STC13612-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13612-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 44001-22-14-000-2021-00112-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en la tutela que Isaac Caviedes como representante de su hijo Luis Fernando Caviedes Romero le instaur\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura y al Comandante de Polic\u00eda, ambos de la Guajira; al Comandante de Polic\u00eda Judicial, al Director de Fiscal\u00edas, a la Fiscal\u00eda Primera Local, a Tr\u00e1nsito, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Cl\u00ednica Cedes, todos de Riohacha; y a la cl\u00ednica Jaller de Barranquilla, extensiva al Departamento de la Guajira -Secretar\u00eda de Asuntos Ind\u00edgenas y a la Previsora S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista, en la calidad aducida, solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, en conexidad al principio de la buena fe, igualdad, estado de indefensi\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena, gobierno ind\u00edgena, derechos fundamentales de los ni\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordenara: <\/p>\n
(i).- Al \u00ab(\u2026) comandante de Polic\u00eda la Guajira, para que allegue p\u00f3lizas contractuales y extra contractuales del autom\u00f3vil de placas OZJ 894 de propiedad de la instituci\u00f3n. As\u00ed mismo que se sirva manifestar quien era el conductor asignado de ese automotor y quien era el polic\u00eda judicial que lo estaba conduciendo y cu\u00e1l era su misi\u00f3n el 2 de agosto de 2020. Lo mismo que asuman los gastos por tratamiento de mi hijo en forma integral [de igual modo] informe al Despacho, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de traslado y contestaci\u00f3n del contradictorio, sobre la existencia de sujetos que tengan inter\u00e9s directo en el resultado del presente proceso, evento en el cual deber\u00e1 suministrar los datos de identificaci\u00f3n y ubicaci\u00f3n de estos para su vinculaci\u00f3n\u00bb; <\/p>\n
(ii) A \u00abla Procuradur\u00eda delegada a ese despacho su acompa\u00f1amiento de acuerdo a la constituci\u00f3n y la ley; contemplado en el Decreto 2591 de 1991 que reglament\u00f3 la acci\u00f3n de tutela\u00bb; <\/p>\n
(iii) A \u00abtr\u00e1nsito local para que allegue a su despacho, croquis, estudio de alcoholemia al conductor, sitio donde se encuentra el rodante\u00bb; <\/p>\n
(iv) A \u201clas cl\u00ednicas accionadas que alleguen estado de cuenta de GABRIEL EPINAYU PUSHAINA en el SOAT, hasta la fecha\u00bb; <\/p>\n
(vi) Al \u00abConsejo Seccional de la Judicatura de la Guajira que al proceso con radicaci\u00f3n No 44-001-60-01080-2020-00690 de la fiscal\u00eda Primera local de Riohacha lo asuma por competencia la ley wayuu, de acuerdo a sus usos y costumbres\u00bb; y <\/p>\n
(vii) Al \u00abICBF Riohacha que asuma el acompa\u00f1amiento de la presente acci\u00f3n por ser Gabriel un adolescente ind\u00edgena\u00bb (Subrayado Adrede). <\/p>\n
En sustento, asever\u00f3 que el autom\u00f3vil de placas OZJ-894 de servicio oficial cuyo conductor desconoce, atropell\u00f3 a su descendiente Luis Fernando Caviedes de 16 a\u00f1os, en forma violenta sin brindarle asistencia alguna (02 ag. 2020), por lo que fue llevado a la Cl\u00ednica Cedes de Riohacha y debido a su delicado estado de salud, con poca locomoci\u00f3n, distra\u00eddo y con severo dolor de cabeza fue remitido a la cl\u00ednica Jaller en Barranquilla. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que el rodante no contaba con SOAT y el chofer \u00abdesconoc\u00eda que esta vencido y que exist\u00eda uno renovado por parte de la instituci\u00f3n al momento del accidente\u00bb; ni la Polic\u00eda Nacional ni la Sijin han prestado colaboraci\u00f3n alguna advertida la impericia e imprudencia de quien conduc\u00eda el automotor y, teniendo en cuenta que son \u201cuna familia pobre como todas las ind\u00edgenas wayuu\u00bb ha vendido lo que tiene para salvaguardar la vida del joven. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en mayo del presente a\u00f1o la Fiscal\u00eda Primera Local avoc\u00f3 conocimiento de las diligencias, pero no hubo prueba de alcoholemia por Tr\u00e1nsito Local y mucho menos croquis \u00abpor ser primos todos al parecer, seg\u00fan sus manifestaciones\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que \u00abdesconocen el croquis\u00bb del accidente, ni tampoco d\u00f3nde se encuentra el auto \u00abagresor\u00bb ni el uniformado que caus\u00f3 el suceso adverso; adem\u00e1s, las cl\u00ednicas convocadas \u00abno quieren entregar estado de cuenta de lo consumido por el SOAT para continuar con su tratamiento m\u00e9dico\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que en calidad de v\u00edctima, a su hijo como miembro de la comunidad wayuu, debe aplic\u00e1rsele el sistema normativo de esa etnia, seg\u00fan sus usos y costumbres, \u00abdonde existe la autoridad tradicional como juez natural para que compense cualquier falta a un miembro de su comunidad, en el caso que [le] concierne es de much\u00edsima gravedad que sucedan estos hechos, donde se vulneren los derechos humanos de un menor ind\u00edgena y que la autonom\u00eda que las autoridades ind\u00edgenas tienen sobre la ley espiritual y la indemnizaci\u00f3n correspondiente art\u00edculos 246 y 330 de la constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- El Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, la Procuradur\u00eda Regional de ese Departamento y el Ministerio del Interior invocaron la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
La Defensora de Familia – Grupo de Asistencia T\u00e9cnica del ICBF Regional Guajira indic\u00f3 que aun cuando presume la buena fe del actor \u00abdesafortunadamente si no acredita que efectu\u00f3 las reclamaciones pertinentes para que le suministraran la informaci\u00f3n que reclama en esta oportunidad v\u00eda tutelar, no hay como demostrar que los derechos est\u00e1n afectados\u00bb. No obstante, rese\u00f1\u00f3 que \u00abproceder\u00e1 a remitir el caso a la Defensor\u00eda de Familia en turno para que se verifiquen los derechos del adolescente Luis Fernando Caviedes y se determine si amerita la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en su favor, o que en su defecto se adelanten las acciones administrativas para su garant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
El Instituto de Tr\u00e1nsito Transporte y Movilidad Distrital INSTRAMD refiri\u00f3 que el \u00abaccionante no manifiesta en su acci\u00f3n de tutela, el lugar donde ocurrieron los hechos, necesitamos saber para constatar si es o no nuestra jurisdicci\u00f3n, en el mes de agosto de 2020 no evidenciamos que reposen en esta entidad informe de accidente con el nombre o n\u00famero c\u00e9dula de ciudadan\u00eda del accionante y menos de su menor hijo Luis Fernando Caviedes Romero y posiblemente el INSTRAMD, no tiene jurisdicci\u00f3n y competencia para conocer de los da\u00f1os y perjuicios que causaron en el accidente de tr\u00e1nsito\u00bb. <\/p>\n
Anas Wayuu E.P.S.I adujo que su conducta \u00abha sido la de atender [sus] responsabilidades\u00bb en el caso planteado y el Centro Diagn\u00f3stico de Especialistas Cl\u00ednicas -Cedes Ltda., que \u00abno ha negado la atenci\u00f3n y procedi\u00f3 a prestarle los servicios desde su ingreso de manera oportuna, completa y satisfactoriamente\u00bb; por lo que, ambas afirmaron que \u00abno existe ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n que vulnere los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
El Departamento de Polic\u00eda de la Guajira, en cuanto a lo pretensi\u00f3n tercera, dijo que \u00abexiste una carencia actual de objeto pues lo que pretende el accionante fue resuelto en el comunicado oficial S-2021-024602-DEGUA, documento que contiene la informaci\u00f3n requerida\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal de Riohacha desestim\u00f3 el ruego, al no encontrar satisfecho el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Apel\u00f3 el gestor, esbozando que \u00ab(\u2026) no existe excusa para semejante fallo y menos para un desgaste de semejante talla donde el ad quem (sic), considera que un joven ind\u00edgena no vale nada\u00bb porque, en su sentir, no cuenta \u00abcon otro medio de defensa y el Comandante de Polic\u00eda de la Guajira [manifiesta] de una p\u00f3liza activada todo riesgo y no aparece, se desconoce cu\u00e1l es, qu\u00e9 aseguradora, qu\u00e9 cubre en fin nada\u00bb; adem\u00e1s, que \u00abla ignorancia de la Procuradur\u00eda es b\u00e1rbara, desconoce el significado de acompa\u00f1amiento y se despachan con unos argumentos que son de prim\u00edparos\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, requiri\u00f3 en esta instancia \u00abse ordene amparar lo impetrado en la presente acci\u00f3n y exigir a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n su cumplimiento por los delitos en curso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, como mecanismo preferente y sumario tiene como objetivo proteger las prerrogativas fundamentales de las personas cuando quiera que sean amenazadas o vulneradas por cualquier autoridad y cuando el afectado no disponga de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que aquella se utilice para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2.- De la evidencia allegada al infolio muy pronto se advierte el fracaso del amparo y la confirmaci\u00f3n del veredicto opugnado, por ausencia del presupuesto de \u00absubsidiariedad\u00bb, frente a las aspiraciones dirigidas contra el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, la Procuradur\u00eda Regional de ese Departamento, Tr\u00e1nsito Transporte y Movilidad Distrital INSTRAMD, las Cl\u00ednicas Cedes de esa ciudad y Jaller de Barranquilla, la Fiscal\u00eda Primera Local de Riohacha y al ICBF Regional Guajira. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque el querellante, sin justificaci\u00f3n alguna, ha omitido desplegar los mecanismos a su alcance para discutir las actuaciones que estima quebrantan sus garant\u00edas, ante cada una de las autoridades acusadas. <\/p>\n
Bajo ese entendido no es de recibo que acuda a la justicia superlativa sin haber agotado las oportunidades que le brinda la v\u00eda gubernativa, es decir, a trav\u00e9s del ejercicio del derecho de petici\u00f3n para que las entidades criticadas (D. 1755 de 2015) absuelvan sus inquietudes y, de no ser las competentes para brindar la informaci\u00f3n, legajos y rogativas aludidas, proceden en la forma prevista en dicha normativa y respondan en los t\u00e9rminos definidos en el art. 5\u00ba del Decreto 491 de 2020, temporalmente ampliados en el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha predicado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, STC8897-2017, STC10432-2017 y STC4727-2021, entre otras). <\/p>\n
En ese orden de ideas, si alguna queja tiene el impulsor frente a \u00abinformaci\u00f3n, documentos o actuaciones\u00bb de las encartadas, ser\u00e1 ante ellas que debe exponerlas, que no ante el iudex constitucional, sin que pueda esquivar los instrumentos que al efecto le concede la ley. <\/p>\n
3.- Ahora, en cuanto a las inconformidades del precursor expresadas en el escrito de impugnaci\u00f3n, relacionadas con las respuestas brindadas por el Comandante del Departamento de Polic\u00eda de la Guajira y la Procuradur\u00eda Regional de ese Departamento, porque, en su sentir, el primero desconoce \u00abla p\u00f3liza activada todo riesgo\u00bb, y la segunda no ha brindado el acompa\u00f1amiento necesario al menor; adem\u00e1s que pide se ordene a la \u00abFiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n su cumplimiento por los delitos en curso\u00bb; constituyen alegaciones nuevas de las cuales no tuvieron conocimiento las confutadas, por tanto, no pueden ser examinadas en esta instancia, ya que afectar\u00eda el \u00abderecho de defensa\u00bb de quienes no pudieron controvertir concretamente dichos aspectos. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido sobre dicho t\u00f3pico, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u00bb (CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01, reiterada STC175-2017, 19 enero 2017, rad. 2016-02054-01 y STC8838-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n confutada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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