STC13621-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03585-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Bibiana Montoya Bland\u00f3n contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero de Familia de Envigado y los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2020-00229. <\/p>\n
I.ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de 5 de mayo de 2021, mediante el cual la magistratura accionada declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, de 4 de marzo de 2021 (a la cual se le imprimi\u00f3 el tr\u00e1mite previsto en el Decreto 806 de 2020), pese a que dicha alzada, seg\u00fan lo dijo, fue cabalmente sustentada ante el juez a quo. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efectos dicho prove\u00eddo y que, en su lugar, se ordene al tribunal tramitar su recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada remiti\u00f3 copia digital del expediente del juicio sobre el que versa este tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. El Juez Primero de Familia de Envigado hizo un recuento de lo acontecido en el tr\u00e1mite que incumbe a esta actuaci\u00f3n; defendi\u00f3 la legalidad de su proceder en ese proceso; y con base en ello pidi\u00f3 desestimar la solicitud de amparo en referencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda de tutela en estudio satisface el presupuesto de subsidiariedad que le es propio y, de superarse lo anterior, si la magistratura convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas en el escrito introductor, al declarar desierta la apelaci\u00f3n formulada por quien aqu\u00ed acciona. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura tal modalidad, dado que la parte accionante no formul\u00f3 reposici\u00f3n contra el auto de 5 de mayo de 2021, pese a que ese mecanismo de impugnaci\u00f3n, adem\u00e1s de ser procedente frente a tal prove\u00eddo (art\u00edculo 318 C\u00f3digo General del Proceso), era apto para plantear las inconformidades que aqu\u00ed se esgrimieron como fundamento de esta subsidiaria tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se ha recalcado que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, la parte actora desaprovech\u00f3 la oportunidad con la que contaba para exponer ante el fallador cognoscente de segundo grado todos los argumentos que aqu\u00ed plante\u00f3, orientados a evidenciar la tempestiva sustentaci\u00f3n de su censura, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC5331-2014 y STC5341-2014). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se denegar\u00e1 el resguardo, por cuanto la parte querellante no hizo uso de los medios de control judicial pertinentes para exponer ante la autoridad judicial encartada las irregularidades que aqu\u00ed esgrimi\u00f3 como fundamento de las pretensiones, omisi\u00f3n que torna inviable la protecci\u00f3n, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario (art. 6\u00ba, num. 1\u00ba, D. 2591 de 1991). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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