STC13617-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13617-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03562-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Beda Mar\u00eda Soacha Chac\u00f3n contra la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social, entre otros, presuntamente conculcados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Solicita, en concreto, \u201crevocar\u201d el fallo de tutela emitido por la corporaci\u00f3n convocada y, en su defecto, \u201cconceder\u201d la salvaguarda otrora impulsada. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Beda Mar\u00eda Soacha Chac\u00f3n interpuso ante el Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1, acci\u00f3n de resguardo frente a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, pretendiendo \u201cel reconocimiento de [una] pensi\u00f3n de invalidez\u201d, pues fue calificada con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 76.25%. <\/p>\n
\u201c(\u2026) proced[er] a pronunciarse nuevamente en torno a la petici\u00f3n de la accionante de 28 de mayo de 2020, ello atendiendo sobre todo a su condici\u00f3n de discapacidad y conforme a los lineamientos expuestos en la parte motiva de [esa] providencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.3. La anterior determinaci\u00f3n fue revocada por el Tribunal criticado en providencia de 13 de noviembre de 2020, al considerar \u201cque existen otros medios ordinarios de defensa y por no haberse probado el perjuicio irremediable\u201d; en consecuencia, deneg\u00f3 el auxilio implorado. <\/p>\n
2.4 La aqu\u00ed gestora critica la anterior determinaci\u00f3n, por cuanto, en su sentir, se efectu\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez \u201cque s\u00ed prob[\u00f3] el perjuicio irremediable\u201d, el cual se encontraba demostrado \u201ccon [su] historia cl\u00ednica, (\u2026) edad, y (\u2026) condici\u00f3n de pobreza\u201d. <\/p>\n
2.5. Asevera que se encuentra en \u201cun estado de indefensi\u00f3n mayor, pues no hay otro medio judicial id\u00f3neo de defensa\u201d para la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
2.6. Considera que la autoridad tutelada emiti\u00f3 un fallo \u201cfraudulento\u201d convirti\u00e9ndose en \u201cc\u00f3mplice\u201d de Colpensiones, quien realiz\u00f3 un irregular \u201ctraspaso de oficio\u201d de su afiliaci\u00f3n a un fondo privado respecto del cual nunca ha sido su deseo pertenecer. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, el tribunal fustigado no ha realizado ninguna manifestaci\u00f3n frente a la solicitud de protecci\u00f3n efectuada por la gestora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u201cel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora, en lo atinente a las actuaciones desplegadas en tr\u00e1mites de esta misma naturaleza, la Corte Constitucional en sentencia T-353 de 2012, con reiteraci\u00f3n de lo afirmado en la SU-1219 de 2001, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna\u201d (T-353 de 2012, SU-1219 de 2001, reiterada por la CSJ STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107, subraya fuera de texto). <\/p>\n
Y en trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n superlativa de cara a decisiones de similar estirpe, esta Sala tambi\u00e9n ha decantado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u201d (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00)\u201d. <\/p>\n
\u201cBajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional\u201d (CSJ STC, 2 ago. 2013, rad. 00851-01, reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, no ser\u00e1 abordado el estudio del reproche aqu\u00ed reproducido, en tanto: (i) el ataque se enfil\u00f3 frente a la sentencia de amparo de 13 de noviembre de 2020, emitida por el tribunal censurado, (ii) no se vislumbra ni fue demostrado el fraude en denuncia, a lo que se agrega y, (iii) la tramitaci\u00f3n de la tutela cuestionada fue excluida de revisi\u00f3n el 15 de marzo pasado, conforme se verific\u00f3 en el portal web de la Corte Constitucional (T-8080241), esto es, antes de la interposici\u00f3n de esta salvaguarda, sin que la interesada efectuara solicitud alguna ante ese alto Tribunal, evidenci\u00e1ndose as\u00ed la inmutabilidad de la cosa juzgada, que comprende toda la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida, incluido las sentencias dictadas, y que impide volver sobre los aspectos all\u00ed definidos. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo aspecto, esta Sala ha precisado: <\/p>\n
\u201c[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo (\u2026) ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental\u201d (se resalta) (CSJ STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00; reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
4. Es cierto que, en casos excepcionales, se ha aceptado la procedencia del mecanismo de tutela contra sentencias de similar \u00edndole, espec\u00edficamente \u201cen presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u201d (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
No obstante, en el caso de marras no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos antes rese\u00f1ados y que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando, it\u00e9rase, las alegaciones de la memorialista en punto al fraude de la providencia objeto de reproche no fueron acreditadas. <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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