STC13645-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC13645-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00343-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda Municipal de esa municipalidad, as\u00ed como las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda esencial al debido proceso, que considera vulnerada por la autoridad convocada, al interior de la acci\u00f3n popular que, asegur\u00f3, radic\u00f3 bajo el consecutivo n.\u00ba \u00ab2021-00123\u00bb. <\/p>\n
Entonces pide, concretamente, que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, admitir la acci\u00f3n constitucional en comento. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas relat\u00f3, que tras inadmitir el libelo de la acci\u00f3n popular referida, el Despacho convocado rechaz\u00f3 su solicitud, sin reparar en que, asegura, s\u00ed cumpli\u00f3 a cabalidad con lo ordenado por el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, por lo que deb\u00eda admitirse de plano su petici\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira precis\u00f3, que mediante decisi\u00f3n del 24 de agosto actual \u00abdecidi\u00f3 no reponer el auto de fecha 15 de julio de 2021 por medio del cual se rechaz\u00f3 la demanda, auto notificado por estado el 25 de agosto del presente a\u00f1o, el cual se encuentra en t\u00e9rminos de ejecutoria\u00bb. <\/p>\n
b.) La Defensor\u00eda del Pueblo y la Personer\u00eda Municipal de Pereira, aunque en escritos separados, reclamaron su desvinculaci\u00f3n dentro del asunto, por considerar que no tienen injerencia alguna dentro del tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira desestim\u00f3 la salvaguarda instada, al advertir que la actuaci\u00f3n recriminada \u00abno revela arbitrariedad, ni falta de fundamento normativo, de ah\u00ed que la pretensi\u00f3n dela parte accionante queda circunscrita a un simple disenso con la decisi\u00f3n proferida, frente a lo cual no se autoriza la intervenci\u00f3n del juez de tutela, pues la misma constituye un criterio razonable dentro del ejercicio de las funciones que de manera aut\u00f3noma e independiente ejercen los funcionarios judiciales en la resoluci\u00f3n de las controversias sometidas a su consideraci\u00f3n, respaldados plenamente por la Carta Pol\u00edtica, siempre que su proceder no sea ilegal ni autoritario, lo que no se advierte en este caso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor del resguardo, sin exponer las razones de su descenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente caso observa la Corte, que lo pretendido concretamente en esta oportunidad por el se\u00f1or Herrera Hoyos, es que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira admitir y dar tr\u00e1mite a la acci\u00f3n popular que dice haber promovido, sin exigirle requisitos previos no previstos por el legislador en la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n criticada, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca el impulsor de la queja constitucional, si se repara en lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El se\u00f1or Herrera Hoyos promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el \u00abRepresentante legal Establecimiento Comercial denominado Mac Pollo cra 7 nro 31 03 Pereira Rda\u00bb, por considerar quebrantados los derechos colectivos de \u00abLA POBLACI\u00d3N DISCAPACITADA\u00bb, ante la ausencia de una rampa para el acceso de las personas que se desplazan en silla de ruedas. <\/p>\n
3.2. Ese asunto por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, quien mediante decisi\u00f3n del 30 de junio de los corrientes inadmiti\u00f3 el libelo para que en el t\u00e9rmino contemplado en el inciso segundo del canon 20 de la Ley 472 de 1998, el actor popular diera estricto cumplimiento, entre otros, a \u00ablo dispuesto en el 4\u00b0 inciso del art\u00edculo 6 del Decreto mencionado anteriormente, en el entendido que \u201c(…) al presentar la demanda, simult\u00e1neamente deber\u00e1 enviar por medio electr\u00f3nico copia de ella y de sus anexos a los demandados. (…) De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditar\u00e1 con la demanda el env\u00edo f\u00edsico de la misma con sus anexos.\u201d\u00bb. <\/p>\n
3.3. Comoquiera que la secretar\u00eda de ese estrado certific\u00f3 que \u00abel t\u00e9rmino concedido paraque la parte actora subsanara la demanda corri\u00f3 los d\u00edas 2, 6 y 7 de julio de 2021. En Silencio\u00bb, el 15 de julio actual fue rechazada la demanda, decisi\u00f3n que oportunamente atac\u00f3 el actor en reposici\u00f3n, tras considerar que cumple a cabalidad con lo previsto por el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
3.4. Entonces, para mantener lo determinado, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira mediante auto del 24 de agosto de la presente anualidad consider\u00f3, que \u00abel actor popular solo se limita a mencionar que cumple con el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, sin tener presente lo estatuido por el inciso 4\u00b0 del Decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo 6, en el entendido que la exigencia de presentar la demanda y anexos para reparto en forma simult\u00e1nea con el env\u00edo a la parte demandada por medio electr\u00f3nico o, de no conocerse este, de manera f\u00edsica, se requiere en cualquier jurisdicci\u00f3n, incluyendo obviamente las acciones populares\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo advierte esta Sala, que la preanotada decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira dispuso no reponer el auto de fecha 15 de julio anterior, luce como una respetable aplicaci\u00f3n del inciso 4 del art\u00edculo 6 del Decreto 806 de 2020, el cual consagra que \u00abel demandante, al presentar la demanda, simult\u00e1neamente deber\u00e1 enviar por medio electr\u00f3nico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deber\u00e1 proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanaci\u00f3n\u00bb, norma que de modo alguno escapa al tr\u00e1mite de las acciones populares. <\/p>\n
En ese orden, precisa la Corte que el Despacho convocado previo al rechazo de la acci\u00f3n, v\u00eda inadmisi\u00f3n requiri\u00f3 al querellante para que, entre otras disposiciones, diera estricto cumplimiento a la norma en mientes; sin embargo, dentro de la oportunidad concedida para ello como qued\u00f3 visto, dicho requerimiento no fue satisfecho por el all\u00ed demandante siendo esa omisi\u00f3n la causante del rechazo que ahora censura por esta v\u00eda el gestor del amparo. <\/p>\n
5. Ante ese panorama, no cabe duda que lo realmente perseguido por el accionante es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto por la c\u00e9lula judicial encartada, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
6. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC7502-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
7. En consecuencia, se impone el fracaso de la protecci\u00f3n excepcional pretendida, por lo que se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume el fallo confutado, conforme las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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