediante las cuales se rechaz\u00f3 el tr\u00e1mite fijado en los art\u00edculos 3\u00ba y 5\u00ba de la Ley 1274 de 2009 [y, en su lugar, se d\u00e9] estricto [cumplimiento] a esas disposiciones y realicen la valoraci\u00f3n de los perjuicios que posterior a agosto de 2017 [le ha causado] Pensilvania G&M S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que el 4 de mayo de 2009 la Agencia Nacional Minera concedi\u00f3 a Pensilvania G&M S.A.S. los t\u00edtulos de exploraci\u00f3n, montaje, construcci\u00f3n y explotaci\u00f3n minera \u201cIF5-11131, IIB-08003X, IIB-08001\u201d, sobre un lote de terreno de 14,905 hect\u00e1reas ubicado en el Corregimiento de Pueblo Nuevo, Vereda Guayaquil, de su propiedad. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 25 de agosto de 2017 la Alcald\u00eda de Pensilvania, a trav\u00e9s de la \u201cresoluci\u00f3n n\u00ba 550\u201d, fij\u00f3 \u201ccauci\u00f3n por perjuicios\u201d a su favor por la suma de $660.044 por concepto de \u201clucro cesante\u201d, distribuida as\u00ed: (i) $115.600 por el producido de pastos en un mes; (ii) $444.444 por la ca\u00f1a sembrada y, (iii) $100.000 por la conservaci\u00f3n y mantenimiento de 90 m2 de suelo y agua; monto que se pact\u00f3 increment\u00e1ndose anualmente conforme al IPC, por el tiempo de duraci\u00f3n de los contratos de concesi\u00f3n, cuyo lapso es de 30 a\u00f1os. <\/p>\n
En virtud de que la empresa beneficiada \u201csolo pag\u00f3 hasta marzo de 2019\u201d la obligaci\u00f3n acordada y, pese a ello, continu\u00f3 realizando obras en el inmueble, promovi\u00f3 \u201cacci\u00f3n de servidumbre\u201d (rad. 2020-00069) que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pensilvania inadmiti\u00f3 (16 dic. 2020) y, posteriormente, \u201crechaz\u00f3\u201d (15 en. 2021) al evaluar que \u201cel tr\u00e1mite buscaba era el perjuicio de nuevos da\u00f1os causados con posterioridad a la resoluci\u00f3n [y, por tanto,] el competente era el alcalde municipal, conforme al art\u00edculo 27 del Decreto 1955 de 2019, en concordancia con el art\u00edculo 3 de la Ley 1274 de 2009\u201d. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que apel\u00f3 esa directriz; empero, el Tribunal la \u201cdeclar\u00f3 inadmisible\u201d (15 feb. 2021), \u201cviol[ando] el principio de congruencia y consonancia con lo apelado, art\u00edculo 328 del C.G.P.\u201d, ello, por cuanto, argument\u00f3 que \u201cpor el hecho de ser un proceso de m\u00ednima cuant\u00eda, ni siquiera el Juez del Circuito deb\u00eda pronunciarse sobre el asunto\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el prove\u00eddo del ad quem \u201chizo m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n\u201d, comoquiera que esboz\u00f3 que la \u201cacci\u00f3n hab\u00eda caducado\u201d, pues hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de un (1) mes desde la fecha de expedici\u00f3n de la \u201cresoluci\u00f3n n\u00ba 550 de 2017\u201d y, por ende, no era viable su \u201crevisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que, despu\u00e9s interpuso \u201cproceso especial de regulaci\u00f3n de perjuicios mineros\u201d (rad. 2021-00038) que el Juzgado Promiscuo Municipal inicialmente \u201crechaz\u00f3 por falta de competencia\u201d (10 mar.), pero al impetrar los \u201crecursos de ley\u201d contra ese pronunciamiento, la repuso y, en su lugar, lo inadmiti\u00f3 para que lo subsanara (28 may.). <\/p>\n
Dijo que ese despacho municipal mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n y \u201cdeneg\u00f3 por improcedente\u201d el remedio subsidiario (2 ag.), por lo que inco\u00f3 \u201crecurso de queja\u201d que el juzgador del circuito \u201cdeclar\u00f3 bien denegado\u201d (15 sep.). <\/p>\n
Tild\u00f3 de irregular la actuaci\u00f3n del despacho accionado, toda vez que s\u00ed adjunt\u00f3 \u201cun peritaje con esos requisitos sobre los perjuicios causados hasta noviembre de 2019\u201d y \u201cel certificado de aval\u00fao catastral\u201d; de manera que, incurri\u00f3 en \u201cv\u00eda de hecho\u201d porque para definir el conflicto de \u201cvaloraci\u00f3n de perjuicios, la competencia se fija por el factor funcional del numeral 3\u00ba del Decreto 1274 de 2009 (\u2026), es decir no son de exigencia legal el peritaje, [ni el] aval\u00fao, (\u2026) pues lo \u00fanico que debe establecer la juez es la cuant\u00eda de los perjuicios que con la ocupaci\u00f3n realiza la miner\u00eda\u201d en su heredad. <\/p>\n
Dijo que \u201cno cuenta con m\u00e1s honorarios para pagar los peritos\u201d; que la norma le impone a la funcionaria \u201cel deber legal de nombrarlo de la lista de auxiliares de la justicia\u201d y, con todo, le demostr\u00f3 que ya lo requiri\u00f3 al IGAC a trav\u00e9s de un \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que Pensilvania G&M \u201ccontin\u00faa realizando obras sin que pueda hacer algo por resarcir los perjuicios (\u2026) como el derribamiento de varias matas de caf\u00e9 y ca\u00f1a, entre otros, ampliamente se\u00f1alados en la demanda por el ingreso al bien de unas torres el\u00e9ctricas y un cable a\u00e9reo\u201d. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Manizales asever\u00f3 que en el juicio censurado respet\u00f3 las \u201cgarant\u00edas legales y constitucionales\u201d del petente, por lo que suplic\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La Sala ha instituido una cl\u00e1usula de oportunidad, que consiste, por regla general, en que la \u00abtutela\u00bb se ejerza en un periodo no mayor a los seis (6) meses posteriores al momento en que se produjo la \u00abaparente trasgresi\u00f3n\u00bb, lo que tiene su fuente en el car\u00e1cter \u00abinmediato\u00bb del resguardo previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y en la \u00abnecesidad\u00bb de que el mismo no se convierta en un componente de inseguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Sobre ello, ha expresado, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha indicado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo\u2026por falta de inmediatez, \u201cs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u201d, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u201cseis meses\u201d, a menos que exista causa justificativa para su elongaci\u00f3n\u2026\u201d (STC1777-2020). <\/p>\n
1.2.- Frente a los reproches del precursor contra el interlocutorio expedido por el Tribunal de Manizales -15 feb. 2021-, mediante el cual \u201cdeclar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n\u201d que enfil\u00f3 contra la providencia del Juzgado Promiscuo del Circuito -15 en. 2021- (rad. 2020-00069), se advierte la inviabilidad del auxilio porque se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el presupuesto temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal afirmaci\u00f3n, por cuanto entre la fecha de dicha resoluci\u00f3n y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa -5 oct. 2021-, transcurrieron ocho (8) meses, es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corporaci\u00f3n como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2.- Ahora, en lo referente al anhelo de \u201cdejar sin efecto\u201d el auto de marzo 10 de 2021 mediante el cual rechaz\u00f3 por falta de competencia el tramite especial \u2013 10 mar. 2021 \u2013 ning\u00fan pronunciamiento amerita en tanto esa decisi\u00f3n fue revocada \u2013 may.28-2021-. Y, con relaci\u00f3n al que rechaz\u00f3 por no haber subsanado los defectos se\u00f1alados en la inadmisi\u00f3n -12 jul. 2021- ratificado el -2 ag. 2021-, se subraya que no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, el juez en la \u201cinadmisi\u00f3n\u201d del litigio -28 may. 2021-, enrostr\u00f3 al precursor los errores que deb\u00eda enmendar so pena de \u201crechazo\u201d as\u00ed: (i) Adecuar el poder al tenor de lo reglado en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 5 del Decreto 806 de 2020; (ii) Anexar el \u201caval\u00fao catastral\u201d actualizado del fundo sirviente y el que, aunado, conven\u00eda reunir los requisitos contemplados en la \u201cresoluci\u00f3n n\u00ba 70 de 2011\u201d; (iii) A\u00f1adir el \u201cdictamen pericial\u201d de conformidad con el art\u00edculo 226 del C.G.P. y ss., frente a los da\u00f1os causados relacionados en los hechos; y (iv) Aclarar si lo perseguido es la \u00abexistencia de da\u00f1os y perjuicios derivados de la responsabilidad contractual o extracontractual\u00bb por parte de la sociedad demandada o, por el contrario, lo pretendido es \u00abfijar la indemnizaci\u00f3n y el monto de la cauci\u00f3n a la que est\u00e1 obligado el minero por el uso de la servidumbre\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo all\u00ed trazado, constat\u00f3 que el sedicente no cumpli\u00f3 tales cargas y concluy\u00f3, de las declaraciones enunciadas en el escrito de \u201csubsanaci\u00f3n\u201d, en espec\u00edfico, en relaci\u00f3n con la \u00faltima, que lo verdaderamente a\u00f1orado por Franco Arias iba dirigido a la \u00abadici\u00f3n en la cauci\u00f3n fijada en la resoluci\u00f3n n\u00ba 550 de 2017 de la Alcald\u00eda Municipal de Pensilvania del da\u00f1o emergente\u00bb, porque, en su sentir, este no fue tasado por esa autoridad en su momento; sin embargo, bajo ese pedimento, cavil\u00f3 que dicha reclamaci\u00f3n no se ejerci\u00f3 \u201cen tiempo\u201d seg\u00fan lo contemplado en el art\u00edculo 27 de la Ley 1955 de 2019 en concordancia con el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1274 de 2009, configur\u00e1ndose as\u00ed, la \u201ccaducidad de la acci\u00f3n\u201d y su consecuente \u201crechazo\u201d a la luz de lo reglado en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Dest\u00e1quese que, lo rogado por el inconforme, tanto en la demanda ordinaria, como lo expuesto en esta ayuda superlativa es, efectivamente, la \u201crevisi\u00f3n de la cauci\u00f3n\u201d, en especial, los rubros asignados para que se complementen con aquellos que devienen del \u201cderribamiento de varias matas de caf\u00e9 y ca\u00f1a, entre otros\u201d; no obstante, tal como lo anot\u00f3 la juzgadora encartada, la Ley 1955 de 2019 estableci\u00f3 en el art\u00edculo 27 que \u00abel procedimiento para la imposici\u00f3n de servidumbres mineras ser\u00e1 el previsto en la Ley 1274 de 2009\u00bb, de manera que la solicitud de \u201caval\u00faos de perjuicios\u201d debe guiarse a partir de esa normativa que, en el numeral 9\u00ba prev\u00e9: <\/p>\n
\u00ab9. Cualquiera de las partes puede pedir ante el Juez Civil del Circuito de la jurisdicci\u00f3n a la que pertenezca el predio objeto de la diligencia de aval\u00fao, la revisi\u00f3n del mismo dentro del t\u00e9rmino de un (1) mes contado a partir de la fecha de la decisi\u00f3n del Juez Civil Municipal. Si quien hiciere uso del recurso fuere el explorador, explotador o transportador de hidrocarburos, este deber\u00e1 consignar, como dep\u00f3sito judicial, a la orden del Juez Civil de Circuito respectivo el monto resuelto por el Juez Civil Municipal si la suma consignada para la presentaci\u00f3n de la solicitud fuere inferior al cincuenta por ciento (50%) del aval\u00fao de los perjuicios se\u00f1alados por el Juez\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Entonces, descendiendo al sub judice, la \u201crevisi\u00f3n\u201d que desea el quejoso luce extempor\u00e1nea, comoquiera que, it\u00e9rese, la \u201cresoluci\u00f3n n\u00ba 550\u201d proferida por la alcald\u00eda de ese municipio data del a\u00f1o 2017. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que esta Corporaci\u00f3n en un caso an\u00e1logo, aval\u00f3 la razonabilidad de un pronunciamiento que confirm\u00f3 el \u201crechazo por caducidad de la referida acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u201d: <\/p>\n
\u00abEs as\u00ed que, respecto de tal providencia, esta Corporaci\u00f3n no encuentra configurada una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n que implora la petente, porque las reflexiones del ad quem son el resultado de un an\u00e1lisis razonable, a la luz de la legislaci\u00f3n aplicable sobre la materia. <\/p>\n
Inicialmente, destac\u00f3 que para el caso de la <<revisi\u00f3n de aval\u00faos por servidumbre petrolera>>, el numeral 9\u00ba, art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1274 de 2009, prev\u00e9 que <<cualquiera de las partes puede pedir ante el Juez Civil del Circuito de la jurisdicci\u00f3n a la que pertenezca el predio objeto de la diligencia de aval\u00fao, la revisi\u00f3n del mismo dentro del t\u00e9rmino de un (1) mes contado a partir de la fecha de la decisi\u00f3n del Juez Civil Municipal\u201d (resaltado adrede). <\/p>\n
Dedujo que la figura que consagra tal precepto es la de caducidad, porque el no ejercicio de la acci\u00f3n en el plazo all\u00ed determinado, conlleva su extinci\u00f3n, la cual, constituye causal de rechazo de las demandas, establecida en el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso]. <\/p>\n
Finalmente, citando jurisprudencia de esta Sala, que, en sede de tutela, interpret\u00f3 la citada norma, sosteniendo que el mes corre desde que la decisi\u00f3n es definitiva, refiri\u00e9ndose a que, si la providencia es complementada, aclarada o adicionada, debe ser la fecha de esta \u00faltima el punto de partida, sin hacer referencia a la fecha de la notificaci\u00f3n y menos ejecutoria\u00bb. (STC10742-2015 rad. n\u00ba 2015-01764; citada en STC5345-2018 rad. n\u00ba 2018-00052; STC9653-2016 rad. n\u00ba 2016-01823). <\/p>\n
3.- Bajo ese entendimiento, ning\u00fan desatino se observ\u00f3 en la resoluci\u00f3n censurada, puesto que son el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que el inconforme comparta o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que revelaba el dossier. <\/p>\n
4.- Ergo, surge inviable el amparo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela promovida por Jos\u00e9 Alfonso Franco Arias contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y los Juzgados Promiscuo Municipal y Promiscuo del Circuito de Pensilvania, Caldas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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