STC13632-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13632-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2021-00102-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de tutela formulada por Jenny Roc\u00edo Acu\u00f1a Gonz\u00e1lez contra el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso liquidatorio a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al haberla removido del cargo de partidora, en el marco de la sucesi\u00f3n intestada de la causante Carmen Celis de Pe\u00f1a, con rad. 1996-3115-00. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se \u00abdeclare la nulidad\u00bb de los autos del 3 de junio y 5 de agosto de 2021, y que como consecuencia de ello, \u00abse agote el procedimiento legal establecido en el numeral 4 parte segunda del art\u00edculo 509 del C.G.P del c\u00f3digo general del proceso\u00bb en el referido asunto. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que pese a que, desde el 22 de febrero de 2012 se le design\u00f3 como partidora de la sucesi\u00f3n citada en l\u00edneas anteriores, cargo que, dice, no solo ha desempe\u00f1ado siempre atendiendo los requerimientos en punto de rehacer el trabajo de partici\u00f3n en m\u00faltiples oportunidades por desavenencias de los herederos, sino que \u00abdebido a la pandemia\u00bb y a su situaci\u00f3n econ\u00f3mica, se vio obligada a \u00abcerrar su oficina de abogada\u00bb y desplazarse a la ciudad de Bogot\u00e1 \u00aba trabajar en lo que se presentara\u00bb, el Juzgado Primero de Familia de Tunja ante el vencimiento del t\u00e9rmino que le fij\u00f3 para rehacer el \u00faltimo de los trabajos de partici\u00f3n, la relev\u00f3 de dicho cargo. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque interpuso recurso de reposici\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, pues el requerimiento aludido no le fue comunicado conforme el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 509 del C.G. del P., y, para la calenda en que se efectu\u00f3 el mismo se encontraba \u00abAISLADA y muy mal de salud\u00bb toda vez que result\u00f3 contagiada del Covid-19, con problemas respiratorios y un \u00abepisodio de trombosis\u00bb, el Juzgado convocado mantuvo inc\u00f3lume lo resuelto, tras considerar que \u00abno se encuentra excusa valida o [de] fuerza mayor razonable que justificara (\u2026) [el] incumplimiento\u00bb, adem\u00e1s que \u00abse [l]e ha requerido en varias oportunidades para que reajuste el trabajo de partici\u00f3n sin la diligencia requerida\u00bb. <\/p>\n
Indica que en la anterior determinaci\u00f3n se omiti\u00f3 que lleva como auxiliar de la justicia 9 a\u00f1os, y que \u00ab[s]on innumerables los pedimentos que [l]e ha hecho el Despacho y que h[a] tenido que cumplir (\u2026) como: elaborar planos, hacer visitas, allegar documentos, asistir a audiencias, hablar con las partes, actualizar aval\u00faos, ir a la Oficina de Registro al Instituto Agust\u00edn Codazzi, entre muchas otras labores y gestiones de [su] trabajo por las cuales ni siquiera se me fij\u00f3 gastos para pagar a un perito que tuve que contratar o pagar un veh\u00edculo que tuv[o] que contratar ya que se [l]e dijo que [su] trabajo ser\u00eda pago junto con los gastos al final, pero con [su] exclusi\u00f3n se [l]e neg\u00f3 ese Derecho a [su] trabajo\u00bb, lo que, en \u00faltimas, le causa un perjuicio irremediable. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. Luz Nelly Madero Serrano, quien adujo actuar como apoderada del se\u00f1or Manuel Reinaldo Pe\u00f1a Celis, se\u00f1al\u00f3 que la protecci\u00f3n rogada est\u00e1 llamada al fracaso, pues se ajust\u00f3 a las normas que rigen la puntual materia. <\/p>\n
b. Lady Esmeralda Coronado Blanco, quien manifest\u00f3 representar los intereses de Manuel de Jes\u00fas Pe\u00f1a Gonz\u00e1lez y la cesionaria Patricia In\u00e9s Pe\u00f1a Santamar\u00eda, indic\u00f3 que la justificaci\u00f3n de la actora resulta inadmisible, siendo realmente lo que pretende es reabrir un debate que ya fue zanjado en su oportunidad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras advertir, en lo fundamental, que las decisiones criticadas \u00abest\u00e1n conforme a la conducta asumida por la se\u00f1ora partidora. El tr\u00e1mite debe darse es beneficio de las partes, de los interesados reconocidos dentro de la sucesi\u00f3n. No se encuentra ni del escrito de tutela, ni del expediente, una justificaci\u00f3n razonable. El argumento de la pandemia por Covid, no es un asunto que pueda ser utilizado para no cumplir con los deberes propios de una gesti\u00f3n judicial encomendada. As\u00ed como el juez est\u00e1 llamado a facilitar el derecho de acceso a la justicia, por medios virtuales, y est\u00e1 obligado a controlar, para llevar a buen t\u00e9rmino los tr\u00e1mites, en cumplimiento del 42 del C. G. P. para verificaci\u00f3n del objetivo trazado en los art\u00edculos 11 ibidem en desarrollo de los art. 2 y 228 de la C. P., tambi\u00e9n est\u00e1 convocado a ejercer los medios de control, de correcci\u00f3n y de gesti\u00f3n. Son estas potestades y deberes los que el Juzgado Primero de Familia puso en pr\u00e1ctica al relevar la partidora, dada su omisi\u00f3n y ausencia en el cumplimiento de las cargas y funciones que le eran propias\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela, insistiendo particularmente, en la presunta \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb del requerimiento para ajustar el mentado trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por regla, es improcedente frente a decisiones judiciales, debido al respeto que corresponde garantizar a la autonom\u00eda de la actividad jurisdiccional, no obstante, por v\u00eda jurisprudencial se ha establecido su viabilidad excepcional y extraordinaria, siempre que no existan mecanismos ordinarios para atacar la decisi\u00f3n, el reclamo se eleve con prontitud y exista causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, la se\u00f1ora Jenny Roc\u00edo cuestionan a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, b\u00e1sicamente, la decisi\u00f3n emitida el pasado 5 de agosto por el Juzgado Primero de Familia de Tunja, de \u00ab[n]o reponer\u00bb el prove\u00eddo del 1\u00ba de julio anterior, a trav\u00e9s del cual dispuso \u00abreleva[rla] del cargo\u00bb de partidora, en el marco del proceso de sucesi\u00f3n intestada de la se\u00f1ora Carmen Rosa C\u00e9lis de Pe\u00f1a (q.e.p.d.), pues seg\u00fan su criterio, se desconoci\u00f3 no solo que fue indebidamente enterada del requerimiento que se le hizo para ajustar el trabajo de partici\u00f3n encomendado, sino que se encontraba incapacitada para efectuarlo. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Juzgado Primero de Familia convocado para no revocar la decisi\u00f3n que dispuso relevar a la auxiliar de la justicia, aqu\u00ed interesada, del cargo en comento al interior de la sucesi\u00f3n objeto de revisi\u00f3n constitucional, puntualiz\u00f3 que el litigio \u00abse encuentra en tr\u00e1mite hace un poco m\u00e1s de 25 a\u00f1os, y la partidora (\u2026) ha sido requerida en diferentes oportunidades para que ajuste el trabajo de partici\u00f3n, sin la diligencia requerida para dar soluci\u00f3n a los intereses patrimoniales que se reclaman con este proceso. N\u00f3tese que mediante auto de fecha 16 de mayo de 2019, se le relev\u00f3 del cargo por el retardo injustificado de presentar el trabajo de partici\u00f3n ordenado, no obstante, y como quiera que extempor\u00e1neamente lo present\u00f3 una vez relevada, por econom\u00eda procesal y no hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n a los interesados, se repuso tal decisi\u00f3n y se surti\u00f3 el traslado respectivo\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en cuanto a las excusas presentadas, estas son, que no se le haya remitido oficio con el requerimiento, la falta de conectividad, la intermitencia de la p\u00e1gina web de la rama judicial, y, su estado de salud, indic\u00f3 que no pod\u00edan ser aceptadas, pues \u00abes deber de los auxiliares de la justicia estar pendientes de las actuaciones en los procesos que tienen bajo su responsabilidad en el cargo al que hayan sido designados y con este nuevo sistema de la virtualidad, no se encuentra raz\u00f3n v\u00e1lida o fuerza mayor razonable, que justifique su incumplimiento, pues bien pudo ante la eventualidad de su enfermedad, haber informado al despacho y solicitar pr\u00f3rroga, pero un mes luego de la orden dada, es que se pronuncia mediante estos recursos\u00bb, concluyendo entonces, \u00ab[c]omo puede revisar la partidora y las partes, han sido varios los requerimientos efectuados a \u00e9sta para que corrija el trabajo de partici\u00f3n por errores imputables a ella, no siendo este \u00faltimo caso la excepci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la autoridad judicial convocada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela, y menos cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo (all\u00ed partidora), es anteponer su propio criterio y atacar por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que le desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios judiciales, m\u00e1xime cuando en la determinaci\u00f3n criticada, por una parte, denot\u00f3 la repetici\u00f3n de las conductas de la aqu\u00ed actora, en cuanto a la tardanza en la entrega del trabajo de partici\u00f3n requerido, con independencia de la forma en que se haya comunicado, pues el ordenamiento procesal no consagra un medio espec\u00edfico, y por el otro, se dio aplicaci\u00f3n al C\u00f3digo General del Proceso, que otorga en su art\u00edculo 510 la competencia para vigilar y sancionar a los auxiliares de la justicia cuando \u00e9stos han sido negligentes en las gestiones encomendadas, disposiciones que tienen como prop\u00f3sito garantizar no s\u00f3lo el cumplimiento estricto de la funci\u00f3n p\u00fablica realizada por \u00e9stos en los respectivos procesos judiciales, conforme a los t\u00e9rminos previstos en la Constituci\u00f3n y la ley, sino tambi\u00e9n la de corregir su conducta, procurando as\u00ed materializar los fines enumerados en el art\u00edculo 2 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3.3. Al respecto, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1821-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable a la aqu\u00ed inconforme, pues lo cierto es que, no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC793-2021). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se mantendr\u00e1 la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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