STC13634-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13634-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2021-10100-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece (13) de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor en la calidad antes indicada, reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso especial de restituci\u00f3n de tierras que promovi\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, Territorial Cesar Guajira, a favor de Pablo Antonio Mar\u00edn Mej\u00eda y otros, identificado con el radicado No. 2018-00140-00. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, \u00abreformar la sentencia proferida en primera y \u00fanica instancia y en su lugar se reconozca la buena fe exenta de culpa con la que actu[\u00f3] en el proceso y que se le den los efectos legales previstos para el caso de reconocimiento y prueba de la buena fe exenta de culpa, esto es el reconocimiento de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica prevista para estos casos, en particular con lo que tiene que ver con el predio La Lucha con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 192-6731 de Chimichagua y c\u00e9dula catastral 20-032-00-02-0002-0078-000, de conformidad con los par\u00e1metros establecidos en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, reconociendo[lo] como opositor y [su] buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que en el referido decurso el prenombrado estrado dict\u00f3 sentencia el 26 de mayo del a\u00f1o que avanza en que reconoci\u00f3 el derecho a la restituci\u00f3n sobre el predio denominado \u00abLa Lucha\u00bb, decisi\u00f3n que lo afect\u00f3 porque explotaba econ\u00f3micamente el predio a trav\u00e9s de la sociedad Palmeras La Bendici\u00f3n S.A.S.; no obstante, a ninguno se le reconoci\u00f3 la buena fe exenta de culpa ni por ende la respectiva indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
Sostiene que dentro del proceso fue inicialmente reconocido como opositor a la restituci\u00f3n \u00aba pesar de haber presentado en forma extempor\u00e1nea dicha oposici\u00f3n\u00bb, pero la decisi\u00f3n fue revocada el 20 de enero de 2019, tras prosperar el recurso de reposici\u00f3n presentado por la parte actora; empero, durante el tr\u00e1mite se comport\u00f3 como \u00abun verdadero opositor\u00bb, fue interrogado, se practicaron pruebas que hab\u00eda solicitado en la oposici\u00f3n, y, su abogado present\u00f3 alegatos de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Asevera que en el decuso en comento qued\u00f3 probado que en el a\u00f1o 2007 adquiri\u00f3 leg\u00edtimamente el predio objeto de las pretensiones, cuando ya se hab\u00edan desmovilizado los paramilitares del Departamento del Cesar y la zona estaba en calma, por lo que inici\u00f3 un proyecto de cultivo de palma africana, que genera empleo y desarrollo en la regi\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente afirma, que la sentencia de restituci\u00f3n tiene \u00abproblemas determinantes relacionados con una insuficiente sustentaci\u00f3n o justificaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n\u00bb relacionados con que no se haya aceptado su comparecencia al tr\u00e1mite; adem\u00e1s, ha participado en otros procesos similares donde se ha reconocido su buena fe exenta de culpa, de manera que no puede asumir las consecuencias del descuido de su abogado al no haber presentado oportunamente la oposici\u00f3n, lo que no resta m\u00e9rito a su actuar de buena fe exenta de culpa, que qued\u00f3 demostrado dentro del proceso, situaci\u00f3n que, dice, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, Cesar indic\u00f3, que el actor no invoc\u00f3 la causal para procedencia de la tutela en que se incurri\u00f3 en la sentencia emitida dentro del proceso, la que, por dem\u00e1s, no fue recurrida en revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco se atac\u00f3 el auto con que se tuvo por extempor\u00e1nea la oposici\u00f3n a la restituci\u00f3n. <\/p>\n
Narr\u00f3 que dentro del proceso el aqu\u00ed interesado fue notificado a trav\u00e9s de su apoderado judicial el 7 de septiembre de 2018 y la sociedad Palmeras La Bendici\u00f3n S.A.S. se notific\u00f3 por conducta concluyente mediante auto del 10 de octubre de ese mismo a\u00f1o, de manera que el t\u00e9rmino de traslado de la solicitud venci\u00f3 el 29 de septiembre y el 7 de noviembre siguientes, respectivamente, pero la oposici\u00f3n se present\u00f3 hasta el 11 de diciembre posterior, y si bien inicialmente se dio curso a esa oposici\u00f3n, la decisi\u00f3n fue revocada el 20 de febrero de 2019, al resolverse el recurso de reposici\u00f3n presentado por la parte actora. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que dentro del proceso no decret\u00f3 pruebas solicitadas por el aqu\u00ed inconforme, y si bien lo escuch\u00f3 en interrogatorio por virtud de una prueba de oficio, ello no implic\u00f3 reconocerlo como opositor, de ah\u00ed que, al haber desaprovechado \u00e9ste la oportunidad que tuvo dentro del proceso para oponerse a la restituci\u00f3n, la consecuencia procesal era emitir decisi\u00f3n de fondo teniendo en cuenta esa circunstancia. <\/p>\n
b. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, la Agencia Nacional de Miner\u00eda, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de las V\u00edctimas, y, la Defensor\u00eda del Pueblo pidieron, en escritos separados, ser desvinculadas del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
c. El Sena indic\u00f3, que est\u00e1 presto a atender cualquier requerimiento del juez constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras observar que la falta de reconocimiento del aqu\u00ed interesado como opositor, fue objeto de estudio por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar en la sentencia de 26 de mayo de 2021, donde se consider\u00f3 que \u00abde conformidad con el art\u00edculo 88 de la Ley 1448 del 2011, la oportunidad procesal para que los opositores aleguen y prueben la buena fe exenta de culpa, es el escrito de oposici\u00f3n, por tanto, al encontrarse dicho escrito rechazado, no puede entrar el juez a estudiar un alegato contenido en este, pues en la pr\u00e1ctica no tendr\u00eda sentido alguno rechazar la oposici\u00f3n si se entran a estudiar los planteamientos y pruebas aportados en la misma, con el perjuicio que de hacerlo, el Juez de Restituci\u00f3n de Tierras se arrogar\u00eda una competencia que la Ley 1448 de 2011 ha establecido en cabeza de los Tribunales Judiciales \u2013 Salas Especializadas en Restituci\u00f3n de Tierras. Del mismo modo se pronunci\u00f3 en lo relacionado a la condici\u00f3n de segundo ocupante, manifestando que el se\u00f1or Sebasti\u00e1n Ochoa Gonz\u00e1les no es una persona que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad u otra que amerite la aplicaci\u00f3n de enfoque diferencial a su favor\u00bb. <\/p>\n
. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, con similares motivos a los que expuso en su escrito inicial, a los agreg\u00f3 la descripci\u00f3n de los perjuicios que la restituci\u00f3n ordenada, genera sobre la actividad comercial que desarrolla en el predio objeto de la misma. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente asunto, el ciudadano Ochoa Gonz\u00e1lez cuestiona, a trav\u00e9s del presente mecanismo especial de protecci\u00f3n, en lo fundamental, que en la sentencia del 26 de mayo de 2021 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, no se le haya reconocido la buena fe exenta de culpa que ostent\u00f3 respecto del bien objeto del proceso especial de restituci\u00f3n de tierras que promovi\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, Territorial Cesar Guajira, a favor de Pablo Antonio Mar\u00edn Mej\u00eda y otros, respecto del predio denominado \u00abLa Lucha\u00bb, pues en su sentir, ese actuar de su parte qued\u00f3 acreditado dentro del proceso. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisado el escrito de tutela y las documentales allegadas al expediente digital, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta que se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que, en un acto constitutivo de incuria, el actor dej\u00f3 de aprovechar los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque si el descontento del se\u00f1or Ochoa Gonz\u00e1lez se soporta, b\u00e1sicamente, en que la autoridad judicial criticada debi\u00f3 reconocerle la buena fe exenta de culpa con que actu\u00f3 al momento de adquirir el predio objeto del referido juicio, para de ese modo ser acreedor de la compensaci\u00f3n derivada del \u00e9xito de la pretensi\u00f3n restitutoria, le correspond\u00eda oponerse a la restituci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 88 de la Ley 1448 de 2011, pero al no haberlo realizado as\u00ed, tal como lo admite en su escrito de tutela, mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto, pues, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed inconforme no utiliz\u00f3 las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el quejoso ha desaprovechado debido a su incuria. <\/p>\n
La anotada oposici\u00f3n era la herramienta id\u00f3nea con que contaba el actor para haber expuesto los motivos por los cuales consideraba haber actuado con buena fue exenta de culpa en la adquisici\u00f3n del predio objeto de las pretensiones, y su no presentaci\u00f3n avoc\u00f3 al Juzgador accionado a dar aplicaci\u00f3n al inciso final del art\u00edculo 88 de la Ley 1448 de 2011, donde se establece que \u00abcuando la solicitud haya sido presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas de conformidad con lo previsto en este cap\u00edtulo y no se presenten opositores, el Juez o Magistrado proceder\u00e1 a dictar sentencia con base en el acervo probatorio presentado con la solicitud\u00bb, lo que excluye la posibilidad de estudiar esa defensa y delimita el estudio del respectivo fallo a determinar si procede o no la protecci\u00f3n solicitada sobre el derecho a la restituci\u00f3n. <\/p>\n
Es m\u00e1s, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar carec\u00eda de competencia funcional para determinar si el aqu\u00ed interesado hab\u00eda actuado con el anotado est\u00e1ndar de conducta, ya que ese estudio se abr\u00eda paso, solo de haberse aceptado la oposici\u00f3n a la restituci\u00f3n, escenario en el cual el respectivo fallo habr\u00eda correspondido a los Magistrados del Tribunal Superior de la Especialidad, pues, al tenor del art\u00edculo 79 ib\u00eddem, \u00abdecidir\u00e1n en \u00fanica instancia los procesos de restituci\u00f3n de tierras, y los procesos de formalizaci\u00f3n de t\u00edtulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala en supuestos similares ha indicado, que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
5. Ahora, no es posible soslayar el incumplimiento del requisito de procedibilidad de la tutela que viene de comentarse, para en su lugar estudiar el fondo de la inconformidad expuesta por el accionante, pues, no se aprecia en este caso la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, esto es, la gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del juez constitucional, que ameriten intervenir la sentencia emitida dentro del asunto. <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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