STC13631-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13631-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 3 septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A. contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito esa ciudad y Promiscuo Municipal de Bosconia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la defensa y al debido proceso, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con a.) lo dispuesto en la audiencia de la que trata el canon 372 del C\u00f3digo General del Proceso, celebrada por el juez de conocimiento el 15 de marzo de 2018; b.) el auto calendado 24 de mayo postrero, que deneg\u00f3 la nulidad por ella planteada respecto de ese rito; c.) la providencia del 4 de diciembre de 2020, mediante la cual, se mantuvo la anterior determinaci\u00f3n, en sede apelaci\u00f3n; y, d.) la decisi\u00f3n del 4 de junio del 2021, que neg\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n de esta \u00faltima, respectivamente, en el marco del proceso compulsivo adelantado en su contra por la se\u00f1ora Cecilia del Socorro Fandi\u00f1o Egea, identificado con el consecutivo 2017-00323-00. <\/p>\n
Por esas circunstancias, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, disponiendo lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab1) Que se anule la audiencia celebrada el 15 de Marzo de 2018 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bosconia (\u2026), y, particularmente, la sentencia proferida en el curso de dicha audiencia, en virtud de la cual se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y se procedi\u00f3 simult\u00e1nea y anticipadamente a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
2) Que se anule \u00f3 revoque el auto de mayo 24 de 2018, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bosconia dentro del proceso ejecutivo identificado anteriormente, en virtud de la cual se deneg\u00f3 la solicitud de nulidad parcial del proceso, radicada por la aseguradora, con ocasi\u00f3n de graves irregularidades presentadas durante el procedimiento adelantado. <\/p>\n
3) Que se anule o revoque el auto de diciembre 4 de 2020 proferido en segunda instancia por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, en virtud del cual se resolvi\u00f3 negativamente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto de mayo 24 de 2018 proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bosconia. <\/p>\n
4) Que se anule o revoque el auto de junio 4 de 2021 proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, en virtud del cual se resolvi\u00f3 negativamente la solicitud de adici\u00f3n del auto de diciembre 4 de 2020. <\/p>\n
5) Que se declare que la audiencia programada para el 15 de marzo de 2018, no pod\u00eda celebrarse. <\/p>\n
6) Que en caso de comprobarse que ninguna de las partes present\u00f3 excusa dentro del lapso de los 3 d\u00edas posteriores a la fecha programada para la celebraci\u00f3n de la audiencia, esto es, durante los d\u00edas 16, 20 y 21 de marzo de 2018, se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de Bosconia proceder, decretar la terminaci\u00f3n del proceso en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado adujo en lo esencial la interesada, que el Juzgado Promiscuo Municipal de Bosconia abri\u00f3 a tr\u00e1mite el proceso ejecutivo iniciado en su contra por la se\u00f1ora Cecilia del Socorro Fandi\u00f1o Egea, convocando a las partes mediante auto del 28 de febrero de 2018, a la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 ejusdem para el 15 de marzo siguiente a las 3:00 p.m, momento en el cual, no se mencion\u00f3 \u00abla posibilidad de que se realizara tambi\u00e9n la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento de que trata el art\u00edculo 373 [\u00eddem]\u00bb. <\/p>\n
Comenta que llegado el d\u00eda y la hora de la diligencia, no se hicieron presentes ni la ejecutante ni su representante legal; no obstante, \u00absiendo las 5:04 p.m, el Juzgado da inicio a la [misma], informando en el acta correspondiente que se encontraban sin fluido el\u00e9ctrico, raz\u00f3n por la que no se pudo iniciar la audiencia a la hora programada\u00bb, contrariando, dice, lo dispuesto en el inciso 2\u00b0 del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, adem\u00e1s de \u00abextender\u00bb el tr\u00e1mite a la realizaci\u00f3n de la etapa de instrucci\u00f3n y juzgamiento, donde finalmente se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos del auto de apremio, y se impuso la respectiva multa por inasistencia a los extremos de la litis. <\/p>\n
Alega que el 16 de marzo postrero, \u00abel abogado de la parte demandante presenta memorial solicitando la entrega de los t\u00edtulos puestos a disposici\u00f3n del despacho con ocasi\u00f3n de las medidas cautelares practicadas contra la compa\u00f1\u00eda\u00bb, pedimento al que se accedi\u00f3 en auto de esa misma data, a m\u00e1s de proceder a la liquidaci\u00f3n de costas incluyendo las agencias en derecho reconocidas en la sentencia y a la entrega al abogado de la ejecutante de la suma de $75\u2019000.000,oo aun cuando esa determinaci\u00f3n no se encontraba ejecutoriada. <\/p>\n
Indica que en vista de tales \u00abirregularidades\u00bb, el 23 de marzo de 2018 present\u00f3 incidente de nulidad, con fundamento en la causa 8\u00aa del C\u00f3digo General del Proceso, y el 2 de abril siguiente, \u00abradica escrito dando alcance al inicialmente presentado, precisando que las irregularidades presentadas tipificaban no solo la causal contemplada en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C.G. del P., sino las consagradas en los numerales 5 y 6 ib\u00eddem\u00bb, pedimentos desestimados en providencia del 24 de mayo postrero, \u00abalegando que en aplicaci\u00f3n de los poderes de director del proceso que le otorga el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, y de los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, ten\u00eda la facultad de celebrar la audiencia y de extenderla hasta las actuaciones propias del art\u00edculo 373 ib\u00eddem, aunque as\u00ed no se haya dicho en el auto que convoc\u00f3 a la audiencia\u00bb, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 infructuosamente, pues fue mantenida en su integridad el 4 de diciembre de 2020 por parte del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, autoridad que \u00abno hizo un an\u00e1lisis de la argumentaci\u00f3n referente a [todas las] causales de nulidad invocadas, [por lo que] (\u2026) present\u00f3 oportunamente solicitud de adici\u00f3n, la cual fue finalmente denegada con auto de junio 4 de 2021, con el argumento de que en el auto inicial se incluy\u00f3 una frase que indica que no se configura ninguna de las causales de la norma procesal\u00bb, circunstancias \u00e9sta que, asegura, hacen posible la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Bosconia, adem\u00e1s de indicar que la acci\u00f3n de amparo incumple con el requisito de la inmediatez, aleg\u00f3 que \u00abNO fungi\u00f3 como Juez [para la \u00e9poca de la situaci\u00f3n narrada], de hecho, la titularidad de este Despacho [la] ostenta s\u00f3lo desde el 12 de agosto de 2020, de tal modo que no cono[ce] los pormenores de la situaci\u00f3n suscitada que dio origen a la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, comoquiera que \u00abla acci\u00f3n de tutela de marras no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la audiencia objeto de reproche data del 15 de marzo de 2018, t\u00e9rmino que supera, en mucho, el lapso fijado por la consistente jurisprudencia como razonable y proporcional, para que la parte actora interpusiera esta senda ius fundamental; adicionalmente, advirti\u00f3, \u00abno se observa en el plenario la presencia de un motivo real que justifique la tardanza para presentar la acci\u00f3n, por lo que se torna improcedente estudiar el fondo de este asunto, pues si bien no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo prudente, m\u00e1s a\u00fan si la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, exige una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado\u00bb. <\/p>\n
Y aun cuando se soslayara ese incumplimiento, dijo, \u00abla presente acci\u00f3n tampoco tendr\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, debido a que no se advierte la presencia de alguna irregularidad en la que haya incurrido el juez encartado. Debe recordarse en primer lugar que el art\u00edculo 372 del C.G.P dispone en uno de sus apartes que: \u2018(\u2026) La audiencia se realizar\u00e1, aunque no concurra alguna de las partes o sus apoderados. Si estos no comparecen, se realizar\u00e1 con aquellas. Si alguna de las partes no comparece, sin perjuicio de las consecuencias probatorias por su inasistencia, la audiencia se llevar\u00e1 a cabo con su apoderado, quien tendr\u00e1 facultad para confesar, conciliar, transigir, desistir y, en general, para disponer del derecho en litigio (\u2026)\u2019. <\/p>\n
En cuanto a la concentraci\u00f3n de las audiencias de que trata el articulo 372 y 373 del C.G.P, es menester resaltar que, el art\u00edculo 5\u00ba y el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 107 ib\u00eddem indican que: \u2018(\u2026) Art\u00edculo 5o. Concentraci\u00f3n. El juez deber\u00e1 programar las audiencias y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin soluci\u00f3n de continuidad. No podr\u00e1 aplazar una audiencia o diligencia, ni suspenderla, salvo por las razones que expresamente autoriza este c\u00f3digo (\u2026) (\u2026) Art\u00edculo 107. Audiencias y diligencias. 2. Concentraci\u00f3n. Toda audiencia o diligencia se adelantar\u00e1 sin soluci\u00f3n de continuidad. El juez deber\u00e1 reservar el tiempo suficiente para agotar el objeto de cada audiencia o diligencia (\u2026)\u2019. <\/p>\n
De ah\u00ed que el principio de concentraci\u00f3n es un mandato que deben tener en cuenta los jueces al momento de surtir las audiencias orales, y solo es posible su inaplicaci\u00f3n cuando se configure las circunstancias previstas por el legislador como lo es el aplazamiento o la excusa por fuerza mayor o caso fortuito. En el caso de marras, se constata que en la pluricitada diligencia solo asisti\u00f3 el apoderado de la demandante, por lo que el juez se encontraba autorizado para adelantar la diligencia, pues basta con que alguna de las partes o sus apoderados asista para que la misma pueda celebrarse, tal como lo dispone el inciso 3\u00ba del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 372 del ib\u00eddem. <\/p>\n
Luego entonces, se avista que la parte ejecutada y su apoderado, no presentaron con anterioridad a la celebraci\u00f3n de la audiencia, solicitud de aplazamiento, allegando siquiera prueba sumaria de una justa causa, como tampoco aportaron con posterioridad a la realizaci\u00f3n de la misma, una excusa que justificara (fuerza mayor o caso fortuito) su inasistencia, por lo que la falta de diligencia en el proceso no puede traducirse en una falla atribuible al juzgador que d\u00e9 lugar a la transgresi\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
Asimismo, debe resaltarse que, en la mencionada audiencia concentrada espec\u00edficamente en la etapa de pruebas no se le cercen\u00f3 a la parte actora el derecho a la defensa y contradicci\u00f3n, pues no se practicaron pruebas. Por su parte, el juez en la sentencia no declar\u00f3 ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n, sino que declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por la parte ejecutada, argumentando que no se demostr\u00f3 que las mismas se configuraban en ese asunto. Por consiguiente, no puede indicarse en el sub lite que las actuaciones surtidas por el juzgador en la audiencia de fecha 15 de marzo de 2018 desconocieron las garant\u00edas fundamentales de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
Sobre este punto es del caso se\u00f1alar que la discusi\u00f3n planteada por el extremo activo obedece no a un asunto constitucional, sino legal y al descontento producto de unas decisiones judiciales contrarias a sus intereses, pero no se observa que lo as\u00ed resuelto por los juzgados accionados encuadre dentro de las causales especificas se\u00f1aladas en ac\u00e1pites anteriores como requisito para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. Luego entonces, revisadas las decisiones impartidas por los despachos accionados se avista que, en las mismas se indicaron los hechos y las circunstancias que causaron su convencimiento. Adem\u00e1s, se hizo referencia a los temas relevantes objeto de discusi\u00f3n acudiendo a las normas procesales que en ese caso aplican, por lo que no se observa que \u00e9stas se hayan proferido teniendo en cuenta normas inexistentes o inconstitucionales. <\/p>\n
Por su parte, no son admisibles los se\u00f1alamientos del accionante, en relaci\u00f3n a la existencia de una supuesta transgresi\u00f3n de sus derechos fundamentales, derivada de no obtener una decisi\u00f3n positiva frente a solicitud de nulidad, siendo pertinente precisar que las referidas providencias objeto de reproche no vulneran los derechos fundamentales de la parte accionante, pues no se puede desconocer que el objetivo de un proceso judicial es resolver una controversia, siempre garantizando los derechos de las partes, y en este asunto no se evidencia transgresi\u00f3n alguna. Aunado a ello, se constata que las decisiones proferidas por los jueces accionados no son desproporcionadas, ni arbitrarias, sino que corresponden al an\u00e1lisis del caudal probatorio recaudado durante la litis, valorado a la luz de la sana cr\u00edtica, frente a lo cual no puede el juez de tutela inmiscuirse en los criterios del juez de conocimiento, m\u00e1xime que no se advierte irregularidad alguna\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La sociedad accionante recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo como sustento de su inconformidad, similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo; y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
Por esa \u00faltima senda, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. En el presente asunto se advierte, que lo pretendido por la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar SA a trav\u00e9s de este mecanismo especial es, en \u00faltimas, que se invalide toda la actuaci\u00f3n surtida dentro del proceso ejecutivo singular base del reclamo, a partir de la audiencia celebrada el 15 de marzo de 2018, tal y como lo reclam\u00f3 a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n del respectivo incidente con fundamento en las causales 5\u00aa, 6\u00aa y 8\u00aa del canon 133 el Estatuto Procesal Civil, y, del art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Para brindar soluci\u00f3n a la presente contienda, resulta necesario para la Corte verificar la documentaci\u00f3n obrante en el expediente, y que permite advertir lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En desarrollo de la contienda ejecutiva de marras, el 15 de marzo de 2018 se llevaron a cabo las audiencias contempladas en los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, orden\u00e1ndose seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos de la orden de pago emitida. <\/p>\n
3.2. El 16 de marzo postrero, el Juzgado Promiscuo Municipal de Bosconia, adem\u00e1s de ordenar la elaboraci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de costas, orden\u00f3 la entrega de los t\u00edtulos obrantes en el proceso a favor de la parte ejecutante, a lo que se procedi\u00f3, dice la aqu\u00ed interesada, aun cuando esa determinaci\u00f3n no se encontraba ejecutoriada. <\/p>\n
3.3. Por considerar que con lo all\u00ed actuado se contrari\u00f3 lo dispuesto en el inciso 2\u00b0 del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, el 23 de marzo de ese mismo a\u00f1o la parte aqu\u00ed interesada solicit\u00f3 la invalidez de lo actuado con base en la causa 8\u00aa del C\u00f3digo General del Proceso, y, el 2 de abril siguiente radic\u00f3 otro escrito dando alcance a \u00e9ste, con el fin de tambi\u00e9n invocar las causales 5\u00aa y 6\u00aa del precepto 133 \u00eddem, y la del canon 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la que fue desestimada en providencia del 24 de mayo postrero. <\/p>\n
3.4. Contra esa determinaci\u00f3n se promovi\u00f3 recurso de alzada, desat\u00e1ndose el mismo en contra de los intereses de la parte recurrente por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, el 4 de diciembre de 2020, con fundamento en las siguientes elucubraciones: <\/p>\n
\u00abLa abogada del extremo pasivo, present\u00f3 solicitud de nulidad, fundament\u00e1ndose en las causales 8 del art\u00edculo 133 del C.G.P.’ y 29 Constitucional, manifestando entre sus argumentos, que se dej\u00f3 de notificar la providencia que fijo fecha para la realizaci\u00f3n de la audiencia c\u00ede que trata el art\u00edculo 373, aunado a que por la inasistencia de las partes la audiencia no debi\u00f3 celebrarse. <\/p>\n
Sobre esta causal de nulidad el tratadista Miguel Enrique Rojas G\u00f3mez, en su obra Lecciones de Derecho Procesal Tomo 2, nos dice: \u2018Se incurre tambi\u00e9n en causa de anulaci\u00f3n del tr\u00e1mite cuando se omite la notificaci\u00f3n de una providencia distinta de la admisi\u00f3n de la demanda. Pero en este caso el vicio afecta solo a la actuaci\u00f3n posterior que dependa de la providencia dejada de notificar. N\u00f3tese que este es otra hip\u00f3tesis en la que la causal de nulidad encuentra su germen en la inexistencia de un acto\u2019. <\/p>\n
Del estudio realizado sobre el expediente del proceso ejecutivo singular, fluye que el Juzgado Promiscuo de Bosconia Cesar, mediante providencia de fecha 28 de febrero de 2018, profiri\u00f3 auto fijando fecha para la celebraci\u00f3n de la audiencia que consagra el art\u00edculo 372 del C.G.P., el cual fue notificado debidamente a las partes. <\/p>\n
Sin embargo, llegado el d\u00eda indicado en la anterior providencia, no solo desarroll\u00f3 la audiencia inicial del art\u00edculo 372 del C.G.P., sino que tambi\u00e9n realiz\u00f3 la audiencia del articulo 373 Ib\u00eddem, valga la pena mencionar que en esta audiencia no se encontraban presente las partes, ni fue notificada la providencia que convocaba para la realizaci\u00f3n de la misma (audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento). <\/p>\n
Revisada con detenimiento la causal de nulidad alegada por la apoderada de la parte demandada advierte el Despacho que tal como fue alegada la misma, esta no se llega a configurar, toda vez, que la providencia que fij\u00f3 fecha de audiencia fue notificada (F.58 notificaci\u00f3n por estado 031) y en esta se les pone de presente a las partes que en la misma se practicaran los testimonios en interrogatorios. <\/p>\n
Debe decirse que uno de los cambios m\u00e1s radicales que introdujo el C\u00f3digo General del Proceso fue la forma de realizar las audiencias, pues en ellas se concretan principios en que se inspira el nuevo r\u00e9gimen procesal civil, tales como la oralidad, la inmediaci\u00f3n y la concentraci\u00f3n. <\/p>\n
El juez puede convocar a las partes para que concurran personalmente a la audiencia inicial, previni\u00e9ndolas de las consecuencias por su inasistencia, mediante auto no susceptible de recursos (art\u00edculo 372-1). No obstante, de conformidad con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 372, el juez puede decretar pruebas en el auto de convocatoria a audiencia En caso de no presentarse a la audiencia, la premisa normativa prev\u00e9 consecuencias pecuniarias, probatorias y procesales, y para eximirse de tales consecuencias las partes o sus apoderados cuentan con tres posibilidades: solicitar aplazar la audiencia b) presentar excusas o c) probar una causal de interrupci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
El legislador olvid\u00f3 establecer cu\u00e1l era el efecto de la aceptaci\u00f3n de la justificaci\u00f3n cuando la audiencia inicial y la de instrucci\u00f3n y juzgamiento se concentran en una sola actuaci\u00f3n y se dicta sentencia con base en las consecuencias probatorias adversas a la parte que no asisti\u00f3 a ella. <\/p>\n
El c\u00f3digo general del proceso introdujo la posibilidad de concentrar en una sola actuaci\u00f3n todas las actividades previstas para la audiencia inicial, como por ejemplo la audiencia d\u00factil en seguimiento de las previsiones contempladas en los numerales 7 y 9 del art\u00edculo 372, siempre que est\u00e9n presentes todas las partes. <\/p>\n
Debe tenerse en cuenta, tambi\u00e9n, que el proceso es de menor cuant\u00eda, por ende, sujeta la decisi\u00f3n del juez de primera instancia -la sentencia- al recurso de alzada, entonces, debe decirse que, si bien es cierto, existe una irregularidad en el proceso, tambi\u00e9n lo es que la actuaci\u00f3n cuestionada no encuadra en la causal invocada, ni en ninguna de las causales de nulidad establecidas de manera general en el art\u00edculo 133 del C. G. del P., y menos corresponde a la que fue consagrada como de rango constitucional. <\/p>\n
Lo dicho pone de relieve los principios procesales, premisas que soportan la instituci\u00f3n del derecho adjetivo; entre estos, se hace necesario rememorar el de legalidad, eventualidad o preclusi\u00f3n, seguridad jur\u00eddica (cosa juzgada y ejecutoriedad de las providencias), \u00edntimamente relacionados. <\/p>\n
Sobre el principio de legalidad resulta apropiado retomar lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia T-1274 de 2005. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n de estas disposiciones superiores y en lo que ata\u00f1e al tema sometido a examen, la Sala encuentra que el principio de legalidad se traduce en la predeterminaci\u00f3n de las reglas procesales -lex previa y scripta- y la estricta observancia de las mismas por las partes e intervinientes en el proceso judicial y, preponderantemente, por la autoridad a cargo de la conducci\u00f3n del mismo, que es la que ejerce el poder y cuya actuaci\u00f3n no puede en modo alguno apartarse de dichas reglas, pues son ellas presupuesto para la materializaci\u00f3n de otros derechos y valores fundamentales, como son las garant\u00edas del debido proceso, entre ellas, el derecho de defensa y el principio de contradicci\u00f3n En consonancia con lo anterior resulta importante recordar lo consagrado en el art\u00edculo 328 del C.G.P., en el sentido de que \u2018El juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, …\u2019. <\/p>\n
Por lo tanto, el estudio de la apelaci\u00f3n presentada solo se circunscriba a si se debe confirmar o revocar la providencia que deneg\u00f3 la nulidad planteada, caso en el cual con fundamento en lo expuesto esta no se configura, por lo que la providencia atacada debe confirmarse\u00bb. <\/p>\n
3.5. La incidentante, aqu\u00ed tutelante, deprec\u00f3 la adici\u00f3n de tal prove\u00eddo bajo el argumento que no se analizaron de fondo las causales 5\u00aa y 6\u00aa del art\u00edculo 133 ejusdem, pedimento tambi\u00e9n denegado, luego de esgrimirse al efecto que \u00abrevisada la petici\u00f3n (\u2026) presentada por la parte demandada, advierte el Despacho, que con esta se pretende se analice por parte de esta Judicatura las causales de nulidad que en su momento fueron el fundamento para iniciar ese incidente y que fueron resueltas por el A quo en el auto que fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Esta Judicatura, analiz\u00f3 la apelaci\u00f3n planteada y de conformidad a los argumentos expuestos resolvi\u00f3 que \u2018la actuaci\u00f3n cuestionada no encuadra en la causal invocada, ni en ninguna de las causales establecidas de manera general en el art\u00edculo 133 del C.G.P.\u2019\u00bb. <\/p>\n
4. Vistas de este modo las cosas, para la Sala habr\u00e1 de revocarse la decisi\u00f3n atacada, para en su lugar, conceder la protecci\u00f3n constitucional reclamada, pues al auscultar las decisiones criticadas al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, se establece sin lugar a equ\u00edvocos, que dicha autoridad transgredi\u00f3 el derecho al debido proceso de la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar SA, al no resolver de manera detallada, concisa y argumentada sobre cada una de las r\u00e9plicas propuestas frente al auto que deneg\u00f3 el incidente de nulidad planteado, evadiendo la obligaci\u00f3n de pronunciarse de fondo acerca de las causales 5\u00aa y 6\u00aa antedichas, incurriendo as\u00ed, en una evidente carencia de motivaci\u00f3n, desafuero que amerita la injerencia del juzgador constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
4.1. En el prove\u00eddo del pasado 4 de diciembre de 2020, a trav\u00e9s del cual se dispuso \u00abconfirmar\u00bb la referida decisi\u00f3n que desestim\u00f3 el tr\u00e1mite de invalidez, el operador judicial enjuiciado se limit\u00f3 a rese\u00f1ar someramente en sus consideraciones, acerca de las causales plurimencionadas, que \u00abla actuaci\u00f3n cuestionada no encuadra en la causal invocada, ni en ninguna de las causales establecidas de manera general en el art\u00edculo 133 del C.G.P.\u2019. <\/p>\n
Lo anterior, cobra a\u00fan m\u00e1s importancia, si en cuenta se tiene que en auto del 4 de junio de 2021, pese a que tal circunstancia fue puesta de presente por la apelante, y en virtud de ello, solicit\u00f3 la respectiva adici\u00f3n, la misma fue denegada, bajo el argumento que con el aparte citado de manera textual en el p\u00e1rrafo que precede, se cumpli\u00f3 con el an\u00e1lisis echado de menos, motivos por los cuales refulge patente la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
4.2. En punto de la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de la carencia de argumentos suficientes en la decisi\u00f3n, se tiene por sentado que trasgrede las garant\u00edas fundamentales de los coasociados porque \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC7493-2021). <\/p>\n
5. En consecuencia, sin m\u00e1s razones por innecesarias, se dejar\u00e1 sin valor ni efecto el fallo confutado, para que la autoridad judicial convocada vuelva a resolver sobre la complementaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada, para en su lugar, CONCEDER la protecci\u00f3n constitucional invocada a la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin valor ni efecto el auto calendado 4 de junio hoga\u00f1o, proceda nuevamente a resolver la solicitud de adici\u00f3n presentada por la aqu\u00ed accionante a trav\u00e9s de su apoderado judicial dentro del proceso ejecutivo base de la s\u00faplica, con vista en los puntuales se\u00f1alamientos efectuados en la parte considerativa de este fallo. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13631-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC13631-2021 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 3 septiembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58410","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58410","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58410"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58410\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58410"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58410"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58410"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}