STC13628-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13628-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03633-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Eduardo Cuenca y Alba Nubia Trujillo Guzm\u00e1n contra la Sala Civil Familia Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso reivindicatorio radicado n\u00ba 2016-00138. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en su propio nombre, acuden al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relatan en s\u00edntesis que, la empresa \u00abImplementos Ap\u00edcolas Colombianos Ltda. – IMPLACOL\u00bb promovi\u00f3 demanda reivindicatoria contra Jaime Ignacio y Oscar Eladio Mart\u00ednez Vel\u00e1squez respecto del inmueble identificado con matr\u00edcula 206-10429, ubicado en \u00abla vereda Contador, municipio de Pitalito\u00bb. <\/p>\n
Refieren que en dicho asunto el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito, el 15 de enero de 2021 profiri\u00f3 sentencia estimatoria de la pretensi\u00f3n reivindicatoria, ordenando la entrega del predio reclamado, decisi\u00f3n que, aunque fue apelada por los demandados, mediante auto del 16 de marzo de 2021 la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Nieva declar\u00f3 desierto el recurso \u00abporque el abogado recurrente no sustent\u00f3 [\u2026] dentro del traslado\u00bb. <\/p>\n
Cuestionan los ac\u00e1 actores el no haber sido vinculados al tr\u00e1mite. En primer lugar, porque, seg\u00fan afirman, los se\u00f1ores Mart\u00ednez Vel\u00e1squez, vencidos en el juicio en cuesti\u00f3n \u00abnos amenazaron de que intentar\u00edan acciones judiciales en contra de nosotros, en raz\u00f3n a que debemos pagarles da\u00f1os y perjuicios, por tener que supuestamente entregar el inmueble en litigio a la empresa demandante [\u2026] seg\u00fan orden que imparti\u00f3 en la sentencia de primera instancia y cuya nulidad se persigue mediante el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n de tutela. La cuant\u00eda de estos da\u00f1os y perjuicios es muy considerable y su pago se sale de nuestras limitadas condiciones econ\u00f3micas, ya que somos personas demasiado pobres [\u2026] de ah\u00ed que tengamos inter\u00e9s jur\u00eddico y patrimonial no solo para intervenir en el proceso donde se dict\u00f3 la sentencia, cuya nulidad se solicita [\u2026] sino tambi\u00e9n por la cantidad de errores que se cometieron en el proceso en que se dict\u00f3 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Destacan que, su relaci\u00f3n con el inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n se remonta al 23 de agosto de 1987 cuando, Carlos Eduardo Cuenca suscribi\u00f3 contrato de promesa de compraventa (como promitente comprador), con el representante legal de la compa\u00f1\u00eda demandante, el se\u00f1or Pungiluppi Facchinni Nando Sandro (promitente vendedor), para adquirir el predio referido. <\/p>\n
Cuentan que, posteriormente, en el a\u00f1o 1996, Carlos Eduardo Cuenca prometi\u00f3 en venta los \u00abderechos de dominio y posesi\u00f3n (sic)\u00bb de dicho predio a Jaime Ignacio Mart\u00ednez Vel\u00e1squez y a la tambi\u00e9n aqu\u00ed accionante, Alba Nubia Trujillo Guzm\u00e1n, quien a su vez, en el 2009, hizo lo mismo con Oscar Eladio Mart\u00ednez Vel\u00e1squez. <\/p>\n
Manifiestan entonces que, como hechos \u00abirrefutables\u00bb se tiene que, cada uno, adquirieron los derechos de dominio y posesi\u00f3n a partir de los respectivos contratos de promesa de compra del inmueble reclamado en el juicio reivindicatorio; sin embargo, aducen, la empresa all\u00ed demandante, omiti\u00f3 informar la existencia de dichas negociaciones, lo que, \u00abconstituye un enga\u00f1o del que hicieron objeto a los operadores judiciales, en este caso, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito [\u2026] y a los magistrados del [\u2026] Tribunal Superior del Huila (sic), con el fin de obtener decisi\u00f3n judicial contraria a la ley, en este caso, la sentencia cuya nulidad se solicita [\u2026] esta conducta criminal tipifica el hecho punible de fraude procesal [\u2026] que oportunamente ser\u00e1n denunciados ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb (aportaron denuncia penal contra el representante legal de IMPLACOL por los presuntos delitos de \u00abfraude procesal y tentativa de estafa agravada\u00bb). <\/p>\n
3. Por lo anterior piden que, se deje sin efectos la sentencia del 15 de enero de 2021 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito \u00abdentro del proceso radicado [20160013800] promovida por la empresa Implementos Ap\u00edcolas Colombianos Ltda IMPLACOL [\u2026] contra los se\u00f1ores Jaime Ignacio Mart\u00ednez Vel\u00e1squez y Oscar Eladio Mart\u00ednez Vel\u00e1squez (\u2026) que como consecuencia del amparo constitucional solicitado es nula de nulidad absoluta la sentencia de primera instancia y que el proceso ya mencionado, queda en el estado de notific\u00e1rselos en legal forma en el auto admisorio de la demanda, tanto a los suscritos accionantes, como a los demandados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El representante legal de la empresa IMPLACOL, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad del resguardo tutelar, pues considera que incumple los requisitos de inmediatez y subsidiariedad; respecto del primero, porque la acci\u00f3n constitucional se interpuso \u00abaproximadamente nueve meses despu\u00e9s\u00bb del proferimiento de la sentencia que finiquit\u00f3 el juicio el 15 de enero de 2021; y del segundo, porque los accionantes tuvieron \u00aben su momento la oportunidad de contradecir los elementos expuestos en cada proceso judicial y tuv[ieron] los mecanismos y\/o recursos legales para atacar lo que consideran violatorio de sus derechos, pero su apoderado no aleg\u00f3 causales o elementos que eventualmente generaran nulidad al proceso judicial\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, arguye que, no evidencia el inter\u00e9s de los quejosos, pues \u00abnunca han sido vinculadas como partes en el litigio (\u2026)\u00bb y que, \u00absu nombre sali\u00f3 en su momento a relucir por haber sido quienes supuestamente fueron las personas que \u201cvendieron\u201d a los se\u00f1ores Jaime Ignacio y Oscar Eladio Mart\u00ednez Vel\u00e1squez un predio [\u2026] ubicado en el municipio de Pitalito, el cual es de propiedad de la empresa IMPLACOL, situaci\u00f3n que nunca pudo ser probada, ni siquiera los hoy accionantes fueron considerados como declarantes por los se\u00f1ores Mart\u00ednez Vel\u00e1squez dentro de las pruebas que pretend\u00edan presentar en favor de sus pretensiones, para que ahora vengan a buscar legitimaci\u00f3n en la causa e interpongan una acci\u00f3n de tutela en procura de protecci\u00f3n de derechos fundamentales que no est\u00e1n en cabeza suya\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas por los actores en el proceso radicado n\u00ba 2016-00138 promovido por la empresa \u00abImplementos Ap\u00edcolas Colombianos Ltda IMPLACOL\u00bb contra Jaime Ignacio y Oscar Eladio Mart\u00ednez Vel\u00e1squez, con la sentencia que accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n reivindicatoria (15 de enero de 2021) y, porque se omiti\u00f3 su vinculaci\u00f3n a dicho juicio. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el art\u00edculo 86, estableci\u00f3 la tutela como un mecanismo excepcional, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protecci\u00f3n de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneraci\u00f3n o amenaza, proveniente de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a \u00e9se car\u00e1cter, se ha dicho que no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
2.1. En virtud del se\u00f1alado presupuesto de procedibilidad, y teniendo en cuenta lo aportado a estas diligencias como soporte de la s\u00faplica, se advierte la improcedencia de la misma, en raz\u00f3n a que los accionantes no acreditaron haber invocado ante el juzgado acusado la supuesta irregularidad por su falta de vinculaci\u00f3n a la causa dado el inter\u00e9s jur\u00eddico que, seg\u00fan alegan, les asiste respecto del predio en litigio. <\/p>\n
Por lo tanto, mientras de manera directa y concreta no hayan acudido al proceso a fin de exponer las alegaciones que por esta senda formulan contra la reivindicaci\u00f3n del bien, la injerencia del juez de amparo resulta impertinente. <\/p>\n
Lo contrario entonces, es decir, someter esa pretensi\u00f3n de plano a esta justicia especial, no significar\u00eda otra cosa distinta que una invasi\u00f3n inapropiada a las facultades de la autoridad competente en este caso, desplaz\u00e1ndola, aunado al car\u00e1cter anticipado que constituir\u00eda adoptar una determinaci\u00f3n en ese sentido frente un asunto que no se ha agotado en el escenario procesal, es decir, no ser\u00eda posible conminar al despacho a responder por un tema que de manera puntual no se le ha planteado. <\/p>\n
En ese contexto, la tutela es inviable si los demandantes no acudieron primero ante la autoridad judicial a reclamar lo aqu\u00ed aducido, lo cual impide el \u00e9xito de esta acci\u00f3n, como se resalt\u00f3, dado su naturaleza esencialmente residual. <\/p>\n
Sobre la subsidiariedad esta Sala ha dicho: <\/p>\n
2.2. Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan esbozado y menos probado las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), y porque \u00abesta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). Al respecto, cabe recordar que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento del citado menoscabo es insuficiente para justificar la procedencia de la protecci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone declarar la inviabilidad de la salvaguarda porque: <\/p>\n
La presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la gobierna, ya que los accionantes no acreditaron haber presentado previamente las inconformidades que aqu\u00ed exponen de manera directa ante el juez de la causa antes de acudir al amparo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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