STC13633-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13633-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2021-00178-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00b0 de septiembre de 2021 por la Sala civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Cecilia D\u00edaz Casta\u00f1eda, Libardo, Diego Hern\u00e1n y M\u00f3nica Andrea Morales D\u00edaz, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclaman la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, en el marco de la ejecuci\u00f3n que all\u00ed promovi\u00f3 el se\u00f1or Libardo Di\u00f3genes Morales P\u00e9rez (q.e.p.d.) en contra de Carolina Vargas Cerquera, bajo el radicado n.\u00ba 2019-00201-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretenden que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, y se ordene al (i) Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del juicio a partir del fallecimiento del se\u00f1or Morales P\u00e9rez; (ii) a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n compulsar y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, compulsar \u00abcopias de todo lo actuado (\u2026) para que se investigue\u00bb al apoderado judicial que en nombre del ejecutante adelant\u00f3 la referida causa, as\u00ed como al juez que conoci\u00f3 del asunto \u00abpor su actuar defectuoso\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tales reparos relataron, que en vida del se\u00f1or Libardo Di\u00f3genes Morales P\u00e9rez, esposo y padre de los accionantes, respectivamente, se adelant\u00f3 la ejecuci\u00f3n ya referida, la cual correspondi\u00f3 conocer por reparto al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, pero con la intenci\u00f3n exclusiva de perseguir el saldo de \u00ablas deudas contra\u00eddas [por] la se\u00f1ora CAROLINA\u00bb, quien fungi\u00f3 como compradora de \u00abuna finca\u00bb adquirida de manos del all\u00ed demandante; sin embargo, con el deceso de su familiar se percataron que el apoderado de \u00e9ste pretend\u00eda adem\u00e1s, \u00abuna cl\u00e1usula penal por supuesto incumplimiento al no habernos pagado el saldo del precio pactado\u00bb, siendo abiertamente improcedente dicha actuaci\u00f3n, \u00abpues nunca puede demandarse el incumplimiento de unas obligaciones y al mismo tiempo demandar la cl\u00e1usula penal\u00bb. <\/p>\n
Aseguraron que inconformes con lo anterior, acudieron al Despacho convocado con la intenci\u00f3n de revocar el mandato y pedir la suspensi\u00f3n del proceso \u00abmientras (\u2026) acud\u00edamos m\u00e1s adelante para avisarle si \u00edbamos a designar un abogado o no, porque era nuestra voluntad dar por terminado ese procesos (sic)\u00bb, siendo absolutamente claro que no les era atribuible ning\u00fan tipo de responsabilidad por el actuar \u00abdefectuoso\u00bb del profesional del derecho, pues fue \u00e9ste \u00faltimo quien obr\u00f3 de \u00abmala fe\u00bb y \u00absabe de derecho\u00bb, en contraste, \u00abel fallecido no ten\u00eda conocimiento sobre esos asuntos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente dijeron, que \u00abel apoderado de la parte contraria, Gerardo Castrill\u00f3n Quintero, es hermano de una Juez de la Rep\u00fablica tambi\u00e9n que trabaja en Neiva, se llama Gladys Castrill\u00f3n Quintero. No podemos desconocer que puede haber acudido a un presunto tr\u00e1fico de influencias para obtener beneficios de este juzgado accionados porque puede ser muy simpatizante y conocido con dicha se\u00f1ora Juez. Pero eso, no es un medio legal\u00bb, vicisitudes todas \u00e9stas que, en su criterio, hacen viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, tras realizar un compendio de la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida, pidi\u00f3 denegar el resguardo reclamado, por considerar que su intervenci\u00f3n \u00abse ajust\u00f3 a derecho, y en caso particular y concreto el despacho se pronunci\u00f3 oportunamente sobre los memoriales presentados por las partes, notificando los mismos en el aplicativo TYBA JUSTICIA SIGLO XXI WEB, conforme lo dispuso el Consejo Seccional de la Judicatura para este despacho judicial a partir del 1 de julio de 2020\u00bb. <\/p>\n
b. El abogado Andr\u00e9s Fernando Andrade Parra, vinculado como apoderado del inicial ejecutante, dijo que su actuaci\u00f3n \u00absiempre estuvo ce\u00f1ida a los deberes y responsabilidades establecidas en el art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, as\u00ed como al mandato que en vida le confiri\u00f3 el se\u00f1or Morales P\u00e9rez; en tal sentido, reclam\u00f3 denegar la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
c. Carolina Vargas Cerquera, ejecutada en el proceso que origin\u00f3 el resguardo, se\u00f1al\u00f3 que los accionantes ten\u00edan pleno conocimiento de la actuaci\u00f3n desplegada al interior del juicio, siendo su verdadera intenci\u00f3n \u00abdilatar, enredar el proceso y amenazar con denuncia\u00bb, raz\u00f3n por la cual la acci\u00f3n del ep\u00edgrafe debe ser \u00abrechazada\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva desestim\u00f3 la salvaguarda deprecada, tras advertir que \u00absi lo pretendido por los accionantes es la declaratoria de la nulidad de todo lo actuado al interior del proceso de la referencia, lo propio es, en primera medida, formular ante el juez de la causa la correspondiente solicitud de anulaci\u00f3n, en la que se exponga los supuestos de modo, tiempo y lugar en que fundan tal aspiraci\u00f3n, aspecto este que no se acredit\u00f3 en el informativo, pues a m\u00e1s del decir de la parte actora, no se acompa\u00f1\u00f3 al expediente prueba alguna que permita establecer la actuaci\u00f3n adelantada por los demandantes en procura de la defensa de sus derechos frente a la autoridad judicial convocada a juicio\u00bb; y frente a la presunta vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas por adelantar el juicio sin su comparecencia, pese a haberlo expuesto ante la autoridad, asegur\u00f3 que esas peticiones \u00abfueron resueltas mediante providencia de 10 de marzo de 2021, en la que se tuvo como sucesores procesales del ejecutante Libardo Di\u00f3genes Morales P\u00e9rez a Cecilia D\u00edaz Casta\u00f1eda, Diego Hern\u00e1n Morales D\u00edaz, M\u00f3nica Morales D\u00edaz y Libardo Morales D\u00edaz, en condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite e hijos del causante, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 68 del C.G.P., del mismo modo, se acept\u00f3 la revocatoria del poder al ya tantas veces referido abogado de la parte actora, y se neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por no cumplirse las previsiones del art\u00edculo 161 de la norma Adjetiva Civil, actuaci\u00f3n sobre la cual no se formul\u00f3 objeci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. Sin embargo, no cabe duda acerca de la improcedencia de la salvaguarda reclamada, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En vida, el se\u00f1or Libardo Di\u00f3genes Morales P\u00e9rez confiri\u00f3 poder especial al abogado Andr\u00e9s Fernando Andrade Parra, para que en su nombre y representaci\u00f3n hiciera \u00abefectivas obligaciones dinerarias de capital insoluto y cl\u00e1usula penal originadas por el incumplimiento por parte de la demanda [Carolina Vargas Cerquera] del contrato de compra-venta de un bien inmueble\u00bb. <\/p>\n
3.2. En auto del 16 de septiembre de 2019, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva libr\u00f3 orden de pago por el saldo insoluto de la obligaci\u00f3n reclamada y dem\u00e1s conceptos relacionados en la demanda. <\/p>\n
3.3. Enterada de la anterior determinaci\u00f3n, la ejecutada a trav\u00e9s de su apoderado judicial se opuso al \u00e9xito de las pretensiones, y para ello excepcion\u00f3, entre otras, \u00abinexigibilidad del t\u00edtulo valor\u00bb. <\/p>\n
3.4. El deceso del demandante ocurri\u00f3 el 17 de enero de los corrientes, por lo que el d\u00eda 27 de ese mismo mes y a\u00f1o, tras acreditar dicha situaci\u00f3n, los accionantes pidieron ante el Juzgado (i) la revocatoria del poder del profesional del derecho Andrade Parra; (ii) la suspensi\u00f3n del proceso hasta por sesenta (60) d\u00edas, mientras constituyen un nuevo mandato, y, (iii) \u00abpara aprovechar este espacio de tiempo, en busca de intentar una soluci\u00f3n pac\u00edfica del conflicto o litis, con la parte demandada y tratar de obtener un medio conciliatorio o de transacci\u00f3n que nos permita lograr la terminaci\u00f3n del proceso, sin consecuencias a nivel econ\u00f3mico a contra nuestra y en busca de que las actuaciones judiciales se adelanten con causa justa\u00bb. <\/p>\n
3.5. Mediante prove\u00eddo del 10 de marzo actual, la sede querellada dispuso reconocer a los aqu\u00ed tutelantes \u00abcomo sucesores procesales del ejecutante en comento, en su condici\u00f3n de herederos de este \u00faltimo, en los termino y para los fines indicados en el art\u00edculo 68 del c\u00f3digo general del proceso, debiendo estos asumir el proceso ejecutivo, en el estado en que se encuentra, de conformidad con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 70 ib\u00eddem\u00bb; aceptar la revocatoria del mandato, y, negar la suspensi\u00f3n solicitada, determinaci\u00f3n que no fue objeto de reparo alguno. <\/p>\n
3.6. El 29 de abril de los corrientes se convoc\u00f3 a la audiencia inicial prevista por el canon 372 del C\u00f3digo General del Proceso, y se decretaron los medios de prueba solicitados; adicionalmente, se conmin\u00f3 al extremo actor para que designe un nuevo apoderado, en raz\u00f3n a la revocatoria del poder realizada al primigenio apoderado, y de esta manera se asuma la defensa t\u00e9cnica de sus intereses, defensa esta que, si no se asume, por la negativa de la parte actora en nombrar un nuevo apoderado, es por causa \u00fanicamente imputable a la parte actora, quien no podr\u00e1 eventualmente beneficiarse de su propia culpa o negligencia\u00bb. <\/p>\n
3.7. Finalmente, sin la comparecencia de los sucesores procesales, pues no se presentaron al juicio ni exculparon su inasistencia, se llev\u00f3 a cabo la audiencia programada, en la cual resolvi\u00f3 declarar de oficio la excepci\u00f3n de mala fe del vendedor Libardo Di\u00f3genes Morales P\u00e9rez, revocar el mandamiento de pago, y, condenar en costas al extremo actor. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, no cabe duda acerca del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta que las cuestiones planteadas por los quejosos constitucionales resultan ajenas al escenario de acci\u00f3n del juez constitucional, al no haber hecho uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues en un acto constitutivo de incuria, dejaron de interponer el recurso de reposici\u00f3n contra las decisiones a trav\u00e9s de las cuales, entre otras, se neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso y se convoc\u00f3 a las partes a audiencia inicial, ello en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como tambi\u00e9n la que termin\u00f3 el decurso por pago de lo adeudado a trav\u00e9s de apelaci\u00f3n, pues ni siquiera comparecieron a la respectiva audiencia, desperdiciando as\u00ed los medios que estaban a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos ahora expuestos, sin que sea del caso adelantarse al pronunciamiento o partir de supuestos improbables, como que el asunto se adelant\u00f3 sin su comparecencia, pues todas las decisiones se notificaron debidamente por estado. <\/p>\n
5. Tal y como esta Corte lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s, \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC11398-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
6. Finalmente, en lo relativo a la presunto actuar \u00abdefectuoso\u00bb del titular del Despacho convocado por el presunto tr\u00e1fico de influencias que all\u00ed se present\u00f3, pues, al parecer, el apoderado judicial de la contraparte \u00abes hermano de una Juez de la Rep\u00fablica tambi\u00e9n que trabaja en Neiva\u00bb, basta con se\u00f1alar que, la protecci\u00f3n deprecada en tal sentido tambi\u00e9n se torna inviable, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual que caracteriza esta acci\u00f3n especial\u00edsima, en la medida en que los inconformes tienen a su alcance la posibilidad de poner directamente en conocimiento de las autoridades competentes dicha situaci\u00f3n, claro est\u00e1, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Adicionalmente, nada obsta para que los quejosos acudan directamente al Juzgado y realicen las peticiones que pretenden sean analizadas a trav\u00e9s de esta senda excepcional\u00edsima, como es el caso de la correcci\u00f3n del acta de audiencia y la petici\u00f3n de nulidad que consideran procedente (siempre que est\u00e9n en t\u00e9rmino para ello), comoquiera que el amparo no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
7. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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