STC13614-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13614-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Giuseppina Vittoria Fiori, Pasquale y Antonina Cotugno contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dicen vulneradas por la sede judicial accionada, por lo que pidieron que se le ordene que \u00abdeje sin efectos jur\u00eddicos las providencias de\u2026 13 de mayo de 2021 y 20 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Emilio Boggioni promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Michele Cotugno, quien falleci\u00f3 en el curso del proceso, siendo reconocidos como sus sucesores procesales Giuseppina Vittoria Fiori, Pasquale y Antonina Cotugno. <\/p>\n
2.2. Mediante providencia del 13 de abril de 1999, se dispuso el embargo y secuestro de las \u00abmejoras y construcciones que tiene el demandado\u00bb en el inmueble ubicado en la avenida San Mart\u00edn No. 7-55 de Cartagena. <\/p>\n
2.3. El 14 de mayo de 1999, se adelant\u00f3 el prenotado secuestro, en el que se entreg\u00f3 la administraci\u00f3n de los bienes al secuestre designado. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, con prove\u00eddo del 10 de julio de 2015, se dispuso la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito y se levantaron las cautelas decretadas. <\/p>\n
2.5. Cumplido lo anterior, a trav\u00e9s de auto del 20 de octubre de 2015, el estrado accionado orden\u00f3 al secuestre \u00abque haga entrega a la parte demandada de las mejoras y construcciones\u00bb ubicadas en la avenida San Mart\u00edn 7-55 de Cartagena. <\/p>\n
2.6. Seguidamente, con providencia del 18 de junio de 2019, el estrado convocado declar\u00f3 \u00abla ilegalidad\u00bb del auto de 20 de octubre de 2015, al considerar que: <\/p>\n
\u2026 no se realiz\u00f3 en debida forma el embargo del derecho sobre las mejoras pertenecientes al demandado, [toda vez que] ni en la diligencia de secuestro ni con posterioridad\u2026 se notific\u00f3 ni a la ejecutada ni al due\u00f1o del predio conforme a lo preceptuado en los art\u00edculos 681, 682 del CPC, como tampoco del 1964 del CC y por ello se tiene, en estricto sentido, que no existe ninguna medida cautelar como tal sobre el bien por su falta de perfeccionamiento. <\/p>\n
2.7. Contra esa decisi\u00f3n, la parte ejecutada formul\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero de esos recursos con prove\u00eddo del 4 de septiembre de 2019 y, el segundo, mediante determinaci\u00f3n del 13 de mayo de 2021. <\/p>\n
2.8. Acontecido lo anterior, los demandados solicitaron al Tribunal convocado la nulidad de lo actuado, petici\u00f3n que fue negada con auto 20 de agosto de 2021, decisi\u00f3n censurada en s\u00faplica, siendo confirmada con providencia del 10 de septiembre siguiente. <\/p>\n
2.9. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que, contrario a lo que sostuvo el fallador de primera instancia, el embargo de referidas \u00abmejoras\u00bb se perfeccion\u00f3, toda vez que se notific\u00f3 al \u00abmejorante\u00bb y al propietario del predio, conforme se demostr\u00f3 en el proceso cuestionado, al punto que desde el a\u00f1o 1999, quien las ha administrado, sin ninguna oposici\u00f3n por parte de los prenombrados, ha sido el secuestre designado en el proceso; y que no se reun\u00edan los presupuestos para disponer la ilegalidad del auto de 20 de octubre de 2015, pues cualquier irregularidad que se hubiese presentado, relacionada con el secuestro de las tantas veces mencionadas mejoras, result\u00f3 saneada por el silencio de los interesados. <\/p>\n
2.10. Tambi\u00e9n expresaron que el art\u00edculo 681 (numeral 2\u00b0) del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00abno establece sanci\u00f3n alguna de ineficacia, inexistencia al secuestro ya realizado, tampoco del embargo, por no haber comunicado al due\u00f1o la medida\u00bb, por lo que el juez dio un alcance equivocado a la citada disposici\u00f3n. <\/p>\n
2.11. Adicionaron que el prove\u00eddo que declar\u00f3 la ilegalidad del que dispuso la entrega de las mejoras cauteladas, revivi\u00f3 \u00abun proceso legalmente terminado\u00bb y desconoci\u00f3, adem\u00e1s, que \u00abexiste cosa juzgada sobre el tema de la medida cautelar\u00bb, comoquiera que el fallador de primera instancia, en ocasiones previas, se pronunci\u00f3 sobre la legalidad de la misma, por lo que debi\u00f3 prosperar la solicitud nulidad que invoc\u00f3 ante el Tribunal accionado. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El abogado \u00c1lvaro Eduardo Garz\u00f3n Saladen, quien dijo fungir en \u00abcalidad de apoderado de\u2026 Mar\u00eda Irene Urquijo Pulgar\u00edn\u00bb, sin que aportara mandato que lo facultara para representarla en el presente asunto, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
2. El profesional del derecho Andr\u00e9s Salcedo Salazar, quien dijo obrar \u00abcomo apoderado de\u2026 Emilio Bogggioni\u00bb, sin que tampoco allegara mandato que lo facultara para representarlo en este tr\u00e1mite, pidi\u00f3 conceder el resguardo. <\/p>\n
3. Pedro Manuel Castillo Castillo, quien dijo obrar \u00aben [su] condici\u00f3n de auxiliar de la justicia-secuestre en el proceso ejecutivo que cursa en el juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena Radicado 1300131030072009006870\u00bb, rindi\u00f3 informe sobre su actuaci\u00f3n en el proceso criticado. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, verifica la Sala que los accionantes criticaron: (i) el auto de 10 de septiembre de 2021, que confirm\u00f3 el dictado el 20 de agosto anterior, mediante el cual se desestim\u00f3 la nulidad que reclamaron en el juicio criticado; y (ii) el prove\u00eddo de 13 de mayo de estas calendas, a trav\u00e9s del que se confirm\u00f3 el dictado el 18 de junio de 2019, que declar\u00f3 la ilegalidad de la orden de entrega proferida con determinaci\u00f3n del 20 de octubre de 2015. <\/p>\n
3. Bajo ese horizonte, en lo que ata\u00f1e al primero de esos reproches, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la mencionada providencia de 10 de septiembre de los corrientes no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que resultaba inviable la petici\u00f3n invalidatoria que presentaron los tutelantes, sobre la cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Ciertamente los aqu\u00ed recurrentes en pret\u00e9rita oportunidad, formularon una solicitud de nulidad con fundamento en la causal 2\u00ba del articulo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en revivir un proceso legalmente concluido. <\/p>\n
B\u00e1sicamente fundaron la nulidad en la inconformidad que tuvieron respecto a la actuaci\u00f3n adoptada por el juzgado de primer grado y as\u00ed mismo por el Despacho Hom\u00f3logo al declarar la ilegalidad de un auto en el que se hab\u00eda ordenado la entrega de unas mejoras que no fueron materializadas como medidas cautelares, esto, posterior a la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito y orden de levantamiento de \u00e9stas\u2026 <\/p>\n
\u2026 el hecho de ejercer un control de legalidad sobre estos t\u00f3picos [efectividad de las cautelas decretadas], aun cuando el proceso ha culminado, no conllevaba precisamente a revivir la instancia y exceder la competencia funcional asignada, contrario a lo argumentado por los suplicantes. <\/p>\n
As\u00ed, en el mismo sentido al resolver la nulidad interpuesta por los demandados la Sala confutada precis\u00f3: <\/p>\n
\u201cSe concluye con di\u00e1fana claridad que la causal de nulidad no se configura, pues ni el juez perdi\u00f3\u0301 la competencia, ni revivi\u00f3\u0301 un proceso legamente concluido, pues realmente la actuaci\u00f3n mediante la cual se resolvi\u00f3\u0301 declarar la ilegalidad del auto que orden\u00f3 la entrega de las mejoras, no debaten el fondo del asunto (proceso ejecutivo), sino que se traduce en una consecuencia del levantamiento de las medidas cautelares\u2026\u201d <\/p>\n
Bajo estos t\u00e9rminos, recu\u00e9rdese que el conjunto de tr\u00e1mites que se surten ante un determinado funcionario hasta agotar su competencia, inclusive los efectos posteriores de las decisiones y sus vicios intr\u00ednsecos, per se, se encuentran inmersos en la respectiva instancia. <\/p>\n
De ah\u00ed que, resulta necesario recordar que la causal de nulidad alegada contemplada en la norma se refiere a una actuaci\u00f3n que implique revivir un proceso ya terminado, lo cual no excluye que el juez pueda realizar, v\u00e1lidamente ciertos actos en orden al cumplimiento de la providencia ejecutoriada que la ley expresamente determina y otros que en nada inciden sobre la causa que origin\u00f3 la finalizaci\u00f3n del proceso, pues la disposici\u00f3n s\u00f3lo erige en nulidad el hecho de que la nueva actuaci\u00f3n cambie o modifique las relaciones jur\u00eddicas definidas en el proceso finalizado, sin que ello implique que no pueda haber ciertas tramitaciones que no incidan en lo ya resuelto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los inconformes es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 las normas que regulan las nulidades procesales y concluy\u00f3 que no se configuraba la causal invocada por los quejosos, comoquiera que las decisiones adoptadas, con relaci\u00f3n a las medidas cautelares que se ordenaron levantar en el auto que termin\u00f3 la ejecuci\u00f3n, eran determinaciones necesarias para hacer efectivo dicho mandato, sin que ello conllevara revivir el proceso legalmente concluido. <\/p>\n
Tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Respecto de la otra de las quejas de los accionantes, ha de resaltarse que en los precisos casos en los cuales el funcionario judicial incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si la afectada no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
4.1. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el estrado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, porque al resolver sobre la procedencia de la entrega ordenada con auto del 20 de octubre de 2015, desconoci\u00f3 lo que aconteci\u00f3 en el proceso cuestionado, pues las diligencias daban cuenta que, sin duda, en el curso de la ejecuci\u00f3n, como resultado del embargo y secuestro decretado (con auto del 13 de abril de 1999) sobre las \u00abmejoras y construcciones\u00bb de propiedad del demandado, se aprehendi\u00f3 materialmente el predio ubicado en la avenida San Mart\u00edn 7-55 de Cartagena, entregando su tenencia al secuestre designado en el asunto. <\/p>\n
Y es que, si bien la Corte no desconoce que, como lo adujo el Tribunal acusado, \u00ablo que se embarg\u00f3, no es cosa distinta al cr\u00e9dito que surgi\u00f3 de la construcci\u00f3n o plantaci\u00f3n de mejoras (art. 970 del C.C.), por parte de los demandados\u00bb y que, por tanto, no hab\u00eda lugar a secuestrar el predio sobre el cual reposaban las referidas mejoras, lo cierto es que, err\u00f3neamente, se adelant\u00f3 la citada aprehensi\u00f3n material, situaci\u00f3n de la cual se desprendieron sendas consecuencias jur\u00eddicas, entre ellas, el que se priv\u00f3 de la tenencia del citado bien a quien la ven\u00eda ostentando y se confiri\u00f3 la administraci\u00f3n del mismo a un auxiliar de la justicia, quien efectivamente ejerci\u00f3 dicha labor, conforme lo reportan las actuaciones que reposan en el expediente. <\/p>\n
En este orden de ideas, al margen del yerro que se cometi\u00f3 al adelantar el prenotado secuestro del bien, lo cierto es que al disponerse la terminaci\u00f3n del proceso cuestionado y ordenarse el levantamiento de las cautelas, el juzgador debi\u00f3 adelantar las diligencias necesarias para restablecer las situaciones al estado en que se encontraban al momento de iniciarse la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que en virtud de la orden de embargo y secuestro de mejoras que se dispuso en el juicio criticado, se efectu\u00f3 la aprehensi\u00f3n material del predio antes referido (esto es, el ubicado en la avenida San Mart\u00edn 7-55 de Cartagena), era obligaci\u00f3n del fallador realizar las gestiones necesarias para trasladar la tenencia del predio del secuestre a quien legalmente correspondiera, sin que pueda exonerarse de dicha carga so pretexto del yerro te\u00f3rico cometido. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, indiscutible es que el estrado criticado, al resolver sobre la procedencia de la entrega dispuesta con auto de 20 de octubre de 2015, desconoci\u00f3 los elementos de juicio que daban cuenta de la aprehensi\u00f3n material del predio ubicado en la Avenida San Mart\u00edn 7-55 de Cartagena, por cuenta de las cautelas decretadas en el juicio cuestionado, y de las consecuencias que de dicha situaci\u00f3n se desprendieron, lo que impon\u00eda adoptar las medidas necesarias para restablecer las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al inicio de tal litigio. <\/p>\n
Sobre la procedencia del resguardo, en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u2026 ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
4.2. Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir que, contrario a lo que sostuvo el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, en el prove\u00eddo de 18 de junio de 2019, las diligencias denotan que el embargo decretado con auto del 13 de abril de 1999 s\u00ed fue notificado tanto al mejorante como al propietario del predio donde reposaban las mejoras. <\/p>\n
Y es que, de un lado, el mejorante fung\u00eda como demandado en el juicio cuestionado, por lo que al notificarse el auto que decret\u00f3 la aludida medida, aquel qued\u00f3 enterado de la existencia de la cautela; mientras que el propietario del predio se entiende enterado al momento de adelantarse la aprehensi\u00f3n material del mismo, pues fue a partir de ese momento que le surgi\u00f3 la posibilidad de oponerse a dicha medida e, incluso, reclamar su levantamiento, conforme se extracta de lo reglado en los art\u00edculos 686 y 687 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5. Lo considerado impone conceder, con alcance parcial, el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que tras dejar sin efecto la determinaci\u00f3n censurada, dicte la decisi\u00f3n que corresponda, en la que atienda las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede, con alcance parcial, el resguardo al derecho al debido proceso de Giuseppina Vittoria Fiori, Pasquale y Antonina Cotugno. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto la providencia de 13 de mayo de 2021, mediante la cual resolvi\u00f3 la alzada formulada contra la dictada el 18 de junio de 2019, as\u00ed como tambi\u00e9n todas las actuaciones que de dicha determinaci\u00f3n se desprendieron. <\/p>\n
Segundo: Cumplido lo anterior y en un t\u00e9rmino no superior a quince (15) d\u00edas, contado desde la misma data, emita una nueva decisi\u00f3n en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la all\u00ed demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda env\u00edesele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: En lo dem\u00e1s, negar el resguardo deprecado. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aqu\u00e9l t\u00e9rmino. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC13614-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13614-2021 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Giuseppina Vittoria Fiori, Pasquale y Antonina Cotugno […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58394","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58394","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58394"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58394\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58394"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58394"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58394"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}