STC13624-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13624-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03677-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece (13) de octubre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con la providencia emitida en segunda instancia dentro de la acci\u00f3n popular que tramit\u00f3 contra el Banco AV Villas S.A., con radicado No. 2015-00262-01. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, \u00abdar aplicaci\u00f3n [al] art[[\u00edculo] 34 inciso final Ley 472 de 1998. Se demuestre como una Ley ordinaria, puede derogar lo que manda la Ley especial y aut\u00f3noma, art[\u00edculo] 34 inciso final referente la incentivo\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que el referido asunto se fall\u00f3 \u00abdespu\u00e9s de casi 5 a\u00f1os\u00bb y no se aplic\u00f3 lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 34 de la Ley 472 de 1998, en cuanto al incentivo, \u00abpese a que lo derogado fueron los art\u00edculos 39 y 40\u00bb de la misma normativa, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 6 de octubre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, por intermedio del Magistrado que conoci\u00f3 del decurso cuestionado, pidi\u00f3 que se declare improcedente la protecci\u00f3n reclamada, porque la decisi\u00f3n criticada data del 13 de noviembre de 2020, sin que se presente alg\u00fan evento para flexibilizar el requisito de procedibilidad de la inmediatez de la tutela. <\/p>\n
b). A la fecha de registro del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, el se\u00f1or Javier El\u00edas cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, la sentencia de 13 de noviembre de 2020 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del 16 de septiembre de 2019 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, para entonces, \u00abamparar el derecho colectivo a la realizaci\u00f3n de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes\u00bb, dentro de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra el Banco AV Villas S.A., identificada con el radicado No. 2015-0262-01, pues seg\u00fan su dicho, se le debi\u00f3 reconocer el incentivo econ\u00f3mico que establec\u00eda la Ley 472 de 1998, al haber prosperado la acci\u00f3n. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por las siguientes razones a saber: <\/p>\n
3.1. En el presente asunto sin duda, se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Pereira data del 13 de noviembre de 2020; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 5 de octubre de 2021, es decir, transcurridos m\u00e1s de diez (10) meses, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito del actor es reprochar la conclusi\u00f3n a que se lleg\u00f3 en dicha decisi\u00f3n, en cuanto a que no se le reconoci\u00f3 el incentivo que establec\u00eda la Ley 472 de 1998, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de esa actuaci\u00f3n, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n alguna para que aquel haya tardado en reclamar por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
3.2. Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, de los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos en la sentencia de segundo grado en comento, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo reclamado, por cuanto lo decidido no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, que por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales del promotor de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
Para adoptar la decisi\u00f3n que el gestor no comparte, el Tribunal Superior de Pereira consider\u00f3 improcedente la fijaci\u00f3n del incentivo econ\u00f3mico, \u00abya que la Ley 1425 derog\u00f3 los art\u00edculos 39 y 40 de la Ley 472, sobre ese reconocimiento; aun cuando el legislador haya omitido referirse a la parte final del art\u00edculo 34, Ley 472, que reza: \u201cIgualmente fijar\u00e1 el monto del incentivo para el actor popular\u201d, es inviable considerar su aplicaci\u00f3n, pues, a todas luces contrasta con el sentir de la nueva Ley. As\u00ed lo entendi\u00f3 la CE1 (2019), criterio auxiliar que acoge esta Magistratura\u00bb. <\/p>\n
De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira se soport\u00f3 en el atendible an\u00e1lisis de la normatividad sustancial aplicable al caso, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa realizada por la autoridad jurisdiccional convocada, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, siendo evidente en este caso, que lo expuesto por el gestor es su particular manera de analizar el art\u00edculo 34 de la Ley 472 de 1998, sin que solo por ello se pueda descalificar la misma labor que realiz\u00f3 el juez cognoscente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por el actor no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
3.3. Finalmente, aunque el gestor se duele tambi\u00e9n del hecho de haberse fallado la acci\u00f3n popular en comento \u00abdespu\u00e9s de casi 5 a\u00f1os\u00bb, lo cierto es que dicha circunstancia en este momento carece de trascendencia, comoquiera que ya se encuentra precisamente definido de fondo el asunto, lo que descarta cualquier tipo de intervenci\u00f3n sobre el particular por parte del juez de tutela, al estar reservada la misma para evitar la consumaci\u00f3n o ante la inminencia de una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
4. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CE, Sala Plena, Sentencia de unificaci\u00f3n del 03-09-2013, CP: Fajardo G., No.2009-01566-01 (AP), reiterada en las sentencias del (i) 24-05-2019, CP: S\u00e1nchez S., No.2010-00748-01 (AP) y (ii) 09-05-2019, CP: Giraldo L., No.2011-00613-01, entre muchas. <\/p>\n
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STC13624-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC13624-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03677-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece (13) de octubre de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Javier […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58404","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58404","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58404"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58404\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58404"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58404"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}